Quienes en 1946 apenas habíamos superado los veinte años de edad, conservamos el vivo recuerdo de una crisis política muy singular que se originó con la emisión del Decreto 321 por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno que había asumido el ejercicio del poder a raíz del golpe de estado del 18 de octubre de 1945. Se disponía en ese instrumento ejecutivo un nuevo régimen en materia de calificaciones, promociones y exámenes en Educación Primaria, Secundaria y Normal que establecía distinciones entre los planteles oficiales y los privados, en detrimento de estos últimos, como fue inmediatamente captado por todos los dirigentes de la educación privada.

La reacción en contra de la iniciativa gubernamental no se hizo esperar, trasladándose la polémica a las calles de Caracas y de algunas de las principales ciudades del interior, lo cual dio origen, en varios casos, a enfrentamientos violentos, sobre todo en el campo estudiantil, entre partidarios y adversarios del polémico decreto.

Pero también surgió una poderosa corriente de opinión en apoyo a la nueva política educativa en el plano señalado, liderizada por el Colegio de Profesores y la Federación Venezolana de Maestros, organizaciones que movilizaron sus efectivos a través de toda la geografía nacional para respaldar de modo activo la posición del Ejecutivo representado, en tales circunstancias, por el Ministro de Educación Nacional como titular de la cartera respectiva.

Así las cosas, es posible que el asunto no tendría por qué haberse trasladado a otros ámbitos distintos a los que naturalmente le correspondían. No fue así. El régimen octubrista libraba, por entonces, una ardua batalla contra los sectores opuestos a las transformaciones revolucionarias que, en los más diversos órdenes, acometía el elenco de dirigentes políticos que se habían propuesto modernizar el país transformándolo institucionalmente. De aquí que no fue extraño ni sorprendente para el gobierno tomar conocimiento del hecho, por demás preocupante, de que la cuestión ya no se seguía ventilando en las aulas y en las calles, sino que se disponía a entrar en recintos de alta peligrosidad, en donde la argumentación a favor de una u otra posición la respaldan las armas y no las palabras, o sea, que la discusión del tema en los cuarteles lo convertía, sin duda alguna, en un asunto de máximo interés político por tratarse de la estabilidad del régimen. Resultado: el Decreto 344, que atendió en gran medida los reclamos presentados por la educación privada, dejando como víctima sobresaliente al titular del Ministerio de Educación Nacional, quien presentó su renuncia para no convalidar con su firma la marcha atrás que representó, ciertamente, el nuevo instrumento ejecutivo en la materia.