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La autonomía relativa del BCV

Sobre los beneficios de la autonomía de los bancos centrales los economistas han llegado a un consenso sorprendente en un gremio conocido por sus divisiones. Múltiples estudios de las características de estos bancos indican que la independencia del banco central asegura el control de la inflación y la estabilidad monetaria. La verdad, sin embargo, es que la autonomía nunca es absoluta, y la buena gestión depende de elementos más allá de la ley.

El debate alrededor del proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela es una prueba más de la fe en el efecto mágico de un buen conjunto de reglas, tan propia de la tradición nominalista y legalista de nuestra cultura. Si declaramos que el Banco Central será autónomo, así será. Si exigimos coordinación con el Ministerio de Finanzas, tendremos una perfecta armonía entre la política fiscal y la monetaria. A nadie se le ocurre preguntar cómo funcionaba el Banco de Inglaterra medianamente bien durante siglos sin ni siquiera tener una ley que rigiera sus actuaciones. Tampoco se ha indagado sobre la alta rotación de los presidentes del Banco Central de Venezuela bajo leyes que especificaban su permanencia. Ha habido una revolución, pero todavía estamos en Venezuela.

Por el lado de la gestión monetaria, un banco central puede ser autónomo en su ámbito, sin que su independencia formal sea eficaz para la economía como un todo. La esencia de la autonomía reside en que el banco no sea forzado a financiar gastos deficitarios por parte del gobierno. Si el gobierno se excede en sus gastos y tiene que recurrir al financiamiento, entonces será su propia solvencia la que determine la disposición de los mercados a prestarle los fondos solicitados. Se supone que este sistema funciona y que los mercados nunca permitirán que el gobierno sobrepase un nivel sano de endeudamiento. Pero en el mundo real los mercados (y los organismos internacionales) prestan a los países sobreendeudados y los gobiernos se dejan llevar a situaciones insostenibles para mantener sus gastos y su popularidad. Si no fuera así, Argentina no estaría en crisis hoy.

Los bancos centrales tienen una segunda responsabilidad -preservar el valor de la moneda- en caso de que el sistema financiero llegue a una crisis sistémica causada por el desequilibrio macroeconómico. No hay otro remedio en ese momento sino que el central absorba los papeles del Estado en manos de los bancos y otros acreedores. No pudo financiar al Estado antes, pero ahora tiene que hacerlo indirectamente, con consecuencias nefastas para la estabilidad monetaria. Esto es lo que pasó en Venezuela en 1994, y en otros países en diversos momentos de la historia.

Si la autonomía es un espejismo, entonces, ¿por qué insisten los economistas en su importancia? Quizás porque donde se toma en serio la autonomía, tiende a existir ya una cultura de profesionalismo y un cuerpo de expertos de alto prestigio a cargo de la institución. La buena coordinación entre la política fiscal y monetaria depende mucho más de la autoridad moral e intelectual de los bancos centrales que de los detalles de sus reglas institucionales. Cuando hablan, los gobiernos escuchan y los mercados toman nota.

En el proyecto de Ley del Banco Central actualmente bajo consideración, se propone que haya siete directores, de los cuales cuatro, incluyendo el presidente del banco (si se entiende bien), son nombrados por el Presidente, y dos por la Asamblea Nacional. Se escogerán de un registro de elegibles sometidos a un proceso público de evaluación de méritos.

Adicionalmente, un director será designado por el Presidente de la República del tren ministerial en representación del Gobierno. Todos, menos el ministro, servirán durante siete años. ¿Es éste un sistema óptimo para que el directorio tenga el prestigio y peso moral necesario?

Hasta ahora, la renovación de los poderes públicos no ha sido un proceso totalmente satisfactorio, aun con la exigencia de procesos públicos de evaluación. La posibilidad de cometer errores está presente, por lo que vale la pena considerar un diseño institucional menos vulnerable a la coyuntura. Es una práctica común, por ejemplo, que un directorio de este tipo tenga miembros con períodos solapados, para que la renovación sea continua y para que el lapso del directorio entero no sea responsabilidad total del gobierno de turno. Se podría nombrar un nuevo director cada año, o dos cada dos años. Lo que parece ser el equipo de los sueños en 2001 podría no serlo en otras circunstancias en el futuro. Aparecen nuevos talentos, nuevos problemas y nuevas ideas.

Siete años puede ser una eternidad. Piensen sólo en los cambios que han sido necesarios en otras instituciones públicas en los últimos dos años.

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