Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

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Juntismo, fidelidad y autonomismo

Inés Quintero

Martes, 9 de agosto de 2011

Con la ampliación y desarrollo de los estudios de historia regional se ha fortalecido la tesis de los autonomismos en la mayoría de las obras que analizan el proceso de independencia en las regiones, desde una perspectiva que no se reduce a destacar las viejas rivalidades jurídico-administrativas







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Independencia y autonomismos en la historiografía regional

El discurso elaborado por las historiografías patrias privilegió desde sus inicios una visión “nacional” del proceso de independencia. Muy tempranamente se construyeron referentes históricos comunes cuya finalidad era integrar  los territorios que conformaban la Capitanía General de Venezuela en un proyecto único de nación. No hubo disposición ni interés en precisar las especificidades regionales, menos aun cuando éstas no respondieron de manera uniforme a los postulados independentistas. Se trataba de construir un consenso historiográfico que sirviese de soporte al  proceso de construcción de la nacionalidad y que contribuyese a cohesionar las tendencias disgregadoras, a unificar los intereses regionales y a disipar las tensiones sociales que se mantuvieron al concluir el conflicto bélico. No eran relevantes ni dignas de destacar las particularidades regionales ni los esfuerzos locales por apoyar o repeler la propuesta independentista.

Fueron diversos los mecanismos que se utilizaron para ello. Las fiestas cívicas, las conmemoraciones patrias, el culto a los héroes, la edificación de monumentos, la creación literaria, la cartografía, las historias patrias, entre otros, contribuyeron a que los habitantes de las distintas provincias que formaron el nuevo país empezaran a reconocerse en un pasado común, a compartir los mismo héroes, las mismas fiestas, los mismos hitos, el mismo origen, las misma epopeya, en fin una sola historia, heroica y épica, que les había otorgado el ser nacional y su libertad frente al despotismo español. Los primeros intentos por elaborar una visión desde las regiones se inscribieron en esta misma orientación. Las iniciativas juntistas de carácter local que tuvieron lugar en las distintas ciudades y provincias, según estas primeras interpretaciones patrióticas, se hicieron para sumarse al proyecto de Caracas y contribuir a la independencia de la nueva nación. Así lo postula Francisco Javier Yanes en su temprana obra Historia de la Provincia de Cumaná. Dice Yanes: “….apenas se presentó el momento en que la razón indicara los grandes bienes de la independencia y la libertad, cuando los cumaneses se manifestaros dispuestos a abrazarlos y defenderlos arrostrando los anatemas de la Inquisición y la barbarie del Soberano peninsular (….) cuando Caracas hizo la señal de haber llegado el tiempo en que Venezuela recuperase sus derechos usurpados, pues al momento fue entendida, se aplaudió y secundó por los habitantes de la ciudad y de toda la provincia” [1].

Se consideran como actos independentistas, de la misma manera que se hizo historiográficamente con la Junta Suprema de Caracas. Esta valoración puede verse también en la compilación hecha por Tulio Febres Cordero de las actas suscritas en Barinas, Mérida, Trujillo, San Cristóbal y otras ciudades que constituyeron juntas defensoras de los derechos de Fernando VII, luego de que se conocieron los sucesos de Caracas. En relación con Mérida se destaca el “espíritu patriótico” de los merideños como continuidad de las luchas emprendidas por los Comuneros en el siglo XVIII[2]. El mismo ideal patriótico es destacado por Tulio Febres Cordero al presentar el acta de la ciudad de Trujillo. Dice don Tulio: “Quien no conozca a fondo nuestra historia se sorprenderá ciertamente al hallar en estos primeros documentos patrióticos de Venezuela y demás países del Nuevo Continente testimonios y juramentos de fidelidad al Rey destronado don Fernando Séptimo. Como se comprende del espíritu de aquel movimiento y lo confirma el juicio de escritores de la época, en el ánimo de los principales directores estaba desligarse del dominio español,; pero no habría sido prudente ni político, en obsequio de la suerte misma de América y dado el momento histórico, contrariar los vivos sentimientos de afecto y simpatía hacia don Fernando que conmovían al pueblo colonial en vista de los tristes sucesos de la Península. El 9 de octubre concluyó, pues, para Trujillo, el régimen secular de la Colonia”[3].

En el caso de aquellas provincias que no se sumaron a la propuesta caraqueña, fueron condenadas por su terca fidelidad a la monarquía española[4], o salieron del registro del pasado por no haber formado parte del proyecto libertario. Su posterior apoyo a la independencia fue lo que determinó su ingreso al relato historiográfico, pero siempre en un segundo plano o destacando la traición inicial contra la propuesta independentista. 

Esta tendencia se mantuvo sin mayores variaciones durante el siglo XIX y bastante avanzado el siglo XX. Un momento de relectura importante lo constituye la obra  de Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República (1939) en la cual se incluye un capítulo sobre la revolución en las provincias, aspecto reiterativamente desatendido en los estudios relacionados con la independencia.

Allí se plantea lo que será la fórmula interpretativa  que se irá generalizando como explicación de la incorporación de las provincias al proyecto independentista. Dice Parra Pérez al referirse a los sucesos juntistas ocurridos en otras ciudades diferentes a Caracas que en “todas se manifestarán tendencias autonómicas y en algunos partidos o distritos capitulares el municipalismo logrará la desmembración de ciertas entidades políticas y la formación de nuevas provincias”[5].  Seguidamente destaca que, en cada caso, pueden advertirse la existencia de viejas rivalidades, fuertes  tensiones y seculares aspiraciones autonómicas las cuales se pusieron en evidencia al constituirse la Junta de Caracas y enviar delegados al resto de las provincias para solicitar el reconocimiento de su autoridad[6]. De acuerdo al planteamiento de Parra Pérez, lo que priva en la dinámica política de estos años es la afirmación autonomista de las ciudades y regiones a fin de dirimir viejas rencillas o solventar rivalidades territoriales y jurisdiccionales impuestas por la administración metropolitana.

Estas rivalidades, disputas o tensiones por reafirmar o consolidar la autonomía de ciudades y provincias no solamente ocurrió en los lugares en donde se constituyeron juntas de gobierno similares a la de Caracas, también estuvieron presentes en las ciudades y provincias que reconocieron al Consejo de Regencia y rechazaron la autoridad y convocatoria de Caracas. Así ocurrió en la ciudad de Coro y en las provincias de Maracaibo y Guayana. Insiste Parra Pérez en la misma interpretación.

En relación con la situación de Guayana, explica el historiador merideño que, si bien en sus inicios los guayaneses estuvieron dispuestos a secundar a Caracas, muy rápidamente cambiaron de opinión “…ligábanse así en la contrarrevolución guayanesa los sentimientos de los europeos residentes y la tendencia centrífuga de los criollos respecto a Caracas, vivaz allí como en las demás provincias. Reconocer la Regencia significaba para estos últimos entregarse a las dulzuras del gobierno autónomo”[7]. El caso de Coro tendría su explicación en la vieja rivalidad con Caracas y en los principios del derecho municipal[8].

Con la ampliación y desarrollo de los estudios de historia regional se ha fortalecido la tesis de los autonomismos en la mayoría de las obras que analizan el proceso de independencia en las regiones, desde una perspectiva que no se reduce a destacar las viejas rivalidades jurídico-administrativas. Así ocurre en las investigaciones sobre Maracaibo, Coro y Mérida. Los autores que se han ocupado de la historia de Maracaibo en la época de la independencia ofrecen una explicación en la cual está presente la existencia de un proyecto autonomista que se expresa en la presencia de intereses regionales económicos y políticos así como la formación de redes sociales, todo ello tendrá una incidencia decisiva en la negativa expresada por el cabildo de Maracaibo a la propuesta de Caracas. Según explica Belín Vázquez “…el Gobernador de Maracaibo y el Cabildo coinciden en sus propósitos de defender el derecho autonómico de la provincia frente a cualquier acción ajena que afectara sus intereses. El primero porque busca que Maracaibo sea cabeza del gobierno hispánico, el segundo porque privan entre los cabildantes los celos lugareños y la defensa de un espacio histórico controlado por ellos que tiene como centro la ciudad puerto de Maracaibo”[9]. De esta manera la élite marabina -explica la misma autora-, mantiene sus privilegios autonómicos en el marco de la estructura monárquica y consolida su poder político frente a sus opositores caraqueños[10]. Planteamientos relativamente similares a los expuestos por Belín Vázquez pueden verse en las obras de Germán Cardozo, Arlene Urdaneta, Ligia Berbesí y Zulimar Maldonado[11].

En el caso de Coro, ha estado presente de manera reiterativa, según apunta Isaac López, una explicación según la cual, la reacción de Coro frente a las proclamas caraqueñas tiene su origen en la supuesta rivalidad existente entre las dos ciudades por el traslado de la capital en 1575 y de la sede del obispado en 1636. No obstante, ninguno de los autores que plantea esta interpretación ofrece testimonios o documentos que permitan determinar cómo fue que se mantuvo esta tensión entre ambas ciudades por espacio de dos siglos[12]. Por su parte Elina Lovera, plantea que la negativa de Coro a aceptar la propuesta caraqueña habría que verla como resultado de un marcado autonomismo en la región, el cual se manifiesta en el contexto de la crisis de la monarquía y como respuesta a las pretensiones de Caracas, sin que ello necesariamente deba verse o esté en relación con la disputa por la capitalidad que señalan los autores citados por López[13].

Los estudios más recientes que se han hecho sobre la independencia de Mérida, también insisten en la explicación autonomista. Así lo plantea Héctor Silva Olivares en su tesis doctoral publicada por la Academia Nacional de la Historia. De acuerdo a la lectura de Olivares, no resulta sorpresiva la posición asumida por Mérida y otros ciudades de los andes al desconocer a Maracaibo como centro superior jerárquico, y estructurar “…un ente político territorial dotado de autonomía plenas”, reinstaurándose la territorialidad de la antigua provincia erigida en 1622. Insiste el autor que la acción juntista de Mérida “… no sólo fue proclamar la autonomía sino ejercerla a plenitud”[14].

Otros autores ponderan esta explicación y señalan la necesidad de incluir la presión ejercida por Caracas para obtener el reconocimiento de la Junta Suprema y garantizar de esta manera la legitimidad de la suprema autoridad así como una más amplia representación provincial de cara al proceso electoral para formar un congreso general[15].

Es digno de destacar que en los estudios referidos, los procesos autonomistas ocurridos en las provincias y ciudades que se mantuvieron leales a la monarquía, así como los que tuvieron lugar en aquellas provincias que finalmente se sumaron a la independencia, son analizados tomando en consideración la crisis de la monarquía española, a fin ofrecer una explicación en la cual las distintas opciones se insertan asociadas al debate y las disímiles respuestas y posibilidades que generó la desarticulación de las instituciones políticas de la monarquía y la oferta de constituir una nueva nación: la española.

En las páginas que siguen nos interesa detenernos en las propuestas autonomistas de Caracas y Maracaibo y los conflictos y enfrentamientos que se suscitaron como consecuencia de ello. Caracas y Maracaibo  no solamente constituían las dos provincias más importantes económica, demográfica y territorialmente de la Capitanía General de Venezuela, sino que en ambos casos las respuestas frente a la crisis de la monarquía fueron distintas. En la provincia de Caracas el autonomismo de la junta Suprema devino muy tempranamente en independencia la cual fue sancionada por un Congreso integrado por diputados elegidos en cada una de las provincias. En la provincia de Maracaibo el autonomismo se mantiene y procura consolidarse recurriendo a los mecanismos constitucionales e institucionales que ofrece la monarquía. En los dos casos, ciudades que formaban parte de su jurisdicción provincial se enfrentaron a las propuestas de la capital. Los detalles y fórmulas adoptadas por unos y otros permiten advertir las distintas rutas y modalidades políticas que se instauraron en ambas provincias como resultado de las opciones que se abrieron durante estos complejos, dinámicos y contradictorios años durante los cuales se desmanteló la integridad territorial de la monarquía española y surgieron las nuevas naciones americanas

 

En defensa del rey y de la integridad del reino

 

Cuando en Caracas se reciben las noticias de los sucesos ocurridos en la península, el 15 de julio de 1808,  la respuesta fue favorecer de inmediato la Jura de Fernando VII y el rechazo a la usurpación francesa. El mismo día que llegaron los despachos de Madrid, en los cuales se informaban las abdicaciones de Bayona, el nombramiento de Murat como lugarteniente del reino y el ascenso de una nueva dinastía al trono, un grupo se dirigió al cabildo de la ciudad y exigió la jura de Fernando. Esa noche se juramentó al rey y se colocó su retrato en el dosel de la sala capitular.

El debate sobre los alcances de lo ocurrido en la península  tuvo lugar en los días sucesivos. Frente al vacío político que representaba la prisión del monarca  la respuesta fue “ausente el rey la soberanía regresa a la nación”. Tal como se expresó en la mayoría de las provincias pertenecientes a la monarquía de uno y otro lado del Atlántico.

Aun cuando hubo quienes manifestaron sus reservas al respecto y expusieron la necesidad de reconocer los despachos provenientes de Madrid, sellados y firmados por las instancias de poder de la monarquía, la decisión fue no hacer ninguna alteración en el gobierno de la provincia, entre otras cosas para no entrar en contradicción con el acto de jura que se había realizado la noche del día 15 de julio[16].

Como era de esperar, el debate y la inquietud no concluyeron con la resolución tomada por la reunión convocada por el Capitán General. En los días sucesivos y frente a la tensión e intranquilidad que se vivía en la provincia, el mismo Capitán General solicitó al cabildo la preparación de un proyecto de junta. La propuesta fue presentada el 29 de julio. Se planteaba la posibilidad de constituir una junta presidida por el Capitán General que reuniese “…todo el carácter, representación e intereses de la causa común”[17].

Sin embargo el proyecto no se materializó ya que su presentación coincidió con la visita de los emisarios de la Junta de Sevilla quienes solicitaron el reconocimiento de la mencionada junta. El ayuntamiento manifestó sus reservas. En opinión de los capitulares debía reflexionarse sobre el carácter de autoridad soberana que se adjudicaba la Junta de Sevilla, ya que no se tenían presentes ni recordaban las Leyes de Castilla, de Indias ni de las Partidas que fuesen aplicables al presente caso[18]. A pesar de las objeciones del Cabildo, el 5 de agosto se reconoció la soberana autoridad de la Junta de Sevilla.

En Maracaibo ocurrió otro tanto. El 17 de agosto llegó a la ciudad el oficio del capitán general de Caracas en el cual informaba lo ocurrido en la capital y se ordenaba informar al cuerpo capitular y publicar el bando en lugares visibles de la ciudad. El 29 de agosto se reunió el Cabildo de la ciudad presidido por el gobernador de la provincia y acordó ofrecer los más prontos socorros para “sostener la Real Autoridad y el nombre Español”; se ordenó enviar copia de esta resolución a todas las ciudades, villas y lugares de la provincia a fin de que los cabildos y tenientes justicias mayores “…inspiren a todos los vasallos los justos sentimientos a que les obliga el amor y respeto debido al Soberano y el de proteger hasta el último extremo la causa de la Nación  Española”[19].

Acto seguido el gobernador Fernando Miyares dictó una proclama en la cual se reconoce la autoridad de la Junta de Gobierno de Sevilla, se insiste en la necesidad de auxiliar a la metrópolis y  llama a los habitantes de la provincia a ser los primeros en presentarse a “...derramar su sangre en defensa de la Religión, el Rey y la Patria”[20].

No ocurre en la ciudad un debate en el cual se discutan los alcances de los hechos ocurridos, tampoco las fuentes dan noticia de que se haya planteado la formación de una junta o que se haya discurrido sobre la reasunción de la soberanía. La respuesta es de lealtad y apoyo a la monarquía y al Rey.

En Caracas, a diferencia de lo ocurrido en Maracaibo. El debate suscitado por las abdicaciones de Bayona y las reservas frente al reconocimiento de la Junta de Sevilla, se mantiene. En noviembre nuevamente se discute sobre el asunto y un grupo de vecinos principales promueve retomar la propuesta de constituir una Junta, planteada originalmente por el Capitán General en el mes de julio. El planteamiento prospera, hay reuniones y conciliábulos hasta que finalmente se entrega una representación al Capitán General proponiendo la creación de una Junta. El documento tiene fecha 22 de noviembre y está firmado por 45 vecinos principales, mayoritariamente blancos criollos, aun cuando lo suscriben varios peninsulares. Si bien se trata de una declaración inequívoca de lealtad a la monarquía, al mismo tiempo ofrece la oportunidad de ampliar el espacio político de los criollos en una instancia de poder que no estaba contemplada en el esquema político de la monarquía. La iniciativa no prospera, sus promotores son perseguidos, juzgados y finalmente absueltos en mayo de 1809[21].

En Maracaibo, antes de finalizar el año 1808,  ocurrió un incidente que despertó la alarma del gobernador. En la última semana de diciembre fue colocado un pasquín sedicioso en la esquina de la administración de correos. El hecho fue condenado por el gobernador y el cabildo de la ciudad calificándolo como el resultado de un “espíritu díscolo que intenta perturbar la tranquilidad en nuestro suelo y hacer recaer sobre vosotros la fea mancha de insurgentes”[22]. Con esta declaración concluyó el suceso del pasquín.

Declarada la lealtad al monarca y atentos a las noticias que llegaban de la península, en Caracas y en Maracaibo, al igual que en la gran mayoría de las provincias, ciudades, villas y pueblos, se hicieron donativos patrióticos para apoyar la guerra contra los franceses. Al año siguiente, cuando se recibió la noticia acerca de la constitución de la Junta Central y Gubernativa del reino, inmediatamente se admitió su autoridad. En Caracas el cabildo en la sesión del día 13 de enero de 1809 reconoció a la junta Central como la depositaria de la soberanía, el día 16 se celebró una función de acción de gracias en la iglesia metropolitana para conmemorar y celebrar el acontecimiento. La noticia de la instalación de la  Junta Central se conoció en Maracaibo el 18 de marzo. Inmediatamente fue convocado un cabildo extraordinario  allí se prestó juramento a la legítima autoridad del reino “...en medio de un concurso numeroso que demostraba su contento con gritos y exclamaciones”[23]. Posteriormente se recibieron las instrucciones para elegir el diputado que representaría a la Capitanía General de Venezuela en la Junta Central y en ambos cabildos se llevó a cabo la consulta electoral de acuerdo a lo pautado en el llamado a elecciones[24].

Hasta este momento, si bien no hay diferencias abismales entre Maracaibo y Caracas respecto a su manifiesta y decidida fidelidad al monarca,  sí puede advertirse una mayor tensión entre las autoridades de la monarquía y las elites criollas representadas en el cabildo en el caso de Caracas, a diferencia de lo que ocurre en Maracaibo donde se evidencia una mayor cohesión de intereses y pareceres entre el gobernador como autoridad de la monarquía y el cabildo, en este caso compuesto de manera más equitativa entre criollos y peninsulares, con alianzas comerciales y familiares más integradas. Estas diferencias se expresarán con mayor contundencia a partir de 1810.

 

expresiones autonomistas en Caracas y Maracaibo.

 

El 18 de abril llegan a Caracas las noticias sobre la disolución de la Junta Central, la constitución del Consejo de Regencia y la pérdida de Andalucía en manos de los franceses. La respuesta del cabildo caraqueño es solicitar una reunión de emergencia para discutir la crítica situación en la cual se encuentra le península. El cabildo presidido por el Capitán General se reúne el 19 de abril y luego de una tensa discusión destituye a las principales autoridades de la monarquía y erige una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Esta determinación se justifica en el texto del acta firmada ese día por el cabildo capitalino. Allí se plantea el argumento que se mantendrá sin variaciones respecto a la ilegitimidad la Regencia: “…no puede [el Consejo de Regencia] ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque no ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional”[25]. Al día siguiente se publica una proclama dirigida a los habitantes de Venezuela en la cual se insiste sobre el mismo asunto.  No puede admitirse la autoridad del Consejo de Regencia porque  “…ni reúne en sí el voto general de la Nación, ni menos el de estos habitantes que tienen el legítimo e indispensable derecho de velar sobre  su conservación y seguridad como partes integrantes que son de la Monarquía Española”[26]. Al propio Consejo de Regencia, con fecha 5 de mayo, la Junta Suprema le envía una comunicación en la cual le informan que no tributarán “…obediencia y vasallaje a las diversas corporaciones que substituyéndose indefinidamente unas a otras  solo se asemejan en atribuirse todas una delegación de la Soberanía que no habiendo sido hecha ni por el Monarca reconocido, ni por la gran comunidad de Españoles de ambos hemisferios, no puede menos de ser absolutamente nula, ilegítima y contraria a los principios sancionados por nuestra misma legislación”[27].

Además de manifestar su rechazo categórico a la Regencia, el nuevo gobierno constituido en la Junta Suprema, emite una proclama el día 20 de abril en la cual reconoce las limitaciones de su representación tal como se puede ver en el párrafo que se cita a continuación:

“…Si la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos para dilatar sobre vosotros una usurpación insultantes, ni una esclavitud vergonzosa, sino porque la urgencia y precipitación propias de estos instantes, y la novedad y grandeza de los objetos así los han exigido para la seguridad común”[28].  Acto seguido manifiesta su disposición de llamarlos “…oportunamente al tomar parte en el ejercicio de la suprema autoridad con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincia”[29].

En los días siguientes la Junta de Caracas envía comisionados a las restantes provincias con los documentos y proclamas a fin de dar a conocer los sucesos ocurridos el 19 de abril y solicitarles el reconocimiento de su autoridad. En las principales capitales de provincia, al llegar los oficios de Caracas, se forman juntas supremas así ocurre en Cumaná (27 de abril), Margarita (4 de mayo)  y Barinas (5 de mayo); en Barcelona, aun cuando formaba parte de la jurisdicción de la provincia de Cumaná, se forma un Junta suprema de gobierno (27 de abril)  la cual es reconocida por Caracas y por la junta de Cumaná. El mismo día de los hechos acaecidos en Caracas y en las semanas y meses siguientes se reciben adhesiones y apoyos a la Junta de la capital. El Hatillo se pronuncia el mismo 19; La Guaira al día siguiente; Valencia el 21, Puerto Cabello, el 24; Carúpano el 2 de mayo; Río Caribe el 4 de mayo; Barquisimeto el 6 y  San Felipe el 30. En Cumaná, Barcelona y Margarita se eligieron diputados que viajaron a Caracas a formar parte de la Suprema Autoridad.

En Guayana se constituye inicialmente una Junta Provincial la cual reconoce la autoridad de la junta de Caracas el 11 de mayo; sin embargo muy rápidamente se decide más bien reconocer al Consejo de Regencia. En Mérida ocurre lo contrario. Inicialmente la ciudad se manifiesta leal a la Regencia y sujeta a la jurisdicción de Maracaibo hasta septiembre, cuando se constituye una junta suprema gubernativa, bajo la presión de Caracas, como se verá más adelante.

En los días siguientes a su constitución, la Junta de Caracas emite varias resoluciones las cuales expresan su vocación autonomista y evidencian al mismo tiempo el ejercicio pleno de la soberanía y la protección de los intereses de la elite criolla. Se hacen nombramientos para la dirección del nuevo gobierno, en su gran mayoría son designados vecinos principales de la ciudad; se declara la libertad de comercio, se elimina el impuesto de alcabala, se suprime el tributo indígena, se prohíbe el tráfico de esclavos, se sanciona un decreto para la reorganización de las milicias bajo la autoridad de la Junta; se envían misiones a Gran Bretaña, Estados Unidos, la Nueva Granada y, Curazao para comunicar las novedades políticas ocurridas en Caracas  y solicitar el apoyo y reconocimiento de la Junta[30].  

Mientras esto ocurre, muy rápidamente comienzan a recibirse las comunicaciones de las nuevas juntas y las adhesiones y apoyos de ciudades, pueblos y villas. La Junta de Caracas se ocupa entonces de avanzar en su oferta de legitimar la representación provisional que ejerce mediante la convocatoria a un proceso electoral. El día 2 de junio se anuncia en la Gaceta de Caracas la culminación de la instrucción que debía regir en la elección de representantes a fin de que “…la representación provisional de que se halla investida, se constituya de un modo legítimo y conforme a la voluntad general de Venezuela” [31]

A partir del 15 de junio y en entregas sucesivas se publica finalmente el reglamento electoral sancionado por la Junta para la elección de representantes de todas las provincias. La alocución del reglamento convoca “…a todas las clases de hombres libres al primero de los goces de ciudadano que es concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales y reales que existieron originariamente en la masa común y que le ha restituido el actual interregno de la Monarquía”[32].

En el mismo reglamento se rechaza la convocatoria para elegir diputados a las cortes de la monarquía la cual es consideraba inequitativa y parcial ya que lejos de “…ajustarse a la igualdad y confraternidad que se nos decanta, sólo está calculada para disminuir nuestra importancia natural y política”[33].

El proceso continúa su curso. Las elecciones se realizan en villas, pueblos y ciudades. Primero se eligen los cuerpos electorales y luego los representantes de las provincias. El 2 de marzo de 1811 se instala en Caracas el Congreso General de Venezuela con dos tercios del total requerido por el reglamento para iniciar las sesiones. La instalación del Congreso es saludada por la Gaceta de Caracas como “…las primeras Cortes que ha visto la América, más libres, más legítimas y más populares que las que se han fraguado en el otro hemisferio para alucinar y seguir encadenando a América”[34]. El distanciamiento y ruptura con la oferta de representación de la Monarquía y con el proceso iniciado en la isla de León desde septiembre del año 1810 es claro y definitivo. La opción es otra: un sistema de representación propio, autónomo que fije los términos del proyecto político de las elites provinciales legítimamente representadas en el Congreso General de Venezuela. Luego de su instalación, el Congreso elige de su seno los individuos que componen el poder ejecutivo en Venezuela  y la Junta Suprema se disuelve y transmite su autoridad al Supremo Poder Ejecutivo establecido legítimamente por el Congreso Nacional. Este Congreso, cuatro meses después de su instalación sanciona, el 5 de julio, la independencia absoluta de Venezuela. La propuesta autonomista de las juntas se convierte en proyecto independentista. No obstante la discusión sobre los autonomismos locales, incluida la provincia de Caracas estará presente en el debate constitucional y en la formulación de la confederación. No concluye pues, con la definición independentista la resolución de las aspiraciones autonomistas, las cuales se verán intervenidas y postergadas por el desencadenamiento del conflicto bélico.

En Maracaibo la situación se desenvuelve de manera totalmente distinta. Ante el conocimiento de la determinación de Caracas enviada por el Cabildo de Coro al gobernador de Maracaibo, la respuesta del gobernador es de rechazo a la iniciativa de la capital. El día 9 de mayo, envía una comunicación al Ilustrísimo señor Obispo de Mérida informándole que  ha “…tomado las más activas providencias a fin de precaver esta provincia de mi mando de tan detestable e inicuo procedimiento”, le solicita que con la mayor celeridad imprima en los espíritus de los habitantes de esa ciudad y demás poblaciones de la Diócesis “…los sentimientos de fidelidad, Religión y patriotismo que son la base fundamental del buen orden y tranquilidad de los pueblos”[35] .

Al día siguiente, 10 de mayo,  se reúne el cuerpo capitular, se aprueba conservar en el mando de la provincia al gobernador Fernando Miyares y que el mismo Miyares se encargue de la Capitanía General de Venezuela, de la Superintendencia y demás tribunales superiores que existían en Caracas y de quienes dependía ese gobierno. Así se aprueba y ejecuta.

En comunicación del 12 de mayo, el gobernador propone al cabildo la constitución de una Junta formada de sujetos de probidad suficiente y buena opinión pública para que atienda  la “acertada expedición de los negocios que ocurran”[36]. La respuesta del Cabildo en reunión celebrada el 14 de mayo es negativa. Consideran los capitulares que el establecimiento de una Junta en la ciudad de Maracaibo, “…sería contrario al unánime voto de fidelidad en nuevos establecimientos que se separen de nuestra sabia legislación y que solamente el nombre de Junta oído en todos los Partidos de esta misma provincia y en las limítrofes causaría mayores estorciones [sic ] a la tranquilidad pública persuadidos que Maracaibo había ya adoptado el mismo sistema que reprueba tan constantemente de las ciudades de Caracas, Quito y otras” [37].

La decisión del Cabildo es no hacer novedades en el gobierno de la provincia e informar a todos los pueblos la resolución de reconocer las autoridades de la Monarquía. Se aprueba también que, para aquellos asuntos que así lo requiriesen, el cabildo nombrase cuatro, cinco o más vocales del Pueblo a fin de que  pudiesen deliberar y sentenciar de acuerdo a las leyes y conforme a la justicia.

En esos mismos días de mayo, a solicitud de gobernador y del cabildo de la ciudad, el Síndico procurador redacta un documento en el cual ofrece su parecer respecto a los sucesos ocurridos en Caracas. El Informe del Síndico no deja lugar a dudas,  califica de “atentado inaudito” que el cabildo de Caracas se haya abrogado la Autoridad Soberana, rechaza las medidas tomadas por la Junta en relación con la extinción del derecho de alcabala y la sanción de la libertad de comercio, innovaciones para los cuales sólo está facultado el Rey;  por medidas como éstas –afirma el Sindico- “se conoce el predominio a que aspira”; en su opinión la iniciativa de Caracas constituía una acción cuya pretensión era “…sustraerse de ser parte integrante de la Monarquía Española…No se descubre otra idea que Independencia y errores, transigiendo los más sagrados deberes de fidelidad al Rey”[38].

La recomendación del Síndico es que se acuerde por Acta “…que esta ciudad y su Provincia, fieles en su juramento que han prestado por nuestro Rey el Señor Don Fernando Séptimo y a sus legítimos sucesores, y al Gobierno de la Soberana Junta Central que a su nombre regía la Monarquía, reconoce en el Supremo Consejo de Regencia, que le ha sustituido un legítimo Gobierno de estos dominios como parte integrante de la Monarquía Española; y detestando los infundados principios de que se ha valido en Caracas para tan espantosa novedad, tiene acordado y pedido al Señor Gobernador y Presidente del Cuerpo, se corte toda relación política, Militar y de Real Hacienda con Caracas, en vista de haber cesado en sus empleos los S.S.  Gefes que legítimamente gobernaban por encargo del Rey nuestro Señor”[39].

Las recomendaciones del Síndico son conocidas y aprobadas por el cabildo. Dos meses más tarde, el 23 de julio, se conocen los despachos provenientes de Puerto Rico en los cuales se inserta la Gaceta original de la Regencia de España del martes 22 de mayo de 1810 con el nombramiento de Fernando Miyares como Capitán General de la Provincia de Venezuela. En la misma sesión se juramentó el nuevo Capitán General prometiendo “…guardar y defender las Provincias de su mando, ser fiel a nuestro legítimo Soberano el Sr. Dn. Fernando Séptimo y a quien en su Real nombre nos gobierna, como buen vasallo”[40].

La fidelidad, reconocimiento y seguimiento de las directrices e instrucciones de las autoridades legítimas de la monarquía se mantienen, así como su determinación autonomista respescto a Caracas. Ese mismo año de 18l0 el cabildo marabino procedió a realizar la elección del diputado que representaría a la provincia en las Cortes del reino. La primera elección se llevó a cabo el 23 de agosto de 1810, el diputado seleccionado fue Luis Ignacio de Mendoza, Canónigo Doctoral de la Catedral de Mérida. Mendoza no aceptó el nombramiento. Al año siguiente, el 18 de febrero de 1811 el cabildo de Maracaibo, eligió como diputado ante las Cortes a José Domingo Rus Ortega, criollo y miembro de la elite marabina. En noviembre de 1811, partió rumbo a Cádiz y, el 5 de marzo de 1812 se juramentó ante la las Cortes. Era el único diputado propietario de la Capitanía General de Venezuela. La situación de Venezuela y las aspiraciones y demandas de su provincia natal fueron las materias que merecieron la mayor atención del diputado marabino durante su actuación en las Cortes.

En sus intervenciones, puso especial empeño en demostrar la indoblegable lealtad de la provincia de Maracaibo a la monarquía española, expresada en su rechazo a la Junta de Caracas y en el inmediato reconocimiento a la Regencia. En correspondencia con las instrucciones que recibió del cabildo de su ciudad se ocupa de presentar y defender las aspiraciones y demandas autonomistas de la provincia.  Defendió ante las Cortes el derecho de Maracaibo para que se estableciera en su territorio una Diputación Provincial. Expuso las características de la provincia, hizo referencia a la composición de su población, a sus recursos, a las ventajas económicas que tenía Maracaibo por su localización geográfica y planteó la necesidad de que la provincia fuese independiente de Caracas. Señalaba Rus que el abatimiento al que habían llegado todos los ramos de Maracaibo se debía a su dependencia de Caracas. Este aspecto era uno de los puntos fundamentales de las instrucciones que le dio el Ayuntamiento a su representante. Otro asunto sobre el cual también insistió preferentemente, siguiendo las demandas de su provincia natal, fue que se trasladase a Maracaibo el Obispado, la Catedral, el Colegio y la Universidad que se encontraban en Mérida[41]. A estas dos peticiones fundamentales se suman una serie de propuestas, la mayoría de ellas relativas a la supresión de aranceles, cuya finalidad era contribuir al fomento de la agricultura y a la activación del comercio.

Al ser disueltas las Cortes, Rus se mantuvo activo e insistió en las peticiones que había hecho a favor de su provincia. Ese mismo año de 1814 fue nombrado Oidor de la Audiencia de Guadalajara. Publicó entonces en Madrid un libro en el cual se recogen los pormenores de su actuación en la península. Allí están los detalles de las instrucciones recibidas y de las demandas, argumentos y aspiraciones autonomistas de Maracaibo expuestos por su diputado ante las cortes[42].

En los años siguientes Maracaibo se mantiene bajo la autoridad de la monarquía, aun cuando hay varios intentos de promover movimientos insurgentes. En 1820, se jura nuevamente la constitución gaditana, se envían diputados a cortes y la provincia se rige por los mandatos constitucionales de la monarquía española. No será sino en 1824, ya en tiempos de la república de Colombia que la provincia finalmente se incorpore al efímero proyecto nacional colombiano. Si que ello represente, naturalmente, el fin  de sus aspiraciones y demandas autonomistas, las cuales se mantienen y se expresan en los años siguientes y durante el complejo proceso de construcción nacional de Venezuela.

Sin embargo, la fidelidad de Maracaibo a la Monarquía no fue compartida por la totalidad de las ciudades que formaban parte de su jurisdicción, de la misma manera ocurrió en la provincia de Caracas. En los dos casos se manifestaron conflictos y tensiones cuyo resultado fue el surgimiento de nuevas provincias: unas leales al proyecto a la monarquía y defensoras de su autonomía respecto a Caracas; otras inicialmente leales a Fernando VII  e integradas a la propuesta autonomista de Caracas.

 

Disputas y reclamos frente a las acciones autonomistas

 

Maracaibo, como ya se dijo, rechazó la acción autonomista de Caracas, al igual que la provincia de Guayana. Tampoco la ciudad de Coro se guió por el mandato de los juntistas caraqueños. En este caso se trataba de una ciudad que formaba parte de la jurisdicción provincial de Caracas, a diferencia de Maracaibo y Guayana que eran provincias y se encontraban bajo la autoridad política y militar de la capitanía general.  Lo mismo ocurrirá con las ciudades de Mérida y Trujillo, respecto a Maracaibo. En cada uno de los casos, los procesos ocurren de manera diferente. Empecemos por Coro.

La respuesta de Coro fue inmediata. Al recibir los pliegos de Caracas el 4 de mayo de 1810, el cabildo,  presidido por José Ceballos jefe militar de la ciudad, rechazó la autoridad de la Junta y declaró no reconocer otra autoridad que la que dimane de la Península de España; acto seguido enviaron prisioneros a Maracaibo a los comisionados de la capital. Varios intentos hizo la Junta Suprema para persuadir a los habitantes de Coro y de los distritos aledaños  para que se deslindasen de la actitud asumida por el jefe militar y el cabildo. En la alocución con fecha 22 de mayo, enviada a los distritos comarcanos de la ciudad, argumentaban los jefes de la junta caraqueña que la respuesta del jefe militar y del cabildo constituía una acción guiada por “la ceguedad y el abuso de unos poco individuos”, en consecuencia hacían un llamado a las autoridades y vecinos a adherirse a “los sanos principios de Caracas”[43]. Tres días después, la Junta de Caracas envía un comisionado a las costas de Coro con instrucciones de paz. En las instrucciones se le solicita que observe el estado de la región, que informe sobre los sentimientos y disposición de sus habitantes, que de cuenta de las acciones adelantadas por el jefe militar y que difunda entre los pobladores los documentos emanados de Caracas a fin de “…persuadir a todos de nuestras intenciones pacíficas y los sinceros y vivos deseos que tenemos de verlos unidos a nosotros con aquella cordial fraternidad que inspiran unos mismos intereses y unos mismos derechos”[44].

En documento suscrito el 1ro de junio por la misma junta y publicado en varias entregas en la Gaceta de Caracas, se condena la actitud del cabildo de Coro, se responsabiliza a José Ceballos, el jefe militar de la ciudad, como la fuente de las “atroces calumnias de Coro” contra la autoridad de la Junta Suprema, se defiende la legitimidad de los hechos del 19 de abril y la manifiesta lealtad al Sr. Dn. Fernando VII proclamada por el gobierno de Caracas y se insiste en rechazar la negativa de Coro a aceptar la legitima autoridad de la Junta caraqueña[45].

La próxima iniciativa de la Junta es enviar una fuerza militar con el propósito de poner fin a los “delirios políticos de Coro”. La conducción del ejército está en manos de Francisco Rodríguez del Toro, IV marqués del toro, criollo, caraqueño y miembro de las principales familias de la ciudad.

La misión tenía dos propósitos: poner fin al “imperio de la tiranía” ejercido por Ceballos y convencer a los habitantes de Coro y a su cabildo de sumarse a la causa de abril y de participar en el proceso eleccionario convocado por la Junta. El primer oficio enviado por el marqués tiene fecha 6 de junio; allí informa su designación, los motivos de su misión, les solicita que nombren una comisión a fin de establecer un primer diálogo que conduzca al entendimiento. Hay también un tono de intimidación y advertencia. Le siguen otros oficios del mismo tenor.

Las sucesivas respuestas del cabildo de Coro son precisas. No están interesados en el diálogo, no aceptarían conminaciones y bajo ningún concepto reconocerían la autoridad de un “establecimiento ilegal y tumultuario” como la  Suprema Junta de Caracas. La Junta de Caracas, según señalaban los capitulares de Coro,  estaba fuera de lo que establecían las Leyes del Reino, usurpaba el poder soberano, rechazaba con osadía y escándalo al Gobierno Supremo y había cometido todo tipo de arbitrariedades y excesos al deponer violentamente a las autoridades legítimamente constituidas.  

El argumento central del cabildo de Coro se refiere precisamente al ejercicio de la soberanía. Dicen los capitulares: “Siendo por naturaleza indivisible el poder soberano, no puede ser representado en distintas partes ni por diversas corporaciones”. De allí que la reasunción de la soberanía por parte de la Junta de Caracas se trataba de una novedad sin precedentes y carecía por completo de fundamentos ya que en el caso de que el pueblo de Caracas estuviese autorizado para establecer en sí la autoridad soberana, “…se seguiría de aquí el absurdo que todo el Continente Americano, y de España, debería rendirle  obediencia y vasallaje, respetando sus determinaciones como leyes supremas dictadas para toda la Nación”[46]. Resultaba, pues, inadmisible que pretendiesen exigir el reconocimiento de una autoridad de la cual carecían.

Desde los primeros días de junio hasta mediados de agosto hay un infructuoso intercambio epistolar entre el jefe de las tropas enviadas por la Junta Suprema y el cabildo de Coro sin ningún resultado.

Al finalizar el mes de julio, el Obispo de Mérida de Maracaibo, interviene en el conflicto dirigiéndose al Cabildo de Caracas (no a la Junta Suprema) a fin de manifestarle su parecer respecto a las razones que asisten al cabildo de Coro. La comunicación del Obispo destaca que siendo la primera queja contra Coro el haberse separado de la provincia de Caracas, los principios establecidos en los papeles públicos parecían darle la razón a Coro. “Extinguido el antiguo gobierno de Caracas, emanado de la Metrópoli, cada ciudad quedaba en libertad de someterse o no al recientemente constituido y sólo su voluntario reconocimiento podía sujetarlas a la nueva autoridad”. La misma proclama del día 20 de abril –continúa el Obispo- convidaba a los pueblos de la provincia a la unión y confraternidad para la conservación de sus intereses “… pero no los obliga a reconocer la nueva Constitución”. Concluye haciendo alusión a lo sucedido en Barcelona, ciudad que se separó de la provincia de Cumaná y que,  no obstante, había recibido el reconocimiento de Caracas y de la propia Cumaná[47]. La mediación del Obispo no  tuvo consecuencias.

En su última comunicación al marqués del Toro,  el Cabildo expone que la única manera de llegar a un entendimiento es mediante el reconocimiento inmediato del Consejo de Regencia por parte de la Junta  y la reposición en sus cargos de las autoridades depuestas el 19 de abril. Hay nuevos intentos de mediación, sin ningún resultado. En la primera semana de noviembre la Junta da órdenes de iniciar hostilidades. La confrontación es breve y nefasta para el ejército comandado por el marqués. El 8 de diciembre informa el fracaso de su misión [48].

La resolución de Coro es declarar su autonomía respecto a Caracas y mantenerse leal a la Regencia . Dos formas de actuación se inician desde la ciudad. Por una parte, se organiza la campaña militar que con auxilio de Puerto Rico tendría a su cargo repeler las pretensiones de los insurgentes de Caracas y por la otra, se envían dos comisionados ante la Regencia de España a fin de exponer y argumentar cuáles eran los intereses y solicitudes de Coro para alcanzar el fomento de “aquel país”.

Justo después de la derrota del marqués, en enero de 1811, el cabildo de Coro designa a los hermanos José Ignacio y Juan Antonio Zabala, como comisionados del cabildo ante la regencia de España. El 1ro de abril de 1812 los hermanos Zabala presentan ante la Regencia sus poderes, documentos y los motivos de su comisión. Las peticiones de Coro tienen como finalidad fortalecer la autonomía económica, política e institucional de la ciudad, la cual deja de actuar como tal al ser reconocida inicialmente como provincia por decreto del comisionado regio para la pacificación de Venezuela, Antonio Ignacio Cortabarría, sanción que es ratificada por real orden del 20 de octubre de 1811[49]. Solicitan el reconocimiento de la provincia de Coro a fin de obtener voto y voz en las cortes españolas, la habilitación de puertos para el comercio libre con la metrópoli y las otras colonias americanas, que se incorporen como subalternas a la provincia de Coro las ciudades limítrofes de Barquisimeto, San Felipe, Tocuyo y Carora; que se reponga en Coro la catedral de Venezuela y el obispado del cual fue despojada la ciudad. Para finalizar solicitan como lo más urgente la conducción del agua por cañerías a la ciudad y que se destinen las regalías de las salinas y los derechos del consulado pagados por Coro durante 10 años para este fin y que estas recaudaciones estén a cargo del cabildo de la ciudad[50].

La Regencia primero y las Cortes después concedieron a Coro el título de Muy Noble y Leal y autorizaron el uso de un escudo de armas con jeroglífico. Los hermanos Zabala fueron elegidos diputados propietarios por la Provincia de Coro el 6 de septiembre de 1813 para las Cortes Ordinarias, sin embargo no llegaron a formar parte de ellas.

Coro se mantuvo leal a la monarquía, contribuyó decididamente en la campaña militar contra la insurgencia y progresivamente obtuvo el reconocimiento por parte de la corona de muchas de las solicitudes que adelantó a fin de ver fortalecida su autonomía y los intereses políticos y económicos de las elites locales. En mayo de 1821, como consecuencia de un movimiento político adelantado en la península de Paraguaná, unido al contexto cambiante ocasionado por la revolución liberal en España y por el triunfo posterior de las armas republicanas en Carabobo (junio 1821) tiene lugar en Coro el proceso que culminará con su integración a la república de Colombia, formando parte del Departamento del Zulia. Las aspiraciones autonomistas de la región se mantendrán como parte de las tensiones y conflictos que se conservan durante el  largo y complejo proceso de construcción de la nación luego de la sanción definitiva de la República de Venezuela en 1830.

En Mérida como se dijo con anterioridad, no se produjo ningún cambio en mayo de 1810, al conocerse los oficios de Caracas. Las únicas referencias documentales que existen al respecto son las pastorales y los oficios emitidos por el Obispo de Mérida de Maracaibo, Santiago Hernández Milanes. Por su primera comunicación fechada el 19 de mayo se sabe que las noticias de lo ocurrido en Caracas se conocieron en Mérida el 13 de mayo.  En ese mismo oficio, el Obispo Milanés dice que en Mérida se publicó el bando de unión y amistad con los pueblos de Maracaibo, de Coro y de Barinas, en defensa de los derechos de nuestro amado Fernando el 7º, no hace distinciones respecto a que Barinas declaró su fidelidad a Fernando pero reconoció la autoridad de Caracas, a diferencia de lo sucedido en Maracaibo y Coro.  Sin embargo en la misma comunicación se dice que los documentos recibidos contienen el mandato sobre el “…debido reconocimiento y obediencia al Consejo Soberano de Regencia que nos gobierna sabiamente a nombre del Señor Fernando 7º” [51].

El 7 de julio el Obispo envía una circular a todos los curas de la Diócesis en la cual les solicita que hablen con sus feligreses a fin de comunicarles la “…obligación de respetar u obedecer no sólo al Soberano que juraron, el Señor Fernando 7º, sino a todas las potestades constituidas por él”[52].

Ya en su pastoral del día 11 de julio es más enfático al rechazar las acciones de Caracas, las cuales condena por considerarlas “…tanto más detestables cuanto más interiores, y que os traen males incalculables, males desconocidos en estos Dominios desde la conquista, a saber la guerra, el hambre, la peste la desolación…una guerra la más repugnante a la naturaleza, una guerra entre padres e hijos, entre parientes, amigos y vecinos”[53]. En la misma pastoral recomienda que se mantenga la unión con Maracaibo advirtiendo los perjuicios que tendría para el comercio y la subsistencia de Mérida si no dejaba de conservar  su fidelidad a la capital provincial.

Por las comunicaciones e informaciones del Obispo es posible entonces afirmar que no se produjeron cambios y que Mérida, los pueblos y ciudades aledañas se mantuvieron sujetas a Maracaibo hasta el 16 de septiembre cuando llegó Luis María Rivas Dávila, merideño, como emisario de la Junta de Caracas a conseguir el reconocimiento de la autoridad de la suprema Junta por parte de Mérida y las ciudades y pueblos subalternos. Ese día se convocó  un cabildo abierto en el cual se leyeron los oficios de Santa Fe de Bogotá, de Caracas y de Barinas “…en que se le amenaza con un próximo rompimiento de la guerra si no se adhieren a la causa común que defienden las enunciadas capitales y provincias”. En estos términos lo recoge el acta del 16 de septiembre. Dicho esto, e instruidos los asistentes  de sus derechos y de las críticas circunstancias en las que se encontraban, escucharon al emisario de Caracas y resolvieron “unánimemente, todo el pueblo a una voz y todos los cuerpos e individuos ya nominados que era su voluntad libre y espontánea adherirse a la causa común que han abrazado las antedichas capitales de las provincias” [54]. Se procedió entonces a erigir una Junta que reasumiese la autoridad soberana, cesando el mismo día en sus funciones las autoridades que habían gobernado hasta ese momento

El día 25 de septiembre se elaboró un manifiesto en el cual se argumentaba con mayor propiedad la resolución del cabildo merideño, recurriendo a los argumentos expuestos en su momento por la Junta de la Capital, se declara la ilegitimidad del Consejo de Regencia “…por sus palpables vicios de la nulidad que tenía, a causa de haberse formado por sólo el voto de los españoles europeos que componen diez millones de almas, sin contar con el voto de los españoles americanos que son por lo menos dieciséis”[55]. En la preparación del documento se puede apreciar la influencia decisiva del discurso e intereses de la junta caraqueña, no sólo en la exposición de los argumentos, sino en la manera de valorar y admitir sus ejecuciones. El documento de Mérida dice así: “Caracas, gobernada por una sabiduría singular, sin tener la fuerza de las armas que estaban en manos de los hijos  adoptivos de la Regencia, fue la primera que se negó a presar homenaje a un Consejo que usurpaba tan a las claras los sagrados derechos de la soberanía”[56]. Erigió entonces una Junta depositaria interina de la soberanía, estableció un gobierno legítimo adoptado por otras provincias en donde “…reina la mayor tranquilidad, se administra rectamente la justicia, se abren los canales de la prosperidad y no se oye sino la voz de la concordia, en la obediencia a favor de su desgraciado rey y contra el tirano de Europa”[57].

Es este, pues el régimen al cual se adhería Mérida, elevándose a la condición de provincia y desprendiéndose de la de Maracaibo, cuyo jefe reconocido por la Regencia como Capitán General de Venezuela la gobernaba “nulamente”.

Se reorganiza el gobierno y en los días siguientes el propio Rivas Dávila se dirige a las poblaciones vecinas con la finalidad de obtener su adhesión a la Junta de Mérida. Así se hace en el mes de octubre: La Grita se pronuncia el día 11;  Bailadores el 14; San Antonio el 21 y San Cristóbal el 28. En las tres primeras localidades,  las actas hacen mención expresa a los peligros que las acechan provenientes de las provincias y ciudades vecinas y declaran su decisión de de obtener protección bajo la subordinación de la junta de Mérida. Todas estas localidades formaban parte de la jurisdicción de la provincia de Maracaibo. En esta misma jornada de conseguir la adhesión de los centros urbanos más importantes de los andes, la ciudad de Trujillo, constituye una junta superior de gobierno el 9 de octubre, reconoce la autoridad de la Suprema Junta de Caraca, se erige en provincia autónoma y se desprende de su sujeción a Maracaibo.

En Mérida el nuevo gobierno tomó algunas decisiones que, según destaca Héctor Silva, tenían como finalidad “el ejercicio pleno de su autonomía”. Se aplicaron medidas económicas a fin de administrar sus propios recursos, se inició la construcción de caminos para mejorar las comunicaciones entre los poblados cercanos, se eliminó el tributo a los indígenas, se erigió el 21 de septiembre de 1810 la Universidad de San Buenaventura de Mérida; se aprobaron obras defensivas para contener cualquier intento de invasión por parte de Maracaibo; se eligieron los representantes que asistieron en nombre de la provincia al congreso general de Venezuela, uno estuvo de acuerdo en apoyar la independencia, el otro fue el único diputado que se opuso a declarar la independencia de España. Fue reorganizada la provincia dividiéndose en ocho partidos, en cada uno de estos pueblos se eligió un representante para el poder legislativo provincial, el 21 de julio de 1811 se instaló la Asamblea Constitucional de Mérida y el 31 de julio se promulgó la Constitución provincial. Al cumplirse un año del establecimiento de la Junta la ocasión fue propicia para jurar la independencia absoluta de Venezuela con la celebración de un Te Deum, oficiado por el Obispo de Mérida y Maracaibo, Santiago Hernández Milanes.

En Trujillo también se elige un diputado al Congreso General de Venezuela, se aprueba la Independencia y se sanciona una constitución provincial el 2 de septiembre de 1811.

En el caso de las ciudades Mérida y Trujillo la cuales se desprenden de Maracaibo, se erigen en provincias y admiten la autoridad de Caracas, se conjugan por una parte las aspiraciones autonomistas y las ventajas que representaba constituirse en provincia y formar parte de una nueva legitimidad que les reconocía esa condición en el nuevo pacto sancionado por el Congreso General de Venezuela, al mismo tiempo para la Junta de Caracas, también representaba una ventaja considerable, de allí la presión ejercida para conseguir la adhesión, utilizando incluso la coacción armada. Según señala Robinzon Meza y Francisco Soto en el artículo ya citado, al elevarse Mérida y también Trujillo a la condición de provincias, participaban del proceso electoral convocado por Caracas otorgándole mayo representatividad a la propuesta de un Congreso General de las provincias de Venezuela, logrando que fuesen siete en vez de las cinco que inicialmente se constituyeron en los meses de abril y mayo. Con ello no solo se beneficiaba la legitimidad del Congreso sino que las nuevas provincias obtenían una representación en el nuevo orden que difícilmente hubiesen conseguido si se mantenían sujetas a Maracaibo y bajo las formalidades y condiciones de la legitimidad monárquica.

Fidelidad, autonomismos e independencia

Los sucesos ocurridos en la península no tuvieron pues un impacto homogéneo sobre las provincias de Venezuela.  Esta diversidad de manifestaciones no fue registrada por las historiografías nacionales, por el contrario,  se hizo una lectura uniforme de los hechos según la cual, el espíritu patriótico de los americanos, dio al traste con el absolutismo español al expulsar a sus representantes del gobierno que ejercían en estas latitudes. Según esta interpretación las juntas que se establecieron en Caracas y en las otras ciudades que se sumaron a la propuesta caraqueña fueron movimientos independentistas. Posteriormente se incorporó una lectura que destacó el carácter autonomista de estos movimientos interpretado como respuesta a las viejas rencillas y conflictos territoriales surgidos como consecuencia de las disposiciones del poder metropolitano; sin embargo, más recientemente se ha destacado la existencia de redes sociales, intereses económicos y aspiraciones políticas locales las cuales, en cada caso determinarían o incidirían en las respuestas de las elites criollas frente a la desarticulación del sistema institucional de la monarquía.

En el momento inicial la respuesta fue de lealtad al monarca, en defensa del orden monárquico y por la integridad del imperio; no hubo en ninguna de las ciudades de la provincia, respuestas que promoviesen una modificación del estatuto político de la monarquía en estos territorios, las propuesta juntista de los vecinos principales de Caracas no tuvo éxito. En 1809, se reconoce la autoridad de la Junta Central y Gubernativa del reino se lleva a cabo la elección del diputado que representaría a Venezuela en dicha junta.

A medida que se altera el sistema político de la monarquía y se promueven nuevas formas de representación y de reorganización del ordenamiento institucional, las elites criollas comienzan a dar respuestas diferentes. Fundamentalmente respecto al establecimiento del Consejo de Regencia y la convocatoria a las cortes. La elite criolla de Caracas promueve el establecimiento de un gobierno autónomo mediante la formación de una Junta Suprema, en la cual tendrían participación las demás provincias de la capitanía general; todo ello argumentado y formulado en el universo legal de la monarquía. Aun cuando constituía una instancia de gobierno absolutamente inédita, entre sus propósitos y ejecuciones iniciales no está previsto establecer un nuevo ordenamiento político. Sin embargo, muy rápidamente se postula y se ejerce una nueva forma de representación que rompe con la propuesta de la monarquía, se comienza a ejecutar una reorganización del poder que debe ser legitimada, ello determina que, por una parte, se intente someter la disensión de Coro y por la otra se procure ampliar la representación con la incorporación de las elites de las demás provincias a este nuevo reparto del poder. Ello explicaría el interés de forzar la incorporación de las ciudades de Mérida y Trujillo, pertenecientes a la provincia de Maracaibo al proyecto político de Caracas, reconociéndoles su condición de provincias y otorgándoles representación en el congreso que legitimaría el nuevo ordenamiento político.

En esta dinámica se conjugan los intereses de las elites caraqueñas con los de las elites regionales que participan en el proyecto, en la medida que la oferta de representación que les ofrece Caracas, les permite un margen más amplio de negociación y actuación política que el que, hasta ese momento, les ofrecía la monarquía, o el que podría otorgarle Maracaibo a Mérida y Trujillo si se mantenían bajo su autoridad.

Distinto ocurre en los casos de Coro y Maracaibo. Las elites de Coro y su cabildo no tenían ninguna oportunidad de ampliar su espacio de representación, ni de hacer valer sus demandas y aspiraciones de acuerdo a sus intereses, mientras se mantuviesen sujetos a la autoridad de Caracas. De allí su negativa a reconocer la autoridad de la Junta Suprema, recurriendo al igual que ésta al discurso de la reasunción de la soberanía. De esta manera defienden sus intereses y procuran la ampliación de su representación y participación política, declarando su autonomismo respecto a Caracas y manteniéndose sujetos a la legitimidad monárquica.

De la misma manera sucede en Maracaibo; en este caso con mayores posibilidades de consolidar las aspiraciones autonomistas e intereses económicos de las elites al enajenarse de la autoridad de Caracas, establecer en la ciudad el gobierno de la capitanía general de Venezuela, participar en el nuevo orden político de la monarquía y ventilar sus demandas y requerimientos económicos y políticos directamente en las cortes.

Podría decirse entonces que el desmoronamiento que ocurre en el sistema institucional de la monarquía no solamente alteró la relación entre los territorios que formaban parte de la monarquía sino que, al mismo tiempo, favoreció un reacomodo de las élites criollas de las diferentes provincias y ciudades, respecto a sus centros de poder, ejerciendo su autonomía bien respecto a Caracas, como lo hicieron Coro, Maracaibo y Guayana; o respecto a Maracaibo como lo ejecutaron Mérida y Trujillo con la presión de Caracas;  o finalmente,  en relación con la Regencia y las Cortes, como ocurrió en Caracas y las otras provincias que formaron juntas supremas en este mismo año de 1810. En estas últimas, como ya se dijo, el proceso muy rápidamente se orientó en dirección a la independencia: en parte, como señala José María Portillo[58] por la respuesta de la monarquía frente a los movimientos juntistas y la imposibilidad de avanzar en el establecimiento de un sistema en el se produjese de manera efectiva la igualdad entre las provincias de ambos lados el Atlántico. También habría que considerar  la velocidad de los acontecimientos que ocurren en Venezuela, los conflictos que suscita la formación del nuevo gobierno, las tensiones sociales que despiertan las aspiraciones y actuaciones autonomistas de las elites, las amenazas de guerra desde el occidente, y el intenso debate que se desarrolla durante esos intensos y decisivos meses el cual concluye con la asunción de la soberanía como atributo de la nación en la declaración de la independencia. El proceso en Coro y Maracaibo –y también Guayana- es más lento. En los tres casos, el fin de los autonomismos ocurre como resultado del enfrentamiento armado y con su incorporación al proyecto republicano.

Este reacomodo y las diferentes aspiraciones e intereses de las élites locales se expresan claramente en los debates del Congreso General de Venezuela, están presentes  en las comunicaciones y representaciones de Maracaibo, Coro y Guayana ante las Cortes y la Regencia, se mantienen durante el conflicto bélico, se exacerban durante la unión colombiana y se convierten en elemento de  tensión y conflicto durante el proceso de construcción nacional.

No podría afirmarse que hayan desaparecido en el presente; aun cuando sus contenidos, características, motivaciones y maneras de plasmarse corresponden, como es natural, a las circunstancias y problemas de la Venezuela actual. No obstante, 200 años después de estas ocurrencias, resulta pertinente analizarlas en su diversidad y complejidad y no como el resultado directo de la crisis política y las discordias ocurridas del otro lado del Atlántico.

 

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[1] YANES, Francisco Javier.  Historia de la provincia de Cumaná, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación Nacional, 1949. (Fue escrita por su autor antes de su muerte ocurrida en 1842. Las negritas son del original).

[2] Un balance de las interpretaciones historiográficas sobre la incorporación de la ciudad de Mérida al proceso de la independencia puede verse en MEZA, Robinzon y SOTO ORAA, Francisco. “Entre la fidelidad a Maracaibo y la revolución de Caracas: la incorporación de Mérida al proceso emancipador (1810-1812)” artículo entregado para su publicación en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 2010.

[3] FEBRES CORDERO, Tulio. “Independencia de Trujillo”, Mérida, 31 de mayo de 1900, en  Archivo de Historia y Variedades, Bogotá, Talleres Antares, 1960, Tomo II, p. 237.

[4] AUSTRIA, José de. Bosquejo de la Historia militar de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1960 II vol. Austria participó en la independencia, su obra se publicó por primera vez en 1857.  Allí  Austria condena a las ciudades y provincias disidentes en los términos siguientes: “Maracaibo, Coro y Guayana eran tres volcanes que incesantemente arrojaban incendiarias lavas sobre el resto de las poblaciones que no provocaron la guerra, sino que, por el contrario emplearon sólo las armas de la razón y el lenguaje del convencimiento”, tomo I, p. 105.

[5] PARRA PÉREZ, Caracciolo. Historia de la Primera República de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959, tomo I, p. 403.

[6] Cuando hace mención a la provincia de Cumaná, afirma Parra Pérez que “La clave de muchos sucesos de nuestra historia, entre otros de los que dificultaron la obra de la independencia durante los primeros años, se halla justamente en el hecho de que los cumaneses tenían tradiciones, intereses y prejuicios distintos a los de Caracas y repugnaba a entrar en una comunidad en la cual veían la pérdida de su secular autonomía” (p. 405). En términos similares explica la situación de la provincia de Barinas cuyo cabildo “…va a definir su adhesión condicional  al movimiento de Caracas, basándolo en dos principios: autonomía de la provincia y mantenimiento de los derechos del Rey” (p. 413). Y así va destacando en cada caso la presencia de posiciones autonomistas como un elemento que intervino y determinó la creación de las juntas en Barcelona, Trujillo y  Mérida.

[7] Ibídem, p. 417.

[8] Ibídem, p. 418.

[9] VAZQUEZ DE FERRER, Belín.  La realidad política de Maracaibo en una época de transición 1799-1830. Maracaibo, Universidad del Zulia (serie Cuadernos de Historia, No. 16), 1990, p. 32.

[10]VAZQUEZ DE FERRER,  Belín. “La realidad marabina: contradicciones y acuerdos presentes en años de definiciones políticas 1810-1830”, Caracas, Revista Tierra Firme, No. 34, 1991, p. 163

[11] Sobre la independencia en Maracaibo pueden verse también: BERBESÍ DE SALAZAR, Ligia. “Maracaibo ante la independencia nacional”. Revista Tierra Firme, Caracas, 2004, vol. 22, no. 88. CARDOZO GALUÉ, Germán y URDANETA, Arlene. “Las soberanías de los pueblos durante la independencia de Venezuela: de las regiones a la nación”. Revista Tierra Firme. Caracas, 2001, No 74; Cardozo Galué, Germán. “Actitud autonomista de Maracaibo ante la independencia de Venezuela¨, en Trienio. Liberación y Liberalismo. Madrid, 2001, No 37; Cardozo Galué, Germán “Alianzas y disidencias durante la emancipación en Venezuela”, en IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Memorias. Instituto Internacional de Estudios del Caribe- Universidad de Cartagena, Cartagena, 2000; Maldonado, Zulimar. Maracaibo en la independencia. José Domingo Rus, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2003.

[12] LÓPEZ, Isaac.  La elite coriana en el proceso de independencia. El caso de la familia Garcés, Caracas, Tesis para optar al titulo de Magister en Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 2010. Cita el autor  las  obras y autores que sostienen esta tesis; entre ellos se cuentan Rafael María Baralt y Ramón Díaz  Resumen de la Historia de Venezuela (1841), José Gil Fortoul. Historia Constitucional de Venezuela (1909) José Luis Salcedo Bastardo. Historia Fundamental de Venezuela (1961) y John Lombardi. Venezuela la búsqueda del orden. El sueño del progreso (1985).

[13] LOVERA REYES, Elina. De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro 1810-1858, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2007.

[14] SILVA OLIVARES, Héctor. Rebelión, autonomismo y federalismo en Mérida, siglo XIX. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 30 y 45.

[15] MEZA, Robinzon y SOTO ORAA, Francisco. “Entre la fidelidad a Maracaibo y la revolución de Caracas: la incorporación de Mérida al proceso emancipador (1810-1812)” artículo entregado para su publicación en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 2010.

[16] “Acuerdo de la Junta convocada por el Gobernador el 17 de julio de 1808” BLANCO. José Félix y AZPÚRUA, Ramón. Documentos para la vida pública del Libertador, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1973, tomo II, p.  167.

[17] “Prospecto o Reglamento de la Junta”, Caracas, 29 de julio de 1808. Ibídem, p.  172.

[18] YANES, Francisco Javier. Compendio de la Historia de Venezuela, desde su descubrimiento hasta que se declaró Estado independiente, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Editorial Elite, 1949, p. 131.

[19] Acta del Cabildo de Maracaibo, 29 de agosto de 1808 en FEBRES CORDERO, Tulio. Documentos para la Historia del Zulia en la época colonial, Bogotá, Editorial Antares, 1960,  p. 240.

[20] Proclama del gobernador de Maracaibo, 31 de agosto de 1808. Ibídem, p. 237.

[21] El proceso completo del movimiento juntista de Caracas en 1808 está analizado en QUINTERO, Inés La conjura de los mantuanos. Último acto de fidelidad a la monarquía española, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002.  También en el artículo titulado “La Junta de Caracas”, en CHUST,  Manuel (coord.) 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, 2007.

[22] “Proclama del gobernador de Maracaibo con motivo de un pasquín sedicioso”, Maracaibo, 28 de diciembre de 1808, FEBRES CORDERO, Tulio. Documentos para la Historia del Zulia en la época colonial. p. 242.

[23] Gaceta de Caracas, 21 de abril de 1809, No. 36, p. 3.

[24] La información sobre los donativos patrióticos así como el proceso electoral para la designación del diputado a la Junta Central están ampliamente trabajados en la tesis de ALMARZA VILLALOBOS, Ángel.  Soberanía y representación. La provincia de Venezuela en una época de definiciones políticas 1808-1811, Caracas, Tesis para optar al título de Magister Scientiarum en Historia de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, 2009.

[25] “Acta del 19 de abril de 1810” (www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/19abril1810.asp

[26] Junta Suprema de Caracas, “Proclama del 20 de abril de 1810”, Gaceta de Caracas,  27 de abril de 1810.

[27] “La Junta Suprema de Caracas a los señores que componen la Regencia de España”, 5 de mayo de 1810, Gaceta de Caracas, 11 de mayo de 1810.

[28] “Proclama”, Caracas, 20 de abril de 1810, Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810, p. 3.

[29] Ídem.

[30] “Acuerdo de la Suprema Junta de Caracas organizando el nuevo gobierno de Venezuela”, 25 de abril de 1810 en BLANCO y AZPÚRUA, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo II, pp. 406-407

[31] Gaceta de Caracas, 2 de junio de 1810, p. 2.

[32] Gaceta de Caracas, 15 de junio de 1810, p. 4.

[33] “Continuación del Reglamento de Diputados”, Gaceta de Caracas, 22 de junio de 1810, p. 3.

[34] “Congreso General de Venezuela”, Gaceta de Caracas, 5 de marzo de 1811, p. 3.

[35] El gobernador de Maracaibo al Illtmo. Obispo de Mérida, 9 de mayo de 1810. FEBRES CORDERO, Tulio. Documentos para la Historia del Zulia en la época colonial, p. 246.

[36] El Gobernador de Maracaibo al Ayuntamiento, Maracaibo, 12 de mayo de 1810. Ibídem,  p. 247.

[37] Acta del Cabildo de Maracaibo, 14 de mayo de 1810.  Ibídem, p. 247.

[38] Informe de  Manuel de Linares González, Síndico Procurador del Cabildo de Maracaibo, 26 de mayo de 1810, en  BESSON, Juan. Historia del Estado Zulia, Maracaibo, Gobernación del Estado Zulia, 1993, tomo II, pp. 472 y 474.

[39] Ibídem, p. 477.

[40] Acta del Cabildo de Maracaibo, 24 de julio de 1810. FEBRES CORDERO, Tulio, Documentos para la Historia del Zulia en la época colonial,  pp. 251-252.

[41] En relación con la disputa sobre el obispado el tema es interesante ya que se realiza un proceso de consultas que involucra a toda la región, se verán allí las tensiones, aspiraciones y demandas de villas, pueblos y ciudades para obtener la silla episcopal. El tema es trabajado por ALTEZ, Rogelio.  El desastre de 1812 en Venezuela: sismos vulnerabilidades y una patria no tan boba. Caracas, Fundación empresas Polar, UCAB, 2006, pp. 200-209.

[42] RUS, José Domingo. Maracaybo representado en todos sus ramos. Madrid, Imprenta de Vega  y Compañía, 1814. Reeditado por la Universidad del Zulia s/f.  Sobre la actuación de Rus en las Cortes de Cádiz pueden verse: LANGUE, Frédérique “La representación venezolana en las Cortes de Cádiz: José Domingo Rus” en Boletín Americanista, Barcelona, No. 45, 1995, pp. 221-247; MALDONADO,  Zulimar. Maracaibo en la Independencia. “José Domingo Rus”, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2003.

[43] “Alocución de la Suprema Junta de Venezuela a los  habitantes de los distritos comarcanos de la ciudad de Coro”, 22 de mayo de 1810, Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959, tomo I, pp. 157-159.

[44] “La Suprema Junta de Caracas comisiona al teniente coronel Carlos de la Plaza sobre la Provincia y costas de Coro, con instrucciones de paz”, 25 de mayo de 1810; Ibídem, p. 163.

[45] “Refutación a los delirios políticos del Cabildo de Coro, de orden de la Junta Suprema de Caracas, 1ro de junio de 1810, Ibídem, pp. 166-181.

[46] Contestación del Ayuntamiento de Coro, 19 de junio de 1810, BLANCO Y AZPÚRUA, Documentos para la vida pública del Libertador, tomo II, p. 491.

[47] El Illmo. Señor Milanés al Ayuntamiento de Caracas, 30 de julio de 1810, en SILVA, Antonio Ramón. Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida, Mérida, Imprenta Diocesana, 1911, tomo II, pp. 240-241.

[48] El marqués del Toro al señor Secretario de Guerra, 8 de diciembre de 1810, Gaceta de Caracas, 18 de diciembre de 1810. Los detalles del intercambio epistolar, de la campaña y de su resultado están analizados en QUINTERO, Inés. El marquesado del toro. Nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela, Caracas, Facultad de Humanidades y Educación, Academia Nacional de la Historia, 2009.

[49] El proceso de reconocimiento y tramitación de la erección de la provincia de Coro ante las instancias de la monarquía resulta largo y complejo por los enfrentamientos entre las autoridades  de la monarquía en Venezuela, las tensiones entre la autoridad de Ceballos en Coro y la de Domingo de Monteverde, nuevo capitán general de Venezuela a partir de 1813. El proceso concluye finalmente en 1815 con la expedición de la Real Cédula del 19 de diciembre de 1815 con la incorporación a la provincia de Coro, de las ciudades de Barquisimeto, Carora, Tocuyo y San Felipe. Los pormenores de todo el proceso están referidos en el trabajo de LOVERA REYES, Elina. De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro 1810-1858, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2007, pp. 87-96

[50] El expediente completo de las instrucciones y peticiones de los comisionados del Cabildo de Coro se encuentra en el Archivo General de Indias, Audiencia de Caracas, 19 y ha sido trabajado in extenso en la obra de Elina Lovera ya citada., pp. 81-87

[51] Santiago Hernández Milanes, Obispo de Mérida de Maracaibo. “A propósito de los acontecimientos del 19 de Abril en Caracas”, 19 de mayo de 1810, en  SILVA, Antonio Ramón. Documentos para la Historia de la Diócesis de Mérida,  tomo II, p. 230

[52] “Fidelidad al Soberano”; 7 de julio de 1810, Ibídem, p. 233.

[53] “Excitación a la paz” 11 de julio de 1810, Ibídem, p. 234

[54] “Acta de formación de la Junta Soberana de Gobierno, Mérida, 16 de septiembre. En MARTÍNEZ GARNICA, Armando  y QUINTERO, Inés (editores).  Actas de formación de juntas y declaraciones de independencia (1809-1822). Reales Audiencias de Quito, Caracas y Santa Fe, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2008, Vol. I, pp. 215-217.

[55] “Manifiesto dirigido a los pueblos por la Superior Junta de Mérida” 25 de septiembre de 1810, Ibídem, p. 219.

[56]  Ibídem, p. 221

[57] Ibídem,  p. 222

[58] PORTILLO, José María. Crisis Atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Madrid, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, 2006

ines.quintero@analitica.com

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Inés Quintero

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