Kulturmachine

1.

La discusión sobre el rango, jerarquía e independencia político-institucional, autonomía administrativa, presupuesto y otras especies que debería tener el organismo rector de la acción cultural del Estado es de vieja data. Ello conducía a señalar que un Instituto Autónomo (Administración Descentralizada) es más flexible, menos engorroso y burocrático como aparato que un Ministerio (Administración Central); medias verdades que manejadas con habilidad surten el efecto de aceptación rápida en la superficie política, económica, jurídica, planificadora y organizacional, donde la cultura carece de prioridad estratégica en los desarrollos. La experiencia se encarga de probar que no hay muchas distancias entre la «férrea administración ministerial» y la ineficacia funcional de los institutos autónomos, porque en definitiva la cuestión no es de legislación, ni diagramas, normas o diseños mecánicos, sino asunto político.

2.

Una trenza de Decretos, dados y refrendados en cadeneta, en agosto, octubre y noviembre de 1999, uno con fuerza de Ley Orgánica, otro como Ley y un tercero como reglamento, marcan el inicio de lo que en lo sucesivo se llamará el «Reordenamiento de la Gestión Cultural Pública» que establece «ad factum» la dependencia, subordinación y fusión de la acción cultural del Estado en el estructo único del MECD (Ministerio de Educación Cultura y Deportes), y tiene prevenido al Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), para darle de baja sin honores y de paso llevarse por los cachos a un contingente de venezolanos e instituciones culturosas, ya precalificadas de chupasangres, para su debida incineración.

3.

En otros segmentos de la sociedad ilustrada, el gestus funciona en la ambigüedad, colgado al péndulo que va del modelo norteamericano «National Endowment for the Arts» pasando por el británico «Arts Council», hasta los indiferentes listos para la nomenklatura, quienes no esconden su regocijo por el corolario que vive la cultura oficial en presente. Las voces mesuradas que ayer se oponían a la administración cultural centralizada, hoy la festejan porque ¡Al fin!, educación, cultura y deportes se han juntado en un trío encantador. Ya muchos sueñan con lucir bellísimos uniformes deportivos de olimpíadas con «bandera tricolor que en Venezuela está», una suerte de impronta luminosa de Arco de Triunfo en homenaje a las Termas del Estado Docente, untadas con «Neue Venezuelanishekuturideologie», donde se realizaran actos culturales para celebrar las gestas anunciadas.

4.

En rigor lo que está en juego, más allá de las artes, las letras y la cultura, es impedirle una vez más el paso a una posible Ley Orgánica de la Cultura que podría legitimar la autonomía e independencia de la administración cultural pública, de la cual salga el lógico correlato representado por el Ministerio de Cultura que actúe con poder de inter pares en la Administración Central, vale decir, el Ejecutivo Nacional, en el novísimo Consejo Federal, en definitiva, la creación de una jurisdicción cultural como debe ser.

El objetivo no es el CONAC ya minimizado, que hace mucho es una estructura anclada en el pasado, progresivamente desgastado por los gobiernos de turno, destruido con especial fruición por éste, socavada sus bases programáticas e institucionales por las torpezas recurrentes de su máxima dirección y templado por una matriz de opinión adversa.

El blanco es el arte, la cultura, el pluralismo, la libertad, la inteligencia, la tolerancia, los creadores, la disidencia y los presupuestos para el desarrollo, lo demás es pasto de orillas, cháchara trasnochada de quienes perciben la cultura como lugar de encuentros furtivos o en reversa, formular la acción cultural del Estado, en palabras de Paúl Valéry, «...Una política del espíritu...».

5.

La «Operación Cultura 2000», según el instructivo gubernamental, ha comenzado por desentrabar los accesos a la Plaza de la Bastilla, agotados los plazos de los «outsiders». Un poco tarde, mas no tanto, el Gobierno Nacional toma la decisión para que el Vice-Ministro de Cultura sea al mismo tiempo Presidente del CONAC y se cumpla de una bendita vez los mandatos del Ejecutivo Nacional sin tantas minucias con el Artículo 99 de la Carta Magna: «El Estado reconoce la autonomía de la administración cultural según lo establezca la ley...»; porque ya está dicho por el Gobierno Nacional: ¡Allí está el Decreto-Ley con su reglamento!. Ahora a los bordados del espíritu, y allí no se permiten diferencias entre integración y concurrencia, menos aún vacilaciones en la articulación orgánica y funcional de educación y cultura con el agregado deportivo.

6.

Todo creador tiene un compromiso consigo mismo, de allí que la gerencia de su propia vida, si cabe el término, no puedo o no debería confundirse con la autogestión, ni gerencia institucional, sea persona natural o jurídica. Ello hace que la gestión institucional sea más cogestión, véase corresponsabilidad identificadas en compromisos colectivos, en este caso Estado-Sociedad Civil de la Cultura. Desde luego podría establecerse otras consideraciones en los casos de la «gerencia de la propia vida» cuando se trata de una beca o proyecto unipersonal, en la relación Estado-Persona Natural, que en síntesis es un compromiso personalizado con nombre, apellido y cédula de identidad. En ambos casos los compromisos siguen siendo de doble vía, la gestión institucional como gerencia colectiva, no excluye el componente indispensable de la llamada autogestión como gerencia personalizada y su incidencia en la obtención de resultados óptimos de la gestión en su conjunto, pero eso tiene que ver con distintos factores, rasgos y credenciales de quien ejercerá el cargo correspondiente, si la gerencia es pasiva o interactiva, amén de otros etcéteras, pero tal cosa no las hace una y la misma.

La exigencia reactivada y «sugerida» a las instituciones y proyectos culturales de «autogestionarse» es un argumento maquillado y tramposo para justificar ¿O propiciar? La eliminación de los subsidios, asfixiar a las instituciones y discontinuar los escenarios para repartir de cero, utilizando en passant un tramado de requisitos que no se corresponden ni son aplicables en rasero a las actividades manifestaciones y expresiones artísticas y culturales al observar los específicos de la diversidad, pero eso si, insufladas con medidas administrativas amañadas por cintillos legales a favor del «benefactor» que dejan al «beneficiario» en la indefensión, agravados por toda suerte de alcabalas, cual más humillantes. Si bien tal situación venía gestándose de lejos, ahora se aspiraba una rectificación, un cambio de rumbo afirmativo de la cultura y no una modalidad de Blitzkrieg bajo el comando de apparatchiks culturales.

En resumen, la gestión cultural es otra cosa, previo respeto, libertad, participación y concertación: es el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, infraestructura, comunicación e información, articulados entre sí que posibiliten el desarrollo integral de la cultura y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales basados en los principios de la descentralización, desconcentración, concurrencias, cooperación, autonomía e independencia. A partir de allí se diseñan, conforma e implementa el Sistema Nacional de la Cultura, horizontal, transversal, vertical, retroalimentario e interactivos en todo el país.

7.

La manipulación del impacto social se pretende instaurar ahora como medida profiláctica, en las normativas del cambio panorámico. Ello se explica, no por ignorancia, que no es tal, sino en la maraña del desprecio funcional hacia sus practicantes y contraria a una visión innovadora de la administración cultural y la profesión artística especializadas. Nadie se opuso ni se opone a que se incluyan en el espectro de la evaluación, pero de allí a ser un estamento precautelativo del aporte hay una gran diferencia, ello denota simplemente una actitud represiva para descalificar y negar a priori, planes, proyectos y programas de acción cultural y por ende de las obligaciones del Estado en la inversión socio-cultural de interés público. Tan impacto social es el egreso de escasos dos o tres titulados de profesores de matemáticas de cualquier instituto pedagógico, como la misma cantidad o más de titulados en los institutos universitarios de arte o en la UCV, Escuela de Artes, igual para cincuenta espectadores de teatro, veinte de conciertos o un millón quinientos mil de un evento festivalero. No es precisamente allí donde está la sola unidad de medida del impacto social. Otras son entonces las motivaciones que anuncian los campaneros para la pronta instalación de los Teatros de Operaciones de la Cultura.

8.

El presupuesto cultural jamás llegó a la proporcionalidad ni conoció aumento significativos en la progresión necesaria que exige la dimensión de la cultura para el desarrollo integral de la nación, a eso apunta la artillería unificada contra los requerimientos que les hace la sociedad civil de la cultura a los gobiernos de turno. Los movimientos tácticos de las fuerzas de choque se orientan para que la «autogestión» sea ariete y regrese las diversas actividades, manifestaciones y expresiones artísticas y culturales a las líneas de demarcación, a las zonas de reservación «por amor al arte» y el impacto social se tome como premisa para negar cualquier incremento de los recursos que según los servicios de inteligencia nos se justifica sino en el pote de gasto corriente. A la propuesta del cambio de las piezas económicas se riposta con la «Ley de Mecenazgo» que no es otra cosa que un cuerpo de normas e incentivos fiscales al sector privado, complementarios a la Gestión Cultural Pública, a través de una Ley Orgánica de la Cultura. No puede haber confrontación en esa materia salvo que se quiera manipular las obligaciones y estrategias del Estado, referidas a la cultura, frente al desarrollo integral de la Nación.

9.

El sistema Nacional de Concertación es la vía para sustituir el régimen anacrónico de la infeliz «política de subsidios» e incluye el componente necesario en los convenios interinstitucionales públicos, pero exige un acuerdo social, político y económico de transparencia entre las partes y una gran dosis de sinceridad para el manejo de los asuntos culturales de la República en todos sus niveles, porque entraña una mayor inversión económica de parte del Estado, un acuerdo entre el Poder y los creadores. Tal escenario, como supuesto eje de los cambios, debería observar las áreas artísticas y culturales en la dimensión presente y futura que tienen para buscar los equilibrios presupuestarios que corresponden a las variables de las solicitudes en relación a las necesidades específicas de cada uno de los proyectos. En tal sentido, el mundo de las artes escénicas aunque se cruzan, guardan analogías, se identifican y se diferencian para luego unirse en los espacios planetarios de las culturas en la diversidad es el más difícil para las respuestas y soluciones vista su complejidad, la variedad de sus componentes y de la gente que a ellas dedican su vida. Todo ello en el marco de quienes participan como actores de las actividades, audiencias, géneros y formatos.

Sin entrar en largas consideraciones académicas, técnicas, precisiones metodológicas, ni ordenamiento de prioridades, deberán observarse sólo algunas de las variables en las líneas de acción a la hora de los análisis de proyectos e instituciones:

1. Nómina administrativa.

2. Nómina artística.

3. Nómina técnica.

4. Producción de cada obra y de la programación en su conjunto.

5. Temporadas, obras, número y frecuencia de los montajes que la conforman y continuidad de las presentaciones.

6. Giras y circulación social del producto.

7. Promoción, difusión y publicidad.

8. Salas, sede, mantenimiento, equipamiento, funcionamiento, servicios.

9. Talleres y seminarios de formación y mejoramiento profesional, nacionales e internacionales.

10. Participación en eventos especiales, nacionales e internacionales (ferias, festivales, muestras, encuentros, etc.).

11. Trabajos de investigación.

12. Publicaciones.

13. Régimen de protección social, eventual y anual.

14. Becas y bolsas de trabajo nacionales e internacionales.

Un tejido de tal naturaleza no puede solucionarse con los criterios de «subsidios multiuso» que no cubre ni un décimo del costo de cada proyecto, menos aún los de una institución que refleja la suma de todos o muchos de ellos, esa es la trampa en los «convenios» firmados con el Estado y esa la soga colocada al cuello por las propias solicitudes, donde a la hora de las cuentas no puede haber conciliación por distintas razones y una de ellas porque el costo-beneficio no se mide con la misma vera que rigen las normas y códigos económicos convencionales sobre el valor, mercado, rentabilidad y consumo, por citar algunos; y la otra es el dislate de parte de las autoridades culturales que se ha hecho costumbre, de asignar cifras parciales sobre montos globales sin relación con políticas previas y sin analizar los contenidos de los proyectos y programas, ello hace que una cantidad asignada muy por debajo de la cobertura total expresada en la solicitud, obliga al «beneficiario» a redistribuir las partidas de acuerdo al monto asignado, lo cual lleva a sacrificar el proyecto original y reformularlo lleno de enmiendas y recortes para signar la ineficacia y sobrevivir la insuficiencia.

10.

El reordenamiento inicial de la Gestión Cultural Pública exige, sin lugar a dudas, políticas, presupuestos y descentralización como un tejido articulado, allí la infraestructura cultural especializada es insoslayable, pero esa sola política no puede ejecutarse con éxito en la magnitud de sus necesidades y dimensiones sectoriales, sin presupuestos significativos y estructurales y menos aún aplicarse en todo el país sino hay acuerdos estratégicos con las regiones y localidades para que sus aportes concurrentes sean igual o mayor que la asignación del Gobierno Central. Allí comienza el benéfico de las múltiples dudas frente a los enunciados políticos lineales de actual Gobierno Nacional, que hace suponer un saludo a la bandera o cuando más anuncios de planes para reafirmar las voluntades religiosas. Así para que los cambios políticos de rumbo sustantivo se materialicen deben pasar por los previos básicos estructurales: elevar el presupuesto nacional e la cultura, seguido por los estadales, distritales y municipales, traducidos en el Plan Nacional de la Cultura, estratégico y descentralizado, asumido en la misma dirección por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, con carácter prioritario, y establecer los compromisos y corresponsabilidades de los gobiernos federales, distritales y locales para su fiel cumplimiento. Tal cosa no es cuestión de «buenas intenciones», ni suponer que «nunca se han enunciado políticas», porque de una parte es mentira y por la otra es allí donde han manipulado todos los gobiernos, prueba inequívoca de sus consecuentes desestimaciones de la cultura como uno de los ejes prioritarios en la dimensión integral del desarrollo. Pero otras serían las bases de los procesos de cambio político en la acción cultural del Estado y en el deber ser del «Reordenamiento de la Gestión Cultural Pública» en sentido «revolucionario pacífico, democrático y participativo». Ello pasaría por una decisión de alto gobierno para sustentar la «autonomía de la administración cultural» traducida en funcional, orgánica y operativa con fuerza económica e identificada en la nueva institucionalidad cultural pública que legitimara a la cultura en posición independiente y entre iguales en los ejecutivos nacional, regional y municipal. Es evidente que ese no es el mandato del actual gobierno.

Los procesos de la gestión cultural pública van por diferentes caminos, según los puntos de partida para el «Cambio de rumbo». Es distinta la acción cultural pública desde y en el interior del estructo MECD donde ya es subalterna, a visionarla, diseñarla y ejecutarla desde un organismo autónomo e independiente. Eso son, entre otros, algunos de los principios que despegan los procesos revolucionarios.

11.

La responsabilidad para restablecer la sintonía con las directrices oficiales se le ha encomendado a Manuel Espinoza: «El panorama cultural cambiará completamente» (El Nacional, 21-02-2000). De allí que sus primeras declaraciones sienta las distancias con sus predecesores para establecer un modelo sincrónico con el Gobierno Nacional, acompañado esta vez por una Comisión Presidencial y el nuevo equipo, tanto en el Vice-Ministerio, como en el CONAC, ambos nombrados por el Presidente de la República.

Si bien las propuestas de Manuel Espinoza precisan lo que serán las bases ideológicas de la «Gestión Cultural Pública», se requerirá tiempo para desandar una travesía ya carcomida y sembrada por el sectarismo, la desconfianza, el irrespeto, la intolerancia, el atropello, la descalificación y las diatribas: una masa que jamás en toda la historia republicana de Venezuela había llegado en forma de cruzadas a los escenarios intelectuales, artísticos y culturales, con tantos signos de miseria profesional, humana e institucional. Ese es el clima que tendrá que vencer la nueva administración para despejar el horizonte. Ahora es cuestión de observar las fases del proceso que apenas asoma la punta de iceberg, a la espera del «Programa de Gestión» y los recursos financieros que se le asignarán; lapso que permitirá descifrar la señalización oficial y el ordenamiento dictado para manejarse e interactuar con el prototipo del novísimo modelo «todoterreno» del Estado Cultural.