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 Caracas, Viernes, 25 de mayo de 2012
 

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Caracas no es el país

Miércoles 23 de octubre de 2002

Documentos sobre los sucesos de abril de 2002 en Venezuela

Afortunadamente la organización política de la República Bolivariana de Venezuela comprende desde el punto de vista del territorio nacional a los Estados, al Distrito Capital, las dependencias y territorios federales; y a su vez el territorio se organiza en Municipios. En este orden de ideas Caracas es la capital de la República y asiento de los órganos del Poder Nacional.

Pero somos un Estado Federal descentralizado y en esa condición la mejor garantía para perfeccionar y mantener el sistema democrático. Por lo tanto las voces apocalípticas cupulares que desde y en Caracas hablan del país despedazado, son los devotos del centralismo cuyo proyecto político no es otro que ambiciones de poder sobre todo de alcance económico relacionadas con la privatización de PDVSA y políticas privilegiadas para importar en detrimento de la protección necesaria que deben recibir las empresas que trabajan en función de la producción nacional.

En algunos sectores de Caracas las cúpulas centralistas que actúan de manera hegemónica intentan imponerle al país un destino fuera del marco constitucional y signado por la confrontación permanente más que todo de alcance mediático. Estas cúpulas tienen vínculos con otras existentes en las regiones pero es evidente que el poder local y regional electo y las organizaciones de base que participan para ejercer la ciudadanía activa neutralizan las intenciones cupulares que pregonan el desconocimiento de la Constitución.

La alternativa de desarrollar en forma progresiva los postulados constitucionales relativos a la descentralización debe tener carácter prioritario ya que ello puede contribuir altamente a neutralizar las pretensiones cupulares que desde Caracas intentan decidir por todo el país, y de esta manera se allana el camino para seguir avanzando en la democracia participativa y en relación de equilibrio con la Nación y la integración de acuerdos que favorezcan la proyección social de la democracia.

 
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