Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado

Juan Carlos Rey
Profesor Titular y Director de la Unidad de Ciencia Política de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)

Julio de 2002

Documentos sobre los sucesos de abril de 2002 en Venezuela

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999

Introducción

En las discusiones que se desarrollan en Venezuela, sobre si la interrupción del orden constitucional que ocurrió entre el 11 y el 14 de abril fue o no un golpe de Estado, se mezclan y confunden tres tipos de controversias: una controversia puramente verbal, sobre el significado de la expresión golpe de Estado; una controversia de naturaleza empírica, sobre cuáles fueron los hechos que realmente ocurrieron en esos días; y una controversia ética o si se prefiere ideológica, que tiene que ver con nuestra actitud de aprobación o de censura de tales hechos. La primera controversia es relativamente banal y puede ser fácilmente resuelta si adoptamos una definición nominalista de esa expresión, entendida como un rótulo breve y arbitrario cuya función es sintetizar la exposición de los hechos. La segunda controversia es algo más complicada pero, afortunadamente, no necesitamos esperar los resultados de la Comisión Política de la Asamblea Nacional que investiga los hechos de aquellos días, pues conocemos lo suficiente como para que podamos calificar tales acontecimientos. En cuanto a la tercera controversia, es sin duda la más importante y la más difícil de resolver, pues envuelve juicios de valor. El especialista en Ciencia Política puede intentar contribuir a solucionar las controversias verbales y empíricas sobre los golpes de Estado, pero no posee ninguna competencia profesional para la resolución de las disputas éticas o ideológicas. Creo, sin embargo, que un intento de argumentación y crítica racional no resultará inútil para esclarecer estas últimas.

Una primera dificultad se debe a que, a diferencia de lo que ocurre con los términos que utilizamos para describir el mundo natural, muchos de los que empleamos en la política no tienen solamente un significado concreto descriptivo o empírico, sino que poseen también un sentido prescriptivo y emotivo, sea favorable o adverso. De manera que, por ejemplo, cuando calificamos un régimen como democracia o, por el contrario, como tiranía, no pretendemos solamente —a veces ni siquiera— describir ciertos rasgos empíricos, sino que tratamos de manifestar nuestro sentimiento de aprobación o desaprobación respecto a los mismos e intentamos suscitar sentimientos análogos en quienes nos escuchan. Algo parecido ocurre con la expresión golpe de Estado, que a su significado descriptivo original ha unido, al menos en la actual Venezuela, un sentido valorativo —o si se prefiere ético o ideológico— preponderantemente negativo o adverso. De manera que cuando se dice, de determinado acontecimiento, que constituye un golpe de Estado, se está formulando implícitamente una condena contra el mismo y un juicio de valor adverso. Lo cual nos explica que mientras quienes condenan los hechos que ocurrieron entre el 11 y el 14 de abril, afirman que constituyen un golpe de Estado, quienes los aprueban niegan tal calificación.

Creo que esa valoración adversa de los golpes de Estado, que predomina en Venezuela, proviene de dos fuentes ideológicamente muy distintas. Para los adeptos a un gobierno civil, constitucional y democrático, el golpe de Estado es reprobable porque significa la ruptura del orden constitucional con la irrupción violenta de los militares en la política. Pero también es condenable para los partidarios de una revolución popular de carácter socialista, para los cuales tales golpes son el resultado de una conspiración de las minorías, que no pretenden sino cambiar las camarillas gobernantes. Lo cual no impide que unos y otros no tengan inconvenientes en practicar, de vez en cuando, golpes de Estados, pero sin reconocerlos como tales y disfrazándolos con nombres tales como rebelión popular, vacío constitucional de poder, etc.

Evolución del concepto

El interés de explorar la historia del concepto golpe de Estado no tiene nada que ver con la mera erudición. Ocurre que, actualmente, en ese concepto se superponen varios significados correspondientes a diversas épocas y solo un ojeada histórica nos puede explicar tal superposición.

La expresión golpe de Estado (coup d’État), tuvo sus orígenes en el siglo XVII en Francia, durante la monarquía absoluta y desde allí se extendió a otros países, manteniendo un significado bastante preciso hasta comienzos del siglo XIX. Tal concepto formaba parte de la teoría de la razón de Estado y la expresión golpe de Estado se usaba para referirse a ciertas medidas extraordinarias y violentas, que el poder público (el monarca o su ministro de confianza) tomaba en forma sorpresiva e inesperada, sin respetar el derecho común ni la legislación ordinaria y violando la moral tradicional, cuando consideraba que tales medidas eran necesarias por existir amenazas a la seguridad del Estado o por el bien o la utilidad pública que de ellas se derivarían [1]. Se debe subrayar que en sus orígenes los golpes de Estado no tienen por objeto, como ocurrirá posteriormente, la sustitución de quien ocupa el gobierno, pues era este precisamente el que iba a ser el autor de tales medidas: eran un instrumento del que se valía el gobernante para desembarazarse de sus enemigos o, en general, de cualquier obstáculo al ejercicio de su poder. De modo que los llamados autogolpes, de moda reciente en América Latina, representan una recuperación de ese significado original.

Gran parte de ese significado se conserva con el advenimiento del moderno Estado constitucional: el golpe de Estado sigue siendo obra del gobernante, pero ahora, cuando existe la división de poderes, el autor es el Ejecutivo. El pretexto para darlo continúa siendo el resguardo de la seguridad del Estado o el bien y utilidad pública. La forma será un cambio violento de la Constitución, especialmente violando la división de poderes, de modo que el Ejecutivo va a desconocer y se va a apropiar de las facultades que el texto constitucional atribuía al Legislativo. Pero, como se verá cada vez más claro a medida que transcurre el siglo XIX, será sobre todo una parte escogida del Ejecutivo, las fuerzas armadas, las que estarán en posición ideal para practicar con éxito tales golpes, desplazando al gobierno civil y sustituyéndolo por otro militar. La expresión golpe de Estado se va a asociar preferentemente con la acción de los militares que se apoderan del gobierno o que prestan su apoyo a quien ocupa el Ejecutivo para asumir, violentado la Constitución, poderes que esta no le otorga.

La aparición de la Técnica del Golpe de Estado (1931) de Curzio Malaparte, marca una nueva etapa en el desarrollo del concepto. Ahora se reconoce que también pueden ser autores del golpe de Estado personas o grupos que, aunque no pertenecen al aparato estatal (pues pueden provenir de la oposición, como es el caso de los comunistas, los fascistas y los nazis), se apoderan del gobierno, mediante una acción audaz, repentina y mediante el empleo de una técnica que se caracteriza por el uso de la sorpresa y que reduce al mínimo el tamaño y la intensidad de la confrontación armada. Esta última característica permite diferenciar radicalmente el golpe de Estado, tanto de la guerra civil como de la insurrección revolucionaria [2].

Hoy en día la locución golpe de Estado, se ha convertido en un expresión genérica que se usa para referirse a cualquiera de los métodos ilegales para sustituir a un gobierno, mediante el uso o la amenaza de la violencia y que son distintos de la guerra civil y de la revolución [3]. En los últimos años, especialmente en América Latina, han proliferado los llamados autogolpes, en la forma que antes expliqué [4].

Los golpes frente a otras formas de intervención de los militares en la política

De acuerdo a un modelo ideal, las fuerzas armadas nunca tendrían que intervenir en política, pues deberían comportarse como instrumentos fieles y obedientes al gobierno civil, al que estarían subordinadas completa e incondicionalmente. La violación extrema y más flagrante de esa norma ideal ocurre con el típico golpe de Estado, en que las fuerzas armadas intervienen abierta y violentamente, derrocando al gobierno civil y estableciendo en su lugar un gobierno militar. Se trata de los típicos golpes de Estado. Pero frecuentemente los modos de intervención de los militares en la política son latentes e indirectos y su nivel de intervención no llega a suplantar en todas las ocasiones al poder civil (Finer 1964:4). De modo que sin llegar al golpe de Estado extremo y típico, hay una amplia variedad de posibles intervenciones militares ilegítimas.

Finer (1964:86-87) ha distinguido cuatro niveles de intervención de los militares en la política, de los cuales solo el primero puede considerarse como legal y legítimo, en una democracia constitucional y que van subiendo en magnitud hasta culminar en el golpe de Estado propiamente dicho. El primer nivel de intervención es la presión, a través de la cual los militares tratan de influir en la política que debe adoptar el Estado. No existe ningún país en el que los militares sean totalmente pasivos en esa materia, pues al igual que los otros sectores de la burocracia estatal participan en la elaboración de las políticas que les conciernen dando su opinión y colaborado con la elaboración de diversos proyectos y propuestas. De modo que incluso en los países más democráticos y con tradiciones de gobiernos civiles plenamente consolidados, los militares tratan de «presionar» para que se adopten las políticas que corresponden a sus preferencias, usando para ello argumentos basados en la razón o mediante llamamientos a las emociones. Lo cual es perfectamente constitucional y legal, siempre que se haga a través de los procedimientos y canales regulares y con pleno sometimiento a la autoridad civil, que es a la que, en definitiva, corresponde tomar la decisión.

Pero, en un segundo nivel de intervención, es posible que los militares acompañen sus proposiciones y consejos con amenazas de una sanción al gobierno civil, en caso de no ser complacidos. Con lo cual se traspasa el límite de las presiones legítimas y se ingresa en el terreno ilegítimo de la extorsión o del chantaje. Es difícil establecer el limite preciso entre lo legal y lo ilegal, entre la advertencia y la amenaza, entre la presión lícita y la extorsión ilegítima, especialmente cuando muchas amenazas pueden ser tácitas o indirectas pero, pese a las dificultades, sin duda tal límite existe. Finer ha señalado la extensa variedad de actos de los militares frente al gobierno, que pueden incluir acciones tales como la amenaza de dimitir o de retirarle el apoyo; el anuncio público de su desacuerdo; la crítica pública; el rehusarse a ejecutar sus órdenes; y la amenaza de levantarse en armas (Finer 1964:141-148). Y cualquiera que haya examinado las actuaciones y declaraciones públicas de muchos de los altos militares venezolanos el día 11 de abril, podrá elaborar un catálogo difícilmente superable en variedad y riqueza, que traspasa frecuentemente los límites de la presión legítima para caer en el chantaje o la extorsión. En todo caso, cuando la extorsión sistemática tiene éxito, las fuerzas armadas pueden estar gobernando en forma oculta, sin necesidad de desplazar al gobernante, por lo que podríamos hablar de un golpe de Estado tácito.

El tercer nivel de intervención se da cuando las fuerzas armadas, mediante la violencia o la amenaza de la violencia, desplazan a un gobierno civil para sustituirlo por otro gobierno también civil. Como veremos más tarde, un ejemplo patente de este nivel de intervención fue la captura y privación de libertad del presidente Chávez [5], seguida de la instauración del gobierno interino de Carmona.

El cuarto nivel de intervención, se produce cuando los militares, mediante el uso o la amenaza de la violencia, suplantan al gobierno civil para sustituirlo por otro militar. Se trata de la forma de intervención más descarada y difícil de justificar, por lo cual suele ser frecuente que se la trate de dulcificar, constituyendo, para sustituir al gobierno civil derrocado, una junta cívico-militar. Tal ocurrió en Venezuela con los golpes exitosos del 18 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1958; pero no así con el golpe contra el presidente Gallegos del 24 de noviembre de 1948, quien fue sustituido por una junta de gobierno completamente militar. Por la información de que disponemos, en los dos golpes de Estado frustrados de 1992, los militares tenían prevista, en caso de triunfar, la constitución de una junta a la que se integrarían algunos elementos civiles.

La intervención de los militares en la política en la Venezuela contemporánea

El principio general de la no intervención de los militares en la política y su subordinación al poder civil, era reconocido por el Derecho constitucional venezolano anterior a 1999. Todas las constituciones venezolanas desde la de 1830 hasta la de 1961, con la única excepción de la de Constitución perezjimenista de 1953, contenía la norma según la cual las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes; y las Constituciones de 1947, 1953 y 1961 afirmaban, además, que dichas Fuerzas eran apolíticas [6]. Pero es evidente que la intervención de los militares en la política no depende de normas constitucionales sino de las tradiciones históricas y la cultura política real del país. Por otra parte, frente a la creencia tradicional, que consideraba que en América Latina existía una incompatibilidad absoluta entre la intervención de los militares en política y la democracia (Lieuwen 1964), se vio que los militares podían ser un instrumento no solo de modernización sino incluso de democratización (Johnson 1964). Limitando nuestro examen al siglo XX, en el caso de Venezuela, en dos ocasiones (el 18 de octubre de 1945 y 23 de enero de 1958) un golpe militar contra la autoridad constituida inició un proceso de democratización. Estas experiencias históricas podrían explicar por qué la cultura política venezolana no mantiene una actitud totalmente negativa ante las eventuales intervenciones de los militares en la política, pues en situaciones en que están cerradas las vías de la democracia representativa, un golpe de Estado puede ser el instrumento para abrirlas. Sin embargo, si están funcionando instituciones democráticas, resulta difícil imaginar que se justifique acudir a tal tipo de medidas.

Ahora bien, resulta desconcertante y a la vez inquietante que, de acuerdo con la cultura política desarrollada en la democracia venezolana, una gran parte de la población considera legítima la intervención de los militares en la política, frente al gobierno legalmente constituido, en varias circunstancias. Aunque tenemos muy escasa información empírica sobre la materia, la poca de que disponemos es interesante, a la vez que muy preocupante, pues nos indica que una mayoría de la población venezolana, en plena democracia, consideraba legítima la intervención de las fuerzas armadas en la política para respaldar la voluntad popular en caso de que los militares consideren que el gobierno no responde a las aspiraciones del pueblo o que no cumple con la constitución [7]. Sabemos, además, que en los dos golpes de Estado fallidos de 1992, sus autores trataron de justificarlos afirmando que al insurgir contra el gobierno electo estaban obrando legítimamente, pues lo hacían en defensa de los derechos del pueblo que habían sido traicionados por el gobierno y como encargados de la custodia de la constitución [8].

¿Cuáles son las razones que explican que una parte importante de la población venezolana, en plena democracia, haya considerado admisible que los militares intervengan en política?

La crisis de la democracia representativa venezolana

En términos muy generales, hay que buscar la respuesta en la crisis de lo que se ha llamado el puntofijismo —y que yo prefiero llamar crisis del sistema populista de conciliación— que poco a poco fue afectando al sistema político que se instauró en 1958 [9] y, más específicamente, en la crisis de la representatividad y de la responsabilidad democrática que ha sufrido dicho sistema. Resumiéndolo mucho, creo que el problema consiste en lo siguiente.

Debido a razones históricas y culturales diversas, que aquí no podemos tratar, durante todo el siglo XX los venezolanos pusieron grandes esperanzas en la acción del gobierno como el medio capaz de resolver muchos de sus problemas y necesidades. Desde los orígenes del sistema democrático, en 1958, la mayoría de los ciudadanos creyeron que el voto era la herramienta adecuada para hacer que el gobierno se interesase en tales problemas y pusieron sus esperanzas en tal instrumento y en la competencia electoral entre partidos, como los recursos idóneos para su mejoramiento y progreso, tanto colectivo como personal. Pero, poco a poco, se fue generando un sentimiento creciente de que los diferentes gobiernos eran incapaces de responder a los deseos y demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo se desarrolló en estos una sensación de que eran impotentes para influir en las decisiones gubernamentales, dando lugar a una progresiva frustración y abstención electoral.

La crisis a la que acabamos de aludir, se inicio desde finales de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez y se desarrolló al principio en gran parte en forma latente o larvada, pero estalló en forma espectacular al inicio de su segunda presidencia, con el Caracazo del 27 de febrero de 1989 y las constantes movilizaciones de protesta que le siguieron y que prepararon al ambiente para los dos intentos de golpe de 1992 [10].

El sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa, que era común en muchos ciudadanos, se concentró en un rechazo de los partidos y de los políticos profesionales. Se acusó a los partidos de estar controlados por políticos profesionales, que después de ganar las elecciones actuaban exclusivamente en su provecho personal, sin preocuparse por sus electores y se propusieron, aunque con poco éxito, reformas electorales tendientes a corregir o incluso a eliminar la mediatización de los partidos, por ejemplo, mediante la personalización del sufragio y la eliminación de la representación proporcional. Inclusive se elaboraron, aunque no fueron aprobadas, propuestas de reformas constitucionales que incluían mecanismo de democracia directa, con una gran variedad de referendums de todo tipo, que superaban en mucho los conocidos en cualquier otro país. La introducción de un referéndum revocatorio (recall) para el presidente en funciones, fue uno de los instrumentos con los que se quiso superar la crisis durante la segunda presidencia de Pérez. Fracasado tal intento y habiendo sobrevivido el presidente a los dos golpes de Estado de 1992, finalmente fue destituido de su cargo mediante un procedimiento judicial, aparentemente legal, que en realidad era un juicio político, aunque bajo la forma de un proceso penal [11].

En general, puede decirse que las elecciones relativamente frecuentes, sobre todo en un sistema parlamentario en el que existen las posibilidades de voto de censura, disolución del parlamento y convocatoria a nuevas elecciones, pueden ser un instrumento ideal para satisfacer a los electores, pues el propio interés en ser reelegidos y conservar el cargo, impulsará a los representantes a cumplir sus promesas electorales. Pero, en un sistema presidencialista, como el venezolano, la cuestión es más difícil, no solo por la imposibilidad de celebrar nuevas elecciones hasta que no se haya cumplido el periodo para el que fue elegido el Jefe de Estado, sino por la prohibición de reelección inmediata del presidente, que existía en la Constitución de 1961; a lo que había que unir la práctica habitual de los partidos de liberar de la disciplina partidista a quienes eran elegidos como Presidente. Así, el Jefe del Estado no respondía ante sus electores, pues no podía presentarse a la reelección, pero tampoco respondía frente a su partido, que lo había liberado de disciplina, de modo que, al igual que los déspotas clásicos, solo respondía ante Dios, ante su conciencia y ante la historia; o lo que es lo mismo: en la práctica era irresponsable. De modo que, a falta de otros recursos, el golpe de Estado pudo parecer a algunos un remedio extremo, pero tentador, para librarse de un presidente que no cumplía con sus responsabilidades.

Cuando somos testigos de un derrumbe del sistema representativo, como el que experimentó Venezuela, se impone indagar acerca de sus causas. Se suele decir, con razón, que sin partidos políticos no es posible que funcione una democracia. Pero no es menos cierto que con partidos con las característica que tenían los venezolanos, durante los años finales del puntofijismo, tampoco es posible dicho funcionamiento. La insatisfacción de muchos ciudadanos se centró en criticar a los políticos profesionales y a la «partidocracia», con la creencia ingenua de que si se eliminaban estos dos males, la democracia iba finalmente a funcionar. Faltó, en cambio, la necesaria reflexión sobre cuáles son las condiciones necesarias para que bajo un sistema de democracia representativa pueda asegurarse que funcione la responsabilidad política, de forma que los representantes actúen en el mejor interés del pueblo que los ha elegido. La democracia representativa no garantiza, ciertamente, que los elegidos vayan a estar dotados de virtudes especiales que los hagan especialmente aptos para sus tareas. Su ventaja única, frente a otras formas de gobierno, es que gracias al funcionamiento de mecanismos tales como elecciones libres y partidos responsables que compiten por el poder, es el sistema que más garantiza que el gobierno que resulte electo estará interesado (por su propia conveniencia y no por sus virtudes morales especiales) en satisfacer los deseos de los electores. Pero en Venezuela faltaron dos condiciones básicas para que se diera ese resultado: democracia interna de los partidos y una libre competencia entre ellos. Los partidos eran reductos controlados por oligarquías, que impedían que la intervención de la base asegurase su responsabilidad, presionando para el cumplimiento de los objetivos y ofertas electorales; y la existencia de un duopolio partidista, impedía que eventuales outsiders desafiaran a AD y a Copei, disputándoles el triunfo electoral. Pero no solo fallaron los principales partidos, negándose obstinadamente a introducir las reformas que corrigieran tales aberraciones; sino que también fallaron la mayoría de los ciudadanos que no pertenecían a partidos, pues en vez de estar interesados en la mejora de los mismos, a lo que aspiraban, más bien, era a que los partidos desaparecieran de la escena política. Se creó, así, un ambiente político general hostil a los partidos y a los políticos profesionales, en el que se realzaba el papel de las personalidades sin partido, de los grandes grupos de presión, de la Iglesia, de los mass media y de los militares, creyendo que tales actores podían sustituir con ventaja a los desprestigiados partidos políticos. Pero el tipo de democracia que cabe esperar, cuando esta clase de actores sustituyen a los partidos y a los políticos profesionales, es la que el país pudo apreciar con el gobierno provisional instaurado el 12 de abril.

Los motivos de la intervención militar: profesionalidad e interés nacional

Desde 1958, la política de los gobiernos democráticos en materia militar tuvo como objetivo primordial evitar, por todos los medios, que se volviera a repetir un golpe de Estado como el que se produjo en 1948, que derrocó al gobierno civil y dio lugar a más de nueve años de dictadura militar. Para ello se desarrollaron dos políticas distintas, que a la larga iban a entrar en contradicción. Por una parte, se emprendió una política tendientes a aumentar y mejorar la profesionalidad de las fuerzas armadas, bajo la idea de que ese era el medio más seguro de asegurar, a la larga, la no intervención de los militares en la política y su obediencia a la autoridad civil (Huntington 1957). Pero, por otra parte, se llevó a cabo otra política, concebida para tener efectos a corto plazo, destinada a reducir a un mínimo el poder de las fuerzas armadas para dar un golpe, aunque con ello se iba a disminuir su capacidad y efectividad inmediata para la defensa nacional. Tal era el caso de medidas como la concesión de una gran autonomía a cada una de las cuatro fuerzas y la eliminación del Estado Mayor Conjunto que, aparte de algunas consideraciones técnicas en que podían basarse, tenían el claro propósito dividir a esas fuerzas y privarlas de la unidad de mando, para obstaculizar de esta manera cualquier eventual golpe; o medidas como la rotación continua de los mandos militares y de pase a retiro prematuro de los oficiales, con el propósito de que no se desarrollen ni consolidasen liderazgos golpistas, pero con el inconveniente de perjudicar una adecuada especialización profesional. A tal tipo de política se unían los intentos de asegurar la lealtad de los militares hacia las autoridades civiles, a través del nepotismo, el compadrazgo y el favoritismo partidista en las promociones. Pero, a medida que se consolidaba la democracia y que aumentaba la profesionalidad de las fuerzas armadas, los dos tipos de políticas entraron en una contradicción cada vez mayor.

No hay que extrañarse, por tanto, que después de haber desaparecido de la escena pública, durante casi treinta años, la intervención de los militares en política haya reaparecido en 1992, cuando su profesionalidad había alcanzado grandes progresos.

En efecto, frente a la idea de Huntington (1957) —de que el profesionalidad de las fuerzas armadas es el principal fundamento que las lleva a no intervenir en política— Finer ha insistido en que cuando esa cualidad no está acompañada de un explícito reconocimiento de la supremacía de las autoridades civiles, el resultado puede llevar a un choque de los militares con tales autoridades, en vez de a su sometimiento (Finer 1964:24-25). Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en Venezuela.

Una de las consecuencias probables de la profesionalidad es a que los militares lleguen a diferenciar la comunidad nacional, entendida como corporación permanente, de los gobernantes temporales y a que se sientan sirvientes del Estado y no del gobierno de turno. Es evidente que en un país como Venezuela, que ha sufrido durante su historia constantes dictaduras personales, el desarrollo de una actitud antipersonalista e institucionalista, no solo en los militares sino en todos los sirvientes del Estado, ha sido muy importante para hacer posible la modernización y la democratización. En el siglo XX, un notable impulso en ese sentido ocurrió a partir de la muerte de Gómez, pero fue necesario renovarlo en 1958, a la caída de Pérez Jiménez, que había pretendido hacer de las fuerzas armadas servidoras incondicionales de su persona. Por otra parte, un presidente como Betancourt, consciente de las antiguas reservas que los militares tenían, desde el trienio 45-48, hacia su partido y hacia su persona, estaba muy interesado en subrayar el carácter institucional de las fuerzas armadas. Ahora bien, un desarrollo en este sentido, cuyas consecuencias positivas en la historia de Venezuela son evidentes, puede tener el efecto perverso de que las fuerzas armadas desarrollen su propia interpretación de lo que es el interés nacional, opuesta a la concepción del gobierno y traten de hacerla prevalecer frente a esta última.

Es común, en muchos países, que los militares crean poseer virtudes intelectuales y morales especiales, que les aseguran una identificación especial y única con el interés nacional y que les llevan a pensar que están en mejor posición que el gobierno para interpretar el contenido de dicho interés y para defenderlo (Finer 1962: 35). De tal forma que la intervención de los militares en la política toma frecuentemente la forma de tutela del interés nacional, tal y como los propios militares lo entienden, frente al gobierno. Esto les lleva a concebir su papel no solo como guardianes de la soberanía del país frente al extranjero, sino como custodios de los valores e intereses nacionales, asumiendo una función que recuerda al «poder moderador» que según el derecho político español se atribuía al rey (Finer 1962: 36). En el caso de Venezuela, que tiene una tradición constitucional y democrática relativamente larga, el interés nacional va a tomar la forma de interés del pueblo y de respeto a la constitucionalidad. Así, hemos visto que una parte importante de la opinión pública del país estaba dispuesta a admitir la intervención de los militares en la política como guardianes de los intereses del pueblo o de la Constitución, en el caso de que juzgaran que el gobierno traicionara esos intereses o violara el texto constitucional; y esos fueron los motivos que alegaron los protagonistas de los dos golpes de 1992, para justificar sus intentos fallidos.

La posición que ocupan las fuerzas armadas en la estructura institucional del Estado, fuera de la política partidista —y aun, según su opinión, «por encima» de la misma—, puede hacerles creer que son particularmente aptas para encarnar el interés nacional, concebido en forma unitaria y no fraccionado. En el caso de Venezuela hay que recordar que ha existido, desde los orígenes republicanos y a lo largo de toda su historia, una recia tradición anti-partido que se remonta a ciertas ideas de Simón Bolívar, que identifica a los partidos con los bandos o facciones que movidos por intereses egoístas provocan la desunión y amenazan con la guerra civil. Ahora bien, además de las peculiares virtudes intelectuales y morales que en la mayoría de los países se suelen atribuir a los militares, en el caso de Venezuela se añade el que se consideren albaceas del legado moral y del ideario del Libertador. Tomando como pretexto tales ideas se ha desarrollado un militarismo bolivariano antipartidista, que además de alimentarse del tradicional «culto a Bolívar», ha sabido aprovechar los fuertes sentimientos contra los partidos que se habían desarrollado en la opinión pública venezolana [12].

Uno de los factores que posiblemente ha podido contribuir a propiciar la intervención de los militares en la política de Venezuela, está relacionado con el aumento de su profesionalidad y tiene que ver con los cambios que se hicieron en desde 1971, en los estudios de la Academia Militar, aumentando sus exigencias y que llevó a que sus egresados no solo recibirían el título de subtenientes sino, al mismo tiempo, el de Licenciados en Ciencias y Artes Militares [13]. Hay que hacer notar que Chávez y sus compañeros de conspiración en el golpe del 92 fueron los primeros oficiales que recibieron estos dos títulos y que, en más de una ocasión, el actual Presidente ha comentado este hecho con orgullo, así como los choques que con ese motivo se produjeron con algunos viejos militares de superior jerarquía pero menos cultos. Pero junto al aumento de la autoestima de los militares, se produjo un crecimiento de su desprecio hacia los líderes civiles. Así, ya en 1982, en un manifiesto de un grupo de jóvenes militares que conspiraban a la vez que Chávez, se atacaba a los políticos, a los que se acusaba de ser hombres que habían perdido sus convicciones ideológicas, sus principios morales y su capacidad para ejercer la autoridad constitucional y se exaltaba, en cambio, la misión del militar por su «capacidad reformadora y crítica» y por «su voluntad, sacrifico, patriotismo e inteligencia para generar respuestas a las fallas estructurales del país, las cuales ya no pueden ser remediadas por los políticos que se han apropiado de las instituciones jurídicas y representativas de los poderes del Estado […] para su beneficio particular y grupal». Para concluir que es «dentro del seno militar en donde se encuentra la reserva moral del país y la vanguardia política para reeducar y reconducir a la Nación» [14]. Y si bien tales apreciaciones no se puede decir que representaban un punto de vista generalizado en las fuerzas armadas, sí expresaban la visión de algunos de los profesionales más jóvenes y capaces que habrían de ejercer una importante influencia sobre las mismas.

La autorización de la intervención de los militares en política

En la Constitución de 1999 los grupos que se dicen bolivarianos se empeñaron en eliminar (por cierto, con muy poco respeto hacia el Libertador [15]), la norma tradicional que consagraba el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su apoliticismo. Es muy posible que la intención de tales cambios fue legitimar a posteriori los alzamientos militares de 1992. Pero, en todo caso, la consecuencia de tal modificación constitucional es que con ella los militares no solo pueden votar, sino además participar en la política activa y deliberar, aunque tienen prohibidas las actividades partidistas o de proselitismo [16]. Esa eliminación, unida la nueva norma constitucional que establece que una de las funciones de los militares es participar en el desarrollo nacional, así como las repetidas declaraciones del Jefe de Estado en el sentido de que la Fuerza Armada ha de desempeñar un papel fundamental en la «revolución pacífica» que se propone realizar, nos anuncia la intención de que la institución armada desempeñe un papel que excede en mucho su rol profesional en los países democráticos. Se trata de un plan del Presidente para convertir a los oficiales en líderes de los proyectos de desarrollo social y popular y, en general, en instrumentos fundamentales —y no en simples custodios— de su revolución. Todo ello de acuerdo al esquema desarrollado por Norberto Ceresole (2000), en que las fuerzas armadas toman para sí el papel que correspondería al partido de gobierno, en tanto que este pasa a limitarse a un papel muy secundario de carácter puramente logístico. Pero si al principio el Presidente creyó que el cambio constitucional lo iba a favorecer, pues iba a permitir que los militares se pusieran abiertamente al servicio de su proyecto político, la experiencia ha demostrado que también se han producido efectos adversos, pues muchos militares han entendido que la autorización a participar en política también implicaba que podían actuar en política contra Chávez. En todo caso se ha abierto la posibilidad —altamente indeseable para todos, civiles y militares— de que la Fuerza Armada como corporación, o grupos de militares dentro de ella, participen en las polémicas políticas y que, antes de cumplir las órdenes que recibe del gobierno civil, delibere sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas y eventualmente las desobedezcan. Esto es lo que ocurrió cada vez con mas frecuencia, en los últimos tiempos, hasta culminar en los hechos que se desarrollaron a partir del pasado 11 de abril.

¿Renuncia o destitución del Presidente?

Para resolver la controversia sobre si el nombramiento de Carmona como presidente provisional para sustituir a Chávez, fue un golpe de Estado o la consecuencia de «un vacío constitucional de poder», es fundamental determinar algunos de los hechos que ocurrieron entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de abril. El argumento principal de quienes niegan la existencia de un golpe de Estado consiste en afirmar que el Presidente renunció a su cargo voluntariamente, pues aunque pudo tomar tal decisión presionado por la manifestación popular del 11 y atendiendo a los argumentos y razones que le prestaron aquella noche los militares con los que negoció, se trataría de un conjunto de presiones lícitas que se mantuvieron dentro de los límites constitucionales y legales y que en ningún caso lo privaron de libertad para decidir. Pero, si bien es cierto que para la «salida» del presidente Chávez no hubo necesidad de disparar ni un solo tiro, esto no significa que estemos en presencia de una renuncia voluntaria y desprovista de coacción y, aunque no conozcamos todos los hechos, hay algunos que están muy claros y que bastan para que podamos calificar inequívocamente la situación.

Sabemos que durante los intentos de negociación que se desarrollaron la noche del 11 de abril entre Chávez y los militares rebeldes, estos le pidieron al presidente que renunciase al cargo y le hicieron llegar, para que lo firmara, un proyecto de decreto que constaba de dos puntos: en el primero, el jefe del Estado removía al Vicepresidente y a todos los ministros del gabinete ejecutivo, y en el segundo renunciaba irrevocablemente al cargo de Presidente de la República. Era evidente que con ello se quería crear una situación de «vacío de poder» a partir de la cual se pudiera justificar la instauración de una forma de gobierno de transición con ciertos visos de constitucionalidad [17]. Por la información de que disponemos sabemos que en algún momento de las negociaciones con los rebeldes el Presidente manifestó que estaba dispuesto a abandonar el cargo si le aceptaban ciertas condiciones. Por las razones que fueran, las condiciones no le fueron aceptadas, por lo que el Presidente nunca firmó su renuncia y quedó preso.

El general en jefe Lucas Rincón, máxima autoridad militar bajo el gobierno de Chávez, acompañado de otros miembros del Alto Mando Militar, anunció en la madrugada del 12, ante a los medios de comunicación, la supuesta renuncia del Presidente a su cargo. Pero está claro que Chávez nunca firmó la renuncia, como se pretendió. Se ha argumentado, sin embargo, que poco importa la inexistencia de un documento escrito con la renuncia, pues existen testigos de que en cierto momento, durante las negociaciones, el presidente habría manifestado, en alguna forma, su voluntad de renunciar; y se pretende que bastaría tal supuesta manifestación para que el acto de renuncia quedase perfeccionado. Pero es evidente que cualquier manifestación de voluntad, para ser válida, tiene que producirse en condiciones de libertad. De tal manera que, aun en el caso de que estos testigos no mientan, es claro que el presidente estaba sometido a coacción e, incluso, privado de libertad personal, por lo cual la supuesta manifestación de voluntad, incluso aunque fuera hecha por escrito, no sería válida.

El insólito gobierno de transición: un golpe de Estado atípico

La inexistencia de la renuncia presidencial indica, sin duda, que se trata de un golpe de Estado que revistió características muy singulares en muchos aspectos.

La noche del 11 de abril el Comandante del Ejército había anunciado que al día siguiente se darían a conocer los integrantes de la junta provisional de gobierno. La sorpresa fue grande cuando ese día en Miraflores, se constituyó el gobierno provisional. En las tradicionales actas constitutivas de los gobiernos de facto, conocidas en la historia de Venezuela, los representantes de las fuerzas armadas, que las suscriben, tras explicar las razones que los llevaron a deponer al gobierno civil, proceden a nombrar un gobierno provisional colectivo, integrado por los principales comandantes militares, al que eventualmente se incorporaban algunos civiles. Pero en el presente caso tal tipo de acta fue sustituida por un
Ver decreto de Pedro Carmona Estanga
insólito decreto, suscrito solamente por una decena de civiles que se decían representar al pueblo de Venezuela, en el que se designa un gobierno provisional unipersonal a cargo de otro civil, Pedro Carmona, con el cargo de Presidente de la República y al que se confieren los poderes más absolutos. Los autoridades militares no solo no suscribieron ese decreto, sino que ni siquiera estuvieron presentes en la ceremonia de firma del mismo y de juramentación del nuevo presidente. Tal ausencia no debe ser interpretada como una falta de apoyo al gobierno provisional (en el decreto se dice que cuenta con el «respaldo de la Fuerza Armada» ), sino como un torpe intento de ocultar la intervención que las fuerzas armadas habían tenido en la deposición del Chávez y en el nombramiento del nuevo gobierno.

Si consideramos los preceptos o la parte dispositiva del decreto, es claro que se instaura un típico gobierno de facto, mediante la disolución de todos los poderes constitucionales y el establecimiento de una dictadura transitoria a cargo de una persona. Pero es insólito que quienes se creen con autoridad para tomar esta decisión son diez civiles (de los cuales solo uno ocupaba un puesto público electivo provincial) que suscriben el decreto y que asumen la representación del pueblo de Venezuela.

Todos los considerandos, excepto el último, responden a lo que cabría esperar en el acta de un gobierno de facto, explicando las razones por las que se destituyó al gobierno anterior. En el primer considerando, se acusa al Presidente de ser el responsable de graves delitos, por haber dado «órdenes —el 11 de abril— de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio». En los considerandos que siguen se acusa, además, al Presidente, de haber violado diversas normas de la Constitución, de los pactos internacionales sobre derechos humanos y de varias leyes venezolanas, así como de haber faltado a otros deberes a los que estaba obligado para preservar la democracia. Según se denuncia, en Venezuela se ha producido una situación que se caracteriza por la quiebra de la institucionalidad democrática y la violación de la Constitución, con el resultado de que los poderes distintos al Ejecutivo no son independientes de este, pues se han violado además las normas para la designación de los mismos. Pero, según el último considerando del decreto, como quiera que el presidente Chávez presentó su renuncia al cargo de presidente ante el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional y el vicepresidente ejecutivo abandonó el suyo, se concluye en que se ha producido «un vacío constitucional de poder», que es necesario llenar.

El «vacío constitucional de poder» es la falacia con la que se quiere ocultar el papel de las fuerzas armadas en la deposición del Presidente. Según el decreto las fuerzas armadas han actuado como simples «notarios», limitándose a certificar la renuncia de Chávez, como si ellos no hubieran tenido nada que ver en el hecho y ocultando que tales fuerzas mantenían preso al Presidente y que eran ellas las que habían pedido a Carmona asumir la presidencia. Las fuerzas armadas no estaban dispuestas a asumir directamente el poder ni querían involucrarse visiblemente en el nombramiento del nuevo gobierno, pero era claro que era en ellas en quienes residía el poder real y que se iban a mantener en la sombra para vigilar al nuevo gobierno.

Son interesantes las declaraciones de el sub-secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Otto Reich, quien también ha negado la existencia de un golpe, diciendo que «en Venezuela no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder»; y justificó su tesis así: «en un golpe de Estado hay alguien que está a cargo, pero hubo momentos en que nadie sabía quién estaba a cargo». A lo que se refiere Reich es al hecho de que, después que los militares habían depuesto a Chávez, había una ausencia de liderazgo, pues ninguno de ellos quería asumir el poder y terminaron por llamar a Carmona. Hubo un vacío de poder, de esto no hay duda, pero no fue un «vacío constitucional», producto de una simple imprevisión constitucional, sino un vacío inconstitucional, resultado deliberado del hecho de que los militares habían removido y puesto preso ilegalmente al Presidente, y que el Vicepresidente se había tenido que esconder para no correr la mismo suerte, pero al mismo tiempo faltaba un líder militar capaz de asumir el poder.

Una fraudulenta representación popular

Se trató de dar una legitimidad democrática al gobierno provisional, a través de dos argumentos increíblemente endebles y hasta ridículos: por una parte, se alegó en el propio decreto que hemos comentado, que las personas que lo suscribieron estaban actuando en representación del pueblo venezolano. Por otra parte, en su discurso después de juramentase como presidente, el propio Pedro Carmona argumentó que por medio de la manifestación popular del día 11 de abril, se había producido una aclamación popular, plebiscitaria, a favor de su persona.

En el texto del decreto se invoca la autoridad del pueblo de Venezuela que, según se dice, está «representado por los diversos sectores organizados de la sociedad democrática nacional», convocados para suscribirlo y que fueron las diez personas, que habían sido expresamente designadas, con tal fin, por el propio gobierno provisional [18]. Se trata de una representación del pueblo descaradamente fraudulenta pues, por una parte, esas personas pertenecían a sectores minoritarios y era notoria la ausencia de componentes fundamentales de la sociedad venezolana; y, por otra parte, los firmantes ni siquiera podían representar (si queremos hablar de representación en un sentido real y democrático) a los sectores a los que pertenecían. De las diez personas, seis eran empresarios que ocupaban cargos importantes en las organizaciones de sus distintos sectores (además del presidente y del vicepresidente de Fedecámaras, firman el acta otros cuatro que pertenecían a la industria, el comercio, la banca y los medios de comunicación), pero que no contaban con ningún poder general o especial que los autorizase a tomar una decisión como esta. Otra de las personas que aparece firmando, como supuesta representante de las organizaciones no gubernamentales, pertenecía, en realidad, a una pequeña asociación sin fines de lucro, subvencionada por un grupo de empresarios para promover mediante la organización de cursos, conferencias y diversas publicaciones, los principios económicos del liberalismo. Como representante de los partidos políticos suscribe el acta el presidente de Copei, pero ninguno de los partidos de oposición le había otorgado poder alguno para hacerlo ni se sintió representado por esa persona, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de ellos (incluso la mayoría de COPEI), rechazaron terminantemente el decreto. Como representante de los gobernadores de los estados, firmó el acta el Gobernador de Zulia, persona cuyos saltos políticos lo habían desprestigiado y que no podía contar con la confianza de sus colegas gobernadores, fuesen estos chavistas o antichavistas. Mención aparte merece el primer firmante del acta, que fue el cardenal José Ignacio Velasco, arzobispo de Caracas, quien la suscribió en representación de la Iglesia Católica, en un acto que, como él mismo reconoció posteriormente, fue poco meditado.

Fue muy notable la ausencia de la firma del representante de la CTV, que al ser convocado no quiso hacerse presente. La falta de representantes de los trabajadores y de las organizaciones populares, la ausencia de una auténtica representación de la sociedad civil y de las ONG, así como la composición y forma de selección de quienes suscribieron el acta hacía que la representación del pueblo que se pretendía asumir resultara ser una descomunal farsa.

Por si esto fuera poco, algunos detalles conocidos de la forma en que se obtuvieron las firmas, pone en duda la sinceridad de la aprobación del decreto por parte de varios de quienes lo suscribieron. Se ha sabido que la mayoría de los firmantes ignoraban el texto del decreto cuando se hicieron presentes en el acto y que solo lo conocieron de viva voz, cuando les fue leído, inmediatamente antes de ser invitados a firmarlo. El cardenal Velasco ha admitido la incomodidad que sintió en el momento en que se le invitó a suscribir un texto sobre tan graves cuestiones, que no había tenido ocasión de analizar detenidamente. Según ha confesado, tras una breve vacilación decidió firmar, porque una negativa, cuando había sido invitado a hacerlo en un acto público que se transmitía a todo el país por televisión, podría resultar escandaloso y ocasionar graves daños a la estabilidad del gobierno provisional. Por su parte, el vicepresidente de Fedecámaras ha reconocido que fue el ambiente eufórico y la presión del público que aclamaba histéricamente cada una de las partes del decreto, cuando eran leídas, lo que lo impulsó a firmar el acta, pero que en un contexto más tranquilo y con más tiempo para su estudio, probablemente se hubiera rehusado a hacerlo.

El que un grupo de personas pretenda asumir la representación de todo el pueblo es un hecho inaceptable, que muchas Constituciones latinoamericanas no solo prohíben expresamente, sino que declaran al que pretenda arrogarse tal representación como reo del delito de sedición [19]. Dejemos a otros juzgar si las circunstancias de «coacción» emocional o moral, en las que, según algunos, fue firmado el decreto, pueden servir como excusa o atenuante, desde el punto de vista de su responsabilidad moral. Desde el punto de vista político, no cabe duda de su grave responsabilidad, sin que les pueda servir de excusa el hecho de su inexperiencia, por no ser la mayoría de ellos políticos profesionales, pues aceptaron jugar un papel de protagonistas asumiendo una fraudulenta representación del pueblo venezolano.

Por otra parte, teniendo el cuenta los tremendos poderes personales que Carmona había recibido por medio del decreto, es incomprensible que en el breve discurso que siguió a su juramentación dijera que, con su nombramiento, «el caudillismo ha quedado atrás» y que las actitudes mesiánicas y el personalismo no formarían parte de su gobierno. Pero de inmediato se contradijo palmariamente, pues tratando de buscar una legitimación democrática a su gobierno, mayor que la muy precaria que le proporcionaban las diez personas que firmaron el decreto, se atrevió a afirmar que su designación como presidente interino fue «producto de este amplio mandato que recibí del bravo pueblo el día de ayer» (con lo cual estaba interpretando que la inmensa manifestación del 11 de abril, que se había dirigido a Miraflores pidiendo la dimisión de Chávez, había sido un acto de aclamación a la persona de Pedro Carmona); y que una manifestación de esas dimensiones era más representativa, incluso, que un referéndum popular, reclamando una legitimidad plebiscitaria que pretendía rivalizar con la de Chávez.

La reacción contra el gobierno provisional

Las debilidades del respaldo popular al gobierno de transición eran evidentes. La mayor parte de los partidos antichavistas representados en la Asamblea Nacional (de hecho todos, menos Primero Justicia y La Causa R) se negaron a que la cámara legislativa fuera disuelta y denunciaron tal intento como un golpe de Estado. Frente a esta oposición, que debilitó grandemente al gobierno transitorio, la declaración del Fiscal General, que denunció, clara y valientemente, que el país estaba ante un golpe de Estado, tuvo una importancia política relativamente menor.

Pero el factor más importante en la caída del gobierno provisional fue que pronto se mostró que el apoyo que creía tener de la Fuerza Armada era muy precario. Ya el día 13 de abril el Comandante del Ejercito advertía que el pronunciamiento que habían hecho apenas hacía dos días estaba dirigido contra las acciones de gobierno de Chávez, pero no contra la Constitución; y que solo apoyarían al gobierno de transición si revisaba y modificaba el decreto del día 12 de abril y cumplía con un conjunto de condiciones. Entre tales condiciones, algunas se referían al respeto a la constitucionalidad y a la democracia, como era el caso de las siguientes peticiones: restitución de la Asamblea Nacional; respeto a las autoridades provinciales y locales legalmente electas; establecimiento de un gobierno de transición mediante la concertación entre las fuerzas vivas de la nación para garantizar la pluralidad y la representatividad; asegurar que durante la transición se respetaran la Constitución, las leyes y los derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, se enunciaban otras condiciones que implicaban que las fuerzas armadas se atribuían un derecho a determinar el contenido de ciertas políticas públicas; tal era el caso de las siguientes: el Comandante de Ejercito (y no el Presidente ni las autoridades civiles) era a quien correspondía ratificar todos los cargos de los integrantes del Alto Mando Militar y a sus comandantes naturales; bajo el gobierno interino deberían continuar los programas en ejecución de beneficios sociales que favorecían al pueblo [20]; garantizar la seguridad, trato y respeto del teniente coronel Hugo Chávez y su familia y proceder a tramitar su petición de salida del país en forma inmediata [21]. Con lo que se demostraba donde estaba el poder real y la precariedad del gobierno provisional.

Conclusiones

Se trata, en verdad, de un insólito golpe de Estado, que se caracteriza por la mala conciencia y la hipocresía de quienes participan en él, que se niegan a reconocer su verdadera naturaleza de los hechos. Las razones de tal negativa pueden ser muchas y algunas parecen obvias. Como hemos señalado, en Venezuela la idea de golpe de Estado ha adquirido un significado valorativo adverso y reconocer que se ha participado en uno puede tener como consecuencia quedar sometido al desprecio o al odio público e, incluso, ser objeto de sanciones penales. Además, un gobierno que se reconozca como salido de un golpe de Estado, puede ser objeto de sanciones internacionales, conforme a la Carta Democrática Interamericana, con peligros para su viabilidad.

Por parte de los militares, es evidente la inexistencia de una unidad de propósitos y la ausencia de liderazgo, lo cual puede explicar su falta de determinación para reconocer su participación en el golpe y para asumir abiertamente las consecuencias del mismo. La misma falta de claridad de miras se observa en la parte civil de la aventura.

Como hemos visto en nuestra exposición, un golpe de Estado cuando existe un gobierno elegido democráticamente puede ser el método drástico y un tanto desesperado al que se acude para deshacerse de un gobernante juzgado indeseable, cuando se han cerrado las otras vías. Pero se supone que la nueva Constitución aprobada en 1999, había servido para superar las principales deficiencias de la de 1961, que fueron la causa la crisis de la democracia representativa y de las amenazas de los golpe de Estado. Pero, si analizamos las instituciones concretas diseñadas para superar tales deficiencias, vemos que su funcionamiento deja mucho que desear. Concretándonos a la figura del Presidente —pues fue su deposición el objetivo central del golpe de Estado que hemos examinado— el hecho de que, según la nueva Constitución, sea posible su reelección, puede significar que han aumentado las posibilidades de control por parte de sus electores, pero se trata de un mecanismo que solo funciona a mediano plazo, pues se requiere el transcurrido los primeros seis años como presidente, para que pueda hacerse efectivo. En cuanto la responsabilidad presidencial frente a su partido, sabemos que, a diferencia de lo que ocurría con AD y Copei, al MVR no se le ha ocurrido liberar al Presidente de su disciplina partidista, pero esto no significa en absoluto que exista la posibilidad de que el Presidente sea controlado por su partido. No es un secreto para nadie que es Chávez el que ejerce un control personal absoluto sobre el MVR. Por otra parte, aunque la actual Constitución exige que todos los partidos seleccionen mediante elecciones internas tanto a sus directivas como a todos los candidatos que postule en las elecciones populares, en los cinco años de vida de ese partido esas normas nunca se han practicado, de manera que su falta de democracia interna es mucho peor que la que existía en los partidos del Cuarta República. De manera que un movimiento de las bases del MVR para presionar por una mayor responsabilidad de los dirigentes, resulta inconcebible

Por otra parte, la mayoría con que todavía cuenta el Presidente de la República en la Asamblea Nacional, que responde de manera automática a sus instrucciones y la influencia que ejerce sobre los otros poderes del Estado, hace que el posible control constitucional que resultaría de una efectiva división de poderes sea, en la práctica, inexistente.

Es cierto que la Constitución vigente ha establecido la posibilidad de que el presidente pueda ser sometido a un referéndum revocatorio, que significaría una forma de control popular sobre el Jefe de Estado, a través del cual se podría hacer valer su responsabilidad, pero tal institución es en gran parte una falsa ilusión (Rey y Pabón 2000:248). En primer lugar, la iniciativa para tal referéndum requiere el respaldo del 20% de las personas inscritas en el Registro Electoral. Si tenemos en cuenta que a abstención electoral es de más del 50%, ello quiere decir que para que pueda prosperar el procedimiento se necesita el respaldo del 40% de los electores efectivos, lo cual es poco realista. Además, para que el referéndum para la revocación pueda iniciarse se necesita que haya trascurrido la mitad del periodo para el cual el representante ha sido electo (tres años, en el caso del presidente). En caso en que la revocación sea aprobada, se produce una falta absoluta del presidente, pero cuando esto ocurre en los dos últimos años del mandato del Jefe de Estado, lo sustituye el vicepresidente ejecutivo (persona cuyo nombramiento y remoción corresponde al presidente). De manera que la única posibilidad de que la revocación de un presidente lleve a la celebración de nuevas elecciones para designar a quien va a sustituirlo por el resto del periodo constitucional, es que el procedimiento de referéndum se inicie y concluya precisamente en el cuarto año de ejercicio de la presidencia. Además, en el caso de Chávez, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo lo benefició con un año y medio de ampliación de su periodo presidencial, el referéndum revocatorio solo podría iniciarse después de transcurridos cuatro años y medio desde que comenzó su presidencia. Un inconveniente adicional es que el Consejo Nacional Electoral —la autoridad de la que depende la realización y la vigilancia de cualquier elección, incluyendo los posibles referendums— está bajo la influencia del gobierno y lo mismo puede decirse de los otros poderes, incluyendo el judicial (y, dentro de él, la justicia electoral y constitucional). En resumen: si vemos todas las dificultades y problemas que supone un referéndum para revocar el mandato del Presidente de la República y lo exiguo de sus eventuales resultados, nos damos cuenta de que la institución en cuestión apenas puede ser una falsa ilusión.

La historia muestra que, para una parte importante de la población, los golpes de Estado han sido vistos como remedios extremos, pero útiles, para liberarse de un gobierno al que consideran insoportable, cuando sienten que se han cerrado los otros caminos para conseguirlo. Condenar los golpes de Estado y mostrar que en la mayoría de las ocasiones son un falso remedio, nunca está de más. Pero la manera más efectiva de cerrar las vías a tales males es abrir ampliamente los cauces institucionales a través de los cuales puedan hacerse efectivos el control y la responsabilidad gubernamental.

Referencias

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Trotsky, León (1973) Historia de la Revolución Rusa. Vol 2, Octubre, 1917. Trad. Andrés Nin. Madrid: Zero.

Zago, Ángela (1992) La rebelión de los ángeles. Caracas: Fuentes.

Notas

  1. La obra clásica en la que se desarrolla por primera vez las ideas sobre los golpes de Estado es la de Gabriel Anudé, publicada en 1639. Véase, mi Introducción a Anudé (1964).
  2. Luttwak, autor de un libro que con el de Malaparte es decisivo sobre el tema, lo define así: «Un golpe consiste en la infiltración de un sector pequeño pero decisivo del aparato del Estado, que es usado para desplazar al gobierno de su control del restante» (Luttwak 1969:12).
  3. Sin embargo León Trotsky, en el capítulo sobre «El arte de la insurrección» de su Historia de la Revolución Rusa (1973) mostró que no hay una incompatibilidad total entre el golpe de Estado y la insurrección revolucionaria, pues aquel puede ser planificado como la acción con la que se culmina una insurrección popular.
  4. En países como los latinoamericanos, en los que proliferan los golpes de Estado como resultado de las frecuentes intervenciones de los militares en la política, se ha tratado de distinguir sus diversas modalidades, a través de categorías tales como cuartelazo, pronunciamiento, putsch, etc., que sin embargo en la práctica se dan mezcladas o combinadas. Véase, Finer (1962:153-163) y Luttwak (1969:9-12).
  5. Corresponde a lo que Finer ha llamado el típico golpe de Estado latinoamericano, que significa «la captura y eliminación de la persona a la cabeza del Estado» (Finer: 1962:154).
  6. Sobre la historia de tales normas y su significado en Venezuela, véase, Rey (1999), especialmente, pp. 178-181.
  7. Según los datos de una famosa encuesta, VENEVOTE de 1973, ante la pregunta: «¿Cuál es el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la vida nacional?», sólo una minoría, del 30,6%, consideraba que los militares debían respetar siempre a las autoridades constitucionales. En cambio una mayoría relativa del 35% creía que los militares deben intervenir en política para respaldar la voluntad popular, cuando creen que el gobierno no responda a la aspiración del pueblo; un 18,4% opinaba que los militares debían actuar en política cuando pensaran que no se estaba cumpliendo la Constitución; y un 11,8% creía que los militares deben intervenir en política siempre que lo considerasen necesario. (Enrique A. Baloyra, Public Opinion and the Support for Democratic Regimes, Venezuela 1973-1983. Paper prepared for delivery at the 1985 Annual Meeting of the American Political Science Association, The Orleans Hilton, agosto 29- setiembre 1, 1985).
  8. Véase el texto del Manifiesto del Movimiento Revolucionario Bolivariano (MBR-200), fechado el 24 de junio de 1992, encabezado con las firma de Hugo Chávez y Francisco Arias, redactado desde la prisión, reproducido en Zago (1992:139-148). También el Manifiesto al Pueblo Venezolano y a las Fuerzas Armadas Nacionales, que debería ser publicado por la prensa el día 27 de noviembre, y el Mensaje en video-cassette del Movimiento Cívico-Militar «5 de Julio» pronunciado por el almirante Grüber Odremán, que debió salir por la televisión la madrugada del 27 de noviembre, que aparecen publicados en Grüber Odremán (1993:134-136 y 138-140).
  9. Véase, mi artículo, Rey (1991).
  10. Véase, mi artículo, Rey (1993).
  11. Rey (1993) especialmente pp. 95-112.
  12. Sobre los diversos aspectos del reciente militarismo bolivariano véase, Carrera (2001).
  13. La influencia que han tenido tales cambios en los estudios, para la intervención de los militares en la política venezolana, ha sido señalada por Tarre Biceño (1994:138-149).
  14. Manifiesto de ARMA (Alianza Revolucionaria Militar en Acción) a los Militares Venezolanos, 24 de junio de 1982, en: Garrido (2000:190).
  15. La prohibición de que los militares deliberen fue una exigencia de Simón Bolívar quien, criticando algunos rasgos del ejército colombiano, dijo: "este ejército quería tomar sobre sí sus primitivos derechos, y deliberar como los demás ciudadanos; pero el soldado no debe deliberar, ¡y desgraciado del pueblo cuando el hombre armado delibera!", Bolívar (1950:860).
  16. La Constitución de 1999 prohíbe a la Fuerza Armada tener militancia política (Art. 328) y realizar actividades de propaganda, militancia y proselitismo político (Art. 330).
  17. La Constitución de 1999 prevé que las faltas absolutas del presidente será suplidas por el vicepresidente, pero no determina cómo llenarlas en caso de que también falte este último.
  18. Al terminar el acto de firma del decreto y de juramentación del nuevo presidente, se invito a las demás personas presentes a suscribir también el acta, para expresar así su adhesión al gobierno provisional.
  19. Véanse, por ejemplo, las Constituciones de Argentina (1853, con reformas hasta 1994), Art. 22; Chile (1980, con reformas hasta 1994), Art. 7; Costa Rica (1949, con las reformas hasta 1995), Art. 4; Guatemala (1985, con reformas hasta 1993), Art. 152; y Honduras (1982, con las reformas hasta 1993), Art. 2.
  20. Se estaba refiriendo al conocido Plan Bolívar 2000 y años siguientes, por el que la Fuerza Armada, fundamentalmente el Ejército, disponía de sumas mil millonarias que podía utilizar con la mayor discrecionalidad y con muy escaso controles, para desarrollar proyectos para beneficio de los sectores más necesitados del pueblo.
  21. No es casual que no se hable del ciudadano Hugo Chávez, ex presidente de la República, sino del teniente coronel Hugo Chávez, con lo cual, más que estarse pidiendo el respeto de los derechos humanos de un ciudadano, parecía que se estaba defendiendo corporativamente a un militar. Pero no se entiende como el Comandante del Ejército podía exigir la inmediata liberación de una persona a la que, en el primer considerando del decreto que establecía el gobierno provisional, se la acusaba de haber ordenado asesinatos a mansalva.

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