La cultura recurrente
Reflexiones en tiempos acompasados
Documento N° 1
El ámbito cultural
Papel de trabajo

Contenido

Previos
Cambiar el rumbo. Los escenarios dilemáticos
Centralizar, descentralizar. Dialéctica de lo posible
Disyuntivas para los desarrollos sectoriales. Institutos nacionales autónomos. Proyectos nacionales estratégicos
El punto neurálgico: la cuestión económica y financiera
Transitoriedad y momento constituyente
Síntesis para una agenda
Propuestas

«Se asume comúnmente que hay una cultura, pero que ella es propiedad de una fracción de la sociedad; y de esta proposición, se llega habitualmente a una de las dos conclusiones siguientes: o la cultura no concierne sino a una minoría y no habrá más lugar para ella en la sociedad del futuro o bien en la sociedad futura la cultura que ha sido la propiedad de la élite debe ser puesta a la disposición de todos»

Previos

No intentaremos agotar los temas tratados, sino contribuir al debate que se inicia. La materia cultural nunca es conclusiva. Bastaría repensarla en uno de sus aspectos neurálgicos, como es el caso de los presupuestos culturales, para situarnos en una de sus variables satanizadas con la intención de presentarla como la «más perversa», haciendo que toda la relación Cultura-Estado quede reducida a una cuestión «crematística», sospechosa e innecesaria. Nada más lejos de la verdad pero nada más fácil de ser distorsionado y manipulado por la mediocridad e ignorancias funcionales.

Reconociendo a la UNESCO, en sus recomendaciones sobre el dinero asignado a la cultura, cuando en 1975 era lógico llevarlo al 1% del Presupuesto Nacional, en Venezuela no llegó ni a la mitad, en el tránsito INCIBA-CONAC. Cuando en 1991 era legítimo llevarlo al 2%, apenas alcanzó (en 1995) a un modesto 0.6%. Ahora cuando debería nivelarse al 3% y bajo la promesa del 2% del PIB... ¡se desciende a 0.3% del mismo Presupuesto Nacional, todo ello escudado en la «perversión de los subsidios».

Cuando en 1973 se planteó, bajo la más elemental de las sindéresis estratégicas, de una parte la vinculación de la comunicación y de los medios televisuales con la Cultura (Proyecto RATELVE), por la otra, de ésta con la infraestructura (Dirección Nacional de Infraestructura Cultural INCIBA), los políticos de turno e intelectuales connotados, le hicieron una cayapa y así lograron eliminarlas.

En el momento que emerge la Descentralización y la Ley Orgánica del Régimen Municipal que suponía una apertura a la dimensión cultural, resultó lo contrario por manipulación de los gobernadores, alcaldes y directores de cultura, flanqueados por sus propia desestimación e ignorancia de los factores que integran la Cultura, lo cual aún se mantiene. Igual observación a los efectos del FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) y de la Ley de Asignaciones Especiales, donde son inexistentes los proyectos de infraestructura cultural.

Cultura Popular y Cultura Elitesca son dos conceptos manipulados hasta la saciedad para mantenerlas irreconciliables, opuestas, cuando no en guerra, similar a la sostenida por Cultura como sinónimo de Bellas Artes, en ralación a la llamada Cultura Popular. Esa visión reduccionista ya ha sido desplazada por los adelantos y revisiones conceptuales de los teóricos de las ciencias sociales y los artistas.

De lo que se trata entonces es de la venezonalidad, de los componentes de la identidad nacional de un pueblo, que la resume un tejido reticular denso, conformado por la Cultura Popular, por el Arte; por nuestra condición de sociedad pluriétnica signada por las manifestaciones tradicionales, la interculturalidad, los orígenes afro-hispano-caribeños y otras nacionalidades. De allí la diversidad que apunta al mestizaje, al sincretismo, a la necesidad de preservar la memoria, al rescate de los valores, a la creación sostenida que lleva al propio desarrollo cualitativo de un país.

La actual Ley Nacional de la Cultura, en consecuencia el CONAC (Consejo Nacional de la Cultura), como organismo ejecutor, están agotados, son anacrónicos. De «jure y de facto» está planteado una nueva Ley Nacional Orgánica de la Cultura, una Ley Marco y un nuevo Organismo Rector, que deberían orientarse no sólo a corregir las omisiones deliberadas, hechas por los gobiernos precedentes, sino a colocar los componentes del Sector Cultura en posición de realizar un cambio de rumbo en la Acción Cultural del Estado. Para ello las nuevas autoridades del CONAC deberán admitir que sus funciones son temporales, que el CONAC es transitorio y que su primera tarea es, no sólo «poner orden en la casa», sino liderizar el cambio. Sin embargo las señales indican todo lo contrario.

Lo que es indispensable relevar es, no sólo que la cultura sea más que el CONAC y que éste es más que los subsidios, sino que la cultura es más y diferente que la suma de ambos y es sustantiva de todos los procesos en los desarrollos, sean éstos económicos, sociales, educativos, etc.

La cultura es más que todas las definiciones, teorías y prácticas conocidas y también más de lo que el hombre ha hecho de la cultura.

Si bien la propuesta de la Constituyente luce conveniente para renovar el Estado, aunque se presta a varias lecturas, no es menos cierto que levanta demasiadas interrogantes para suponer que de hecho y derecho, la cultura asaltará el cielo para conquistar los espacios, tramas y papeles protagónicos que le son propios, no sólo en los poderes legislativos, sino en los ejecutivos. Mientras ello no ocurra, es continuar hablando de los derechos humanos en terrenos genéricos; de moral, ética, de constituciones y leyes que dicen todo, pero que nadie cumple; demostraciones, paradoja adelante, de los niveles de la cultura política que aún prevalece en nuestros gobernantes y en algunos segmentos del propio Sector.

Cambiar el rumbo. los escenarios dilemáticos

En los tiempos que corren abundan las contribuciones teóricas sobre los posibles caminos que debería recorrer la Acción Cultural del Estado, lo cual identifica la gestión pública. Prueba de ellos son los innumerables análisis y aportes publicados en los diferentes medios, en las recientes etapas pre y post electoral. Unos más, otros menos, convergen en la necesidad de cambiar los esquemas existentes para facilitar tales aspiraciones.

En esos océanos llenos de tempestades, verguenzas e incertidumbres, es indispensable despejar el horizonte con miras a pisar tierra firme si la entendemos como el escenario de las realidades.

El desarrollo cultural, incluyendo todas sus vertientes, no debe ser otra cosa que un Proyecto Nacional jerarquizado y prioritario, imbricado al tejido social, político y económico del país; es un eje sustantivo de todos los desarrollos. Ese ha sido el gran esfuerzo realizado por la UNESCO, cuando enunció la Dimensión Cultural del Desarrollo, a partir de la Conferencia de Venecia (1970). Que no haya sido tomado en cuenta por los gobiernos de turno de los Estados Miembros, mucho menos por Venezuela, es otra historia.

Colocados ahora en la encrucijada de la «revolución social en democracia» se presenta de nuevo un clima de crisis, situación que mucho ha caracterizado el campo de la cultura venezolana. Si bien este terrario cultural no es desconocido, se requeriría tomar decisiones sencillas, imprescindibles e inmediatas, sin necesidad de esperar la Constituyente, o en rigor a propósito de ella: revisión conceptual, jerarquía política, prioridad estratégica y asignaciones presupuestarias: en todo caso sustituir omisiones, miserias y anacronismos que han signado los últimos quinquenios de la acción cultural de los gobiernos precedentes.

La cuestión cultural es asunto político sin mayores rodeos. Jerarquía política y prioridad estratégica exigen un organismo ejecutor del más alto nivel, el cual nunca estuvo representado, ni por el histórico INCIBA (Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes), ni por el CONAC, cuyo sistema orgánico-legislativo se-mantuvo-se mantiene insuflado del mejor espíritu decimonónico.

Ese mismo espíritu se extiende a los componentes e integrantes del Sector, quienes lucimos empecinados en un lenguaje plañidero que nos muestra a la defensiva sin ser culpables, románticos y anacrónicos, bateleros de sueños sin pistas de aterrizaje, y en el campo económico nos exhibimos como mendigos.

El entusiasmo que muestran algunos analistas por el anuncio de considerar a la «Cultura como Política de Estado», se olvidan de lo que son enunciados simples y obvian la diferencia, matices de por medio, entre política y jerarquía política de la cultura. Una y otra orientación no tienen el mismo sentido, ni conducen a idénticas formulaciones estratégicas en el orden de las prioridades. Una Política, entre otras interpretaciones, no es más que una orientación programática que puede expresar una voluntad, una simple intención, pero ni compromete ni obliga, aunque ella sea de «Estado». La jerarquía Política, por el contrario traduce la orientación e intencionalidad en cumplimientos estructurales, pogramáticos, luego políticos, económicos, estratégicos y desde luego es la vía de acceso al nivel superior de prioridades interpares, para que la acción cultural del Estado se incorpore como imprescindible a los procesos de planificación estratégica nacionales, regionales y municipales, sean estos situacionales, sustentables o sostenibles.

De allí que cuando se propone un Ministerio de la Cultura, o un CONAC transitorio (reestructurado), no se piensa en un «instrumento burocrático»; sino en una instancia de jerarquía política, de amplio espectro que integre a todos los componentes del Sector, hoy dispersos en otros ministerios u organismos disímiles «que hacen cultura». Ello requiere un organismo insospechable de subordinajes. En consecuencia estamos hablando de un organismo de jerarquía plena, concebido a partir del CONAC transitorio, hacia una nueva estructura en calidad de: Ministerio de la Cultura, de la infraestructura cultural y de la identidad nacional (venezonalidad), en posición de trazar un Plan Estratégico Nacional de doble vía y retroalimentario, donde se cumpla la relación Centro- Periferia-Centro. Ello no tiene porque ser de «tamaño grande» ni mucho menos «burocratizado».

Pero entendamos los riesgos del tejido político. Cuando decimos que la Acción Cultural del Estado es asunto político, no estamos admitiendo, sin más, la conciliación entre lo político y lo jurídico, ni que un marco «novedoso» jurídico colocará per se a las Políticas Culturales «libre de toda sospecha», ni que las decisiones de los gobiernos de turno, relacionados con sus propias instituciones y con la administración cultural, se ajusten al derecho emanado de sus propias leyes. Siempre los riesgos surgirán de las «célebres» interpretaciones, cuando no del «espíritu de la ley». Así las cosas en el orden institucional, la actual Ley Nacional de la Cultura establece que la adscripción del CONAC es a la Presidencia de la República, sin embargo permanece desde hace años, adscrito al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, es decir, se aceptó la primera gran alcabala. El que se restablezca la adscripción, justicia de por medio, no garantiza su poder ejecutivo interpares, en pleno ejercicio de autonomía, ni voz propia.

En el orden de la administración cultural, ha sido el país político quien ayudó a debilitar al CONAC, a desandar veredas para hoy escribir su epitafio. La brisa viene de lejos, con aciertos y desaciertos, marchas y contra marchas empujadas por factores exógenos del poder constituido, mucho de ellos ahora constituyentes, surgidos de la sociedad civil y de los propios integrantes del Sector; y factores internos del propio CONAC. No obstante ellos, concedamos el beneficio de la duda frente a los nuevos escenarios.

Educación y Cultura no son sinónimos, ni antónimos, ni siquiera una y la misma, aunque si estrechamente vinculadas. Bien podría aceptarse que Cultura y Educación son complementarias cuando no concurrentes, pero entre ambas jamás subalternas, menos intercambiables.

Igual decimos en relación con ciencia, tecnología y comunicación, y otras áreas donde se observan vinculaciones interactivas, o eventuales, casos de turismo, deportes y recreación.

En el caso venezolano, sería un craso error adoptar unas medidas que junte Educación y Cultura en un solo Ministerio, suerte de megaorganismo donde las obligaciones de la acción cultural del Estado quedarían reducidas a su mínima expresión, amén de reproducir esa tendencia modélica-distorsionante hacia las estructuras estadales y municipales.

Otra vía errática sería adoptar los establecimientos escolares como infraestructura cultural. Son dos cosas distintas desde los enfoques conceptuales y operativos, los primeros son infraestructuras parciales, a los efectos de las actividades complementarias de los institutos educativos; los segundos son infraestructuras especializadas, a los efectos de las actividades profesionales de los creadores y trabajadores de la cultura, con objetivos comunes, orientados a la exhibición de sus productos, a la formación de un público, a las actividades de producción y a todas aquellas dirigidas a labores específicas de cada disciplina artística. Es legítimo mejorar las condiciones físicas de los establecimientos a los fines de optimizar los resultados de la actividad que desarrolla la comunidad educativa; pero es imprescindible la construcción y diversificación de la infraestructura cultural que atiende otras necesidades.

En resumen: la infraestructura cultural es un específico de la acción cultural del Estado, por consiguiente debería ser transferida en su competencia al proceso de renovación del aparato rector, CONAC-TRANSITORIO / MINISTERIO DE LA CULTURA.

Es mucho más lo que exuda esta fórmula de «los dos ligaditos»:

1. Acto de ignorancia deliberada, cuando no de manipulación rasera para mantener a la cultura como estamento subalterno de otro Ministerio, cualquiera que sea su denominación.
2. Quitarle a la cultura la jerarquía y protagonismo institucional que le corresponde.
3. Difuminarla más en los tejidos pretéritos de manera que siga en los espacios prescindibles del desarrollo integral del país.

Un guión escrito con todos los aderezos de un buen recetario pareciera conformar una masa cuya costura exhibe una disposición inequívoca de seguir mirando al Sector con la displicencia «desde el jardín», en un abanico de afirmaciones generales que van desde la Cultura como asunto de Estado, hasta el nombramiento de una Comisión Presidencial para la Cultura, ingredientes en todo caso, del síndrome de circunvalación que rebota hacia las encrucijadas de siempre, a través de caminos oblicuos que preservan el establecimiento para regresar a la posta del mismo periplo: la política de no tener política, o la política cultural flotante para que la «rosa de los vientos» la lleven a la deriva.

La verdadera revolución social y económica se realizará a través de un cambio estructural en profundidad, un cambio que asuma la actividad cultural como uno de los factores fundamentales de su identidad, de lo contrario permaneceremos segundones, para no decir desechables. Cambio que le reasignaría a la Cultura su condición explícita de prioridad estratégica en los desarrollos, construida sobre una losa fundacional sólida y perdurable, representado en un organismo con Presencia y Jerarquía Política e incontestable, extensible a toda la geografía nacional, a partir de las alianzas estratégicas locales para que haya un crecimiento cualitativo en espiral, en igualdad de oportunidades y se propicie, de una buena vez, la real democracia cultural.

Un organismo ejecutivo de la naturaleza señalada, requiere tener atribuciones mayores del actual Consejo Nacional de la Cultura, lo cual se logra transfiriendo al Organismo Rector las competencias que les son propia a la Acción Cultural del Estado, bajo la revisión conceptual de la Cultura orientada al cambio en posición de abordar el siglo XXI, desde luego, ello afectaría a otros ministerios e instituciones de manera directa en nuevas relaciones concurrentes.

En cuanto al MRI (Ministerio de Relaciones Interiores) se establecería un cambio estratégico en las relaciones con las gobernaciones y alcaldías, referidos no sólo al Situado Constitucional, al FIDES (Fondo Intergubernamental para el Desarrollo), Programas Extraordinarios, Créditos Adicionales, etc. No deja de ser un mal síntoma el que en la Ley Habilitante ni de lejos ni de cerca, se toque «la cuestión cultural».

El escenario de las realidades es todo lo contrario a las presentes reflexiones, agravado por la «Crónica de una disolución anunciada», dicho de otra manera: orillar la Cultura a la ribera de otra estructura, en nombre de la «crisis», para que no haya dudas de constituirnos, ahora si oficialmente, en la «guinda de la torta» sin recurrir a Penélope, ni a otros fantasmas.

El debate sobre el asunto presupuestario en el campo cultural ha dado para todo, si observamos el muestrario pendular desde la más violenta «La Cultura Lambucia», pasando por las destempladas «parásitos y chulerías», hasta los de mayor sindéresis. Las cuotas asignadas no pueden llamarse ‘presupuestos culturales’ cuando en largos años transcurridos, jamás los gobiernos de turno han correspondido a las exigencias del Sector. Tiempo durante los cuales no se ha dejado de formular variadas concepciones inéditas de la Cultura. Sólo que ahora se percibe una triple pirueta:

1. Obviar una vez más la inserción inmediata de la Cultura como prioridad estratégica jerarquizada y entre iguales en los desarrollos sustantivos.
2. Reducir aún más las «cuotas presupuestarias» bajo la consideración de que la Cultura no es prioritaria en este «país en crisis».
3. Dejarle a la Constituyente para que resuelva «los problemas culturales», que son perentorios, apostándole a que todo será igual.

Corregir los dos primeros, subsanando esas omisiones reiteradas, es labor que debería asumir el actual Ejecutivo por vía del CONAC-TRANSITORIO, con firme apoyo de la Presidencia de la República y de la Comisión de Cultura del Congreso, lo cual daría pie a los efectos de la Constituyente, porque abordaría la modificación del espectro legislativo, tan fragmentado como el propio Sector.

El otro maquillaje para disminuir las cuotas son los proyectos de leyes de mecenazgo e incentivos fiscales. Si bien son instrumentos complementarios no dejan de mostrar el tramojo par disminuir o eliminar las obligaciones del Estado frente a la Acción Cultural. Todavía más perversa de parte de algunos factores de poder y de la propia mezquindad de intermediarios, ha sido impulsar una matriz de opinión sobre el «mal uso e inconveniencia de los subsidios otorgados al Sector Cultura, porque ellos son gasto corriente», en lugar de considerarlos inversión social de interés público, lo cual ha llevado, de una parte a cultivar en la vulgata política la sentencia a tenerla como «renglón desechable», y por la otra a establecer una franja de pugnacidad en el interior de los propios hacedores de cultura, transformándolos en remedos de gladiadores en las arenas de la Roma Imperial.

Ello ha permitido que las asignaciones presupuestarias para la Cultura sean vistas y calificadas como una ciénega propia de «piñatas, chulos y lambucios», en lugar de materia de planificación estratégica, en el campo de las prioridades.

Señalar austeridad cuando se vive en miseria es lindar la contradicción. Habría que empezar por solventar los deficits agravados anualmente, para colocar un presupuesto cultural proporcional al desarrollo alcanzado por sus componentes, actores e instituciones culturales para luego, a partir de allí exponer la austeridad. Como es imperativo así mismo superar los mecanismos administrativos, Estado-Cultura, para no caer en la trampa del «flujo de caja»

Centralizar, descentralizar. Dialéctica de lo posible

En ese orden de ideas las demandas del Sector no han encontrado respuesta.

Se requiere un doble proceso: Centralizar para fortalecer y luego descentralizar. Ello entraña liquidar las dobles y triples funciones esparcidas en todos lados centralizándolas en el organismo rector de la Cultura, por vía de una nueva legislación y por vía expedita del Ejecutivo Nacional. Mientras la primera es materia de la Constituyente, en la segunda bastaría la decisión firme del Presidente de la República, del Gabinete Ejecutivo y Congreso, para imprimir una real voluntad política en jerarquizar la Cultura en todo el Territorio Nacional. En esos terrenos hay una tercera exigencia que prela sobre las anteriores: la propia convicción de las nuevas autoridades del CONAC en tales postulados, acompañados de un cambio de comportamiento en los integrantes del Sector, oritetados en la misma dirección; para los cambios políticos colectivos se requieren los cambios previos individuales y para éstos una voluntad real de parte del Estado.

Una vez centralizado el CONAC-TRASITORIO, procede su propia descentralización interna, donde la Acción Sectorializada se ejecutaría a partir de la reestructuración interna del modelo actual del CONAC y de las llamadas Direcciones Sectoriales y de Línea, para que faciliten una estructura estratégica y operativa hacia la creación de un nuevo Organismo Rector. En otras palabras, reestructuración matricial para reorientarla a una más sencilla destinada a ser un Organismo Superior de Planificación Estratégica para la Cultura de carácter Nacional, Regional y Municipal, en posición de establecer alianzas estratégicas locales, de doble vía, a través de los organismos autónomos correspondientes, igualmente sencillos funcionales y operativos. Sobre esto existen precedentes en las figuras del Instituto de Patrimonio Cultural, el Centro Nacional de Cinematografía y el Instituto Nacional de Artesanía, entre otros. Desde luego estos organismos no están excluidos de una revisión para su actualización.

Se entiende que el CONAC permanecerá el tiempo de tránsito hacia el nuevo organismo, lo cual no excluye iniciar el proceso inminente de reestructuración hacia las metas señaladas, procediendo así mismo a la relación sin demoras con el MRI, para las ejecuciones de los planes conjuntos con las gobernaciones y alcaldías, y de estas con otros Ministerios, donde tenga ingerencia la Cultura en sus diversas expresiones.

Se entiende que este CONAC-TRANSITORIO procederá con la misma celeridad en sus relaciones con CORDIPLAN, a los fines de diseñar un Plan Estratégico de la Cultura en el marco de que se conoce como los «Planes de la Nación», y con la Comisión de Cultura del Congreso, a los fines de reestablecer sus propias funciones, que no son otras que legislativas.

Desde esas encrucijadas multipolares, se originarían los nuevos tejidos que deberán actuar como ondas expansivas para establecer un sistema de vasos comunicantes con los ejes del Poder Central, los Regionales y los Municipales., cuyos objetivos se unirían para alcanzar la horizontalidad en los desarrollos de acuerdo a las propias realidades locales, hasta lograr los equilibrios entre oferta y demanda cultural, tanto en los planos cuantitativos, como en los cualitativos.

La revolución auténtica podrá sentirse cuando se observen a los Municipios como los equivalentes al país local, con sus mismas prerrogativas, necesidades, aspiraciones e igualdad socio-cultural. Sólo entonces hablaremos con propiedad de la «Refundación de la República», «Nuevo Federalismo», etc. El verdadero asunto político es propiciar el cambio cultural con las especificidades del caso, con plena autonomía, para establecerlo en el marco de las prioridades nacionales.

La vinculación Cultura y Comunicación bajo «concepciones inéditas» (sic), adquiere su dimensión precisa, entre el Organismo Rector de la Acción Cultural y los organismos responsables de la comunicación del Estado, fundamentalmente: La Oficina Central de Información (OCI-VENPRES), Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional.

No se trata de concluir en una fusión administrativa, sino establecer una visión estratégica del país al cual se aspira, a través de los medios hacia los mismos fines: cambio socio-político-cultural de la Nación. Es sembrar y difundir la imagen para materializar la utopía de una Venezuela distinta.

Disyuntivas para los desarrollos sectoriales. Institutos nacionales autónomos. Planes nacionales estratégicos

El concepto Sector causa bastante escorzor porque se presta a diversas interpretaciones. La usaremos en sentido estructural y como facilitador en el campo de la planificación estratégica, sin mayores disquisiciones semánticas, burocráticas, o académicas. En consecuencia el término Sector Cultura, no sólo toca el ámbito conceptual, sino a la suma de las áreas que lo componen orientados a fines comunes e interactivos, tomando en cuenta sus especificidades.

Cuando un área se hace compleja, alcanza crecimientos cualitativos y cuantitativos en sus componentes, tiende a considerarse no sólo área sectorializada, sino que ella misma conforma a su vez su propio sector con demandas e instituciones específicas. Eso es lo que ha ocurrido en el Sector Cultura en Venezuela, y ello explica, entre otras razones, porqué la necesidad de Leyes Sectoriales con sus institutos autónomos equivalentes, para que el macrotejido estructural sea manejable, no sólo en su organización y funcionalidad, sino en sus resultados, seguimientos, evaluación y logros, a través de sus estructuras específicas. Así se cuantifica la oferta y se miden los impactos sociales y económicos con mayor eficacia.

El concepto Sector Cultura entonces amplía su horizonte para considerarse ámbito cultura o cultural como espacio de mayor alcance conceptual, estratégico y en la diversidad, suma de sectores donde la especificidad cultural hay que observarla igualmente como la suma de sus específicos por áreas o sectores.

De allí que se profundiza la dimensión cultural del desarrollo, para observar en presente y en prospectiva, un macrotejido cultural, donde sus componentes identificados en sus respectivos sectores conforman cada uno de ellos, un microtejido cultural especializado con sus correspondientes autonomías, instituciones, funcionalidad estratégica y capacidad operativa. El ámbito cultural se posiciona como un tejido reticular de espectro múltiple que interactua en la diversidad para sustentar el desarrollo en su conjunto.

Precisamos luego a los fines de planificación estratégica, los sentidos: ámbito mayor que sector, orientados a las esferas nacionales, y universo cultural en sentido planetario

Ello explica, entre otras cosas, la obsolescencia del CONAC, cuya transitoriedad debería facilitar varias cosas:

1. Su propia reestructuración inmediata.
2. La revisión de la Ley Nacional de la Cultura, para sustituirla por una Ley Nacional Orgánica.
3. La propuesta de una Ley Marco que agrupe todas las leyes relacionadas con los componentes del Sector Cultura-ámbito cultural, en sintonía con la nueva Ley Nacional Orgánica.
4. La revisión conceptual de la cultura.
5. La creación de un Ministerio de la Cultura, de estructura sencilla, bajo conceptos y orientaciones renovadas, donde las acciones sectoriales fluirían a través de los institutos nacionales autónomos, tanto de los existentes, revisados y reestructurados, como los emergentes.

En esos parámetros sustentamos la doble propuesta: Reestructuración inmediata del CONAC y la creación de institutos nacionales autónomos por áreas o sectores. Ello dependerá de dos factores estrechamente articulados entre si:

1. Las estrategias que adoptarán las nuevas autoridades del CONAC, para la transformación del Organismo Rector.
2. La participación de los componentes e integrantes del Sector, a escala nacional, para fortalecer el liderazgo, la representatividad y las líneas de acción para su renovación.

En la primera orientación, el CONAC debería proceder a cambios estructurales de fondo y forma observadas en el llamado modelo matricial, referidos a sus niveles jerárquicos, y a sus direcciones generales sectoriales y de línea, así como a las funciones que faciliten los despegues para la transformación institucional. Paralelo a ello iniciar un proceso de revisión y cambio en las políticas culturales que existen, a pesar de lo que se diga, sólo que están unas periclitadas y otras omitidas. Así mismo, estudiar las medidas pertinentes, conjuntamente con el Presidente de la República y el Gabinete Ejecutivo, para que los proyectos e instituciones culturales no permanezcan adscritos a otros ministerios o instancias distintas al Organismo Rector. En esa y en otras estrategias utilizar las alternativas que ofrece los escenarios de la Ley Habilitante o de cualquiera otra Ley emergente.

En la segunda orientación, cambiar el discurso sostenido hasta la fecha por el Sector, colocando a los actores en proscenio, no detrás de bastidores, para que se armonicen voces, gestos, contenido y acción a los efectos transformadores.

Los institutos nacionales autónomos deberán ventilarse en los escenarios constituyentes porque previo a ellos deberán proponerse las nuevas leyes: la Ley Nacional Orgánica de la Cultura, y las leyes nacionales orgánicas de los sectores que conforman el ámbito cultural. De los institutos nacionales autónomos a su vez, derivarán los planes nacionales estratégicos correspondientes.

El punto neurálgico, la cuestión económica y financiera

La relación cultura economía requiere asumir la Dimensión Cultural del Desarrollo, allí donde comenzaron a zanjarse las fronteras con la cuestión estrictamente económica y con otros sectores: Decenio Malraux (Francia, 1959-69) y UNESCO ( Venecia,1970). La cultura entonces abrió caminos percibida como eje sustantivo de todos los desarrollos, así mismo el desarrollo cultural asume las variables económicas en el marco de la especificidad cultural en la diversidad y el conjunto de ellos en el macrotejido cultural, donde hay que tomar en cuenta el principio de la Gestalt: «El todo es más y diferente a la suma de sus partes». Simultáneo a ello marcharon los procesos de su inserción en tránsito de la planificación normativa a la estratégica, ahora observada en todas sus manifestaciones: Situacional, sostenible o sustentable, así como a su futuras variables.

Se pretende reducir el asunto económico y financiero referido a la Acción Cultural del Estado, al simplismo de los subsidios para orquestar bien su eliminación definitiva. Se obvia deliberadamente las estrategias económicas que son sustantivas para el desarrollo cultural del país, que son legítimas en el marco de los deberes del Estado, frente al Sector quien a su vez tiene derechos. Se apela al fariseismo de las interpretaciones jurídicas para señalar sólo la «liberalidad en el otorgamiento de los subsidios culturales» de parte del Estado, para asumir el darwinismo cultural, entubado por una sola calle: La del CONAC. Con desfachatez se quiere preservar la miseria y la mediocridad del país al frenar el desarrollo cualitativo de proyectos, programas e instituciones culturales, no sólo aquellos de trayectoria probada, sino las emergentes identificadas en las juventudes e iniciativas de relevo.

Todo ello tiene que ver con la relación cultura-economía donde los subsidios, subvenciones, o aportes del estado son palancas vertebrales, entre otras, hacia fines superiores para lograr una mejor calidad de vida. Ningún sector cultural desestima su vínculo, ni las dificultades con los problemas económicos, pero alguno de sus aspectos no son vara rasa para meter el ámbito cultural en el pote de la basura. El Estado es un producto cultural; entonces ¿Cuál Estado queremos?.

Ningún componente del ámbito cultural desconoce la magnitud de la crisis económica del país. Es el Estado, el país político quien desconoce la magnitud de la crisis económica acumulada del Sector Cultura, relegada y sin respuestas de parte de los gobiernos precedentes. El «estado de emergencia económica» es válido para todos los sectores de la sociedad.

La diferencia se transparenta cuando observamos los crecimientos presupuestarios de otros sectores, en los últimos 5 años, no así en el de cultura, para llegada la hora de los recortes aplicar las mismas medidas en el entendido que el presupuesto del CONAC habría alcanzado algún nivel de aumento, así como las asignaciones referidas a los subsidios. Todo ello es mentira si observamos los análisis comparativos, en donde se observa descenso vertiginoso del presupuesto asignado a la cultura, a punto de sostener a duras penas los límites de subsistencia de la estructura básica del CONAC y colocar en límites de insubsistencia a los componentes del Sector, dejándolos en descampado para su agonía programática e institucional al regresar a la prédica de la década de los cincuenta: El Estado no tiene que propiciar la cultura porque ella «nace del alma y el espíritu» y los proyectos deben realizarlos sus cultores con los excedentes de sus recursos ganados en otros campos profesionales. Nada menos y nada más que liquidar, sin aviso ni protesta... ¡Con la profesionalización e institucionalización del Sector! alcanzados en largos cuarenta años; y «los culturosos» que vuelvan al ágora, donde algún viandante o mercader generoso les dará de comer.

Todos los componentes del Sector, se han preparado, con sus matices lógicos en todo proceso, a manejar no sólo su profesión especializada en cada área, sino a enfrentar los riesgos de la crisis del país, del pensamiento único, de la globalización, del capitalismo salvaje, del mundo unipolar, de los desajustes macroeconómicos y paremos de contar.

Ningún integrante del ámbito cultural anda de «doncella impoluta», ni de «inocente y pobre amigo» mirándose el dedo de su propia angustia, sino que rechaza el mensaje del desprecio por el Sector y las señales que se envían para evitar asignarle a éste lo que le corresponde: Jerarquía, derechos y deberes, presupuesto justo y legítimo y posicionamiento entre iguales.

Basados en concepciones anacrónicas de los llamados «convenios» en las relaciones entre las partes y comportamientos erráticos de los otorgantes, se quiere señalar a los subsidios como los únicos problemas de las variables económicas, sus derivados e implicaciones, entre Entes Tutelados y Entes Subsidiados, donde los otorgantes amarran luego las interpretaciones alimentadas por la dupla legalista-economicista.

Colocados allí los Entes Tutelados tienen derechos a presupuestos orgánicos como obligación del Estado, mientras para los Entes Subsidiados son regalías o generosidades; en otras palabras son asumidas como dádivas a pedigueños que en un acto humanitario o de caridad pública es de liberalidad del otorgante para dar, rechazar, o modificar.

Resulta que entre ambos, Tutelados o Subsidiados, varía no sólo la figura jurídica, sino la cuota que se le asigna a uno o a otro, quedando expuestos los Subsidiados a un sistema presupuestario aleatorio, significativamente inferior, donde no se logran consolidar esas instituciones subsidiadas, ni se les facilita el desarrollo de sus planes, programas y proyectos, menos aún su continuidad. Por lo cual proponemos una redefinición conceptual, jurídica, operativa y presupuestaria en ambas orientaciones.

En esa madeja de cultura y economía la teoría del valor no se aplica por igual a todos los sectores del ámbito cultural. El valor de uso y el valor de cambio es válido para la industria cultural y mediática, pero no lo es por ejemplo para el Sector Teatral y de Danza, donde sólo tienen valor de uso. La discusión para clarificar conceptos se puede extender a propósito de la inversión, del costo-beneficio, de la rentabilidad y del impacto social. Los desequilibrios observados en los cuadros de asignaciones para la Cultura Popular obedecen a criterios anacrónicos.

El presupuesto cultural no será sincero hasta tanto no se reconozca el marco conceptual actualizado de la cultura y las atribuciones y competencias que deben ser transferidas al Organismo Rector, donde destacan la infraestructura cultural, la industria cultural y la mediática. Ellas solas modificarían los estimados presupuestarios necesarios para un CONAC fortalecido.

La otra vuelta de manivela es el cambio de relación CONAC-gobernaciones-alcaldías, donde se establezcan las prioridades sobre las solicitudes y demandas de los componentes e integrantes locales del Sector, a los fines de acuerdos estratégicos interinstitucionales. Colocados allí el presupuesto cultural tomará otros caminos, los subsidios se reorientarán, tanto como la relación cultura-economía.

Transitoriedad y momento constituyente

En el centro del actual huracán de la cultura recurrente, descollan señalamientos que son más preocupantes que los cuarenta años transcurridos en el menosprecio funcional:

1. Identificar a la acción cultural del Estado como una cuestión de «dozavos», flanqueada por luchas fratricidas y ambiciones de cargos burocráticos.
2. Desestimar la historia de las propuestas acumuladas, donde se requería la renovación conceptual y operativa de las políticas culturales y del aparato rector.
3. Responsabilizar sólo al CONAC, o éste a la Comisión de Cultura del Congreso de la República, por contribuir al «caos de la cultura», cuando deberían ser extensibles al colectivo del Poder Cultural: Presidentes de la República, Ministros, Gobernadores, Asambleas Legislativas, Alcaldes, Concejales, Directores de Cultura, Comisiones de cultura. En síntesis, el País Político.
4. La peor es solicitarle al Ministerio de Educación que convoque al «Gabinete Cultural» (!) para dirimir «la cuestión de la cultura», lo cual es ya no sólo «fin de mundo», sino reconocer la incompetencia, cuando no inexistencia, del propio Sector, para construir un nuevo liderazgo, jerarquía y presencia de sus componentes, ante el reto del momento Constituyente. Para decirlo en criollo: «Los bueyes detrás de la carreta».

Hay varias fases claras en relación a la Acción Cultural del Estado:

Considerar al CONAC como Organismo de Transición en condición de aparato de punta hacia los cambios que vendrán; así lo deben asumir quienes estén al frente de la Institución, sin decretar «un estado de coma», aunque se perciba para muchos como «un cuerpo en fase terminal».

El CONAC-TRANSITORIO debe orientar sus esfuerzos a consolidar los escenarios y líneas de acción, hacia las Regiones y Municipios que faciliten el advenimiento del organismo rector, el cual saldrá de la Constituyente. Se entiende que tales orientaciones sustentarán la actuación del CONAC-TRANSITORIO a fin de observar que no se detengan las funciones ejecutivas del período fiscal en ejercicio (1999), subsanando los problemas heredados de 1998.

Colocados allí se establecen los mecanismos de consulta, con todo el Sector, por áreas, a los fines de llegar con propuestas de consenso sobre la transformación cultural necesaria y en consecuencia del país nacional en el marco de la Constituyente.

Hay que darle entonces, al momento constituyente, toda la importancia que requiere, para que no le ocurra la misma suerte de los «Estados Generales de la Cultura» del Mayo Francés (1968). Existen varias señales preocupantes, a propósito de los preparativos de la Constituyente:

1. Pasar el CNAC (Centro Nacional de Cinematografía) al Ministerio de Industria y Comercio, lo cual es un indicador más de la «operación disolvente» en cuanto a las competencias de un nuevo organismo Rector de la Acción Cultural del Estado.
2. La solicitud de incorporar un «Capítulo de Educación y Cultura» como preámbulo al subordinaje de la Cultura a la Educación, cuando deberían ser capítulos separados.
3. La omisión deliberada del vínculo de la Industria Televisual a la acción cultural.
4. El desconocimiento absoluto de la infraestructura cultural especializada para excluirla de las prioridades.
5. El uso genérico de la «identidad cultural como un valor importante» pero sin articularla a un Organismo Rector de la Acción Cultural.
6. La manipulación de la «Cultura como Política de Estado» sin establecerla como jerarquía política y estrategia prioritaria en los desarrollos.

Es necesario, en consecuencia, permanecer advertido frente a tales despropósitos.

Hay que subrayar de una vez por todas los nuevos roles que se esperan de los protagonistas en todos los niveles, para impedir que la esencia, sustancia y sentido de Venezuela, como es la Cultura, continúe por el despeñadero de su propia destrucción. El Estado es un producto cultural, su papel es de facilitador para que ésta alcance niveles de excelencia. Un mínimo de acuerdos para que la Acción Cultural del Estado, lo represente una estructura de innovación conceptual y jerarquía política, o no habrá horizontes en ese campo, sino tierras baldías signadas por el odio y la desolación.

Síntesis para una agenda

El Sector Cultura en su conjunto y el Sector Teatral en lo específico:

Reconociendo la necesidad de cambiar el rumbo de la Acción Cultural del Estado, tanto como el de las políticas culturales.

Teniendo en cuenta que la conceptualización de la cultura, en el marco de una visión-misión actualizada, ha sobrepasado hace mucho tiempo (Venecia, 1970) la frontera de las Bellas Artes, para extenderse en la dimensión cultural en el desarrollo, destacados luego en el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultura (UNESCO), reafirmados en distintas ocasiones y reciente en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (UNESCO, Estocolmo, abril 1998).

Observando que el CONAC en gobiernos anteriores no ha sido capaz de asumir tales planteamientos, sino que los ha obviado.

Reafirmando la urgencia de solucionar los problemas político-administrativos entre el CONAC y el Sector Cultura, agravados en el último quinquenio, por el desencuentro entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

Haciendo hincapié en las medidas perentorias que deben tomar las nuevas autoridades del CONAC para solucionar la cuestión de los subsidios, cuyo flujo represado por más de 6 meses ha colocado a los trabajadores e instituciones culturales en situación crítica y a punto de extinción, aunque se observe que «la cultura es mucho más que el CONAC y el CONAC es mucho más que subsidios».

Señalando la urgencia de reestructurar el CONAC en un nuevo organismo de mayor jerarquía, más liderazgo y mayor eficacia.

Subrayando la importancia de colocar la Acción Cultural del Estado en las prioridades estratégicas del desarrollo nacional.

Admitiendo que las Entidades Federales (regionales y municipales) deben ser incorporadas de forma explícita, participativa, identificada e inequívoca.

Considerando la importancia de incluir los planes, programas y proyectos culturales, en el Plan de la Nación, con carácter estratégico, prioritario y sustantivo.

Tomando nota de las numerosas reuniones realizadas por el Sector Cultura en su conjunto, donde destacan en los específicos las del Sector Teatral, en tres congresos y una Asamblea Nacional, así como las efectuadas por otras áreas de igual importancia en la diversidad del universo cultural.

Propuestas

1. Solicitarle al Presidente de la República y a los organismos del Ejecutivo Nacional, incorporar a la cultura como eje, base y acción sustantiva en los procesos de transformación del país, con su respectiva jerarquía política y prioridades estratégicas, de manera expedita, a los fines no sólo de cambiar el rumbo de la Acción Cultural del Estado, sino fortalecerla.

2. Solicitar a las nuevas autoridades del CONAC soluciones a los problema de mora extrema, referido a los subsidios 1998, en el entendido que las instituciones beneficiarias han rendido memoria y cuenta de su gestión, atendiendo a los requisitos exigidos a la fecha por el organismo rector. Así mismo que tales soluciones sean previas a nuevos sistemas de evaluación que puedan implementarse.

3. Solicitarle a las nuevas autoridades del CONAC, no sólo reestablecer el liderazgo político en su condición de organismo rector de la Acción Cultural del Estado, sino que su reestructuración se cumpla bajo nuevas concepciones, se haga en sincronía con los componentes del Sector, destacando la participación de la provincia, a los fines de lograr una nueva estructura de mayor jerarquía y funcionalidad, representativa de todo el país.

4. Solicitarle al Presidente de la República y a las nuevas autoridades del CONAC, las estrategias pertinentes para transferirle al Organismo Rector de la Cultura, el liderazgo en las competencias concurrentes, prioridades de primera línea referidas a la infraestructura cultural, en cuanto a sus específicos y a la comunicación, en cuanto a los requerimientos en preservar la memoria y difundir la venezolanidad.

Así mismo definir las estrategias puntuales en relación con todos los organismos del Ejecutivo, donde son necesario definir las competencias que le son propias al Organismo Rector de acuerdo a las nuevas, conceptualización de la cultural, reorientación y extensión de la acción cultural del Estado. Allí destacan CORDIPLAN (Plan de la Nación) y el Ministerio de Relaciones Interiores (gobernaciones y alcaldías).

5. Solicitarle al Presidente de la República y a las nuevas autoridades del CONAC, que se incluya por vía de la Ley Habilitante, o de créditos adicionales, la medida perentoria para llevar el presupuesto cultural al 1% del Presupuesto Nacional de 1999, a los fines de solventar en principio el deficit acumulado en el Sector y luego facilitar el escenario para llevar el presupuesto legítimo presupuesto al 3% del PIB, tal como lo ha sugerido la UNESCO y atendiendo a la oferta presidencial durante la campaña electoral.

6. Solicitarle al Presidente de la República y a las nuevas autoridades del CONAC las estrategias necesarias para que las propuestas del cambio cultural ante la Asamblea Nacional Constituyente, estén en sincronía con los componentes e integrantes del Sector, así mismo la reestructuración del propio Organismo Rector, para que las políticas culturales tengan correspondencia con la transformación a la cual se aspira.

7. Solicitarle al Sector Teatral que el Consejo Nacional de Teatro se transforme en un organismo de mayor representación y alcance, plural y múltiple, nombrar un Comité Operativo Nacional y diseñar una estrategia orientada a una doble vertiente:

1. Participar en los procesos por la redimensión cultural en la Asamblea Nacional Constituyente.
2. Diseñar y proponer la creación del Instituto Nacional Autónomo de Teatro, como el organismo ejecutor del Plan Nacional Estratégico para el Desarrollo teatral.

El primero se inscribiría en las orientaciones para una nueva Ley Orgánica de la Cultura. Y el segundo se adscribiría a la nueva estructura que saldrá de la transformación del CONAC en un organismo superior, renovado en su conceptualización, estructura y eficacia.

8. Recomendar al Presidente de la República reestablecerle la adscripción del Organismo Rector de la Cultura, a la Presidencia de la República, en posición de interpares con el Poder Ejecutivo.

9. Manifestar nuestro rechazo a la convocatoria de cualquier llamado «gabinete cultural» que no esté liderizado por las nuevas autoridades del CONAC, conjuntamente con los componentes e integrantes del Sector Cultura.

10. Manifestar nuestro rechazo a todas las expresiones destempladas de intereses variopinto que pretenden calificar al Sector Cultura como manada de lobos hambrientos en plena cacería, a propósito de los subsidios y subvenciones, que no son otra cosa que deberes del Estado.