Cuando Hugo Chávez me habló por primera vez de su idea de una Asamblea Constituyente, lo escuché con frío escepticismo. Lo complejo de la proposición, lo vago de su modelo constitucional y lo imposible de su materialización legal, me hacían verla como una quimera de escaso valor electoral. La idea de una Asamblea Constituyente como medio para salir del corrupto marasmo en el cual había caído Venezuela, había sido propuesta a fines del 89 por un grupo llamado "Frente Patriótico" en el cual, si mal no recuerdo, estaban Juan Liscano, Luis Miquilena, Manuel Quijada, Manuel Alfredo Rodríguez, Nedo Paniz, Carlos Fermín y algunos más. Aquel "Frente Patriótico" decía que una Asamblea Constituyente era para fundar una "Nueva República", y como yo había publicado mi libro Proyecto Nueva República en 1988, alguien me envió a New Hampshire, donde yo estaba viviendo entonces, dos o tres documentos breves y bien pensados, titulados "Tres décadas de frustraciones". En ellos se hablaba de referéndum consultivo y se explicaba lo que era una Asamblea Constituyente, que en opinión del "Frente Patriótico" era la única manera de reestructurar la decadente democracia. Los leí con escéptico interés, ya que el referéndum consultivo no existía en la legislación venezolana y la figura Constituyente no figuraba como medio para la reforma de la Constitución. Por ello, y en vista de las conocidas aficiones conspirativas de algunos de los del grupo, lo interpreté como un proyecto que podía ser útil para la formación de una Asamblea Constituyente en el caso de producirse el derrocamiento del gobierno de Pérez. En ese caso, la Constituyente sí era la vía para legitimar a un gobierno de facto y sentar las bases constitucionales según el modelo de Estado de quienes hubieran hecho la revolución, como se ha hecho siempre. Hasta donde yo pude saber, el curso del "Frente Patriótico" se enlazó con el del movimiento de los llamados "notables", pues los documentos producidos por éstos eran o parecían ser la continuación de los de aquéllos. Paralelo a ello, en aquellos años estaba en marcha una lenta, apática y aburrida Comisión de Reforma Constitucional, encabezada por el senador Rafael Caldera, que por fin produjo un Proyecto de Reforma en el cual se introducía la figura del referéndum consultivo, pero que no pasó del papel donde estaba escrito. En febrero de 1992 se produjo la rebelión militar encabezada por Hugo Chávez, que desestabilizó al gobierno de Pérez, llevó a su destitución y a la elección de Rafael Caldera en diciembre de 1993. En 1994 Hugo Chávez salió de la cárcel de Yare con su idea constituyente en la cabeza.

La propuesta constituyente El título VI de la Ley del Sufragio y Participación Política, aprobada en diciembre de 1997, instituyó el referéndum consultivo. Un rayo de esperanza se proyectó sobre la proposición constituyente de Chávez, que para ese momento era su bandera electoral. A partir de allí me entusiasmé con la proposición y la hice mía sin reservas. Pensaba y sigo pensando sin la menor duda que el único medio y la última esperanza de cambiar el sistema en paz es por medio de una Constituyente, pues la Ley del Sufragio permitía "consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional". A partir de allí, el argumento de Chávez era tan sencillo como rotundo: si la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, una consulta al pueblo soberano para formar una Asamblea Constituyente es válida y democrática. Los que discrepaban y decían que ese raciocinio era jurídicamente endeble, no entendían que su lógica política era abrumadora y su poder electoral arrollador. Seis años habían pasado desde el día que la rebelión militar de Chávez había sacado a los personeros del sistema de la fatua ilusión de su perpetuidad, y sin embargo, no se había hecho nada para reformar nada. Caldera, redactor de la reforma constitucional del 92, había sido elegido Presidente en el 93, pero no había movido un dedo para realizar la reforma. Para 1998, la mayoría de los venezolanos querían un cambio real, no palabras, ni promesas de cambio. "Constituyente" se hizo sinónimo de cambio. Quienes se le oponían, se vieron arrinconados a defender lo indefendible. Todos los candidatos, desde Alfaro Ucero hasta Muñoz León, hablaban de cambio. Pero el único que ofrecía una Constituyente, capaz de hacer un cambio real y radical, era Chávez. La Constituyente se convirtió en la más polémica y poderosa proposición política de los últimos 40 años, acaso igual a la Federal del siglo pasado. Ríos de tinta, mares de papel y horas de medios audiovisuales se gastaron en rebatir con sutilezas legales algo que no aceptaba sutilezas: la necesidad de cambiar un sistema decrépito, corrupto, parasitario e históricamente fracasado. A comienzos de 1998, Chávez andaba en cuarto o quinto lugar en las encuestas, con ocho puntos de la intención de voto. Irene Sáez bordeaba los 50 puntos. Para mediados del año, Chávez y Salas Romer abarcaban las tres cuartas partes de la intención de voto. Su diferencia era la proposición Constituyente. Salas, que había maniobrado con gran habilidad, había logrado proyectarse como un candidato antisistema. Pero incurrió en el primero de sus dos errores fatales: se opuso a la idea constituyente, intentó ridiculizarla, degradó con ello su mensaje y el país lo vio coincidiendo con quienes la combatían.

Dos retos

La idea constituyente me sedujo y la hice mía con pasión. Cuando me puse a estudiar la cuestión en sus detalles, me preocupaba la necesidad de que, en algún momento, el rompimiento del hilo constitucional, en lo que yo llamaba el "hecho revolucionario", parecía inevitable. En una conferencia en la Universidad de Carabobo, en la cual coincidí como ponente con Javier Elechiguerra y Ricardo Combellas, escuché con interés su proposición de reformar la Constitución para incluir la Constituyente como uno de los medios de su reforma y evitar los serios traumas que la otra vía podía traer. La idea tenía ventajas y desventajas. Su mayor desventaja era la desconfianza en la voluntad reformista de quienes no habían reformado nada en 30 años y la sospecha de que era una maniobra dilatoria u obstruccionista. Por ello sostuve, después del 6 de diciembre, que el lenguaje de los partidarios de la idea constituyente debía seguir siendo fuerte y claro, para no dejar ninguna duda acerca de nuestra intención de llevarla a cabo a todo costo. Chávez se mantuvo firme y claro en su convicción de que no era necesario reformar la Constitución para realizar el referéndum consultivo. Pero el día de su investidura como presidente electo en el CNE, retó al Congreso a ejercer su derecho a convocar el referéndum, pues, en caso de no hacerlo, él lo haría el 15 de febrero en Ciudad Bolívar, aniversario del Congreso de Angostura. Cuando escuché eso, pensé que no había captado la importancia que tiene el hecho de que quien convoca, formula la pregunta. Y en la pregunta está el corazón de la proposición. No me equivoqué. Pero quizás aturdidos por el catastrófico fin de las elecciones, los partidos del sistema no cayeron en cuenta de la ventaja que ese reto les daba. Por ese lado nadie había estudiado la Ley, no vieron la ventaja y se dedicaron a insistir en la necesidad de la reforma constitucional para hacer la Constituyente.

El 19 de enero, ese último muro se les vino al suelo. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia interpretó el Preámbulo y los artículos 4 y 50 de la Constitución en relación con el artículo 181 de la Ley del Sufragio, en la misma forma como lo habíamos venido haciendo desde el comienzo, y sentenció que sí se podía consultar al soberano en los términos de la Ley, para formar una Asamblea Constituyente. Esto abría la posibilidad a un hecho histórico sin precedentes: una Asamblea Constituyente en paz, que no fuera la imposición de los vencedores sobre los vencidos. Paradójicamente, esta victoria creaba una situación nueva, pues una Asamblea Constituyente de jure tiene más complejidades que una de facto. Ahora, la convocatoria al referéndum y todo el trabajo de la Asamblea Constituyente, podían y debían hacerse dentro del marco de la normativa legal y constitucional bajo la cual ella sería elegida. La Constitución de 1961 seguiría con plena vigencia mientras la Asamblea no aprobase una nueva Constitución y ésta fuese aprobada en un referéndum. Sin duda, la nueva Constitución derogaría a la "moribunda" en los términos que ella estableciera, con las disposiciones transitorias que fueran necesarias para ello. Pero eso sólo sucedería después que la nueva Constitución fuese aprobada por referéndum. Hasta ese momento, todo seguiría igual.

Por otra parte, para la redacción de una nueva Constitución, la Asamblea Constituyente no tendría otra limitación que las explícitas o implícitas en la pregunta del referéndum consultivo de su convocatoria. De allí la enorme importancia de la pregunta, pues por donde se la mire, la pregunta del referéndum es el mandato de la Constituyente. El mismo mandato que los gobiernos de facto le hacen a sus constituyentes. Si la pregunta es vaga e ilimitada, el mandato será vago e ilimitado. Si la pregunta es precisa en cuanto a los fundamentos del modelo de Estado constitucional que propone quien formula la pregunta, esos serán los límites de la Asamblea. Por último, el "hecho revolucionario" que yo pensaba se habría de producir antes, se produciría cuando el pueblo soberano aprobase la nueva Constitución. Ni un minuto antes. Hasta ese momento, la moribunda Constitución de 1961, injustamente convertida en la bete noire del proceso electoral, estaría viva. Este era el reto que las sentencias le lanzaron a Chávez.

El mamarracho

Las sentencias fueron celebradas y aplaudidas por el presidente electo Hugo Chávez, quien, con legítimo orgullo, le entregó copia al presidente Clinton. A pesar de ello, las sentencias no fueron comprendidas por el presidente Chávez. Su espíritu y su letra han sido groseramente violadas por el Decreto que yo he calificado de "mamarracho", con toda la intención de que ese calificativo exprese lo que esa palabra significa en el Diccionario de la Real Academia: "Figura defectuosa y ridícula"... "cosa imperfecta, ridícula y extravagante". Lo digo con dolor y con rabia. Lo que pudo haber sido la magnífica culminación de un admirable esfuerzo político, desembocó en ¡un mamarracho! que ha causado alarma y desconcierto. Lo que pudo empezar con un llamado firme pero generoso, abierto, conciliador y positivo como el que hizo Bolívar en 1819, para que todos reconstruyamos la república que es de todos, se convirtió en un artificio de engaño y simulación inaceptable. La "exposición de motivos" del Decreto aparenta ser un agregado indigesto de lugares comunes y clichés demagógicos sin la concatenación lógica del raciocinio que debería fundamentar legalmente y justificar racionalmente un Decreto de tamaña importancia. Sin embargo, lo intelectualmente deleznable de sus cantinfladas no deben hacer a que se les aparte sin un cuidadoso examen, pues con ello, lo que es su verdadera intención pasaría desapercibido. Y esa es su primera intención. Que su verdadera intención pase desapercibida. Que todos se concentren en la segunda pregunta, cuando la verdaderamente importante y la más peligrosa es la primera, encadenada a la "exposición de motivos". El cuidadoso examen del Decreto revela que el propósito de la absurdidez de su disfraz es el ocultamiento de un propósito real muy distinto del aparente de la consulta para convocar una Asamblea Constituyente y la redacción de una Constitución democrática, respetuosa de los Derechos Humanos. Por eso es que insisto y repito que cada una de sus palabras deben ser cuidadosamente examinadas. En ese examen, los indicios de su intención se hacen evidentes y se diferencian del propósito aparente del objeto de consultar la voluntad del país para elegir una Asamblea Constituyente.

Los motivos expuestos por el decretante empiezan confundiendo "sistema político" (que es una cosa) con "régimen" (que es otra), cuando afirma en sus primeras palabras que el "sistema político venezolano está en crisis" y que "las instituciones han sufrido un acelerado proceso de deslegitimación", lo cual objetivamente pocos se atreverían negar. De allí se pasa a decir que, a pesar de la crisis y la deslegitimación institucional, "los beneficiarios del régimen", que según afirma, se caracteriza por la "exclusión de las grandes mayorías", han "bloqueado en forma permanente los cambios exigidos por el pueblo". De este confuso y deleznable sofisma, que se presenta como su base argumental, la exposición de motivos pasa a afirmar que como consecuencia de esa "conducta" (la cual debe presumirse es el "bloqueo" a los cambios), las fuerzas populares "se han desatado". Y de allí se pasa a afirmar que las fuerzas populares "desatadas" sólo encontrarán su cauce en la convocatoria del "Poder Constituyente Originario" (en mayúsculas), lo cual se presume debe ser el objeto y propósito del Decreto. Pero no lo es. Le sigue un "además" que dice textualmente que "la consolidación del Estado de Derecho exige de una base jurídica que permita la práctica de una Democracia Social y Participativa".

La resurrección de la moribunda

Con este "además", la exposición de motivos revela su verdadera intención: no es la Constituyente ni una Constitución, sino la instalación de una "Democracia social y participativa" que nadie sabe qué es, ni en qué consiste su contenido "social" ni su índole "participativa". Hay base para sospechar que se está intentando instalar la tiranía despótica de una Asamblea de índole tumultuaria y arbitraria.

La relación que hay entre este "además", que parecería ser un agregado a la necesidad primaria de convocar al Poder Constituyente Originario para abrir cauce a las "fuerzas populares desatadas", y la primera pregunta, es directa: "¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?".

Esa no fue la propuesta Constituyente que yo hice mía. Eso no es más que un vulgar contrabando reformista para un propósito político que el que formula la pregunta no revela en su contenido ni en su intención. Una Asamblea Constituyente no crea ordenamientos jurídicos. Crea una Constitución. Nada más y nada menos. La ficción de su omnipotencia, por decirse representante de la soberanía absoluta, es un eco lejano y mal digerido de lecturas incompletas acerca de los más tristes y trágicos episodios de la Revolución Francesa y de los peores excesos de los gobiernos de Asambleas tumultuarias. El Presidente está en la obligación legal, política y moral de hacer explícito lo que él entiende por ese ordenamiento jurídico, que según él, es necesario para que funcione efectivamente una Democracia Social y Participativa.

Además de esto, con este Decreto, Hugo Chávez violó la Ley que establece un referendo consultivo y la interpretó como si fuera una consulta plebiscitaria, a pesar de que esto quedó expresamente excluido con la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 19 de enero. Y como si esto fuera poco, el Decreto, que proclama como su propósito consolidar el Estado de Derecho, viola el principio de la legalidad cardinal del Estado de Derecho, a pesar de que esté consagrado en el artículo 117 de la moribunda Constitución vigente.

No me importa que me acusen de haber sido ingenuo y crédulo de lo que ayer no vi. Sí me importa que me acusen de ser cómplice de lo que hoy veo con pasmosa claridad. El camino del presidente Hugo Chávez es claro: se quiere instalar un sistema plebiscitario, que en la mayoría de sus manifestaciones a lo largo de la historia ha servido para legitimar autocracias tiránicas, inhumanas y brutales, como el bonapartismo en el siglo pasado y el fascismo y el nazismo en el presente. Hoy, yo no tengo la menor duda de lo que Hugo Chávez quiere. Y lo que él quiere no coincide con lo que yo creía que él quería. Y quiero pensar que tampoco coincide con lo que la mayoría de quienes votaron por Chávez creían. Ahora, hay que darle vida a la moribunda para derrotar al mamarracho. Se puede. Lo único que se necesita es valor. Veremos si queda algo de eso en la tierra que parió a Bolívar.