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Cuando el sicario es jurista

La prosa de los redactores de sucesos puede ser tan transparente como el acto fallido de un marido infiel.

Cada vez con más frecuencia escapan de la página roja expresiones como: «Los vecinos se muestran alarmados porque las ejecuciones extrajudiciales no se limitan al exterminio de delincuentes y azotes de barrio», o bien: «El presunto escuadrón de la muerte se estaría extralimitando en sus funciones y ha ido más allá del ajusticiamiento de delincuentes, cobrando en ocasiones gruesos rescates por perdonarles la vida».

En los noticiarios de la televisión el fenómeno es menos insidioso y se manifiesta vivamente en el habla de los entrevistados.

El funcionario de policía que «levanta» la escena del crimen, el de la Guardia Nacional a cargo de cualquiera de nuestros planes de seguridad urbana, el vecino que hizo el hallazgo, el pariente de la víctima, y con cada vez con mucha más frecuencia, hasta el propio reportero, disciernen una diferencia entre la muerte de un detallista del narcotráfico, un azote de barrio, un atracador contumaz o un violador reconocido, y la muerte de un muchacho sano, trabajador, deportista.

La conclusión siempre es la misma impensada barbarie: el buró de exterminio debería ser más cuidadoso: azotes de barrio, sí; gente trabajadora, no.

«Me lo mataron malamente»

Les presento a la cuñada de la víctima. He desarrollado especial sensibilidad por la cuñada de la víctima, hasta el punto de que puedo adivinarla segundos antes de que termine el clip del noticiario, y correr desde la cocina o el baño hasta plantarme frente al televisor y poder ver una vez más a la proteica guaricha ventiañera y polimorfa que aparece en todos los noticiarios como cuñada de todas las víctimas y que de un asesinato a otro apenas modifica un elemento menor de su atuendo o maquillaje o tocado.

La cámara suele vencer esquinadamente la actitud remisa a la entrevista que imposta la cuñada de la víctima, todavía bajo la fascinación del cadáver.

Lo que excita mi morbo —¿cómo llamar de otro modo esta necrofilia, este voyeurismo del parentesco?— es precisamente que no sea ni la madre ni la hija ni la hermana ni mucho menos la concubina del muerto, sino justamente la cuñada del hermano de su marido que yace cubierto por una piadosa sábana estampada, y lo que jamás deja de afectarme son esas ojeras borrachas de neón que delatan que ha habido llanto, es verdad, pero que ese llanto ha dado paso apenas unos segundos atrás a la entereza desengañada del marginal frente a las cámaras.

Hay un modismo del pueblo llano venezolano que, trasmigrado del mundo rural a la ciudad, pervive todavía en el habla del barrio, y es ese que condena el «matar malamente» y que invariablemente usa la cuñada de la víctima.

—Lo mataron malamente —dictamina la cuñada y calla, casi consciente de la teatralidad telúrica de ese sentencioso parlamento digno de una película de Román Chalbaud, y que encierra un dogma de una filosofía moral para marginales, el categórico imperativo de una inédita «ética para el malandro» que ni siquiera el nietzscheano Savater podría escribir jamás porque no censura la nocturnidad ni la emboscada, ni reprocha la desproporción en los medios ni la brutal ferocidad —todas estas categorías agravantes del homicidio según el Código Penal—, sino amarga y simplemente eso: que lo hayan matado «malamente». Solo a nosotros, los gramáticos «pies negros» de este Argel suramericano, nos resulta pleonasmo hablar de alguien que muere malamente.

Con todo, sospecho que «No matarás malamente» es la admonición no escrita que proscribe ante todo la futilidad en el acto de matar, y que ello abarca tanto la futilidad de los motivos como la expedita futilidad del método.

El Copp, la pena de muerte y Ud.

Todavía recuerdo el tiempo de la inocencia en que propuse al editor de un matutino para el que trabajaba publicar una serie de trabajos que hicieran inteligible al público los alcances del Código Orgánico Procesal Penal.

Por entonces el debate se desplegaba en artículos de prensa, en uno de otro programa de los llamados «de opinión» y es justo decir que nunca alcanzó a hacer presa de la atención nacional. Para usar una voz acuñada por Unamuno, el tema del Copp lucía en aquel tiempo más lleno de «tecniquerías» que de tecnicismos.

Tal vez haya sido por eso, porque la impresión general fue la de que se trataba de una majadería abogadil, de un avatar más de nuestra latinoamericana propensión a modificar leyes, confiando en que ellas habrán de modificar el clima y el régimen de mareas, que en los medios terminó obrando como siempre la selección natural de los temas. El del Copp a todas luces no era el más apto para permanecer en la primera plana, mucho menos en aquella trepidante temporada «prerrevolucionaria».

Sea como fuere, el editor se mostró razonable aunque tibiamente de acuerdo y allá fui, a entrevistar a los promotores del proyecto y a sus detractores. Cada uno me daba a leer lo que juzgaba imprescindible para la buena inteligencia de lo que estaba en juego.

Hice muchas amistades entre ambas facciones y hoy podría dictar una cátedra de Derecho Comparado Conversacional.

Al paso que prosperaba aquel curso por inmersión en las bondades y deficiencias del nuevo sistema, tuve la sensación de que a los distintos promotores del Copp les pasaba algo parecido a los promotores de la Apertura Petrolera: estaban tan imbuidos de sus virtudes, tan penetrados de la idea de su necesidad, que no ponderaron la musculatura de las resistencias a su implantación.

Desde luego, pensaban, parte de la judicatura, corrupta y rutinaria, estaría entre los más renuentes. Pero contaban con la ilustrada opinión de juristas muy respetados en el patio. Desde luego, admitían, la Policía Técnica Judicial, que según el régimen derogado, conducía de hecho las investigaciones criminales, ofrecería una oposición que los promotores del Copp juzgaban dictada por la resistencia a perder su tradicional primacía en lo procesal. Pero se resistían a creer que la sociedad venezolana no acogiera con entusiasmo una reforma que en definitiva significaba incorporar al organismo judicial un imprescindible elemento de modernidad. Venezuela no podía querer otra cosa que el Copp.

Pero la discusión en torno al Copp se vio traspasada por otras polémicas —la de la reforma de la Judicatura, la reforma carcelaria, la de las policías, entre otras—, y fruto de ello fue que lo esencial de su aporte fue banalizado hasta al punto de que la mayoría del público todavía lo percibe como una caprichosa ordenanza que descamina el procedimiento policial de prevención del delito.

La verdad es que se trata de una inaplazable reforma que afecta profundamente nuestra concepción de la administración de justicia.

Tanto, que pocos de sus promotores repararon en la transformación cultural que requiere pasar de un sistema inquisitorial, conducido por un juez que se supone debe permanecer inaccesible a toda influencia externa, auxiliado tan solo por un cuerpo técnico de policía, dotado de la peligrosa potestad de mantener indefinidamente en secreto el expediente y apenas vigilado por el Ministerio Público, a un sistema en el que la Fiscalía dirige la investigación, es la encargada de presentar el caso ante tribunales en algunos de los cuales procede un juicio oral, público y con jurados, y en el que no priva la reserva del sumario que en el pasado sirvió de pretexto al negocio del terrorismo judicial.

Estas fundamentales «tecniquerías» del Copp requerían de una «fuerza de venta» que tomase en cuenta la cerril resistencia a los cambios que presenta la sociedad venezolana en su conjunto.

Por falta de ello, lo que ocurrió fue que desde los reporteros de tribunales hasta el ignaro mundo parlamentario entendió que se trataba de una «novelería» inconducente, de un empeño algo sifrino de imponer lo que impropiamente se llegó a llamar el «sistema americano», sin advertir que el Copp incorpora en realidad muy poco del llamado derecho consuetudinario anglosajón, aunque sí mucho de justiciero sentido común.

Todo lo cual se aviene con el hecho de que la mayoría de la población vea con buenos ojos las campañas de exterminio de los delincuentes y haga causa común con los ministros y agentes policiales que responsabilizan del desbordamiento del hampa y la violencia a un Código cuya existencia ha sido hasta ahora meramente formal pues, en rigor de verdad, puede decirse que no ha sido llevado a la práctica.

Eliminen el Copp o mato al muchachito

En Portuguesa han «exterminado» casi una centena de presuntos delincuentes en menos de ocho meses. Los responsables son policías retirados o en activo, se hacen llamar «Grupo Exterminio» y reivindican de distintas maneras sus acciones.

Mucho antes de llegar a esta situación, durante más de dos años, la colectividad aprobó sin reservas las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes, presuntos o verdaderos. Pero durante los últimos meses esa misma población ha experimentado en carne propia los efectos de esa anomia otrora tan bien acogida: los sicarios ahora «se extralimitan» y en procura de mayor lucro elevan al «sentenciado» a la calidad de competidor en una puja por su vida con el jefe policial o el comerciante o asociación de ganaderos que lo mandó a matar.

En ocasiones, luego de cobrar el rescate del delincuente, asesinan a uno de sus parientes para tener algo que contar a quien dictó la sentencia de muerte. Se han tornado auxiliares de la industria del secuestro, de la extorsión tribunalicia, y hasta de las seculares vendetta entre familias del llano venezolano.

Cuán demencial ha llegado a ser esta situación se deja ver en el hecho de que la población en general ¡y los cuerpos policiales! sean quienes ahora la denuncian.

Los últimos despachos afirman que el grupo «Exterminio» ha dado un vuelco en la naturaleza de sus operaciones y ahora ofrece cesar sólo si se deroga el Copp.

Portuguesa es sólo un anticipatorio caso in vitro, un anuncio de lo que podemos vivir el resto de los venezolanos si, como se anuncia al cierre de este semanario, la Reforma Judicial ha sido declarada oficialmente como un absoluto fracaso.

Lo que subyace a todo esto es sin duda la peor noticia: constatar de nuevo la cada vez más extendida propensión de la sociedad venezolana a prescindir de la normativa y de la contención que ofrecen las leyes y el estado de derecho y preferir las vías de hecho, la violencia y la Ley del Talión.

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