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Ley de transporte terrestre

Lunes, 15 de agosto de 2011

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA

 

Decreta


la siguiente,


LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

 

Objeto


 

Artículo  1.  La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  regulación  del  transporte terrestre, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio nacional, la realización de la actividad económica del transporte  y  de  sus  servicios  conexos,  por  vías  públicas  y  privadas  de  uso público, así como lo relacionado con la planificación, ejecución, gestión, control y  coordinación  de  la  conservación,  aprovechamiento  y  administración  de  la infraestructura,  todo  lo  cual  conforma  el  Sistema   Nacional  de  Transporte Terrestre.

 

Quedan exceptuados de la presente Ley los transportes sobre rieles que se rigen por sus leyes especiales.

 

Finalidad del Sistema

 

Artículo  2. El Sistema Nacional de Transporte Terrestre tiene como finalidad ordenar, transformar y orientar el sector hacia su pleno desarrollo. Asimismo, la ejecución de la infraestructura que se requiere para operarlo de manera eficiente y la coordinación de los órganos competentes del Poder Público, en la rectoría, planificación  y  ejecución de los procedimientos para el control del transporte terrestre.

 

Naturaleza del régimen del transporte terrestre

 

Artículo  3.  El  régimen  del  transporte  terrestre previsto  en  la  presente  Ley, constituye una actividad de  interés social, pública, económica y estratégica a cuya realización concurren el Estado, los ciudadanos y ciudadanas, la sociedad organizada y los y las particulares, de conformidad con la ley.

De la distribución de las competencias

Artículo 4. La regulación del transporte terrestre corresponde a los organismos competentes en esta materia. La competencia se distribuye entre el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal.

De la competencia del Poder Público Nacional

 

Artículo  5. Es de la competencia del Poder Público Nacional, en materia de transporte  terrestre,  lo   relacionado  con  licencias  de  conducir,  el  Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre público  de  pasajeros  y   pasajeras   en  rutas  suburbanas  e  interurbanas,  sin menoscabo de las competencias que la ley y los  reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el transporte de carga, la circulación en el  ámbito  nacional,  el  régimen  sancionatorio,  el  control  y  fiscalización  del tránsito  en  la  vialidad,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  los  estados  y municipios, los servicios conexos de carácter nacional, los  procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que le atribuya la ley.

De la competencia del Poder Público Estadal

 

Artículo  6. Es de la competencia del Poder Público Estadal, en materia de transporte terrestre, la  conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras  y  autopistas  nacionales,  en  coordinación   con  el  Poder  Público Nacional, el servicio de transporte terrestre público y terminales de pasajeros y pasajeras      interurbanos        de                 carácter          estadal,          la            ejecución,         conservación, administración,  aprovechamiento  y  el  control  de  la  circulación  de  las  vías terrestres estadales y el destino de las multas impuestas, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

 De la competencia del Poder Público Municipal

 

Artículo  7. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia de transporte  terrestre,  la  prestación  del  servicio  de  transporte  terrestre  público urbano y el establecimiento de zonas terminales y  recorridos urbanos, para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros y pasajeras con origen y destino dentro de los límites de su jurisdicción, bajo las normas de carácter nacional aplicables, así como las condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público y privado en el ámbito de su  jurisdicción; la ingeniería de tránsito para la ordenación de la circulación de vehículos y personas de acuerdo con las normas de carácter nacional; las autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre; la  construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; el destino de las multas impuestas  de conformidad con lo previsto en esta Ley; el control y fiscalización de tránsito, según la normativa de carácter nacional y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas. Cualquier restricción de circulación que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada y aprobada por el ministerio del  poder popular con competencia en materia de transporte terrestre.

 

Destinatarios del Sistema Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo 8. Son destinatarios del Sistema Nacional de Transporte Terrestre los peatones, pasajeros y pasajeras, conductores y conductoras, usuarios y usuarias, y, operadores y operadoras del servicio de transporte terrestre público y privado, sus       actividades       conexas,      y              las       personas  de   movilidad  reducida  con  las condiciones  especiales  que  debe   tener  el  Sistema  Nacional  de  Transporte Terrestre que facilite su desplazamiento.

 

Del Registro

 

Artículo 9. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, llevará el Registro del Sistema  Nacional  de   Transporte  Terrestre,  el  cual  comprende:  vehículos, conductores  y  conductoras,  infraestructura,  servicios  conexos  de  transporte terrestre, accidentes, infracciones y sanciones y estará a cargo del Registrador o Registradora y de los Registradores o Registradoras Delegados y Delegadas en cada entidad federal.

 

Del Registro de accidentes, infracciones y sanciones

 

Artículo 10. El Registro de accidentes, infracciones y sanciones a que se refiere esta Ley, será llevado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, a través del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.

 

En todo caso, las demás autoridades competentes que realicen procedimientos relacionados                      con   accidentes,   infracciones  y   sanciones,  deben   remitir  la información  al  Instituto,  de  conformidad  con  las  normas  y  procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

 

De los demás registros locales y regionales

 

Artículo  11. Las autoridades municipales, metropolitanas y estadales, deberán llevar los registros actualizados  del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, sus servicios conexos, dentro de su respectiva jurisdicción y  competencia, los cuales deben remitirse al Instituto Nacional de Transporte Terrestre a fin de mantener  actualizada  una  base  de  datos  confiable,  cuyas  características,  en cuanto al formato, contenido, reporte y  cualquier otro elemento que sirva de apoyo para su elaboración y permanencia, se establecerá en el  Reglamento de esta Ley.


Del transporte internacional

 

Artículo  12. El servicio de transporte terrestre internacional de personas y de carga se regirá por los acuerdos, convenios y tratados internacionales, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y por las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento.

 

Principios del Sistema Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo 13. El Sistema Nacional de Transporte Terrestre debe responder a los principios de actividad  sustentable, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, a la disminución de la contaminación ambiental, a garantizar el buen trato a los usuarios y las usuarias, la seguridad y comodidad en los   servicios  de  transporte  terrestre  público  y  la  participación  ciudadana, orientada  a  satisfacer  las  necesidades  y  requerimientos  de  la  movilidad  y accesibilidad en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

 

Derechos de los usuarios y las usuarias

 

Artículo 14. Los usuarios y las usuarias de las vías públicas de uso permanente o casual,  tienen               derecho   a  circular  libremente,  en  condiciones    idóneas de transitabilidad                        y   seguridad   y   serán   resarcidos   por   quienes   tengan   la responsabilidad     de      administrarla,   por  los daños    personales          y          materiales imputados al mal estado de la vialidad.

 

Deberes de los usuarios y las usuarias

 

Artículo 15. Los usuarios y las usuarias están obligados y obligadas a cumplir con     la        normativa        que   rige   el   transporte  terrestre,  así   como   pagar  la contraprestación respectiva, si la hubiere, por la utilización del tramo de las vías administradas.

 

TÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

 

Capítulo  I Disposiciones Generales

 

Autoridades administrativas

 

Artículo  16. Las autoridades administrativas del transporte terrestre, a nivel nacional, son el ministerio del  poder popular con competencia en materia de transporte terrestre y el Instituto Nacional de Transporte  Terrestre; y a nivel estatal, municipal son las gobernaciones, alcaldías municipales y metropolitanas, por  intermedio de sus entes administrativos competentes, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.


 

5

 

 

 

Del órgano rector

 

Artículo 17. El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio del poder popular con  competencia  en  materia  de  transporte  terrestre,  es  el  órgano  rector  del transporte terrestre, y le corresponde la elaboración de las políticas, estrategias, planes nacionales, sectoriales y normas generales que regulan la actividad del Sistema  Nacional       de              Transporte     Terrestre,    en              consulta        con  los   sectores involucrados.

 

Cualquier materia relacionada con el transporte terrestre que sea competencia de otros          entes  del   Ejecutivo  Nacional,  Estadal  o   Municipal  debe   estar  en concordancia  con  los  lineamientos  del  ministerio  del  poder  popular  con competencia en materia de transporte terrestre.

 

Órganos de ejecución

 

Artículo 18. A los efectos de esta Ley, se entiende por órganos de ejecución las autoridades encargadas de realizar y verificar el control del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, los cuales son:

 

1.  El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, bajo la supervisión y adscripción del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

2.  Los  cuerpos  de  policías:  nacional,  municipales  y  estadales  debidamente homologados que, conforme a  esta Ley, tengan dentro de sus funciones el control de la operación del transporte terrestre.

 

3.  La Fuerza Armada Nacional, que podrá actuar como órgano ejecutor de la presente Ley, sin perjuicio de las funciones que deban realizar los organismos policiales y de ejecución anteriormente indicados.

 

Control de la circulación del tránsito

 

Artículo 19. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, al igual que  todos  los  órganos  ejecutores,  tienen  la  rectoría  para  el  control  de  la circulación del tránsito, del transporte de personas y de carga, en las carreteras y autopistas  o  vías  expresas  nacionales,  aún  cuando  atraviesen  zonas  urbanas, incluyendo  dentro  de  éstas  los  distribuidores  y  sus  ramales  principales  de interconexión de alta velocidad y ocupación vehicular que se encuentren conexos con  el  Sistema  de  Vialidad  Nacional.  Igualmente,  podrá   inspeccionar  los estacionamientos  autorizados  para  guarda  y  custodia  de  vehículos,  y  demás atribuciones, de conformidad con esta Ley y su Reglamento.


 

6

 

 

 

 

Homologación de las policías

 

Artículo  20.  Las  policías  que  tengan  a  su  cargo  el  control  y vigilancia  de tránsito,  en  su  respectiva  vialidad,  distinta  a  la  nacional,  podrán  asumir  la fiscalización de las vías de su competencia, aplicando la legislación nacional.

 

Las policías podrán actuar en el levantamiento de accidentes de tránsito con daños materiales, siempre que los funcionarios hayan sido homologados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, conforme con lo  establecido en el Reglamento de esta Ley.

 

Son nulas las actuaciones de los policías que no hayan sido homologados según lo dispuesto en este artículo.

 

Carácter excepcional de la Fuerza Armada Nacional

 

Artículo 21. La Fuerza Armada Nacional ejercerá excepcionalmente funciones especiales de autoridad  administrativa, competente para el control y vigilancia del tránsito en la red vial.

 

Capítulo  II

Del Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo 22. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es un ente adscrito al ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, con personalidad jurídica, que goza de los privilegios y prerrogativas que se le acuerdan a la República, de conformidad con la ley, y tendrá su sede en la ciudad de Caracas, sin perjuicio de que pueda establecerla en cualquiera otra localidad del país.

 

El  Instituto  Nacional  de   Transporte Terrestre  establecerá  las   oficinas  y dependencias  regionales  que  permitan  la  optimización  de  los  servicios  de transporte terrestre que presta.

 

Parágrafo Único: El Instituto Nacional de Transporte Terrestre formará parte del Sistema       Nacional de             Protección         Civil,   garantizando  la   integración, articulación  y  coordinación  de  acciones  de  prevención  y  atención  entre  los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ante la ocurrencia de eventos  con  efectos  adversos  que  se  derivan  de  los  accidentes  de  tránsito terrestre.

 

Atribuciones del Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo 23. Son atribuciones del Instituto Nacional de Transporte Terrestre:


 

7

 

 

 

1.   La planificación y ejecución de programas de fortalecimiento institucional del sector transporte terrestre.

 

2.   Llevar el Registro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre.

 

3.   Registro,  expedición,  renovación  y  control  de  licencias  para  conducir vehículos  a  motor,  en  el  ámbito  nacional,  en  los  diferentes  grados  y categorías.

 

4.   Registro,  expedición  y  control  de  títulos  profesionales  para  conducir vehículos a motor con fines de lucro.

 

5.   Otorgamiento, registro y control de placas identificadoras de vehículos a motor destinadas al uso público o privado, en las diferentes clasificaciones y modalidades.

 

6.   Los permisos y registro de los servicios de transporte terrestre público y privado, así como la regulación y control del transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras, y de carga, en el ámbito de la competencia nacional.

 

7.   Estudios de proyectos, otorgamiento de permisos, regulación y registro de los  servicios  conexos  de  carácter  nacional,  como  terminales  públicos  y privados, paradores viales de pasajeros y pasajeras,  turísticos y de carga, terminales generadores de transferencia e intermodal de carga, transporte de encomienda,  escuelas  del  transporte,  estacionamientos  concesionarios  del Instituto, estaciones fijas y móviles de revisión técnica, mecánica y física de vehículos; ubicación y acceso de las estaciones de  servicios, servicios de grúas de arrastre y de plataforma y cualquier otro, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

 

8.   Estudio  y  revisión  de  tarifas  y  fletes  del  transporte  terrestre  público  de pasajeros y pasajeras, y de carga, en los casos previstos en la ley.

 

9.   Todo lo concerniente a la planificación, funcionamiento y control de los recursos del Instituto y de sus órganos desconcentrados.

 

10. Estadísticas del transporte terrestre y dispositivos para el control del tránsito.

 

11. Promover la educación y seguridad vial.

 

12. Establecer los criterios técnicos y otorgar los permisos para la colocación de vallas y demás medios publicitarios en las vías públicas nacionales y en los predios  colindantes  a  las  mismas,  el  control  de   su  ubicación  y  los procedimientos administrativos para su remoción, en coordinación con las autoridades estadales y municipales.

 

13. Establecer los criterios técnicos y otorgar los permisos para la colocación de publicidad en los vehículos.


 

8

 

 

 

14. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  relativas  a  la  circulación  y seguridad en el ámbito nacional.

 

15. Establecer los mecanismos de coordinación y homologación de las policías con  competencia  para  el  control  y  vigilancia  del  tránsito  y  transporte terrestre.

 

16. Otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte terrestre público de pasajeros y  pasajeras, y de carga en el ámbito de la competencia nacional.

 

17. Otorgar las autorizaciones para los trabajos sobre la infraestructura vial en el ámbito de la competencia nacional.

 

18. Aplicar las sanciones administrativas, en los casos previstos en esta Ley.

 

19. Velar  por  el  correcto  funcionamiento  en  la  prestación  del  servicio  de transporte terrestre.

 

20. Percibir y administrar los ingresos provenientes de los servicios que preste y de las sanciones que imponga.

 

21. Dictar actos administrativos generales o particulares, en las materias de su competencia.  Estos  actos  agotan  la  vía  administrativa  y  los  interesados podrán acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa.

 

22. Informar trimestralmente al ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre sobre los ingresos que perciba y administre.

 

23. Controlar  y  regular  la  colocación,  conservación  y  mantenimiento  de  la señalización y demarcación  de las vías, así como la autorización para la colocación y señalización de los mecanismos de control de velocidad en las carreteras de vías nacionales.

 

24. Otorgar en materia de terminales públicos y privados la certificación del proyecto,                  en    cuanto   al    cumplimiento   de    las    normas   técnicas correspondientes,  así  como  el  registro  del  servicio  una  vez  otorgada  la licencia de operación.

 

25. Otorgar  la  licencia  de  operación  de  servicio  conexo  cuando  se  trate  de operadores u operadoras sujetos o sujetas a la competencia nacional.

 

26. El control, inspección y supervisión de los terminales públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Terminales de Pasajeros y Pasajeras, del Transporte Terrestre Público y Privado.

 

27. Las demás que se le asignen o le confiera esta Ley.


 

9

 

 

 

Patrimonio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo  24. El patrimonio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre está constituido por:

 

1.   Todos aquellos bienes  muebles e inmuebles, derechos  y acciones que le fueron transferidos en el momento de su creación.

 

2.   Todos aquellos bienes muebles e inmuebles, ingresos, derechos y acciones que adquiera de conformidad con la ley.

 

Ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo  25. Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre están constituidos por:

 

1.  Todos los ingresos que obtenga como resultado de su gestión, así como el producto resultante de sus actividades económicas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

 

2.  Los ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.

 

3.  Los ingresos derivados de las multas impuestas por la gerencia de transporte terrestre.

 

4.  Los recursos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto Anual de cada ejercicio fiscal y los recursos  extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.

 

5.  Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.

 

6.  Las tasas y tarifas producto de sus servicios y habilitaciones.

 

7.  Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.

 

En ningún caso, el Instituto podrá utilizar los ingresos provenientes de su gestión para fines distintos a su funcionamiento.

 

Directorio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre

 

Artículo 26. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre tendrá un Directorio integrado  por  un  Presidente  o  una  Presidenta  y  un  Vicepresidente  o  una Vicepresidenta, los cuales son de libre nombramiento y remoción del Presidente o          Presidenta     de      la    República,  y    tres                  Directores               o   Directoras,  de   libre nombramiento  y  remoción  del  ministro  o  ministra  del  poder  popular  con competencia en materia de transporte terrestre. Cada Director o Directora tendrá un suplente de libre nombramiento y remoción, y designado o designada de la misma forma, quien llenará sus faltas temporales.


 

10

 

 

 

Requisitos y condiciones

 

Artículo  27. El Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, los demás miembros del Directorio y sus suplentes, deben reunir las siguientes condiciones mínimas:

 

1.  Ser de nacionalidad venezolana.

 

2.  Mayor de treinta (30) años de edad.

 

3.  De reconocida solvencia ética y moral.

 

4.  No estar sometido o sometida a interdicción civil ni a inhabilitación política.

 

5.  Tener probada experiencia e idoneidad técnica y profesional en el sector transporte terrestre.

 

6.  No tener participación accionaría en empresas del sector o empresas que tengan  convenios  o  contratos,  expectativas  de  tenerlos,  con  el  Instituto Nacional  de  Transporte  Terrestre,  a  menos  que  hayan   transferido  su titularidad accionaria con un mínimo de dos (2) años de anterioridad.

 

7.  No  haber  sido  declarado  o  declarada  en  estado  de  quiebra,  culpable  o fraudulenta, mediante sentencia firme, ni condenado o condenada por delitos contra la fé pública o contra el patrimonio público.

 

Responsabilidad de los miembros del Directorio

 

Artículo 28. Los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre serán solidariamente responsables, civil y administrativamente, de las decisiones adoptadas en las reuniones del Directorio, de  acuerdo con las leyes que rigen la materia, a menos que hayan salvado sus votos o que no hubiesen asistido a la reunión de que se trate.

 

Atribuciones del Directorio

 

Artículo 29. Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Transporte

Terrestre, las siguientes:

 

1.  Aprobar internamente el plan operativo, el presupuesto anual del Instituto, los estados financieros y la memoria y cuenta del mismo.

 

2.  Aprobar el reglamento interno del Instituto, propuesto por su Presidente o

Presidenta y sus modificaciones cuando las circunstancias lo requieran.

 

3.  Aprobar la creación, modificación o supresión de unidades técnicas y de las oficinas regionales que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto.

 

4.  Aprobar el estatuto de los funcionarios del Instituto.


 

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5.  Autorizar al Presidente o Presidenta del Instituto para suscribir y actualizar convenios y contratos que  tengan por objeto el desarrollo y agilización de actividades y proyectos vinculados con el servicio del  transporte terrestre, previa aprobación del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre.

 

6.  Autorizar la suscripción y extensión de la contratación colectiva con sus trabajadores o trabajadoras en los términos señalados por la ley.

 

7.  Autorizar  la  adquisición  y  enajenación  de  bienes  muebles  e  inmuebles propiedad del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la ley que rige la materia.

 

8.  Autorizar al Presidente o a la Presidenta del Instituto o al Vicepresidente o Vicepresidenta, conjuntamente con el gerente de administración, para abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del  Instituto, cumpliendo con las normas que rijan la materia.

 

9.  Las demás que le confieran esta Ley y los reglamentos respectivos.

 

Atribuciones del Presidente o Presidenta del Instituto

 

Artículo 30. Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, las siguientes:

 

1.  Ejecutar,  supervisar  y  controlar  la  aplicación  de  las  políticas  del  sector transporte terrestre, emanadas del Ejecutivo Nacional.

 

2.  Ejercer la representación y emitir los lineamientos necesarios para organizar, administrar,  coordinar  y   controlar  los  recursos  humanos,  materiales  y financieros del Instituto.

 

3.  Ejecutar y hacer cumplir los actos de efectos generales o particulares que dicte el Directorio.

 

4.  Nombrar, transferir, remover, destituir y ejercer la potestad disciplinaria del personal del Instituto, de conformidad con el correspondiente estatuto.

 

5.  Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación del Directorio, convenios y contratos de obra, de adquisición de bienes o servicios, arrendamientos con organismos nacionales, públicos, privados e  internacionales, así como con personas naturales y jurídicas.

 

6.  Dictar  los  lineamientos  generales  para  la  elaboración  del  proyecto  de presupuesto y someterlo a la  consideración del Directorio, de conformidad con la ley.

 

7.  Delegar atribuciones, la firma de determinados documentos o certificaciones, de conformidad con la normativa aplicable.


 

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8.  Presentar el proyecto de reglamento interno a la consideración del Directorio.

 

9.  Convocar y presidir las sesiones del Directorio, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones.

 

10.Ejercer  la  representación  judicial  y  extrajudicial  del  Instituto,  pudiendo constituir apoderados generales o especiales.

 

11.Presentar la memoria y cuenta del Instituto a la consideración del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre.

 

12.Suscribir  las  comunicaciones  dirigidas  a  entidades  bancarias,  públicas  o privadas, relacionadas con solicitudes de información sobre estados de cuenta por concepto de depósitos especiales para pagos de contratos y el movimiento de las cuentas, referentes a los fondos del Instituto.

 

13.Abrir,  movilizar  y  cerrar  las  cuentas  del  Instituto,  conjuntamente  con  el

Vicepresidente o Vicepresidenta, o con el gerente de administración.

 

14.Las demás que le confieran la ley y los reglamentos.

 

Atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta del Instituto

 

Artículo 31. Son atribuciones del Vicepresidente o Vicepresidenta del Instituto

Nacional de Transporte Terrestre, las siguientes:

 

1.  Cubrir las faltas temporales y las absolutas, hasta tanto se proceda a la nueva designación del Presidente o Presidenta del Instituto.

 

2.  Representar en cualquier evento al Presidente o Presidenta del Instituto, por designación de éste.

 

3.  Colaborar  con  el  Presidente  o  Presidenta  del  Instituto  en  la  ejecución, supervisión y control en la  aplicación de las políticas del sector transporte terrestre, emanadas del Ejecutivo Nacional.

 

4.  Colaborar  con  el  Presidente  o  Presidenta  del  Instituto  en  la  ejecución  y cumplimiento de los actos de efectos generales o particulares emanados del Directorio.

 

5.  Coordinar  las  políticas  intersectoriales  con  los  demás  órganos  del  Poder

Público.

 

6.  Informar al Presidente o Presidenta del Instituto sobre el control del Sistema de Evaluación de Desempeño Gerencial.

 

7.  Coordinar los proyectos de memoria y cuenta, informes anuales de gestión y boletín estadístico para la revisión del Presidente o Presidenta del Instituto.

 

8.  Participar en la formulación y control de la estrategia comunicacional, con el propósito de contribuir a la proyección de la imagen adecuada del Instituto.


 

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9.  Las demás que le asigne el Presidente o Presidenta, y el Directorio.

 

Capítulo  III

Del Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial

 

De la creación del Fondo

 

Artículo  32. Se crea el Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial, a los fines de administrar los recursos provenientes de las multas indicadas en el numeral 2 del artículo 25 de esta Ley; sin personalidad jurídica y  dependiente del Instituto Nacional  de  Transporte  Terrestre.  El  Fondo  tendrá  como  objetivo  principal optimizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad vial en el territorio nacional, mediante la  elaboración de programas y proyectos de inversión en materia de equipamiento y educación vial, que serán  sometidos anualmente o con  la  periodicidad  que  requieran  las  circunstancias,  a  la  aprobación  del Directorio del Instituto.

 

Junta administradora del Fondo

 

Artículo 33. El Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial estará administrado por una Junta Administradora integrada por tres (3) miembros de libre nombramiento y remoción, con sus respectivos suplentes, uno de los cuales será el coordinador o coordinadora  de  la  Junta.  El  ministro  o  ministra  del  poder  popular  con competencia en materia de transporte terrestre designará al miembro coordinador y  su  suplente.  Los  otros  miembros  y  sus   suplentes  serán  designados  o designadas,  uno  por  el  Presidente  o  Presidenta  del  Instituto  Nacional  de Transporte Terrestre y otro por el Director o Directora del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.

 

Recursos del Fondo

 

Artículo 34. Los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial son aquellos que efectivamente hayan ingresado a las cuentas del mismo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 25 de esta Ley. Igualmente, forman parte del Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial los recursos que, conforme a otras leyes, se depositen en fideicomisos u otras modalidades para atender los programas de educación y seguridad vial.

 

Del depósito de los recursos

 

Artículo   35.  Los  recursos  del  Fondo  de  Apoyo  a  la  Seguridad  Vial  se depositarán en las  cuentas  bancarias  destinadas  a tal efecto, por el  Instituto Nacional  de  Transporte  Terrestre  y  podrán  colocarse   en   inversiones  que garanticen la mayor seguridad y liquidez de los mismos, de conformidad con la ley que rige la materia.


 

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De la distribución de los recursos por multas y revisiones

 

Artículo 36. Los recursos provenientes de las multas impuestas y constancias de revisión  efectuadas  por  el   Cuerpo  Técnico  de  Vigilancia  del  Transporte Terrestre, serán distribuidos de la siguiente manera:

 

1.  Un  cuarenta  por  ciento (40%)  exclusivamente  para  fortalecimiento y equipamiento del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.

 

2.  Un sesenta por ciento (60%) para el desarrollo e implantación de planes, programas  y  proyectos  de  educación  y  seguridad  vial,  y  la  escuela  del transporte.

 

TÍTULO III

REGISTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

 

Capítulo  I

Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras

 

De la autoridad competente

 

Artículo 37. Se llevará un Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, el cual deberá garantizar la mayor transparencia en los trámites y procedimientos.

 

La organización y funcionamiento del Registro Nacional de Vehículos y de Conductores  y Conductoras  serán  determinados  por el  Instituto  Nacional  de Transporte Terrestre.

 

Del carácter público del Registro

 

Artículo   38.   El   Registro  Nacional  de   Vehículos   y   de   Conductores   y Conductoras, será público, sólo los actos inscritos en el mismo surtirán efectos frente a terceros, así como las certificaciones de éstos que emita el Instituto, las cuales serán otorgadas en la forma prevista en el Reglamento de esta Ley, por el Registrador   o  Registradora                         Nacional                 de            Transporte        Terrestre  o  por  los Registradores Delegados o las Registradoras Delegadas.

 

A los fines del presente artículo, el vendedor o la vendedora deberá notificar al Registrador Delegado o Registradora Delegada de la jurisdicción donde resida o haya  vendido  el  vehículo,  dentro  de  los  treinta  (30)  días  siguientes  a  la enajenación del vehículo, del acto notarial respectivo, con lo cual se liberará de toda   responsabilidad,  civil  y  administrativa  frente  a  terceros,  por  hechos posteriores a la venta no imputables al vendedor o vendedora.


 

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El  incumplimiento  de  la  presente  obligación  dentro  del  lapso  establecido acarreará  la  multa  respectiva,  y  la  notificación  efectuada  con  posterioridad surtirá plenos efectos a partir de la fecha de su realización.

 

Presencia y certificación de los actos de traspasos y registros

 

Artículo  39. Los Registradores Delegados o Registradoras Delegadas pueden presenciar y certificar los actos de traspasos de vehículos o recibir del vendedor o vendedora, o comprador o compradora las manifestaciones de voluntad y las actuaciones        notariales                    o               judiciales       que   fueren  pertinentes,  así   como  las experticias relativas al número de identificación y características del vehículo, realizada por los funcionarios especializados del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, y tramitar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, la documentación respectiva. Igualmente, recibirán, vía postal, dichas actuaciones notariales o judiciales y expedirán por la misma vía o por cualquier otro medio idóneo los resultados de su tramitación.

 

En ningún caso podrá exceder, la consignación, tramitación y entrega por parte de la Administración de los  documentos respectivos atinentes a la solicitud de que se trate, sea definitiva o de mero trámite, de veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de recibo de la solicitud y sus anexos por vía postal, y de cinco (5) días hábiles en los demás casos realizados en forma directa.

 

Vehículos exceptuados del Registro Nacional

 

Artículo 40. Los vehículos propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras,  exceptuando                        los  artillados  propiedad de  la  Fuerza   Armada Nacional, cuyo registro  lo  llevará la autoridad militar correspondiente, la cual suministrará la información requerida por las autoridades competentes, en caso de accidentes de tránsito.

 

Desincorporación de vehículos por programas de renovación

 

Artículo  41.  Los  vehículos  usados,  utilizados  para  el  servicio  de  transporte terrestre  público  de  personas  y  de  carga,  que  hayan  sido  incluidos  para  su sustitución en los programas de renovación promovidos por el Estado, deben ser desincorporados  del  Registro  Nacional  de  Vehículos  y  de  Conductores  y Conductoras.  A tales efectos, los organismos encargados de estos programas deben  efectuar la  respectiva  notificación al  Instituto  Nacional  de  Transporte Terrestre, en un lapso no mayor a treinta (30) días, contados a partir de  la inclusión en los programas de renovación del respectivo vehículo.


 

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Certificaciones y reportes

 

Artículo  42. Los peritos avaluadores autorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, están obligados a certificar y reportar mensualmente a éste, los vehículos que hayan sido calificados como inservibles,  con la finalidad de desincorporarlos  del  Registro  Nacional  de  Vehículos  y  de  Conductores  y Conductoras.

 

Centros de componentes automotrices usados

 

Artículo  43.  Los  centros  de  compra  y  venta  de  componentes  automotrices usados,  están  obligados  a   reportar  mensualmente  al  Instituto  Nacional  de Transporte Terrestre, los vehículos o componentes de vehículos que adquieran, con la finalidad de ser desincorporados del Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. De no cumplir con lo establecido en este artículo incurrirán en las sanciones establecidas en esta Ley.

 

Organizaciones aseguradoras

 

Artículo  44. Las empresas u organizaciones aseguradoras de vehículos están obligadas  a  reportar  mensualmente  al  Registro  Nacional  de  Vehículos  y  de Conductores y Conductoras, aquellos vehículos que hayan sido calificados como pérdida total o no recuperable.

 

Corresponde a los peritos avaluadores debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, expedir la calificación previa indicada en este artículo.

 

Capítulo  II

De los Vehículos

 

De la clasificación de los vehículos

 

Artículo  45. A los fines de esta Ley, los vehículos de transporte terrestre se clasifican en:

 

1.  No motorizados o de tracción a sangre.

 

2.  A motor.

 

3.  Maquinarias y aparatos aptos para circular.

 

La  tipología  y  características  técnicas  de  los  vehículos  se  regirán  por  lo establecido en las Normas del Sistema Nacional de Calidad y por el Reglamento de esta Ley.


 

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Condiciones de seguridad de los vehículos

 

Artículo 46. Todo vehículo a motor debe mantenerse en perfectas condiciones de seguridad, funcionamiento,  control de emisiones de gases contaminantes y ruido, según lo establecido en esta Ley, su Reglamento y en concordancia con el ordenamiento jurídico en la materia. A tal efecto, el propietario o la propietaria está  obligado  u  obligada  a  efectuar  la  revisión  técnica  del  vehículo  en  los términos expuestos en esta Ley y su Reglamento.

 

Dispositivos de control y registro de velocidad

 

Artículo  47.  Todo  vehículo  automotor  deberá  tener  instalado  y  en  perfecto estado de funcionamiento, dispositivos que permitan obtener un registro gráfico de la velocidad y distancia recorrida, en función del tiempo y características de la vía, de conformidad con el Reglamento de esta Ley. Los dispositivos de control a que se  refiere este artículo deberán demostrar anualmente la idoneidad de sus sistemas.

 

Mecanismos de control de velocidad

 

Artículo 48. Las autoridades administrativas competentes, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, implementarán los mecanismos que permitan realizar el correspondiente control de velocidad de los vehículos automotores.

 

Autorización y asignación de placas identificadoras de vehículos a comercializar

 

Artículo 49. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre autorizará y asignará a los fabricantes, ensambladoras, carroceras e importadoras de vehículos las placas identificadoras de los vehículos a comercializar, cualquiera  sea su tipología, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1.  Estar legalmente constituidos en el país.

 

2.  Estar  inscritos  en  el  registro  de  empresas  fabricantes,  ensambladoras, distribuidoras e importadoras llevados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y el ministerio del poder popular con  competencia  en materia de industrias ligeras y comercio.

 

3.  Identificar los vehículos a comercializar mediante la marca, modelo, tipo, capacidad, peso, tara, número de identificación de vehículo (VIN), serial de motor, serial de             carrocería, tipología     y               características       técnicas,   de conformidad con las disposiciones reglamentarias y las Normas del Sistema Nacional de Calidad.

 

4.  En caso de vehículos importados deberá consignarse la documentación de nacionalización emitida por la autoridad competente.


 

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5.  Los demás requisitos y procedimientos que determine el Reglamento de esta

Ley.

Certificado de homologación de vehículos

 

Artículo 50. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente autorizado para otorgar el certificado de  homologación de vehículos, cuyos requisitos y elementos se establecerán en el Reglamento de esta Ley.

 

Certificado de homologación previa comercialización

 

Artículo  51.  Los  fabricantes,  ensambladoras,  carroceras  e  importadoras  de vehículos  deben  solicitar  ante  el  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre, previa a su comercialización, el certificado de  homologación, consignando la documentación técnica necesaria de los modelos a comercializar.

 

Para la  prestación  del  servicio  de  transporte  terrestre  público  y  privado  de personas y de carga, las  unidades no podrán ser objeto de financiamiento por entes públicos o privados, si no cumplen con las Normas del Sistema Nacional de Calidad.

 

Revisión técnica, mecánica y física de vehículos

 

Artículo 52. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, practicará la revisión técnica, mecánica y física de los vehículos, a los fines de verificar el buen estado de funcionamiento y las características de las unidades del  parque automotor existente. Los resultados de la revisión serán insertados al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras. Los vehículos que no aprueben la revisión no podrán circular por las vías  públicas o privadas destinadas al uso público.

 

De las estaciones para la revisión técnica

 

Artículo  53.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  establecerá  los requisitos y normas para la instalación y funcionamiento de las estaciones para la revisión técnica, mecánica y física de vehículos.

 

De los procedimientos de la revisión

 

Artículo  54.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre,  establecerá  los procedimientos específicos de la revisión técnica, mecánica y física de vehículos, así como las medidas aplicables en los casos de vehículos que  no aprueben la revisión,  pudiendo  ordenar  su  desincorporación  del  Registro  Nacional  de Vehículos y  de Conductores y Conductoras, en aquellos casos en los cuales, debido  al  deterioro  del  vehículo,  se  determine  que  es  inservible  de  manera permanente.


 

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Verificación legal de vehículos usados

 

Artículo 55. Toda persona, a fin de verificar las condiciones legales de cualquier unidad, puede consultar el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras; si existiere interés legítimo, podrá solicitar  la realización de la experticia de verificación de seriales y características por ante los funcionarios especializados o funcionarias especializadas del Cuerpo Técnico de Vigilancia del  Transporte  Terrestre.  A  estos  fines,  tanto  el  Instituto,  como  el  Cuerpo Técnico  de  Vigilancia  del  Transporte  Terrestre,  mantendrán  los  sistemas  de información y de verificación correspondientes. La forma de acceder a tales sistemas se establecerá en el Reglamento de esta Ley.

 

En  materia  de  experticias  y  verificación  de  seriales,  tienen  competencia concurrente  los  funcionarios  especializados  o  funcionarias  especializadas  en robo y hurto de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas.

 

Obligación de desincorporación de vehículos del Registro

 

Artículo  56. El propietario o la propietaria de un vehículo a motor declarado como           inservible   de   manera   permanente,   está   obligado   u   obligada   a desincorporarlo del Registro respectivo antes de venderlo en su totalidad, o como partes o piezas para componentes de vehículos usados.

 

El  Reglamento  de  esta  Ley  establecerá  los  requisitos  y  formas  para  la desincorporación de vehículos.

 

De las modificaciones

 

Artículo   57.   Cualquier  transformación,  modificación   o   cambio   en   sus características técnicas originales que altere la estructura, función o aspecto de un  vehículo,  y  que  éste  en  ningún  caso  afecte  la  seguridad  del  transporte terrestre,  podrá  efectuarse  solamente  previa  autorización,  expendida  por  el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

De las pólizas de seguros

 

Artículo  58. Todo vehículo a motor debe estar amparado por una póliza de seguro de responsabilidad civil,  para responder suficientemente por los daños que ocasione al Estado o a los y las particulares. Igualmente resultará obligatorio el  seguro  de  responsabilidad  civil  para  las  motocicletas,  en  las  mismas condiciones que rige para los automotores.

 

En el caso de vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público y privado               de   personas,  sus   propietarios  o   propietarias  deben   contratar


 

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adicionalmente una póliza de seguro de accidentes personales que cubra a las personas que transporta y su equipaje.

 

Placas identificadoras

 

Artículo 59. Todo vehículo que circule por el territorio nacional, debe portar, de manera visible, sus correspondientes placas identificadoras, colocadas en la parte delantera y la otra en la parte posterior, en los sitios especialmente destinados a tal fin.

 

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el organismo competente para autorizar la fabricación, expedición y asignación de las placas identificadoras; así como para determinar su formato, características y clasificación.

 

Reposición de las placas identificadoras

 

Artículo  60. En caso de destrucción o deterioro, robo, hurto o extravío de las placas identificadoras, el interesado solicitará al Instituto Nacional de Transporte Terrestre  la  reposición  de  las  placas  correspondientes,  cumpliendo  con  los requisitos establecidos por el Reglamento de esta Ley.

 

Vehículos con placas extranjeras

 

Artículo  61.  Los  vehículos  que  en  el  marco  de  los  acuerdos  o  convenios internacionales suscritos por la Republica Bolivariana de Venezuela ingresen al país en condición de turistas, podrán circular con sus placas identificadoras de origen durante el tiempo de su estadía legal, siempre que posean la garantía o póliza  de responsabilidad civil y se sometan a todos los requisitos que fije el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

Permiso provisional

 

Artículo 62. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre otorgará un permiso provisional  para  la   circulación   de   los   vehículos  que   no   porten  placas identificadoras, por un lapso de treinta (30) días prorrogables.

 


Capítulo  III

De Las Licencias


 

 

 

 

 

Licencia de conducir


 

Artículo 63. Para conducir un vehículo, la persona debe obtener y portar la licencia o título profesional de  conducir, vigente, del grado o categoría que corresponda al tipo de vehículo a motor respectivo, expedida  por el Instituto Nacional  de  Transporte  Terrestre  y el  Certificado  Médico  de  Salud  Integral vigente,   además   el  conductor  o  conductora  de  vehículos  destinados  a  la


 

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prestación del servicio de transporte terrestre público y privado de pasajeros y pasajeras, deberá obtener y  portar el certificado de conducir expedido por la Escuela  del  Transporte  avalado  por  el  Instituto   Nacional   del  Transporte Terrestre.

 

La licencia de conducir de un grado superior, permitirá a su titular la conducción de vehículos para los cuales se requiere un grado inferior, con excepción de la conducción de motocicletas.

 

La licencia de conducir sólo podrá ser expedida, renovada, suspendida, anulada o revocada  por  el  Instituto   Nacional  de  Transporte  Terrestre.  Los  órganos jurisdiccionales competentes, podrán ordenar la revocatoria.

 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de salud expedirá gratuitamente el Certificado Médico de Salud Integral, en el que se incluye todos los parámetros necesarios para conducir, en los términos  establecidos por el Reglamento de esta Ley.

 

Del Registro de licencias

 

Artículo  64.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre,  a  través  de  los Registradores Delegados o  Registradoras Delegadas recibirán y tramitarán las solicitudes de los usuarios y las usuarias de sus respectivas  circunscripciones, para la obtención de las licencias o títulos de conducir.

Requisitos adicionales

 

Artículo  65. En el Reglamento de esta Ley se establecerán los requisitos y condiciones, así como la  obligación de realizar y aprobar cursos y exámenes especiales para obtener la licencia de conducir vehículos destinados al transporte de carga, transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras, transporte escolar, turístico, de ambulancias, de bomberos, de valores, policiales o similares y para obtener el certificado de  conducir vehículo destinado al servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras.

 

Licencia para extranjeros y extranjeras

 

Artículo 66. En el Reglamento de esta Ley se determinará todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias para extranjeros y extranjeras.

 

Clasificación de las licencias para conducir

 

Artículo 67. Las licencias para conducir se otorgarán por grado, de acuerdo con los tipos de vehículos y la capacidad que exija su conducción. El grado indica la capacidad del sujeto para conducir vehículos de determinado tipo. Las licencias serán de cinco (5) grados:


 

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1.  Licencias de primer grado (1°) para conducir vehículos no motorizados. Tipo “A”,  a  personas  mayores  de  catorce  (14)  años  de  edad,  para  conducir vehículos de tracción humana; Tipo “B”, a personas  mayores  de dieciséis (16) años de edad, para conducir vehículos de tracción animal.

 

2.  Licencias de segundo grado (2°) para conducir motocicletas. Tipo “A”, a personas mayores de dieciséis (16) años de edad para conducir motocicletas con  cilindrada  hasta ochenta  centímetros  cúbicos  (80  cm3);  Tipo  “B”, a personas mayores de dieciocho (18) años de edad para conducir motocicletas de cualquier cilindrada.

 

3.  Licencias de tercer grado (3°) para conducir vehículos a motor destinados al transporte privado de  personas, con capacidad hasta de nueve (9) puestos, incluyendo el del conductor o conductora; vehículos destinados al transporte de mercancías, cuya capacidad de carga y peso bruto vehicular máximo no exceda  los  dos  mil  quinientos  kilogramos  (2.500  Kgs).  Tipo  “A”,  a  las personas mayores de dieciséis (16) años de edad y menores de dieciocho (18) años              de              edad,      sujetas       al         régimen     especial restrictivo    previsto  en              el Reglamento de esta Ley; Tipo “B”, a las personas mayores de dieciocho (18) años de edad.

 

4.  Licencias de cuarto grado (4°) a las personas mayores de veintiún (21) años de edad para conducir  vehículos con capacidad hasta de doce (12) puestos destinados  al  transporte  terrestre público  de  personas  y los  vehículos  de carga, cuyo peso bruto vehicular no exceda los seis mil kilogramos (6.000

Kgs).

 

5.  Licencias de quinto grado (5°) a personas mayores de veinticinco (25) años de edad, para conducir todo tipo de vehículos de transporte terrestre privado de  personas,  transporte  terrestre  público  de  personas  en  rutas  urbanas, suburbanas e interurbanas, y transporte de carga hasta nueve mil kilogramos (9.000 Kgs), con la excepción de los vehículos indicados en el numeral 2 de este artículo.

 

6.  Títulos profesionales a personas mayores de treinta (30) años de edad, sujetas al régimen especial previsto en el Reglamento de esta Ley para conducir todo tipo de vehículos con fines de lucro, cualquiera sea su capacidad o uso, con la excepción de los vehículos indicados en el numeral 2 de este artículo y los especificados en el artículo siguiente. Para el transporte de carga de alto riesgo se requerirá, además del título profesional, el certificado de aprobación del curso de conducción de vehículos de carga de alto riesgo.


 

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Licencias especiales

 

Artículo 68. Las personas con discapacidad que llenen los requisitos ordinarios para obtener licencia para  conducir vehículos automotores, la tendrán en las mismas condiciones y con la duración ordinaria general  para el grado en que fuera  otorgada.  Los  certificados  médicos  de  salud  integral  especiales  que prueben  la   aptitud  para  manejar,  deberán  determinar  el  tipo  y  grado  de discapacidad presentada.

 

Licencias para funcionarios y funcionarias diplomáticos y consulares

 

Artículo   69.  Los  funcionarios  y   funcionarias  diplomáticos  o   consulares acreditados  en  el  país,  podrán  obtener  la  licencia  para  conducir,  siempre  y cuando  exista  reciprocidad  de   acuerdo  a  lo  establecido  en  los  convenios internacionales  vigentes.  Las  condiciones  y  requisitos  se  establecerán  en  el Reglamento de esta Ley.

 

Suspensión, anulación y revocación de los permisos de conducir

 

Artículo  70. Las licencias y los títulos de conducir podrán ser suspendidos, anulados o revocados por la  autoridad administrativa competente, que la haya expedido o el ente jurisdiccional competente por las causas previstas en esta Ley. Serán anuladas cuando hayan sido otorgadas mediante un acto viciado en razón de  defectos de forma esenciales a su validez, o por falta de los requisitos de fondo. Serán revocadas cuando  sobrevenga impedimento que incapacite física, mental  o  legalmente  a  su  titular  para  conducir  vehículos,  y  cualquiera  otra prevista en el capítulo correspondiente a las sanciones administrativas, y serán suspendidas en los casos previstos en esta Ley.

 

Capítulo  IV

De los Propietarios, Propietarias, Conductores, Conductoras y sus Obligaciones

 

De los propietarios y propietarias

 

Artículo 71. Se considera propietario o propietaria quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y de  Conductores y Conductoras como adquirente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio.

 

Obligaciones de los propietarios y las propietarias de vehículos

 

Artículo  72.  Todo  propietario  o  propietaria  de  vehículo  está  sujeto  a  las siguientes obligaciones:

 

1.  Inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y  Conductoras,  dentro  de  los  treinta  (30)  días  hábiles  siguientes  a  su


 

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adquisición, y efectuar las inscripciones que exija el Instituto Nacional de

Transporte Terrestre dentro del mismo lapso.

 

2.  Pagar oportunamente las tarifas, las tasas y demás contribuciones que lo graven.

 

3.  Notificar al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras las modificaciones de las características del vehículo de su propiedad y los cambios  de  identificación,  domicilio  o  denominación  comercial,  en  los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

4.  Notificar por escrito, a través de los peritos avaluadores, autorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, cuando el  vehículo se haga inservible de manera permanente o sea declarado pérdida total y demás casos previstos en esta Ley.

 

5.  Mantener el vehículo en buenas condiciones de seguridad, funcionamiento, control de emisión de gases contaminantes del ambiente y ruidos.

 

6.  Proveer al vehículo de toda la documentación y elementos de identificación establecidos  por  esta  Ley,  así  como  de  sus  correspondientes  placas  de identificación;                        renovándolas  y   manteniéndolas  en   perfecto  estado  de conservación y condiciones de visibilidad.

 

7.  Efectuar la revisión, técnica, mecánica y física del vehículo en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.

 

8.  Mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil.

 

9.  Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.

 

Obligación del conductor o conductora

 

Artículo 73. Todo conductor o conductora de un vehículo a motor está sujeto a las siguientes obligaciones:

 

1.  Portar la licencia de conducir vigente del grado correspondiente al vehículo que conduce.

 

2.  Portar el Certificado Médico de Salud Integral vigente.

 

3.  Portar  el  certificado  psicológico  vigente  en  los  casos  previstos  en  el

Reglamento de esta Ley.

 

4.  Conducir en óptimo estado de salud, física y mental.


 

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5.  Usar el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás ocupantes del vehículo cumplan esta obligación.

 

6.  No provocar ruidos contaminantes al ambiente.

 

7.  Asegurar que los niños o niñas menores de diez (10) años de edad, ocupen los asientos traseros del  vehículo. Cuando se trate de infantes deben ser transportados, en todo caso, en asientos especiales para tal fin.

 

8.  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  normas  que  en  materia  de  seguridad  del transporte terrestre establezca  esta Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico.

 


TÍTULO IV

DEL TRANSPORTE  TERRESTRE

 

Capítulo  I

De la Circulación


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre tránsito


 

Artículo 74. Las autoridades administrativas competentes, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,  garantizarán que la circulación peatonal y vehicular por las vías públicas, se realice de manera fluida,  conveniente, segura y sin impedimentos de ninguna especie.

 

Por ningún motivo podrá impedirse el libre tránsito de vehículos o peatones en una  vía  pública.  Los  ciudadanos  y  las  ciudadanas,  previa  obtención  de  la autorización emanada de la autoridad competente, tienen derecho a manifestar, sin afectar, obstruir o impedir el libre tránsito de personas y vehículos.

 

La  regulación  para  la  circulación  de  los  peatones,  el  tránsito  de  vehículos motorizados o no, los límites máximos y mínimos de velocidad, se establecerán en el Reglamento de esta Ley.

 

Dispositivos para el control del tránsito

 

Artículo  75. El Reglamento de esta Ley establecerá las normas y manuales nacionales e internacionales aplicables en materia de dispositivos para el control del tránsito, a ser utilizados en las vías públicas y privadas en todo el territorio nacional.

 

Conservación, mantenimiento de la señalización y demarcación

 

Artículo 76. Las autoridades administrativas competentes, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, son responsables de conservar, preservar y mantener la señalización y demarcación de las vías y dispositivos del tránsito, incluyendo


 

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las contentivas de la materia de educación y seguridad vial y las de carácter preventivo que sean necesarias en las vías públicas y privadas.

 

Está terminadamente prohibido alterar, destruir, deteriorar o remover las señales y otros dispositivos de  control  de tránsito. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen      el  deber  de  coadyuvar  con                              las  autoridades  administrativas en  la conservación de las señales y dispositivos de tránsito.

 

Horarios para el transporte de carga

 

Artículo  77.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  establecerá  los horarios para la circulación de vehículos destinados al transporte de carga en las vías de competencia nacional.

 

La  autoridad  administrativa  competente,  establecerá  los  horarios  para  carga, descarga,  así  como     el   de  recolección  de  los  desperdicios  y  escombros, haciéndolos coincidir                                  con      períodos  de   menor   congestión  vehicular,   en concordancia con lo previsto en el Reglamento de esta Ley.

 

Regulación de la utilización de obstáculos en las vías

 

Artículo  78.  La  utilización  de  obstáculos  que  impidan  el  libre  tránsito  o representen riesgos a la  seguridad de los usuarios y de las usuarias, en vías públicas o privadas destinadas al uso público en el territorio nacional, se regulará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

 

Remoción de obstáculos

 

Artículo  79. Las autoridades administrativas o los órganos de ejecución en el ámbito de su jurisdicción, quedan facultadas para remover los obstáculos, obras, vehículos u objetos que se encuentren ubicados, estacionados, que se presuman abandonados o se encuentren depositados en la vía pública, en zonas prohibidas o en sitios que obstaculicen el normal desarrollo de la circulación vehicular y peatonal. En el Reglamento de esta Ley se establecerá el procedimiento a seguir en estos casos.

 

Responsabilidad por remoción de vehículos

 

Artículo 80. La facultad de remover vehículos mal estacionados no releva a la Administración de  responsabilidad por los daños ocasionados  a los mismos, debido  a  la  acción  culposa  en  la  operación  efectuada.  En  todo  caso,  son solidariamente responsables la Administración, los propietarios o las propietarias de las unidades de remolque y sus garantes, frente a los afectados por los daños ocasionados.


 

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Competencias deportivas

 

Artículo   81.  Las  competencias  deportivas  en  las  carreteras  y  autopistas nacionales públicas, se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. Las realizadas en circuito cerrado se regirán por la  ley que rige la materia.

 

Permisos para la ejecución de trabajos en red vial nacional

 

Artículo  82.  Las  personas,  organismos  públicos  o  privados  que  requieran efectuar  trabajos  que  afecten  la  circulación,  deberán  obtener  la  autorización respectiva de la autoridad administrativa competente; participarlo con la debida antelación  e  indicar  su  naturaleza,  fecha  de  inicio,  duración  estimada  y  la restricción  que  causará  a  la  circulación,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el Reglamento de esta Ley.

 

La autoridad administrativa competente, dispondrá de un plazo de setenta y dos (72) horas para dar respuesta a la solicitud y podrá indicar que los trabajos de que se trate se realicen en otra fecha u hora e indicará las  señales y demás medidas de prevención que juzgue necesarias.

 

De la paralización de los trabajos en la red vial nacional

 

Artículo 83. La ejecución de trabajos a que se refiere el artículo anterior sin el cumplimiento de los requisitos y autorizaciones, dará lugar a la paralización de los  mismos  y  a  la  restitución  del  estado  físico  del  lugar  a  sus  condiciones originales, anteriores a la iniciación de los trabajos. Los costos correrán a cargo de   quien    haya    ejecutado  la                        obra.   Serán       nulas  de   manera  absoluta  las autorizaciones emitidas estadal o localmente para la ejecución de dichos trabajos, a menos que las obras, como  forma de aprovechamiento de la vialidad y del derecho de vía nacionales, hayan sido sometidas a la  coordinación respectiva entre la gobernación de que se trate y el Ejecutivo Nacional, en cuyo caso se entenderán         en conocimiento        los      organismos del              Poder Público    Nacional competentes para el control del transporte terrestre.

 

Condiciones de circulación de los peatones y vehículos no motorizados

 

Artículo  84. Las autoridades administrativas competentes implementarán, los sistemas de tránsito peatonal y de vehículos, tipo bicicleta o cualquier otro de tracción a sangre, a fin de garantizar su circulación y prioridades de paso por las vías públicas y demás zonas especialmente acondicionadas para ello.

 

El Reglamento de esta Ley, establecerá las normas especiales para la circulación de peatones y bicicletas o cualquier otro de tracción a sangre.


 

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En  las  aceras  o  aquellas  zonas  especialmente  destinadas  para  la  circulación peatonal, no podrán colocarse  ningún tipo de obstáculo que impida el normal desarrollo de la circulación de peatones.

 

Restricciones para la ocupación de los asientos delanteros de los vehículos

 

Artículo 85. En todos los vehículos de carga con capacidad mayor a los tres mil quinientos  kilogramos  (3.500  Kgs),  no  se  permite  el  transporte  de  personas menores de diez (10) años; con las excepciones previstas en el Reglamento de esta Ley. En los vehículos de transporte terrestre público de personas, no se permite viajar en los asientos delanteros a menores de diez (10) años, personas con  discapacidad  y  mujeres  en  estado  de  gravidez;  a  tal  fin,  los  vehículos deberán contar con espacios y asientos especialmente acondicionados.

 

Obligaciones en casos de accidentes

 

Artículo   86.  Todo  conductor  o  conductora  implicado  o  implicada  en  un accidente de tránsito deberá:

 

1.  Detener el vehículo, en el lugar del accidente.

 

2.  Cerciorarse  si  se  han  producido  víctimas  personales  o  daños  a  bienes públicos  o  privados  como  consecuencia  del  accidente  y  prestarle  a  las personas los debidos auxilios, procurando mantener el estado de las cosas.

 

3.  Avisar a la autoridad competente en todo caso.

 

4.  Salvaguardar  la  fluidez  y  seguridad  de  la  circulación  e  intercambiarse recíprocamente los datos de identificación de los vehículos y de las personas involucradas en el accidente y de ser posible de los testigos presénciales.

 

Lo dispuesto en los numerales 2 y 3 de este artículo se aplicará también a los testigos presénciales y otras  personas que se hagan presentes en el sitio del accidente.

 

Tiempo de conducción y descanso

 

Artículo 87. Las personas naturales y jurídicas autorizadas para la prestación del servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras, y de carga están obligadas a cumplir con los tiempos de conducción y descanso que a tal efecto se establecerán en el Reglamento de esta Ley. Igualmente, deben cumplir con la obligación de  llevar el personal debidamente habilitado para el relevo en la conducción de tales vehículos.


 

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Capítulo  II

De la Seguridad y Educación  Vial

 

Obligatoriedad de la educación y seguridad vial

 

Artículo  88. El ministerio del poder popular con competencia en materia de educación, incluirá en todos  los  niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, programas permanentes de enseñanza en  materia  del sistema de transporte terrestre, educación y seguridad vial.

 

Las  personas  jurídicas,  públicas,  privadas  y  la  sociedad  civil  organizada, actuarán  coordinadamente  con   los  organismos  competentes  en  materia  de transporte terrestre y de protección civil, en el desarrollo de los  programas de enseñanza que se imparten de manera permanente, así como los de formación cívica y prevención.

 

Participación  ciudadana

 

Artículo   89.  Las   autoridades  administrativas  competentes  fomentarán  la participación de la ciudadanía en la difusión y observancia de las reglas y normas del transporte terrestre. Para  ello podrán organizarse brigadas de voluntarios, coordinadas por tales autoridades que apoyen la realización de la participación ciudadana en las materias y casos que establezcan el Reglamento de esta Ley.

 

Los  recursos  destinados  al  fortalecimiento  de  programas  de  educación  vial deberán  atender  a  las  organizaciones  de  voluntarios  de  transporte  terrestre, dándole prioridad a aquellas que tengan su origen en los Consejos Comunales.

 

Publicidad institucional y comercial

 

Artículo 90. La colocación de toda publicidad institucional y comercial, tales como  vallas, señales, carteles,  dibujos, avisos luminosos, pancartas  y demás medios  similares  conocidos  o  por  conocerse,  deberá  ser  permisada  por  la autoridad competente.

 

Es  competencia  del  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  autorizar  la instalación  de  publicidad  institucional  y  comercial  en  las  adyacencias  del derecho de vía de las carreteras y autopistas nacionales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

 

Es  competencia  de  los  municipios  autorizar  la  instalación  de  publicidad institucional  y  comercial  en  las  inmediaciones  de  las  vías  urbanas,  previa verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por dichos entes u órganos políticos territoriales en las ordenanzas municipales que a tal fin se dicten.


 

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Corresponde exclusivamente a los municipios la competencia para supervisar y controlar que la colocación  de vallas y demás modalidades de colocación de publicidad  institucional  y  comercial  se  ajuste  a  las  Ordenanzas  Municipales referentes a la materia de publicidad exterior, así como también le corresponde la sustanciación y decisión de los procedimientos administrativos indicados con ocasión al presunto  incumplimiento de dicha normativa y la aplicación de las sanciones administrativas a que haya lugar.

 

Prohibición de instalación de medios publicitarios

 

Artículo  91.  Queda  prohibida  la  instalación  de  medios  publicitarios  en  las intersecciones de vías,  distribuidores de tránsito, puentes, viaductos, túneles, pasos peatonales y separadores de avenidas, autopistas y carreteras.

 

Prohibición de colocación de cierto tipo de publicidad

 

Artículo 92. Queda prohibida la colocación de anuncios, carteles, vallas y avisos publicitarios, comerciales o institucionales en toda la red vial, pública o privada de uso público, permanente o casual y en una franja de los predios colindantes a las mismas equivalente a cincuenta metros (50 mts) medidos desde el eje de la vía en las autopistas nacionales; de treinta metros (30 mts) medidos desde el eje de la vía en la carreteras pavimentadas y quince metros (15 mts) medidos desde el eje de la vía en las carreteras no pavimentadas, dentro o fuera del derecho de vía.

 

Igualmente queda prohibida la colocación de éstos medios publicitarios tanto en la vía pública como en las unidades de transporte terrestre público y privado de personas y de carga que contengan mensajes de:

 

1.  Cigarrillos y derivados del tabaco.

 

2.  Bebidas alcohólicas y demás especies previstas en la legislación sobre la materia.

 

3.  Sustancias estupefacientes o psicotrópicas prohibidas por la ley que rige la materia.

 

4.  Servicios profesionales prestados por personas que no posean o cumplan con los requisitos o condiciones exigidos por la ley.

 

5.  Bienes,  servicios  o   actividades  cuya   difusión  haya  sido  prohibida  o restringida, en forma temporal o permanente, por motivos de salud pública o garantía  de  los  derechos  de  las  personas,  por  la  ley  o  las  autoridades competentes, o no haya sido autorizada, según sea el caso.


 

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6.  juegos de envite y azar que denigren del trabajo como hecho social y proceso fundamental para alcanzar los  fines del Estado, o en los cuales participen niños, niñas o adolescentes, salvo que se trate de rifas benéficas por motivo de ayuda humanitaria.

 

7.  bienes o servicios dirigidos a niños, niñas o adolescentes que muestren o utilicen elementos de violencia regulados en esta Ley.

 

8.  Armas, explosivos bienes o servicios relacionados y similares.

 

Señales de tránsito

 

Artículo  93.  Se  prohíbe  colocar  o  mantener  en  las  vías  públicas,  signos, demarcaciones, publicidad o elementos que imiten o se asemejen a las señales del tránsito, o colocar en ellas anuncios de cualquier índole.

 

TÍTULO V

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

 

Capítulo  I

Competencias en Materias de Servicios de Transporte

 

Competencias de la autoridad nacional

 

Artículo 94. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente competente para autorizar, regular, supervisar y controlar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras, en rutas urbanas intermunicipales que no estén sujetas       a             autoridades      metropolitanas o   mancomunidades,  en   materia  de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras y en todos los casos de rutas suburbanas e interurbanas, no municipales o estadales.

 

Autoridades metropolitanas y mancomunidades

 

Artículo 95. Las autoridades de los distritos metropolitanos, mancomunidades u otras formas asociativas intergubernamentales, son los órganos competentes para autorizar,  regular,  supervisar  y  controlar  el  servicio  de  transporte  terrestre público de pasajeros y pasajeras en rutas urbanas intermunicipales, así como la clasificación  de  sus  rutas  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  esta  Ley  y  su Reglamento, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

 

Competencias de los municipios

 

Artículo 96. Las autoridades de los municipios son competentes para autorizar, regular,  supervisar  y  controlar  el  transporte  terrestre  público  de  pasajeros  y pasajeras                 urbano,  suburbano  e    interurbano  dentro   de    sus   respectivas jurisdicciones, aun cuando los municipios se  encuentren integrados a distritos


 

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metropolitanos, salvo que las rutas suburbanas sean declaradas por la autoridad competente  con  carácter  metropolitano  o  que  la  ley de  la  materia  disponga situación diferente.

 

Competencia en el transporte de carga

 

Artículo  97.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  es  la  autoridad competente en todo el territorio nacional para autorizar, sistematizar y supervisar el servicio de transporte terrestre de carga. Será competencia de los estados, en coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  a  través  del Cuerpo  Técnico  de  Vigilancia  del  Transporte  Terrestre,  el  control  de  este servicio en la red vial nacional. La circulación, estacionamiento y demarcación, así  como  la  naturaleza,  peso,  volumen,  peligrosidad  y  otras  características particulares de la carga, serán regulados en el Reglamento de esta Ley.

 

Control de carga

 

Artículo 98. Los estados en el ámbito de su jurisdicción deben prever en tramos de  autopistas  o  carreteras  administradas  directamente  o  bajo  el  régimen  de concesiones viales, la instalación de balanzas o equipos  de control de carga requeridos por la autoridad competente, de acuerdo al Plan de Control de Carga que al efecto realice el ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, cuya ejecución y supervisión estará a cargo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

Capítulo  II

De la Clasificación del Servicio

 

Clasificación del servicio de transporte terrestre

 

Artículo 99. Para los efectos de esta Ley, el servicio de transporte terrestre se clasifica en:

 

1.  Transporte terrestre de personas:

 

a) Público

 

a.1 Colectivo a.2 Individual

b) Privado

 

2.  Transporte terrestre de carga:

 

a) General, a granel, perecedera y frágil b) De alto riesgo.

3.  Servicios conexos.


 

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De las empresas del transporte nacional e internacional

 

Artículo 100. La prestación del servicio nacional de transporte terrestre público y  privado,  de  personas  y  de  carga,  se  reserva  para  los  venezolanos  y  las venezolanas y para los extranjeros y las extranjeras  residentes.  Las empresas extranjeras  de  transporte  terrestre  autorizadas  para  prestar  el  servicio  de transporte terrestre internacional, no podrán realizar transporte nacional o local, así como tampoco las personas jurídicas constituidas por ellos.

 

En los casos de extranjeros o extranjeras o residentes que aspiren a prestar el servicio nacional o local  personalmente o a través de sociedades de cualquier naturaleza, basados  en  tratados  o  convenios  internacionales  de  los  cuales la República Bolivariana de Venezuela sea parte, se aplicará la igualdad y equidad que de  manera  efectiva, tanto de hecho como  de derecho, se otorgue  a los venezolanos  y   venezolanas  en  los  países  signatarios  de  estos  tratados  o convenios internacionales.

 

Sin  perjuicio  de  la  actuación  de  oficio  por  parte  de  la  Administración,  las autoridades  competentes,  a  instancia  de  los  y  las  particulares  interesados  e interesadas, deberán abrir los procesos correspondientes a los fines de verificar y decidir sobre los asuntos atinentes a esta materia.

 


Capítulo  III De los Permisos


 

 

 

 

 

Otorgamiento de permisos


 

Artículo   101.  Las  autoridades  administrativas  nacionales  y  municipales  o metropolitanas, en sus respectivas jurisdicciones, son los órganos facultados para expedir:

 

1.  Permisos o autorizaciones de transporte de personas y de carga.

 

2.  Certificaciones de prestación del servicio de transporte terrestre público de personas.

 

3.  Tarjeta de identificación del operador u operadora.

 

4.  Tarjeta de identificación vehicular y certificado de habilitación vehicular.

 

5.  Certificaciones y licencias de operación para servicios conexos nacionales, estadales o municipales, según el caso.

 

6.  Los  demás  instrumentos  inherentes  al  Sistema  Nacional  de  Transporte

Terrestre.


 

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Para el otorgamiento de los actos previstos en el presente artículo se deben cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de esta Ley.

 

De la nulidad de los permisos

 

Artículo 102. Los actos administrativos a que se contrae el artículo anterior serán nulos al ser dictados con prescindencia total o parcial de los requisitos de validez previstos en esta Ley.

 

Seguridad Jurídica para los empresarios y las empresarias del transporte

 

Artículo 103. Las autoridades administrativas competentes, en el ámbito de su jurisdicción sólo podrán otorgar los instrumentos indicados en el artículo 98 de esta Ley, conforme a los planes de transporte y los  estudios correspondientes, considerando la oferta y demanda del servicio de que se trate, la capacidad y calidad de los mismos.

 

Capítulo  IV

Del Servicio de Transporte Terrestre de Personas

 

Prestación del servicio transporte terrestre público

 

Artículo  104.  El  servicio  de  transporte  terrestre  público  colectivo  en  rutas urbanas, suburbanas e  interurbanas será prestado, previa autorización otorgada por la autoridad competente, según el caso, por personas jurídicas cuyo objeto social principal sea el transporte terrestre público en la modalidad respectiva, de conformidad con lo previsto en la ley.

 

Personas que podrán prestar el servicio

 

Artículo 105. El servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras, previo al cumplimiento de las formalidades de la ley, podrá ser prestado:

 

1.   Directamente por la autoridad administrativa competente.

 

2.   Por  intermedio  de  personas  jurídicas  debidamente  autorizadas  por  la autoridad administrativa competente.

 

3.   Por intermedio de personas naturales en la modalidad individual.

 

Parágrafo Único: Todos los conductores y conductoras que presten el servicio público de transporte terrestre de pasajeros y pasajeras, y de carga deberán haber aprobado el curso especial gratuito y haber obtenido el Certificado de Conducir, que los capacite para brindar tal servicio dictado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre o por escuela del transporte.


 

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Uso de terminales

 

Artículo  106.  Las  personas  jurídicas  autorizadas  para prestar  el  servicio  de transporte terrestre público de personas, en rutas interurbanas deben tener como punto de origen, toques intermedios y destino, un terminal de transporte terrestre público o privado, inscrito en el registro de terminales de transporte terrestre.

 

Cuando se trate de la prestación del servicio en rutas urbanas o suburbanas, las características de la demanda, del uso del suelo y del tránsito, determinarán su operación a través de terminales públicos o privados.

 

Cambio de uso

 

Artículo  107.  Sólo  los  vehículos  destinados  a  la  prestación  del  servicio  de transporte  terrestre,  público  o  privado  de  personas,  son  susceptibles  de  uso particular, excluyendo los vehículos adquiridos con incentivos fiscales.

 

Derechos del pasajero y pasajera

 

Artículo 108. Los usuarios y las usuarias tienen derecho a:

 

1.  Un servicio de buena calidad.

 

2.  Que se les fije una tarifa acorde con el servicio que reciben.

 

3.  Exigir un servicio higiénico, seguro, confortable e ininterrumpido.

 

4.  Recibir información oportuna sobre las condiciones de prestación del servicio de transporte terrestre público.

 

5.  Recibir atención especial en caso de discapacidad, de niños o niñas con edad hasta seis (6) años, personas mayores de sesenta (60) años de edad, y mujeres en estado de gravidez o personas con niños o niñas en etapa de lactancia.

 

Las normas de atención especial se establecerán en el Reglamento de esta Ley. El  pasajero  o  la  pasajera  podrán  hacer  valer  sus  derechos  conforme  a  los procedimientos establecidos en el Título VIII de esta Ley.

 

Reparación por incumplimientos

 

Artículo  109. Los usuarios y las usuarias tienen derecho a ser resarcidos o resarcidas  por  los  incumplimientos  de  los  operadores  o  las  operadoras  del servicio del transporte terrestre público de personas y servicios conexos.

 

Deberes del usuario y de la usuaria

 

Artículo 110. Los usuarios y las usuarias tienen el deber de:


 

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1.  Pagar los cargos por los servicios recibidos de las personas autorizadas o concesionadas para prestarlos.

 

2.  Informar al prestador o prestadora del servicio y a la autoridad competente sobre las deficiencias o daños ocurridos en las instalaciones y unidades del servicio.

 

3.  Respetar  las  normas  de  comportamiento  moral     y  buenas  costumbres, establecidas, así como cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y unidades del servicio.

 

Capítulo  V

De la Clasificación de las Rutas de Transporte Terrestre Público

 

Clasificación de las rutas

 

Artículo 111. A los efectos de la presente Ley, las rutas de transporte terrestre público  de  pasajeros  y  de  pasajeras  se  clasifican  en  urbanas,  suburbanas  e interurbanas. Estas a su vez podrán ser:

 

1.  Urbanas:

a. Municipales

b.  Intermunicipales

2.  Suburbanas:

a. Municipales

b.  Intermunicipales c.  Interestadales

 

3.  Interurbanas: a.  Nacionales b.  Estadales

c. Municipales

 

Rutas urbanas

 

Artículo 112. A los efectos de esta Ley son rutas urbanas aquellas cuyo origen y destino se encuentran dentro  de la poligonal urbana del municipio de que se trate, de conformidad con la ley que rige la materia.

 

A los efectos de esta Ley son rutas urbanas intermunicipales aquellas que se desarrollan dentro de una poligonal metropolitana perteneciente a dos (2) o más municipios, y su recorrido se realiza entre ellos, cuya longitud, características y áreas de influencia se establecen en el Reglamento de esta Ley.


 

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Rutas suburbanas

 

Artículo 113. A los efectos de esta Ley son rutas suburbanas aquellas que tienen su  origen  dentro  de  la  poligonal  urbana  y se  extienden  fuera  de  ésta  hasta poblaciones                     próximas  o    contiguas   a   dicha   poligonal,   cuya   longitud, características y áreas de influencia se establecen en el Reglamento de esta Ley.

 

Rutas interurbanas

 

Artículo  114. A los efectos de esta Ley son rutas interurbanas aquellas que tienen  su  origen  en  una   ciudad  o  centro  poblado  y  su  destino  en  otra, independientemente que se encuentre en jurisdicción de uno o más municipios o en  una  o  más  entidades  federales,  cuya  longitud,  características  y  áreas  de influencia se establecen en el Reglamento de esta Ley.

 

Capítulo  VI

De las Modalidades del Servicio de Transporte Terrestre Público

 

Modalidad colectivo

 

Artículo  115.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  el  servicio  de  transporte  terrestre público de personas, modalidad colectivo, es el prestado por personas jurídicas con unidades de alta, mediana y baja capacidad o  por puesto, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley y las Normas del Sistema Nacional de Calidad.

 

Sujeción de la modalidad colectivo

 

Artículo 116. El servicio modalidad colectivo debe estar sujeto a rutas, horarios y  frecuencias,  conforme  a   los   permisos  correspondientes  emitidos  por  la autoridad competente y de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

 

Modalidad individual

 

Artículo 117. El servicio de transporte terrestre público de personas, modalidad individual, es aquel donde el  usuario y la usuaria fija el lugar de destino y se realiza  sin  sujeción  a  rutas.  Las  características  y  tipología  de  las  unidades, incluyendo los taxis y moto taxis, serán las establecidas en las Normas del Sistema  Nacional  de  Calidad.  Las  condiciones  y  requisitos  para  otorgar  la autorización del servicio se establecerán en el Reglamento de esta Ley.

 

Queda prohibido el uso de vehículos destinados al transporte terrestre público de personas,  modalidad   individual,  para  prestar  el  servicio  en  la  modalidad colectivo y viceversa.


 

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Condiciones de la suspensión, revocación y extinción de la certificación de prestación del servicio

 

Artículo 118. Sin perjuicio de lo previsto en el ordenamiento jurídico municipal o estadal, son causales de suspensión, revocatoria o extinción de la certificación de prestación del servicio de la unidad de transporte inpeccionada, las siguientes:

 

1.  Suspensión hasta tanto sean subsanadas las causas, previa nueva inspección:

 

a. Neumáticos en malas condiciones.

 

b.  Sistema de luces internas y externas sin funcionamiento. c.  Parabrisas, vidrios y espejos retrovisores, en mal estado. d.  Sistema de frenos y dirección en mal estado.

e. Cuando  los  asientos  no  reúnan  los  requisitos  mínimos  de  seguridad, comodidad e higiene.

 

2.  Suspensión por tres (3) meses:

 

a. Cuando el prestador o prestadora del transporte opere en zonas o rutas distintas a las autorizadas.

 

b.  Cuando el prestador o prestadora aumente las tarifas establecidas por el órgano competente.

 

c. Cuando  el   prestador  o prestadora  incumpla  con cualquiera  de  las obligaciones y condiciones previstas en la certificación de prestación del servicio.

 

3.  Revocatoria:

 

a. Cuando resulten alteradas en cualquier forma, las condiciones bajo las cuales se otorga la certificación.

 

b.  Cuando se compruebe que para la obtención de la certificación o para el mantenimiento de la misma, el prestador o prestadora del servicio hubiere hecho  uso  de  medios  fraudulentos,  o  se  compruebe  falsedad  de  los documentos.

 

c. Cuando el prestador o prestadora abandone la rutas autorizadas o suspenda el servicio, sin previa autorización, durante treinta (30) días consecutivos.

 

d.  Cuando el prestador o prestadora del servicio hubiere suspendido tres (3)

veces en el término de dos (2) años.

 

4.  Extinción de la certificación:

 

a. Por  renuncia  de  la  prestación  del  servicio,  en  forma  escrita  a  las autoridades competentes;


 

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b.  Por  la  muerte  o  incapacidad  jurídica  del  prestador  o  prestadora  del servicio, si fuere persona natural.

 

c. Por la quiebra o liquidación de la persona jurídica.

 

d.  Por la no renovación de la certificación a su vencimiento. e.  Por la revocatoria de la certificación.

 

Capítulo  VII

De las Modalidades del Transporte Privado

 

Modalidad estudiantil

 

Artículo 119. El servicio de transporte terrestre privado de personas modalidad estudiantil,  es  el  prestado  a  los  y  las  estudiantes  de  los  establecimientos educativos públicos o privados, por cuenta propia o por  terceros, previamente autorizados por    la       autoridad                    administrativa        competente,     cuyos            vehículos cumplan con las Normas del Sistema Nacional de  Calidad. Las condiciones y requisitos de la prestación del servicio serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.

 

Modalidad turística

 

Artículo 120. El servicio de transporte terrestre privado de personas, modalidad turística, es aquel que se  realiza hacia o desde lugares de interés turístico y cultural,  con  reiteración  o  no  de  itinerario,  calendario  y  horario,  sin  rutas definidas,  y  con  unidades  adecuadas  a  todas  las  normas  de  seguridad  y comodidad, conforme al tipo de servicio prestado, de acuerdo a lo establecido en las Normas del Sistema Nacional de Calidad y lo previsto en esta Ley.

 

Servicio de transporte turístico extranjero

 

Artículo  121.  Las  unidades  de  servicio  de  transporte  privado  de  personas, modalidad turística extranjera,  que entren y circulen en el territorio nacional, gozarán  del  mismo  trato,  privilegios  o  prerrogativas  que  se  le  otorgue  al venezolano o venezolana, conforme a los acuerdos o los tratados internacionales suscritos por la República.

 

Modalidad personal

 

Artículo 122. El servicio de transporte terrestre privado de personas modalidad personal,  es  el  que  prestan  las  personas  naturales  o  jurídicas  u  organismos públicos o privados, por cuenta propia o de terceros debidamente autorizados, en rutas previamente acordadas entre las partes.


 

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Modalidad alquiler de vehículos con o sin chofer

 

Artículo 123. El servicio de transporte terrestre privado de alquiler de vehículos con  o  sin  conductores  o  conductoras,  es  el  que  prestan  personas  jurídicas, cumpliendo lo previsto en esta Ley y su Reglamento.

 

Capítulo  VIII

Del Servicio de Transporte Automotor Terrestre de Carga

 

Prestación del servicio del transporte de carga

 

Artículo  124. El servicio de transporte automotor de carga general, a granel, perecedera y frágil, será prestado en los términos y condiciones previstos en la ley y las Normas del Sistema Nacional de Calidad.

 

Personas que prestan el servicio

 

Artículo  125. El servicio de transporte automotor de carga general, a granel, perecedera y frágil será prestado por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas, según lo dispuesto en la ley.

 

Las  personas  naturales  propietarias  de  más  de  tres  (3)  vehículos  en  esta modalidad, deben constituirse en personas jurídicas para prestar este servicio.

 

Carga de alto riesgo

 

Artículo  126.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  es  carga  de  alto  riesgo  aquella compuesta de productos peligrosos, que por sus características, causen daños a las personas, medio ambiente, vehículos y demás bienes. Se incluyen dentro de las cargas de alto riesgo aquellas cuyas dimensiones o pesos superen el máximo establecido en las Normas del Sistema Nacional de Calidad.

 

Clasificación del servicio

 

Artículo 127. A los fines de esta Ley, el transporte terrestre automotor de carga se clasifica en:

 

1.  De uso público, el prestado por personas naturales o jurídicas, debidamente acreditadas  por  la  autoridad  administrativa  competente,  recibiendo  como contraprestación del servicio un flete.

 

2.  De uso particular, el prestado por persona natural o jurídica, debidamente acreditada  por  la  autoridad  administrativa  competente,  para  su  propio  y exclusivo uso.


 

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Certificación para prestar el servicio

 

Artículo  128.  Toda  persona  natural  o  jurídica  para  prestar  el  servicio  de transporte terrestre de carga, debe estar autorizada por el Instituto Nacional de Transporte  Terrestre,  previo  cumplimiento  de  las   condiciones  y  requisitos exigidos en la ley.

 

El o la solicitante de la certificación de transporte de carga, deberá tener en propiedad uno o más vehículos, sin perjuicio a que incremente su flota mediante arrendamiento o cualquier otra figura jurídica.

 

Generadores y equipos de control de carga

 

Artículo 129. Las autoridades de puertos y aeropuertos, públicos y privados, las industrias                  siderúrgicas,   metalmecánica,   eléctricas,   electrónicas,   química, petroquímica, petrolera y gasífera, así como cualquiera otra actividad que genere carga,  incluyendo  las  de  alto  riesgo,  transportadas  por  vías  terrestre,  deben establecer los sistemas de pesajes correspondientes en los puntos de origen del transporte, a objeto de ajustar las cargas a los límites permitidos, conforme a lo establecido  en  las  Normas  del  Sistema  Nacional  de  Calidad  en  materia  de transporte terrestre.

 

Los equipos de pesajes utilizados para el control de peso a que se refiere este artículo deben estar calibrados,  y demostrar anualmente la idoneidad de sus sistemas ante el órgano rector competente, de conformidad con la ley que rige la materia.

 

Colocar el sistema de pesas en los puentes a nivel nacional.

 

Prestación del servicio de carga de alto riesgo

 

Artículo 130. El servicio de transporte terrestre de carga de alto riesgo podrá prestarse tanto por el Ejecutivo Nacional, a través de sus órganos competentes, como por las personas jurídicas autorizadas, de conformidad con esta ley.

 

Características  del servicio carga de alto riesgo

 

Artículo 131. Todo servicio de transporte terrestre de carga de alto riesgo, debe realizarse en vehículos construidos, acondicionados y mantenidos de acuerdo a la naturaleza de la carga a transportar, de conformidad con las Normas del Sistema Nacional  de  Calidad,  en  materia  de  transporte  terrestre,  así  como  en  lo establecido en esta Ley.


 

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Examen para la conducción de vehículos con cargas de alto riesgo y sobredimensionados

 

Artículo  132. En el Reglamento de esta Ley se establecerán los requisitos y condiciones, así como la obligación de realizar y aprobar cursos y exámenes para la conducción de vehículos destinados al transporte de carga de alto riesgo, de acuerdo a la naturaleza de la carga, y los sobredimensionados.

 

Capítulo  IX

De los Servicios Conexos al Transporte Terrestre

 

Definición y tipos de servicios conexos

 

Artículo 133. Se entiende por servicios conexos al transporte terrestre, aquellas actividades que complementen el transporte, y sólo podrán ser prestados con la previa            autorización  de   la   autoridad  competente,  y   bajo  las   normas  de funcionamiento aplicables en cada caso.

 

Se consideran servicios conexos:

 

1.  Peritajes y experticias de vehículos.

 

2.  Terminales de pasajeros y pasajeras, y de carga, públicos o privados.

 

3.  Paradores viales de pasajeros y pasajeras, turístico y carga.

 

4.  Transporte de encomiendas.

 

5.  Escuela del transporte.

 

6.  Estacionamientos de recepción, guarda, custodia, conservación y entrega de aquellos  vehículos  causantes  de  infracciones  a  la  presente  Ley,  o  por accidentes de transporte terrestre.

 

7.  Estaciones de servicio de expendio de combustible.

 

8.  Estaciones fijas y móviles de control de carga.

 

9.  Talleres mecánicos cuya actividad deba ser reconocida a los efectos de la revisión técnica de vehículos.

 

10. Estaciones fijas y móviles de revisión técnica, mecánica y física de vehículos.

 

11. Centros de componentes automotrices usados.

 

12. Servicios de grúa de arrastre y de plataforma.

 

13. Centros de reciclaje de componentes automotrices usados.

 

14. Cualesquiera otros que se prevean en el Reglamento de esta Ley.


 

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Estudios requeridos en servicios conexos

 

Artículo 134. Las autoridades competentes deben exigir los estudios de impacto ambiental y vial a los proyectos destinados para la construcción de los servicios conexos al transporte terrestre, cuyos requisitos se establecerán en el Reglamento de esta Ley, en concordancia con las leyes que rigen la materia.

 

Competencia en los servicios de terminales públicos de pasajeros y pasajeras

 

Artículo   135.  El   Ejecutivo  Estadal,  Municipal  o   Metropolitano, en   sus respectivas  jurisdicciones,  proyectarán,  construirán,  administrarán,  operarán, mantendrán  y  explotarán  los  terminales  públicos  de  pasajeros  y  pasajeras urbanos, municipales o intermunicipales, cumpliendo con lo  establecido en la presente Ley y su Reglamento.

 

En aquellos casos en los cuales se establezcan servicios de transporte terrestre público  estadales,  corresponderá  a  la  respectiva  autoridad  estadal  proyectar, construir,  operar,  mantener  y  explotar  el  terminal  que  al  efecto  se  prevea, pudiendo otorgar la respectiva licencia de operación.

 

Suspensión y revocación de la licencia de operación

 

Artículo  136.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  suspenderá  la licencia  de  operación  del  terminal  de  pasajeros  y  pasajeras  como  servicio conexo,  cuando  sus  administradores  incurran  en  algunas  de  las  siguientes causales:

 

1.  No  haber  cumplido  con  el  registro  de  la  infraestructura  como  servicio conexo, por ante ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre por órgano del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

2.  Por no cumplir con los requerimientos mínimos de servicio y de operatividad del terminal, debido a una deficiente administración.

 

La  suspensión  se  mantendrá  hasta  tanto  sean  subsanadas  las  causas  que  la motivaron, previa nueva  inspección. La licencia de operación del terminal de pasajeros  y  pasajeras  será  revocada  cuando  sus  administradores  incurran  en alguna de las siguientes causales:

 

1.  Haberle dado un uso diferente a la infraestructura, según lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

 

2.  Carencia de orden interno en la operación del terminal, que ponga en riesgo a los  usuarios  y  las  usuarias   del  servicio,  imputable  al  administrador  o administradora del terminal.

 

3.  Reiterada negativa a suministrar información sobre la gestión del terminal.


 

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Para la  revocación  de  la  licencia  de  operación  del  terminal  de  pasajeros  y pasajeras se aplicará el procedimiento administrativo que rige la materia.

 

Servicios conexos sobre la vialidad nacional

 

Artículo 137. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte  terrestre,  en  coordinación  con  el  Ejecutivo  Estadal,  aprobará  los proyectos de servicios conexos de las áreas de servicios viales y de instalaciones de servicios públicos en autopistas y carreteras nacionales para el transporte terrestre  automotor  de  personas  y  de  carga,  tomando  en  consideración  la ubicación,  características  operativas  y  viales,  cuyas  normas  y  requisitos  se establecen en el Reglamento de esta Ley, en concordancia con el ordenamiento jurídico que rige la materia.

 

Ubicación, supervisión y control de los paradores viales

 

Artículo 138. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre coordinará con los gobiernos municipales la ubicación, supervisión y control de los paradores viales para el transporte terrestre automotor de carga, pasajeros y pasajeras, y turístico.

 

Certificación de terminales de transferencia e ínter modales de carga

 

Artículo 139. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente encargado de  otorgar  certificación  del  proyecto,  registro  de  servicio  y  certificado  de operación de servicios conexos de los terminales  generadores, transferencia e ínter modales de carga, tomando en consideración la ubicación, características operativas y viales, cuyas normas y requisitos se establecen en el Reglamento de esta Ley en concordancia con el ordenamiento jurídico que rige la materia.

 

Permiso para operar como escuela del transporte

 

Artículo 140. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente encargado de autorizar a las personas jurídicas e instituciones educativas para operar como escuela del transporte, mediante la licencia de operación de servicio conexo, así como  ejercer  su  supervisión  y  control,  todo  lo  cual  se  establecerá  en  el Reglamento de esta Ley.

 

Instructores e instructoras de la escuela del transporte

 

Artículo 141. Las escuelas del transporte contaran con instructores o instructoras debidamente  autorizados  por  el  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre, mediante  la  aprobación  del  curso  correspondiente,  de  conformidad  con  lo establecido en el Reglamento de esta Ley.


 

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Regulación y permiso de los estacionamientos

 

Artículo 142. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es el ente encargado de regular, supervisar, controlar, otorgar y revocar los certificados de operación de  servicios  conexos  de  los  estacionamientos  para  la  guarda  y  custodia  de vehículos,  a  la  orden  o  procesados  por  las  autoridades  administrativas  de transporte u otras autoridades competentes.

 

Las   actividades  de   supervisión  de   funcionamiento  serán   ejecutadas  en coordinación con el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre.

 

Los requisitos para la obtención del certificado de operación de servicio conexo de los estacionamientos, así como las causales de suspensión y revocatoria serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.

 

Capítulo  X

Del Régimen Tarifario

 

Fijación y regulación de las tarifas del transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras

 

Artículo  143. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre por órgano  del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, conjuntamente con el ministerio del poder popular con competencia en materia de industrias ligeras y comercio, fijarán, regularán y publicarán, en el primer trimestre  del  año,  las  tarifas  correspondientes  a  los  servicios  de  transporte terrestre público de personas, en las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas de su  competencia,   basándose en       estudios      de      transporte      de               orden            técnico, económico,  financiero  y  en  la  calidad  del  servicio   que  se  preste  con  la participación de los sectores involucrados.

 

Los estudios de transporte para la fijación de las tarifas, serán analizados y establecidos anualmente, durante el cuarto trimestre, y deberán ser remitidas al Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  por  cada  organización,  para  su revisión y análisis.

 

Métodos y procedimientos básicos a ser aplicados en la fijación de tarifas para el servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras

 

Artículo  144. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre por órgano  del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, establecerán los métodos y procedimientos básicos a ser aplicados en la fijación de tarifas para el servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras.


 

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Las autoridades competentes

 

Artículo  145. Las  autoridades  municipales, mancomunadas y metropolitanas fijarán, regularán y publicarán, en el primer trimestre del año, las tarifas a ser cobradas en el servicio de transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras en las rutas correspondientes a su jurisdicción, oída la opinión de los Consejos Comunales e interesados en la materia.

 

Fijación de las tarifas de los servicios en los terminales públicos

 

Artículo  146. Los entes públicos que administren los terminales públicos de pasajeros y pasajeras, fijarán  las  tarifas a cobrar por concepto de los servicios prestados a sus usuarios y usuarias, y por la explotación  comercial de áreas dentro de los terminales; el producto de dichas tarifas deberá ser utilizado para la conservación, mantenimiento y seguridad de tales terminales, con la supervisión del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, a los efectos de que cumplan con la retribución de los servicios en función de las tarifas cobradas.

 

Tarifas en el transporte de carga

 

Artículo 147. El servicio de transporte terrestre de carga no estará sometido a un régimen tarifario regulado. El ministerio del poder popular con competencia en materia  de  transporte  terrestre,  conjuntamente  con  el  ministerio  del  poder popular con competencia en materia de  industrias ligeras y comercio, cuando lo consideren pertinente y se trate del transporte de bienes decretados como de primera  necesidad  o  estratégicos,  fijarán  las  tarifas  a  cobrar  en  el  territorio nacional, apoyándose en una metodología tarifaria con sus respectivos estudios de transporte.

 

Fijación de tarifas por concepto de remolque, guarda y custodia

 

Artículo 148. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es competente para fijar las tarifas a ser cobradas  en todo el territorio nacional, por concepto de remolque de vehículos según tipología y por el servicio de estacionamientos para la guarda y custodia de vehículos a la orden o procesados por las autoridades competentes.

 

Obligación de mantener a la vista las tarifas

 

Artículo 149. Las personas jurídicas prestatarias de los servicios de transporte terrestre y de servicios conexos, están obligadas a colocar en lugares visibles al público, las tarifas establecidas, tanto en los espacios  como en los vehículos donde se presten estos servicios conexos.


 

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TÍTULO VI

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 

Capítulo  I Disposiciones Generales

 

Cuerpo de normas y procedimientos técnicos

 

Artículo 150. Los estados y los municipios al realizar un proyecto de vialidad se sujetarán a las normas y procedimientos técnicos y administrativos, que a tales efectos dicte el ministerio del poder popular con  competencia en materia de transporte terrestre.

 

Derecho de vía

 

Artículo 151. A los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de vía, la franja de terreno, medida en proyección horizontal y perpendicular al eje de la vía, en ambos  lados  en  forma  continua  destinada  a  la   construcción,  ampliación, conservación, mantenimiento, seguridad, inspección de elementos estructurales o de funcionamiento, ubicación de instalación de servicios públicos e implantación de rampas de incorporación o  desincorporación de servicios viales y apoyo a transportes masivos.

 

Las especificaciones referentes para la determinación de las distancias mínimas en las vías públicas se establecerán en el Reglamento de esta Ley, conforme a las características de cada vía.

 


 

 

Artículo 152. Se declaran vías de comunicación nacionales:


Vías nacionales


 

1.  Las carreteras que atraviesen un estado y salgan de sus límites.

 

2.  Las carreteras que atraviesen el Distrito Metropolitano de Caracas y salgan de sus límites.

 

3.  Los puentes que formen parte de las carreteras antes indicadas aunque se encuentren dentro de los límites de un estado.

 

4.  Las autopistas incluyendo sus distribuidores, puentes, túneles, viaductos y rampas de accesos, aunque se encuentren dentro de los límites de un estado.

 

5.  Las incluidas en los acuerdos internacionales celebrados por la República, las que pertenezcan al sistema vial estratégico fronterizo, de seguridad y defensa nacional.

 

6.  Las que sirven de acceso a otros modos de transporte y las de conexión nacional e internacional.


 

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7.  Las que además de servir al tráfico local o estadal, sirven al tráfico nacional e internacional.

 

Vías estadales

 

Artículo 153. Son vías de comunicación estadales las que constituyen la red vial dentro de cada estado, con exclusión de las vías de comunicación nacionales que se encuentren en el mismo.

 

Autorización dentro del derecho de vía

 

Artículo 154. Toda construcción, reparación, instalación de servicios públicos y conexos y demás actividades que se ejecuten dentro de la franja de derecho de vía de las vías nacionales, por parte de entes públicos o  privados, requerirá la aprobación del  ministerio del poder popular con competencia en  materia de transporte terrestre.

 

Obligación de reparar

 

Articulo  155. Los organismos  públicos o  privados  autorizados  para  realizar trabajos  de  empotramiento  o  instalación  de  servicios  públicos  en  las  vías, deberán dejarlas en iguales o mejores condiciones de la que tenían antes de su intervención, todo ello de conformidad con lo previsto en el Reglamento de esta Ley.

 

Vías alternas

 

Artículo 156. El Poder Público Nacional garantizará a los usuarios y las usuarias el libre tránsito por la red vial  explotada mediante el régimen de concesión o administración directa.

 

Son  vías  alternas  aquellas  que  se  construyen,  mantienen  y  amplían  por  las autoridades competentes, en aquellos casos en que hayan otorgado una autopista o carretera en concesión, con la finalidad de garantizar que  los usuarios y las usuarias puedan ejercer su derecho al libre tránsito, sin tener que pagar a cambio contraprestación alguna.

 


Capítulo  II

De las Competencias


 

 

 

 

 

Competencia nacional


 

Artículo 157. Corresponde al ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre el control, inspección y supervisión, la elaboración de las normas técnicas y administrativas para la  construcción,  mantenimiento,


 

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aprovechamiento de todo el sistema de vialidad nacional y en especial la fijación de los criterios para la determinación de las tarifas de peaje nacional.

 

Cuando se trate de excedentes viales afectados, expropiados o adscritos por causa de utilidad pública, será competencia del ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre la gestión administrativa sobre el uso         de         estos        bienes       inmuebles,               aprobar  los   estudios  de  factibilidad  de construcción de obras en las franjas de derecho de vía y, otras que determine la ley.

 

Coordinación nacional y estadal

 

Artículo  158.  Es  de  la  competencia  del  ministerio  del  poder  popular  con competencia en materia de transporte terrestre en coordinación con los estados, la  conservación,  administración  y  aprovechamiento  de  la  vialidad  nacional, incluyéndose las obras de artes que las integran. A tales efectos, los estados deberán  dar  cumplimiento al cuerpo de normas y procedimientos técnicos y administrativos,    establecidos        por        el                           ministerio      del    poder               popular       con competencia en materia de transporte terrestre y además, hacer del conocimiento de los planes de conservación y actividades de mantenimiento, de operatividad, así como los planes de contingencia anualmente.

 

Inventario de las características  físicas de la red vial Artículo  159. El  ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre conjuntamente con los estados deberá mantener actualizado, el inventario de la red vial y el nomenclador vial del territorio nacional, a los fines de su incorporación al Registro Nacional de Transporte.

 

Actividades viales coordinadas con el Ejecutivo Nacional

 

Artículo 160. Corresponde al ministerio del poder popular con competencia en materia de  transporte  terrestre,  en coordinación  con  los  estados, en las  vías terrestres nacionales:

 

1.  La ubicación, instalación, ordenamiento y calidad de los servicios de las estaciones de peajes nacionales.

 

2.  La factibilidad técnica, económica y financiera de las concesiones viales.

 

3.  Elaboración de los contratos de concesión de obras viales.

 

4.  Resguardar los derechos de vía tanto nacionales como estadales.

 

5.  Elaboración de manuales de conservación vial.

 

6.  Otras que determine la ley.


 

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Competencia municipal

 

Artículo 161. Los municipios en el ámbito de su jurisdicción son competentes, para la ejecución, supervisión,  inspección, mantenimiento de la infraestructura vial  urbana,  señalización  y  demarcación,  incluyendo  las   paradas  para  el transporte terrestre                  público    de                personas,   zonas   de   carga   y   áreas   de estacionamiento, las  estructuras de  paso,  tanto  peatonal  como  vehicular, cumpliendo  con  los  niveles  de  servicio  y demás  aspectos de  seguridad  vial establecidos  en  las  normas  y  manuales,  nacionales  e  internacionales,  de obligatorio cumplimiento en la República Bolivariana de Venezuela.

 

Coordinación en casos de contingencias

 

Artículo  162. El ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre coordinará con los órganos competentes nacionales, estadales y municipales, la ejecución de los planes viales de contingencia que garanticen el tránsito  inmediato  por  las  vías  y  la  recuperación  de  la  infraestructura  vial afectada en casos de desastres o emergencias.

 


Capítulo  III Administración de Vías Nacionales


 

 

 

 

 

Plan del sistema vial


 

Artículo 163. Cada entidad federal atendiendo al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación,  realizará  su Plan del Sistema Vial que incluya las vías altamente potenciales a ser administradas.

 

Concesiones de nuevas vías

 

Artículo  164. En el caso de concesiones para la construcción de autopistas y carreteras        nacionales   otorgadas   por  el    ministerio     del  poder  popular con competencia        en     materia           de     transporte terrestre;  la  competencia  para    la conservación, administración y aprovechamiento del tramo construido en dichas vías   nacionales,        podrá    ser  asumida por los         estados,  en  sus   respectivas jurisdicciones, al vencimiento del plazo de la concesión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

 

Inspección de proyectos bajo concesión

 

Artículo 165. Las obras de vialidad otorgadas en concesión quedan sujetas a la inspección  y  normalización   técnica  del  ministerio  del  poder  popular  con competencia  en  materia  de  transporte  terrestre,  el  cual   podrá  ordenar  la


 

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paralización o dictar medidas correctivas de aquellos proyectos cuya ejecución no se ajuste a los términos de obligatorio cumplimiento.

 

El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  inspeccionará  lo  relativo  a  la estricta aplicación de las  normas de transporte terrestre dentro de la referida vialidad.

 

Uso de lo recaudado en las estaciones de peaje

 

Artículo  166. Los ingresos  provenientes de la  recaudación por concepto  de peajes,             deberán   ser   reinvertidos  prioritariamente  en   la   atención  de   las condiciones  básicas  de  transitabilidad,  tales  como:  seguridad,  rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo, demarcación, inspección y señalización de las vías que causen el pago, de las vías alternas y rurales de la entidad, así como, los gastos de administración de la estación recaudadora.

 

Mancomunidades

 

Artículo 167. Los estados para fines de interés público, deben asociarse en mancomunidad cuando las vías  nacionales, incluyendo puentes y túneles, bajo régimen  de  explotación,  atraviesen  el  territorio  de  dos  (2)  o  más  estados, previendo en su constitución el régimen de administración aplicable. Cuando así fuere,     se hará  del           conocimiento  del                   ministerio          del   poder  popular  con competencia en materia de transporte terrestre.

 

Estudio técnico - económico - financiero

 

Artículo 168. Los estados, para instalar o actualizar estaciones recaudadoras de peaje en las vías nacionales, deberán realizar un estudio técnico - económico - financiero, que                   justifique           su   ubicación   y   características,  así   como   la determinación de las tarifas, el cual deberá presentarlo al ministerio  del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, a los efectos de evaluar los estudios y otorgar la correspondiente factibilidad.

 

TÍTULO VII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN

 

Capítulo  I

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

 

Sanciones graves

 

Artículo  169. Serán sancionados o sancionadas con multas de diez unidades tributarias (10 U.T.), quienes incurran en las siguientes infracciones:


 

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1.  Conducir  vehículos  sin  haber  obtenido  la  licencia  o  título  profesional correspondiente.

 

2.  Desatender las indicaciones de los semáforos.

 

3.  Conducir vehículos sin haber aprobado la revisión técnica, mecánica y física de los mismos en la oportunidad debida.

 

4.  Conducir vehículos sobrepasando el límite permitido de velocidad.

 

5.  Conducir vehículos habiendo sobrepasado el tiempo máximo permitido de conducción para transporte terrestre público de personas y de carga.

 

6.  Circular con vehículos de transporte terrestre público o privado de personas y de carga, por los canales de circulación no permitidos para tales vehículos.

 

7.  Conducir vehículos estando incapacitado físicamente para ello.

 

8.  Conducir  vehículos  bajo  influencia  de   bebidas  alcohólicas,  sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

 

9.  Conducir vehículos poniendo en peligro la circulación de otros vehículos debidamente señalizados para ser usados por personas con discapacidad o en labores de enseñanza de conducción.

 

10. Conducir vehículos realizando maniobras prohibidas por el Reglamento de esta Ley o por la autoridad competente, en las vías de circulación.

 

11. Conducir vehículos desprovistos de los dispositivos de control, equipos o accesorios de uso obligatorio,  relativos a las condiciones de seguridad o cuando  dichos  aditamentos  presenten  defectos  de  funcionamiento  o  no cumplan  con  las  normas  y demás  características  técnicas  previstas  en  el Reglamento de esta Ley.

 

12. Conducir vehículos utilizando equipos de comunicación, con excepción del dispositivo de manos libres.

 

13. Conducir vehículos que no cumplan con las Normas del Sistema Nacional de

Calidad, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

 

14. Suministrar datos falsos al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, y a las autoridades competentes que intervengan en los casos de infracciones a la presente Ley y en accidentes de tránsito.

 

15. Conducir vehículos de transporte terrestre público de personas o carga en cualquiera de sus modalidades, sin estar debidamente autorizado conforme a la ley.

 

16. Prestar  el  servicio  de  transporte  terrestre  de  carga  en  cualquiera  de  sus modalidades, en unidades no aptas o en vías prohibidas para su circulación.


 

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17. Ejecutar cualquier tipo de actividad o de trabajo que afecte la circulación y la seguridad  del  tránsito,  sin   los   permisos  correspondientes  otorgados  de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de esta Ley.

 

18. Las personas que, en ejercicio de la autoridad administrativa, ordenen la colocación de señales y dispositivos de control de tránsito terrestre o efectúen demarcaciones,     que                          no    cumplan         con   las   disposiciones  nacionales   e internacionales establecidas a tal efecto.

 

19. Dañen,  alteren  o  sustraigan  los  dispositivos  de  control  de  tránsito;  los coloquen o sustituyan sin permiso de la autoridad administrativa competente.

 

20. No hacer uso del cinturón de seguridad, ni velar porque los demás ocupantes del vehículo lo utilicen debidamente.

 

21. Los  propietarios y  las  propietarias  o  conductores  y  conductoras  que modifiquen o alteren los elementos y condiciones de seguridad de fabricación de los vehículos, sin la autorización correspondiente.

 

22. Los propietarios y las propietarias de vehículos de transporte terrestre público de personas y carga, que no tengan instalados los dispositivos y registro de velocidad,  o  ejecuten  actos  tendentes  a  eliminar  o   alterar  su  normal funcionamiento.

 

23. Los que se den a la fuga en caso de estar involucrados en accidentes de tránsito.

 

Las multas previstas en el presente artículo serán aplicadas sin perjuicio de las demás sanciones o medidas administrativas previstas en esta Ley.

 

Sanciones menos graves

 

Artículo  170.  Serán  sancionadas  con  multas  de  cinco  Unidades  Tributarias (5 U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, quienes incurran en las siguientes infracciones:

 

1.  Circular sin placas identificadoras o con las placas que no correspondan al vehículo,  o  con  diseños   distintos  a  los  establecidos  por  la  autoridad competente.

 

2.  No  haber  realizado  el  respectivo  trámite  del  vehículo  ante  el  Registro

Nacional de Vehículos y de  Conductores y Conductoras.

 

3.  Circular con vehículos que no se encuentren amparados por pólizas de seguro vigente previstas en esta Ley.

 

4.  Conducir vehículos que superen los límites permitidos por las normas sobre contaminación por   fuentes  móviles  o  por  ruídos,  sean  estos  últimos producidos directamente por el vehículo o por sus ocupantes.


 

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5.  Prestar  el  servicio  de  transporte  terrestre  de  carga  en  cualquiera  de  sus modalidades, en días u horarios no permitidos.

 

6.  Prestar servicios conexos sin estar autorizados conforme a esta Ley y su

Reglamento.

 

7.  Cobrar  tarifas  de  servicio  público  de  transporte  terrestre  de  pasajeros  y pasajeras no establecidas por la autoridad competente.

 

8.  Excederse en el cobro de tarifas por concepto de remolque según tipología de vehículos o por el servicio de estacionamientos para la guarda y custodia de vehículos a la orden o procesados por las autoridades administrativas.

 

9.  Las personas obligadas conforme a esta Ley y su Reglamento a notificar la desincorporación  de  vehículos  del  Registro  Nacional  de  Vehículos  y  de Conductores y Conductoras.

 

10. Estacionar en lugares prohibidos por el Reglamento de esta Ley o en zonas demarcadas  y  señalizadas   para  vehículos  y  equipos  de  emergencia  y prevención, u obstruir sus accesos.

 

11. Usar  en   los   lugares   destinados  para  la   colocación   de   las   placas identificadoras,  placas  o  distintivos  no  autorizados  o  que  obstruyan  la visibilidad de las mismas.

 

12. Utilizar en los vehículos, que no sean calificados como de emergencia, luces, faros, sirenas, señales audibles u otros implementos que hagan presumir se trata  de  situaciones de  emergencia, o  induzcan  a  confusión  a  los  demás usuarios y las usuarias de las vías públicas.

 

13. Transportar niños o niñas menores de diez (10) años de edad, en el asiento delantero del vehículo.

 

14. Reservarse sin autorización espacios de vía pública con fines personales o comerciales.

 

15. El exceso de personas en el servicio de transporte terrestre público y privado de pasajeros y pasajeras en las  rutas que establezca el Reglamento de esta Ley.

 

16. Los conductores y conductoras de motocicletas que:

 

a) Circulen entre canales o paralelamente a otro vehículo en movimiento, a más de sesenta kilómetros por hora (60 kph).

 

b) Circulen cambiando frecuentemente de canal o pasando indistintamente al centro, a la izquierda o a la derecha de la vía.

 

c) Transporten más de dos (2) personas.


 

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d) Transporten carga con peso mayor de noventa kilogramos (90 Kgs), a menos que estén especialmente acondicionadas para ello.

 

e) Transporten carga u objetos cuyo volumen dificulte la conducción del vehículo.

 

f) Circulen  o  estacionen  por  áreas  destinadas  para  los  peatones  u  otros modos no motorizados.

 

g) Conduzcan en contra vía.

 

h) No utilicen de los cascos o elementos de protección.

 

Parágrafo  Único:  hasta  tanto  la  autoridad  competente  en  la  materia  no establezca en las autopistas y vías de circulación rápida un canal exclusivo para la circulación de motociclistas, estos deberán circular por el canal de hombrillo, quien  contravenga  esta  disposición  será  sancionado  o  sancionada  con  cinco Unidades Tributarias (5 U.T.), de acuerdo a lo establecido en este artículo.

 

Sanciones leves

 

Artículo  171.  Serán  sancionadas  con  multas  de  tres  Unidades  Tributarias (3 U.T.), sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta y otras leyes, quienes incurran en las siguientes infracciones:

 

1.  Conducir vehículos con licencia o título profesional vencido, o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente.

 

2.  Conducir vehículos con el Certificado Médico de Salud Integral vencido, o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente.

 

Las infracciones a las normas previstas en esta Ley, su Reglamento o en las resoluciones  que  dicte  el  ministerio  del  poder  popular  con  competencia  en materia de transporte terrestre, relacionadas con las  regulaciones generales y especiales de circulación de vehículos y peatones, que no tengan una sanción expresa, serán penadas con multas de tres Unidades Tributarias (3 U.T.).

 

De las amonestaciones

 

Artículo 172. Los y las peatones, ciclistas y demás conductores y conductoras de vehículos de tracción a sangre que incumplan con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento o en las resoluciones que dicte el ministerio  del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre, serán amonestados por el órgano  de   ejecución  competente  y  deberán  asistir  a  un  curso  formativo, conforme a lo indicado en el Reglamento de esta Ley.


 

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Sanciones muy graves

 

Artículo 173. Los conductores y las conductoras de vehículos que efectúen competiciones de velocidad o “piques” en las vías públicas, serán sancionados o sancionadas con multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), sin perjuicio de las demás sanciones penales o civiles correspondientes.

 

Infracciones y sanciones a las personas jurídicas

 

Artículo 174. Serán sancionadas con multas, las personas jurídicas prestatarias del  servicio  de  transporte  terrestre  de  personas  y  de  carga,  que  incurran  o permitan a los conductores y las conductoras que operan bajo su responsabilidad, directamente o mediante la afiliación u otra forma jurídica de vinculación, la comisión de las siguientes infracciones:

 

1.  El  exceso  de  velocidad,  debidamente  comprobado  por  medios  técnicos, aprobados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y adoptados por el  Cuerpo  Técnico  de  Vigilancia  del  Transporte  Terrestre  y  las  policías homologadas, el no cumplimiento con los tiempos de conducción y descanso establecidos  en  el  Reglamento  de  esta  Ley:  con  doscientas  Unidades Tributarias (200 U.T.). La  aplicación de seis (6) multas en los casos antes señalados, impuestas a conductores y conductoras de  una  misma persona jurídica en el lapso de seis (6) meses, conlleva la suspensión del respectivo permiso de prestación del servicio por el término de seis (6) meses.

 

2.   El  exceso  de  altura,  longitud  y  ancho  no  autorizado  en  el  servicio  de transporte terrestre de carga, con cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).

 

Sanciones por exceso de carga

 

Artículo 175. Las personas naturales y jurídicas que en sus vehículos transporten exceso  de  carga,  así  como   las  empresas  generadoras,  de  transferencia  e intermodal de carga, según se compruebe la responsabilidad en cada caso, serán sancionadas de la siguiente manera:

 

1.  Exceso hasta diez toneladas (10 Tn.), multa de diez Unidades Tributarias

(10 U.T.) por cada tonelada o fracción excedida.

 

2.  Exceso superior a diez toneladas (10 Tn.),  hasta veinte toneladas (20 Tn.), multa de veinte Unidades Tributarias (20 U.T.) por cada tonelada o fracción excedida.

 

3.  Exceso superior a veinte toneladas (20 Tn.), hasta treinta toneladas (30 Tn.), multa de treinta Unidades Tributarias (30 U.T.) por cada tonelada o fracción excedida.


 

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4.  Exceso  superior  a  treinta  toneladas  (30  Tn.)  hasta  cuarenta  (40  Tn.) toneladas,  multa  de  cuarenta   Unidades  Tributarias  (40  U.T.)  por  cada tonelada o fracción excedida.

 

5.  Exceso  superior  a  cuarenta  toneladas  (40  Tn.)  hasta  cincuenta  toneladas (50 Tn.), multa de sesenta Unidades Tributarias (60 U.T.) por cada tonelada o fracción excedida.

 

6.  Exceso superior a las cincuenta (50 Tn.) toneladas, multa de cien Unidades

Tributarias (100 U.T.) por cada tonelada o fracción excedida.

 

Sanciones aplicables a conductores y conductoras de vehículos pertenecientes a entes de la administración pública

 

Artículo  176.  Cuando  alguna  de  las  multas  recaiga  sobre  el  conductor  o conductora  de  un  vehículo  adscrito  o  perteneciente  a  cualquier  ente  de  la Administración Pública, la autoridad administrativa competente, además de velar por el inicio de proceso jurisdiccional del caso, informará a las autoridades respectivas  la  presunta  infracción  del  conductor  o  conductora  del  vehículo propiedad de la Administración Pública.

 

Reincidencia

 

Artículo 177. En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la sanción.

 

Excedente de pasajeros y pasajeras, y carga transportada

 

Artículo  178. La autoridad competente, impedirá la circulación del vehículo cuando  se  determine  el  exceso  de  personas  o  de  carga,  hasta  tanto  sean transferidas  las  personas  o  liberada  la  carga  excedente,  sin  perjuicio  de  la aplicación de la sanción correspondiente.

 

Suspensión de la licencia o título profesional de conducir

 

Artículo 179. Serán sancionados o sancionadas con suspensión de la licencia o título profesional:

 

1.  Por el término de tres (3) meses, quien conduzca vehículos de un tipo distinto al autorizado por su licencia.

 

2.  Por el término de seis (6) meses:

 

a. Los  conductores  y las  conductoras  con licencia de primer,  segundo o tercer grado, que conduzcan vehículos correspondientes a dichas licencias, en condiciones que pongan en peligro la seguridad del tránsito.

 

b.  Los  conductores  y  las  conductoras  que  hayan  acumulado  cinco  (5)

infracciones en un período de doce (12) meses.


 

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3.  Por el término de doce (12) meses:

 

a. Los conductores y las conductoras con licencia de cuarto o quinto grado o título  profesional  que  conduzcan  vehículos  correspondientes  a  dichas licencias, en condiciones que pongan en peligro la seguridad del tránsito.

 

b.  Los conductores y las conductoras que en caso de accidente de tránsito terrestre  hayan  producido  lesiones  gravísimas,  de  las  tipificadas  en  el Código Penal y que hayan sido declarados o declaradas responsables por dicho accidente. En este caso, cuando el hecho se haya producido bajo influencia               de la       ingestión     de                   bebidas   alcohólicas,       sustancias estupefacientes o psicotrópicas o por exceso de velocidad, la suspensión podrá dictarse hasta por tres (3) años contados a partir de la fecha de la sentencia definitivamente firme.

 

c. Los   conductores  y   las  conductoras  que   tengan  más  de   cinco   (5) procedimientos acumulados en uno o más expedientes por infracción, en sede judicial.

 

d.  Los conductores y las conductoras que hayan acumulado tres (3) sanciones por conducir vehículos a exceso de velocidad o bajo influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

 

4.  Por un término de tres (3) años:

 

a.   Los conductores y las conductoras que en un término de doce (12) meses hayan acumulado al menos dos (2) notas de suspensión.

 

b.  Los  conductores  y  las  conductoras  que  en  caso  de  accidente  hayan producido lesiones culposas graves de las tipificadas en el Código Penal y hayan sido declarados  o declaradas responsables por dicho accidente.

 

5.  Por el término de cinco (5) años, a los conductores o las conductoras que en caso de accidentes donde tenga lugar el fallecimiento de personas, hayan sido declarados  o  declaradas  responsables  por  dicho  accidente.  No  obstante, cuando el hecho se haya producido bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas o por exceso de velocidad, le será revocada la licencia y quedará inhabilitado por diez (10) años para obtener nueva licencia.

 

En el caso del numeral 2, literal b) y numeral 3, literal a), de este artículo, cuando el conductor o la conductora haya cumplido las dos (2) terceras partes de la sanción y dentro de este lapso haya realizado un  curso sobre las normas de tránsito y transporte terrestre, con un mínimo de treinta (30) horas de duración, se  le  conmutará  el  resto  de  la  sanción  y  la  licencia  o  el  título  profesional recobrará su vigencia.


 

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La autoridad administrativa del transporte terrestre incorporará la decisión al Registro               Nacional  de   Vehículos  y   de   Conductores  y   Conductoras. Las formalidades a seguir con ocasión de la suspensión de licencias de conducir o de los títulos profesionales serán establecidas en el Reglamento de esta Ley.

 

Retención de la licencia o título profesional de conducir

 

Artículo 180. La licencia o el título profesional de conducir, sólo podrán ser retenidos en caso de decisión definitiva que acuerde la revocatoria. La decisión se notificará al Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras.

 

En  caso  de  suspensión,  la  decisión  se  incorporará  al  Registro  Nacional  de Vehículos y de Conductores y Conductoras, y se dejará constancia mediante nota que se estampará en la propia licencia o título profesional o por otros medios que determine el Reglamento de esta Ley.

 

Casos de retención de los vehículos

 

Artículo  181. Se procederá a la retención de los vehículos por parte de las autoridades                     competentes   del    transporte   terrestre,   en    sus    respectivas circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos:

 

1.  Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal funcionamiento.

 

2.  Cuando el conductor o la conductora no porte documento alguno que permita demostrar la propiedad del vehículo.

 

3.  Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras, salvo  que  su  conductor  o   conductora  porte  el  permiso  provisional  de circulación previsto en el Reglamento de esta Ley, expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

4.  Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en accidentes de tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas.

 

5.  Cuando se demuestre la falsedad de los documentos de registro o de los seriales de identificación del vehículo.

 

6.  En los demás casos que señale la ley.

 

En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer entrega del mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la multa a que haya lugar. En el caso del numeral 1, la autoridad entregará el vehículo al propietario o  a  la propietaria  al  momento  de  disponer  de  una  grúa,  a  los  fines  de  ser trasladado,  bien  al  lugar  que  éste  estime  conveniente  o  bien  a  talleres  de reparación que subsanen la  falla, en cuyo caso el propietario o la propietaria quedará sujeto a presentación y revisión del vehículo en la oportunidad que se


 

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fije. En el caso del numeral 4, el vehículo será entregado a su propietario o propietaria previa autorización del Fiscal del Ministerio Público que conozca del hecho, y cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades entregarán el vehículo a su propietario o propietaria una vez cumplido con los trámites correspondientes que demuestren la autenticidad de los documentos, en un lapso que no exceda de cinco (5) días hábiles.

 

Extralimitación de funciones

 

Artículo 182. A los efectos del artículo anterior, la extralimitación y el abuso de poder  de  los  funcionarios  o  funcionarias  en  el  ejercicio  de  sus  funciones, acarreará responsabilidad civil, administrativa y penal de acuerdo a la ley.

 

Sanción por infracción en la instalación de vallas publicitarias

 

Artículo   183.  En  el  caso  de  instalación  de  vallas,  carteles  o  anuncios publicitarios fijos, en  movimiento y sobre vehículos, que no cumplan con las autorizaciones respectivas establecidas en esta Ley y con la normativa técnica en cuanto a dimensiones y características previstas en el Reglamento de esta Ley, las  personas naturales o jurídicas serán sancionadas con multa de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.).

 

La   autoridad  administrativa competente  removerá  y  trasladará  el   medio publicitario que contravenga las disposiciones de la ley y rescindirá el permiso respectivo. Los costos  ocasionados por la remoción y traslado de los medios indicados en este artículo serán sufragados por el infractor.

 

Serán solidariamente responsables aquellas personas naturales o jurídicas que contraten servicios de publicidad que incumplan con lo dispuesto en el presente artículo.

 

Sanción por avisos publicitarios en vehículos de transporte

 

Artículo  184. En el caso de instalación de avisos publicitarios en vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas y de carga, que no cumplan con las normas respectivas, establecidas en esta Ley y su Reglamento,  las  empresas  publicitarias  responsables  serán  sancionadas  con multa de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.) de acuerdo a la siguiente escala:

 

1.  Por colocar la publicidad cubriendo la totalidad de la unidad, para el caso de transportes                   de   personas, público,  modalidad  colectivo   o   privado, mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.).

 

2.  Por  colocar  la  publicidad  cubriendo  la  totalidad  del  transporte  terrestre público, modalidad individual, ochocientas Unidades Tributarias (800 U.T.).


 

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3.  Por exceder las áreas publicitarias permitidas por el Reglamento de esta Ley, quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.).

 

4.  Por no colocar mensajes educativos y de seguridad vial en los vehículos de transporte terrestre público, privado y de carga, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley, quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.).

 

La  autoridad  administrativa  competente,  removerá  del  vehículo  el  medio publicitario  y  rescindirá  el  permiso  respectivo.  Los  costos  generados  serán sufragados por el infractor.

 

Serán solidariamente responsables aquellas personas naturales o jurídicas que contraten servicios de publicidad que incumplan con lo dispuesto en el presente artículo.

 

Prescripción de las infracciones

 

Artículo   185.  Las  multas  establecidas  por  infracciones  a  las  normas  de transporte terrestre prescribirán  a los cinco  (5) años  contados a partir de la notificación del sancionado o sancionada, de la decisión que pone fin al proceso. Igual  lapso         de           prescripción                    tendrá  la   acción   del   Estado  para  exigir responsabilidad por las infracciones indicadas a partir de la fecha de su comisión.

 

Sanciones e infracciones en materia de infraestructura vial

 

Artículo  186. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los contratos de concesión,  los  concesionarios   o  los  administradores,  que  participan  en  la explotación y aprovechamiento de las vías, serán objeto de  sanciones hasta el cinco por ciento (5%) de sus ingresos brutos, en los doce (12) meses anteriores al mes de la infracción, por la comisión de cualesquiera de los hechos siguientes:

 

1.  El  incumplimiento  de  suministrar  al  ministerio  del  poder  popular  con competencia en materia de  transporte terrestre o a la autoridad regional o local que corresponda, la información que se le solicite, en la oportunidad y en la forma en que hubiere sido requerida.

 

2.  La  negativa  a  permitir  las  verificaciones  e  inspecciones  que  acuerde  la autoridad competente o la obstrucción a su realización.

 

Sanciones e infracciones en materia de terminales

 

Artículo  187.  Sin  perjuicio  de  las  sanciones  establecidas  en  esta  Ley,  las personas jurídicas responsables de la operación, administración y mantenimiento de  los  terminales  públicos  y  privados,  serán  objeto  de  sanciones  de  cien Unidades Tributarias (100 U.T.) a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), y el  Reglamento de esta Ley, establecerá la sanción según el flujo de transporte


 

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terrestre público autorizado para la clasificación de los terminales de pasajeros y pasajeras, por la comisión de cualesquiera de los hechos siguientes:

 

1.  La puesta en servicio del terminal sin la licencia de operación.

 

2.  El   incumplimiento  reiterado  del   deber  de  suministrar  a   la   autoridad competente la información que ésta solicite, en la oportunidad y en la forma en que hubiere sido solicitada.

 

3.  La  negativa  a  permitir  las  verificaciones  e  inspecciones  que  acuerde  la autoridad competente o la obstrucción a su realización.

 

4.  El incumplimiento de lo establecido en los permisos correspondientes de servicio  conexo,  en  cuanto  a  los  horarios  de  salida  y  tiempo  de  toque intermedio en los terminales.

 

En el caso del numeral 1 si no han transcurrido los doce (12) meses referidos en el artículo 186, la sanción será de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) a mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.).

 

Lapso para pagar las multas

 

Artículo 188. Las multas a que se refiere esta Ley deberán ser pagadas en la respectiva oficina receptora de  fondos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación. Vencido dicho plazo se causarán intereses de  mora, sin necesidad de  requerimiento  previo de  las  autoridades administrativas del transporte terrestre, desde la fecha de su exigibilidad hasta la extinción total de la deuda.

 

Juicio ejecutivo

 

Artículo 189. Si el sancionado o la sancionada no pagare la multa dentro del plazo  indicado  en  el  artículo   anterior,  las  autoridades  administrativas  de transporte terrestre, a través del órgano competente, iniciarán de  inmediato el juicio ejecutivo correspondiente para hacer efectivo el crédito, siguiéndose el procedimiento         especial                        de            la    vía ejecutiva          previsto  en   el   Código   de Procedimiento Civil. Las planillas de multas impuestas tienen el carácter de títulos ejecutivos.

 

Restricciones de los trámites en la materia

 

Artículo 190. Los trámites ante las autoridades administrativas de transporte terrestre, sólo podrán realizarse previa cancelación de las multas pendientes y los derechos correspondientes, salvo que con ocasión del ejercicio de algún recurso se  hayan  suspendido  los  efectos  del  acto  administrativo  que  dio  lugar  a  la imposición de la multa.


 

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Procedimiento para aplicación de multas

 

Artículo 191. El procedimiento administrativo para la aplicación de las multas impuestas por las infracciones establecidas en este título, será el previsto en esta Ley para la aplicación de multas por infracciones de tránsito.

 

Capítulo  II

De la Responsabilidad Civil por Accidente de Tránsito

 

Reparación de daños

 

Artículo 192. El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar todo daño que se cause con motivo de la  circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores o las conductoras tienen igual responsabilidad civil por los daños causados.

 

Límite de responsabilidad de los propietarios o propietarias  de los vehículos

 

Artículo 193. Los propietarios o propietarias  no serán responsables de los daños causados por sus vehículos  cuando hayan sido privados de su posesión como consecuencia de hurto, robo o apropiación indebida.

 

Accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol y otras sustancias

 

Artículo  194. Se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor o la conductora es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir éste, se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o conduzca a exceso de velocidad. Al conductor o conductora se le practicará el examen toxicológico correspondiente, el cual podrá realizarse a través  de  pruebas  e   instrumentos  científicos  por  parte  de  las  autoridades competentes del transporte terrestre al momento de  levantar el accidente. Los mecanismos e instrumentos para la práctica del examen, serán desarrollados en el Reglamento de esta Ley.

 

Denuncias por incumplimiento del seguro de responsabilidad civil

 

Artículo  195.  El  Instituto  Nacional  de  Transporte  Terrestre  informará  a  la Superintendencia de Seguros las denuncias contra aquellas empresas de seguro que incumplieren las obligaciones contraídas en las pólizas  de responsabilidad


 

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civil de vehículos o condicionen la contratación de las pólizas, con el objeto de que se les apliquen las sanciones o medidas administrativas contempladas en la ley, sin menoscabo de la acción que pueda tener quien contrata contra la empresa directamente.

 

Prescripción de las acciones civiles

 

Artículo  196.  Las  acciones  civiles  a  que  se  refiere  esta  Ley para  exigir la reparación  de  todo  daño  prescribirán  a  los  doce  (12)  meses  de  sucedido  el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente.

 

Disposiciones especiales

 

Artículo 197. El Ejecutivo Nacional podrá dictar disposiciones especiales sobre la  garantía  de  responsabilidad  civil  que juzgue  conveniente  establecer  a  los propietarios y las propietarias o los conductores y las conductoras de vehículos con matrícula extranjera.

 

TÍTULO VIII

DE LOS PROCEDIMIENTOS

 

Capítulo  I

Del Procedimiento Administrativo por Infracciones

 

Establecimiento de la responsabilidad administrativa

 

Artículo 198. La autoridad competente, en su respectiva jurisdicción, establecerá la  responsabilidad  administrativa  por  infracciones  en  materia  de  transporte terrestre, incluso cuando se causen daños a personas y bienes, a la República, a los estados o a los municipios.

 

Procedimiento

 

Artículo   199.  El  inicio,  la  sustanciación  y  resolución  de  las  actuaciones administrativas a que diere  lugar  la aplicación de esta Ley, se ajustarán a las disposiciones establecidas en su texto, y en la ley que regula los procedimientos administrativos.

 

Daños materiales

 

Artículo   200.  Cuando  un  accidente  de  tránsito  terrestre  produzca  daños materiales, la autoridad que conozca del mismo debe:

 

1.  Verificar si los vehículos reúnen las condiciones de seguridad exigidas en esta Ley y cualesquiera otras normas que regulen la materia.


 

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2.  Levantar el croquis del accidente, hacer una relación de los daños sufridos por los vehículos o por  cualquiera otra propiedad, y formar el expediente administrativo del caso.

 

3.  Ordenar el avalúo de los daños causados, que se hará por un solo perito designado por la autoridad administrativa competente del transporte terrestre.

 

4.  Realizar  las  experticias  necesarias  para  determinar  si  los  conductores implicados  o  las  conductoras  implicadas  en  el  accidente  de  tránsito  se encuentran bajo los efectos del alcohol o de sustancias  estupefacientes o psicotrópicas.

 

Inicio del procedimiento de multa

 

Artículo 201. El acto de imposición de la sanción deberá contener la citación del presunto infractor o infractora, para que comparezca al tercer día hábil siguiente ante la autoridad competente que la practicó. Si la citación  personal no fuere posible, será suficiente que la boleta sea entregada en la dirección que consta en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, lo cual se comprobará con el recibo firmado por quien la haya recibido. En este caso, el lapso  para  la  comparecencia  comenzará  a  correr  una  vez  que  conste  en  el expediente respectivo las diligencias practicadas.

 

Acto de comparencia

 

Artículo 202. A la hora y fecha fijada en la boleta de citación, el presunto infractor o infractora deberá comparecer, a los efectos de presentar su descargo en forma oral o escrita, o admitir la infracción imputada.

 

Conclusión anticipada del procedimiento por pago de multa

 

Artículo  203.  Cuando  en  el  acto  de  comparecencia  el  presunto  infractor  o presunta  infractora  compruebe  el  pago  de  la  multa  o  admita  la  infracción imputada  y  proceda  a  su  pago,  se  dará  por   concluido  el  procedimiento administrativo.

 

Lapso probatorio

 

Artículo 204. Si en el acto de comparecencia el presunto infractor o presunta infractora impugna la sanción impuesta, se abrirá un lapso probatorio de cinco (5) días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas.

 

Decisión

 

Artículo  205.  Dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  al  acto  de comparencia o del  vencimiento del lapso  previsto  en  el  artículo  anterior, la


 

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autoridad  administrativa competente  dictará  su   decisión,   confirmando  o revocando la sanción impuesta.

 

Recursos contra la decisión

 

Artículo  206.  Contra las        decisiones      que      impongan        una    sanción,            podrá interponerse el recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o acudir directamente a la vía jurisdiccional, dentro de los treinta (30) días  hábiles  siguientes.  Si  es  ejercido  el  recurso  de  reconsideración,  deberá agotarse               íntegramente  la   vía   administrativa          para    poder   acudir    a        la       vía jurisdiccional.

 

Responsabilidad del funcionario o funcionaria por decisión extemporánea

 

Artículo 207. La falta de decisión oportuna en los plazos previstos en el presente procedimiento,  a   excepción  del   recurso  de  reconsideración,  acarreará  la culminación del procedimiento administrativo, y la consecuente responsabilidad de los funcionarios o funcionarias involucrados conforme a la ley.

 

Notificación de la decisión

 

Artículo  208. La decisión definitiva deberá ser notificada a su destinatario en caso de que este no se haya presentado al acto de comparecencia.

 

Curso de orientación en la materia de educación y seguridad vial

 

Artículo  209.  La  autoridad  del   transporte  terrestre  que  conozca  de  las infracciones cometidas por los conductores o las conductoras que hayan puesto en peligro la circulación del tránsito y la  seguridad de las personas, según lo establecido         en                      el Reglamento          de esta Ley,  sin     perjuicio          de   la   multa correspondiente, podrá disponer que asistan con carácter de obligatoriedad a un curso de orientación en materia de educación y seguridad vial, que no excederá de treinta (30) horas, ni podrá dictarse en días laborables.

 

Obligación de remisión de estadística sobre accidentes de tránsito

 

Artículo 210. Las autoridades competentes que conozcan y actúen en accidentes de tránsito terrestre, están obligadas a remitir la información al Sistema Nacional de  Registro  de  Transporte  Terrestre,  el  cual  llevará  el  registro  estadístico nacional de accidentes de tránsito.

 

Protección del los derechos del usuario y de la usuaria

 

Artículo 211. En los casos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de transporte terrestre u otras que afecten los derechos e  intereses  de  los  usuarios  y  las  usuarias,  distintas  a  las  actuaciones  por


 

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accidentes o infracciones, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Protección al

Consumidor y al Usuario.


 

Capítulo  II

Del Procedimiento Civil


 

 

 

 

 

Acción civil


 

Artículo 212. El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños.

 

La acción se interpondrá por ante el Tribunal competente según la cuantía del daño, en la circunscripción donde haya ocurrido el hecho.

 

Capítulo  III

Del Procedimiento Penal

 

Remisión al Código Orgánico Procesal Penal

 

Artículo 213. Todo procedimiento penal que derive de accidentes de transporte terrestre, se desarrollará  conforme con lo establecido9 en el Código Orgánico Procesal Penal.

 

Autoridad administrativa

 

Artículo 214. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre apoyará a  la  autoridad  competente,  con  carácter  de  policía  de  investigación  penal, científica y criminalística para practicar, bajo la dirección del Ministerio Público, las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles, sus causas y la identificación de sus autores y partícipes, con ocasión de los accidentes de tránsito terrestre donde resulten personas lesionadas y fallecidas.

 

Investigación técnica de los accidentes de transporte terrestre

 

Artículo 215. A los efectos de la investigación técnica, científica y criminalística de los accidentes de transporte  terrestre, el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre creará y mantendrá con carácter nacional, los laboratorios y equipos necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

Única.  Se  deroga  el  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  de  Tránsito  y  Transporte Terrestre,  publicado  en  la  Gaceta   Oficial  de  la  República  Bolivariana   de Venezuela Nº 37.332 de fecha 26 de Noviembre de 2001.


 

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

 

Primera. La  implantación  del  Sistema  Nacional  de  Registro  del  Transporte Terrestre  entrará  en vigencia  por tipo de  registro  y por estado  conforme  lo resuelva el Directorio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, previéndose un lapso de veinticuatro (24) meses para su total instauración, contado a partir de la   promulgación  de  esta  Ley.  Igualmente  la  aplicación  de  las  sanciones establecidas como consecuencia del retardo injustificado de los trámites que se realicen ante los funcionarios o las funcionarias del transporte terrestre atinentes al Sistema de Registros, será procedente en las entidades federales donde haya entrado en  funcionamiento el referido Sistema, conforme a las decisiones del Directorio del Instituto Nacional de Transporte Terrestre.

 

 

Segunda. Los operadores u operadoras sujetos a la obligación de instalar en sus vehículos los dispositivos de control y registro de velocidad, tendrán un lapso de adecuación de ciento ochenta (180) días, a partir de la entrada en vigencia de la norma  que  determine  el  tipo,  condiciones  y  requisitos  de  funcionamiento  e instalación,  norma  esta  que  deberá  ser  dictada  por  el  Instituto  Nacional  de Transporte Terrestre en un  lapso  de treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

 

 

Para los casos de los vehículos que tengan el dispositivo instalado de fábrica y se encuentre  en  servicio,  sus  propietarios  o  propietarias  deberán  adecuarlo  y ponerlo en funcionamiento en un lapso de ciento veinte (120) días a partir de la entrada en vigencia de la norma a que se refiere el encabezamiento de esta disposición.

 

 

Tercera. Las personas naturales y jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de  transporte  terrestre,  incluyendo  sus  servicios  conexos,  en  cuanto  a  los permisos respectivos, tendrán un lapso de actualización de ciento ochenta (180) días, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, dejando a salvo los derechos en cuanto al término de vigencia otorgado en las certificaciones de prestación de servicio.

 

 

Cuarta.  Las  personas  jurídicas  que  prestan  servicio  de  transporte  terrestre público de personas en la modalidad de cuatro (4) o cinco (5) puestos en rutas interurbanas y posean certificación de prestación de servicio vigente, autorizada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tienen un lapso de cuatro (4) años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para realizar el mejoramiento del servicio con vehículos  nuevos o usados, no mayores de cinco (5) años y


 

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capacidad de cuatro (4) o cinco (5) puestos, de conformidad con las Normas del Sistema Nacional de Calidad o de unidades cuya tipología corresponda a rutas interurbanas     que                     cumplan          con   las   demás  disposiciones  previstas  en   el Reglamento de esta Ley.

 

 

Quinta. El Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre dotará al Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre de los equipos  de  laboratorios  para  la  investigación  técnica  de  los  accidentes  de transporte terrestre en un lapso no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

 

 

Sexta.  El  Instituto  Nacional  de  Tránsito  y  Transporte  Terrestre,  una  vez publicada  esta  Ley,  pasará  a  denominarse  Instituto  Nacional  de  Transporte Terrestre, tal como está previsto en su artículo 22.

 

 

En trámites rutinarios, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre agotará el inventario  documental  de  papelería  elaborada  para  el  Instituto  Nacional  de Tránsito y Transporte Terrestre; su renovación se hará  progresivamente con la denominación Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en un plazo que no se extenderá más allá de cinco (5) años.

 

 

Séptima.  El ministerio del poder popular con competencia en materia de salud, pasará a ser el órgano  encargado de la expedición del Certificado Médico de Salud Integral para conducir tal como está previsto en  el  artículo 63, y dicho ministerio dispondrá de un lapso no mayor de dos (2) años para realizar la implementación  de  la  prestación  de  este  servicio,  a  partir  de  la  entrada  en vigencia de esta Ley. De igual  manera, durante este período de transición, la expedición de los Certificados Médicos de Salud Integral para conducir estará a cargo de los colegios médicos regionales en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en materia de salud.

 

 

Octava.  En un lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la publicación de esta Ley, el Instituto  Nacional  de Transporte Terrestre coordinará retirar de la circulación  y       del                   Registro              Nacional  de   Vehículos  y  de   Conductores  y Conductoras,  las  unidades   de  transporte  terrestre  público  de  pasajeros  y pasajeras, que previa revisión técnica, mecánica y física no ofrezcan al usuario y la usuaria un servicio cómodo, higiénico, confortable y seguro.


 

70

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

 

Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de julio de dos mil ocho. Año 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAÚL ORTEGA CAMPOS

Primer Vicepresidente


JOSÉ ALBORNOZ URBANO

Segundo Vicepresidente


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea Nacional Nº 194

Ley de Transporte Terrestre

IAZG/JGV/JCG/ctv.

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