Caracas, Lunes, 21 de abril de 2014

Sección: Bitblioteca

ENVIAR A UN AMIGO  |  ENVIAR AL DIRECTOR

Libro: "Por sus frutos los conocerán"

Asalto a la voluntad popular

Alfredo Weil

Jueves, 18 de octubre de 2012

De la aniquilación del “derecho a elegir” a la del “derecho a ser elegido”

El siglo XXI no es tiempo propicio para dictadores clásicos. La lupa de la comunidad de las naciones está puesta no sólo sobre el origen legítimo de los gobiernos a través del voto popular en elecciones auténticas [1], sino también sobre la correspondencia de su ejercicio con los cánones de la democracia [2].

El arribo al poder de Hugo Chávez, un oficial del ejército venezolano que seis años antes (4 de febrero de 1992) intentó derrocar el gobierno democrático de Venezuela a través de un golpe militar, que costó la vida de civiles, soldados y estuvo seriamente amenazada la del Presidente de la República y la de su familia, sólo fue posible por la disposición de las instituciones a “perdonar” ese antecedente y permitirle postular su candidatura en las elecciones presidenciales de 1998.

Montado sobre la ola de un desencanto generalizado con las gestiones de los últimos gobiernos democráticos, Chávez hizo un intenso trabajo de proselitismo, lleno de promesas para erradicar la corrupción y la injusticia, recorrió el país y finalmente ganó en buena lid.

Pero los planes originales del 4-F seguían intactos y ocultos. El proyecto de los golpistas contemplaba una permanencia larga en el poder para desarrollar un, hasta entonces, no develado proceso “revolucionario” socialista. Al inicio de su mandato el propio Chávez insinuó la necesidad de contar con veinte años para llevarlo a cabo, hasta etiquetarlo como “Chávez hasta el 2021”, una vez que alcanzó un razonable control de las instituciones del Estado y debilitado los poderes públicos, hoy bajo su total dominio.

Pero permanecer indefinidamente en el poder en un país acostumbrado a la alternabilidad de sus gobernantes y ante una comunidad internacional que no está dispuesta a tolerar desvíos de las pautas democráticas, requería de dos cosas: primero, una nueva Constitución, que con adaptaciones progresivas le permitiera cubrir con un manto de legalidad su permanencia

7

indefinida en el gobierno [3]; y, segundo, hacerse de un férreo control del órgano electoral para poder sortear exitosamente los inevitables y sucesivos eventos electorales que serían el fundamento de su “legitimidad” interna y, sobre todo, ante la comunidad internacional.

El reto era complejo y requería abordarlo con astucia. La clave era el sistema electoral, convertido desde el inicio de su gestión en el primer objetivo estratégico.

El menoscabo del “derecho a elegir”

A poco tiempo de iniciado su mandato, el régimen de Hugo Chávez y su propuesta “revolucionaria” socialista, primero encubierta y luego exhibida sin pudor, estuvo sometido a una fuerte oposición. Prominentes personalidades que le apoyaron con la esperanza de superar vicios del pasado, pronto se dieron cuenta que la “revolución” encaminaba al país hacia un abismo populista militar. Quien mejor lo pronosticó y resumió fue Jorge Olavarría, hoy fallecido, en el discurso de orden del 5 de julio de 1999 [4], fecha histórica donde se conmemora la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Fue un discurso profético y realista. Leerlo o escucharlo es imperioso para los venezolanos, y muy recomendable para los latinoamericanos que hemos sido recurrentes víctimas de líderes carismáticos, mesiánicos y vestidos de uniforme militar.

El clímax se alcanza el 2002, luego de una interminable confrontación política que desencadenó la espontánea e inédita rebelión civil del 11 de abril de 2002 [5], que los dirigentes del momento no pudieron o no supieron canalizar adecuadamente, cuyo punto culminante fue una confusa renuncia del presidente y su separación del cargo por un par de días. Aún se discute si se trató o no de un golpe de Estado, bien contra el Presidente o contra el régimen que resultó de la rebelión popular que provocó su renuncia.

A esta rebelión siguió un período de gran inestabilidad política que hizo necesaria la instalación por largo tiempo de una Mesa de Negociación y Acuerdos, presidida por el ex presidente de Colombia César Gaviria, para entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos, cuyos objetivos se delinearon así: “ … solucionar la crisis del país por la vía electoral, así como también … : fortalecimiento del sistema electoral, desarme de la población civil e instalación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad … ” [6]. La Comisión de la Verdad a que

8

se hace referencia en esos objetivos perseguía esclarecer qué fue lo que verdaderamente ocurrió durante la rebelión civil del 2002.

Ninguno de los objetivos de esa Mesa de Negociación fueron logrados: ni funcionó la Comisión de la Verdad, ni se desarmó a la población civil (hoy más armada que nunca, informal e institucionalmente) y se implantó un sistema electoral objeto de las más severas críticas en medio de un intolerable, inexcusable e inadmisible ventajismo oficial. Un verdadero asalto a la voluntad popular.

El primer episodio de ese asalto ocurre a propósito de la propuesta de realización de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Lo que en principio parecía una salida democrática, rápida y eficaz, dentro de los objetivos de la Mesa de Negociación antes enunciados, se convirtió en un verdadero obstáculo para la oposición democrática, gracias a inescrupulosas medidas que comprendieron, entre muchas otras: a) el nombramiento irregular de una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) mayoritariamente afecta al oficialismo [7]; b) la anulación por el voto mayoritario de la directiva del CNE y el voto salvado de uno de los directores independientes de las firmas recabadas para convocar el referendo [8]; c) la imposición de nuevos y complejos requisitos para la recolección de firmas, dentro de una campaña de amenazas directas del presidente que tuvieron como expresión emblemática la siguiente: “Los que firmen contra Chávez están firmando contra la patria, y quedarán registrados para la historia” (Hugo Chávez Octubre 2003) [9].

A pesar de todo ello, el pueblo exhausto de las amenazas y de la violencia institucional recogió las firmas necesarias. El CNE, obligado a convocar el referendo para febrero de 2004 “estiró” el lapso, valiéndose de argucias, para darle tiempo al gobierno de: a) “mejorar su imagen”, para lo cual implantó “misiones sociales” que había descuidado en los cinco años anteriores; b) implantar un sistema electrónico de votación totalmente “opaco” a los ojos del ciudadano común, quien no tuvo oportunidad de ejercer, ni directamente ni a través de profesionales calificados, el derecho de vigilancia que impone el principio de transparencia a que debe someterse el órgano electoral; c) desarrollar una masiva actividad de identificación civil y de inscripción en el Registro Electoral (RE), también sin control opositor; d) poner en marcha un plan de disuasión, mediante una feroz campaña de persecución a los firmantes del referendo revocatorio, cuyos detalles están muy bien documentados en dos valiosos instrumentos: el video “La Lista, un pueblo bajo sospecha” [10],

9

desarrollado por la Asociación Civil CIUDADANÍA ACTIVA y el libro “El Apartheid del Siglo XXI” de Ana Julia Jattar [11].

El régimen salió “victorioso” en el referendo revocatorio, en unas elecciones empañadas por numerosas denuncias de manipulaciones fraudulentas de todo tipo, algunas de las cuales están sólidamente fundamentadas. Un pormenorizado análisis de ese referendo y de las sucesivas elecciones se encuentra integralmente documentado en el portal ESDATA (www.esdata.info) [12].

¿Hay salida electoral a la crisis venezolana?

La profunda frustración que dejó el Referendo Revocatorio de 2004 afectó severamente la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral, al extremo de que en Diciembre de 2005, oportunidad en la cual se celebraron las elecciones parlamentarias, los partidos opositores al régimen retiraron sus candidatos y decidieron no participar en ellas denunciando algunas de las graves irregularidades en el sistema electoral. La abstención ascendió a 74,74 %, y los votos nulos al 5,72 %, ambos porcentajes inéditos en las elecciones venezolanas. Una participación electoral de menos del 20 % de los electores, con el antecedente del retiro de las fuerzas opositoras, era un elemento político importante para provocar un cambio de fondo en el órgano electoral e, inclusive, solicitar la impugnación del proceso, dado los antecedentes que determinaron el retiro de los partidos de oposición.

Inexplicablemente, la dirigencia opositora del momento decidió aceptar sin mayores trámites a la nueva Asamblea Nacional, quedando como balance de esa maniobra política una Asamblea 100% oficialista con plenos poderes para hacer y deshacer de acuerdo a la voluntad del Presidente de la República. La improvisación política parecía marcar la pauta de la oposición formal: al fracaso de la rebelión del 11 de abril de 2002 se había añadido la del Referendo Revocatorio de 2004 y ahora las elecciones parlamentarias de 2005.

De esos fracasos se planteó un interminable debate sobre la factibilidad de una salida electoral a la ya crónica crisis política y social en Venezuela: ¿tenía (o tiene) sentido seguir intentando buscar una salida electoral a la crisis o es tiempo de activar otros mecanismos constitucionales para superarla? Tres grupos de opinión claramente identificados participan en ese debate: los que consideran ilusorio votar como medio idóneo para superar la crisis, debido a los mecanismos

10

fraudulentos implantados; los que consideran que se debe seguir ese camino, sin causar alarma sobre el sistema electoral porque “eso genera abstención” y, poco a poco, “rescatar espacios”; y los que sostienen la posición ecléctica de que, a falta del “músculo” necesario para activar otras medidas constitucionales, participar aguerridamente en las elecciones, denunciando las irregularidades y organizándose adecuada y oportunamente para impedir, obstaculizar o, en caso extremo, documentar, el ventajismo y las manipulaciones institucionales.

De todo ese debate emergía como elemento dominante la necesidad de que la oposición rescatara posiciones claves para diluir el agobiante peso del gobierno central. Con ese propósito se abordó las elecciones regionales, donde habrían de elegirse Gobernadores, Alcaldes y Concejales.

Acordada la vía electoral se planteaba el difícil reto de neutralizar las maniobras del CNE. Esto era (y es) posible sólo si se hacía un esfuerzo excepcional de control ciudadano en las mesas de votación, tarea extremadamente compleja debido a que se eliminó el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas [13], a que toda la logística del proceso electoral está bajo control casi exclusivo del gobierno y a que la protección de los centros de votación, atribuida a las fuerzas armadas, se amplió con un apéndice oficialista (la reserva militar) constituida por civiles ideologizados y uniformados que pasaron a ser un componente militar mas.

Sin embargo y a pesar de todos esos obstáculos, la sociedad democrática comenzó a propiciar bastiones de defensa del voto de cara a las elecciones de regionales. Así se hizo en los centros urbanos medianos y grandes, donde las cortas distancias facilitaban la tarea, en contraposición a las zonas rurales, intermedias y en algunos sectores periféricos urbanos donde el control se dificultaba por la extensión territorial y, sobre todo por cuanto allí operan mecanismos de disuasión y coacción que hacen prácticamente imposible el libre ejercicio del voto.

El esfuerzo tuvo una importante retribución. La oposición obtuvo contundentes victorias en los Estados más populosos del país, gracias a la votación obtenida y defendida en las grandes ciudades. Tal fue el caso de Zulia, Carabobo, Táchira, Miranda y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que abarca el Distrito Capital, sede de los Poderes Públicos y los municipios que forman parte del área metropolitana de la ciudad: Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre.

Esas derrotas constituyeron un indiscutible revés para el gobierno, por tratarse de los estados más grandes del país, dos de los cuales hacen frontera con Colombia (con todo lo que ello implica en la

11

relación binacional) y, sobre todo, por haber perdido la “joya de la corona”: la Alcaldía Metropolitana de Caracas

De la aniquilación del “derecho a elegir” a la del “derecho a ser elegido”

Como indicamos antes, el ejercicio democrático del poder es una exigencia moderna, que en nuestra región está consagrada en la Carta Democrática Interamericana. No basta con alcanzar el poder mediante elecciones auténticas, sino que es preciso ejercerlo de acuerdo a los principios allí establecidos.

Ese ejercicio impone, sobre todas las cosas, el respeto a la voluntad popular, es decir, el respeto al voto libre y sin coacción y el respeto a las autoridades elegidas por ese medio, independientemente de si son afectas u opositores al gobierno, por el interés superior de la nación.

La primera violación al “derecho a ser elegido” se inicia con la inhabilitación política de importantes candidatos opositores por parte de una autoridad administrativa: la Contraloría General de la Nación [14]. Sin mayor análisis, estas inhabilitaciones violaban una inequívoca disposición constitucional, según la cual estas solo proceden cuando existe una condena (decisión definitivamente firme de un tribunal) que prevea esa sanción [15].

Mediante ese procedimiento irregular se “sacó del juego” a candidatos con alto grado de popularidad (entre otros a Enrique Mendoza, para la gobernación de Miranda y Leopoldo López para la Alcaldía Metropolitana de Caracas). Se perseguía de este modo dificultar al máximo las posibilidades opositoras en esas entidades.

Sin embargo, como dijimos, los candidatos opositores salieron victoriosos, y a partir de ese momento se inicia la segunda violación del “derecho a ser elegido” a los ahora Gobernadores y Alcaldes en funciones. Desde el inicio de sus gestiones el régimen inició una persecución política sin precedentes. El ex Alcalde de Maracaibo, recién electo gobernador del Zulia, el Estado petrolero de Venezuela y el más grande en población, hoy se encuentra exiliado en el Perú por un supuesto delito de “enriquecimiento ilícito” [16]. El gobernador del Táchira, ha sido obstaculizado en su gestión y amenazado por el Presidente por sus supuestas relaciones con el para-militarismo [17]. Al gobernador del Estado Miranda, que ya había estado en prisión por sucesos ocurridos

12

frente a la Embajada de Cuba durante la rebelión civil de abril de 2002 (su participación fue de colaboración con la Embajada), ahora, como gobernador en ejercicio se le demanda por supuestamente paralizar proyectos del gobierno central (las llamadas “misiones” sociales) [18]. Y así ocurre con todas las autoridades electas que militan en organizaciones opositoras.

Pero el atropello más protuberante a la voluntad popular es el acoso, la restricción de competencias y la obstaculización de la gestión de gobierno de Antonio Ledezma, elegido Alcalde Metropolitano de Caracas. En este caso el régimen ha dado muestras de una intolerancia sin límites, ha puesto de manifiesto su nula disposición a dialogar y ha hecho todos los esfuerzos posibles por hacer fracasar su gestión.

La corta historia de la Alcaldía Metropolitana (Alcaldía Mayor)

La Alcaldía Metropolitana de Caracas es el brazo ejecutivo del Distrito Metropolitano de Caracas. Se la conoce también como Alcaldía Mayor, y tiene la función de coordinación de las alcaldías del Distrito Capital (Libertador, Baruta, Chacao y El Hatillo) [19].

Alfredo Peña, el primer Alcalde Mayor, fue elegido el 30 de junio de 2000 en las filas del partido oficial y hoy se encuentra en el exilio. Juan Barreto, el segundo Alcalde Mayor fue elegido el 31 de octubre de 2004. Durante su gestión se empeñó en imponer el pensamiento socialista-comunista en ese ámbito espacial, como bien se puede ver en el portal internet que elaboró para la Alcaldía [20]. Su gestión fue tan ineficaz que el régimen lo eliminó de su lista de candidatos para la reelección, sustituyéndolo por un ex Acalde del Municipio Libertador y prominente líder del PSUV: Aristóbulo Istúriz. Con ello Chávez le daba la debida importancia a ese cargo.

Para reforzar las posibilidades electorales en la Alcaldía Mayor, el PSUV puso como candidato del Municipio Libertador (el más grande dentro del ámbito de la Alcaldía Mayor y sede de los poderes públicos) a Jorge Rodríguez, ex presidente del CNE, “arquitecto” del nuevo sistema electoral venezolano, otrora “árbitro imparcial” y hoy militante de la línea más radical del PSUV. Le correspondía enfrentar a un joven ex dirigente estudiantil, recién salido de las aulas universitarias: Stalin González.

La noche del 23 de noviembre de 2008, fecha de las Elecciones Regionales toma por sorpresa al régimen con la victoria de Antonio Ledezma en la Alcaldía Mayor. El enorme esfuerzo ciudadano

13

en una importante cantidad de centros de votación ubicados en las zonas populares, donde campeaba la amenaza y la coacción electoral, permitió salir victorioso al candidato opositor, derrotando al candidato oficial Aristóbulo Istúriz por un porcentaje de 52,42% a 44,94%. Fue una victoria incuestionable a la cual se puede sumar los votos obtenidos por otro candidato opositor, Augusto Uribe, que obtuvo 1,97% de votos. En síntesis: oposición 54,39%, oficialismo 44,94% y 0,67% de votos nulos o por candidatos sin representatividad política [21]

Incluso en el Municipio Libertador, el joven ex dirigente estudiantil, candidato opositor, alcanzó un resultado importante (41,39%) a pesar de que había terciado el ex candidato presidencial Claudio Fermín quien obtuvo 3,20 % de los votos. Jorge Rodríguez, el artífice del sistema electoral del régimen, de quien se esperaba una contundente victoria, apenas pudo alcanzar el 53,59% de los votos.

El caso Ledezma

Antonio Ledezma es un experimentado político, de los que han hecho carrera desde su adolescencia, un luchador incansable que ha participado en todos los actos conducidos por la oposición democrática, un ex Alcalde de Caracas particularmente exitoso y un duro opositor al régimen de Chávez. Ciertamente no era una buena noticia para este último tenerlo de vecino a escasas cuadras del palacio presidencial. Su elección rescataba la esperanza de los habitantes de Caracas por un cambio de rumbo en la Alcaldía Mayor [22].

Desde el momento en que se anunció su triunfo electoral se inició una implacable campaña que Chávez lideró para obstaculizar su gestión. Un “coro de voces” de dirigentes del PSUV, dirigidas desde la Presidencia de la República, se manifestaron contrarios a la existencia de la Alcaldía Mayor [23], pero había un obstáculo legal insuperable: la Alcaldía Metropolitana de Caracas tiene rango constitucional en la novísima Constitución de 1999, discutida y aprobada por la Asamblea Constituyente propiciada por Chávez en 1999 y ratificada en referendo aprobatorio por el pueblo de Venezuela [24]. Serían otros los medios que habrían de utilizarse para hacer fracasar la gestión del nuevo Alcalde.

14

La cronología del asalto al poder “elegido”

Son innumerables las acciones legislativas, políticas, policiales, para-policiales y militares tomadas por el régimen en contra de la gestión del Alcalde Ledezma.

La Alcaldía Mayor se regía por una Ley Especial [25] sancionada, nada menos que, por la Asamblea Constituyente de 1999. En dicha Ley estaban indicadas inequívocamente las competencias del Distrito Metropolitano en los siguientes términos:

Capítulo VII

De las Competencias del Distrito Metropolitano

Artículo 19: El Distrito Metropolitano de Caracas tiene las competencias establecidas en el Artículo 178 de la Constitución de la República y en la Ley orgánica de Régimen Municipal. El Nivel Metropolitano de Caracas tiene competencias en las siguientes materias:

1. Acueductos, en coordinación con los servicios de distribución que efectúen los Municipios que integran el Distrito Metropolitano de Caracas;

2. Distribución y venta de electricidad y gas doméstico;

3. Planificación y ordenación urbanística, arquitectura civil y viviendas de interés social;

4. Vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos en el área metropolitana;

5. Servicios de transporte urbano de pasajeros, en coordinación con los municipios que integran el Distrito Metropolitano;

6. Protección Civil y servicios de prevención y lucha contra incendios, bomberos y medidas de previsión y mitigación de calamidades públicas;

7. Institutos metropolitanos de Crédito;

8. Servicios de policía de orden público en el ámbito metropolitano, así como de policía administrativa con fines de vigilancia y fiscalización en las materias de su competencia.

9. Las demás que le sean atribuidas por el Poder Nacional y que no estén expresamente señaladas como de la competencia nacional o municipal.

10. La normativa para armonizar de las tasas y definir principios, parámetros y limitaciones para el ejercicio de la potestad fiscal de los Municipios que integran el Distrito Metropolitano;

11. Tratamiento y disposición de residuos sociales.

12. Parques y espacios abiertos de carácter metropolitano

Las actuaciones metropolitanas se realizan en un marco de participación vecinal y tomando en cuenta las opiniones e iniciativas de las autoridades de las entidades municipales integradas en el Área Metropolitana en el proceso de definición de políticas, planes y proyectos, y en el control y evaluación de los resultados de la gestión.

Para desmontar esta base legal la Asamblea Nacional (controlada desde el 2005 por el oficialismo) le imprimió la mayor urgencia legislativa para aprobar una nueva Ley que se denominó Ley

15

Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital [26], sancionada el 7 de abril de 2009 (a poco más de cuatro meses de la elección de Ledezma) y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.156 del 13 de abril de 2009.

De acuerdo a esa ley se crea la figura de “Jefa o Jefe de Gobierno del Distrito Federal”, la cual “ … será de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.” Es decir, a una autoridad electa por la voluntad popular se opone otra autoridad designada “a dedo” por el Presidente de la República.

Un mejor entendimiento de este grotesco pisoteo a la voluntad popular lo podemos apreciar en una síntesis cronológica, elaborada por las nuevas autoridades de la Alcaldía y profusamente divulgada por los medios de comunicación independientes, de la cual extraemos algunos episodios:

1. Entre el 23 de noviembre, fecha de la elección del Alcalde Metropolitano, y el 7 de diciembre, fecha de su toma de posesión, el régimen viene desconociendo sus atribuciones con la pretensión de convertirlo en una “figura decorativa”

2. Las arcas de la Alcaldía Mayor fueron virtualmente saqueadas. Se le sustrajo la atribución legal del manejo de la Policía Metropolitana. Se transfirieron al gobierno central los hospitales, centros asistenciales, oficinas, institutos y edificaciones emblemáticas del gobierno de la ciudad, para sustituirlo por un régimen centralizado, dirigido a impedir y hacer absolutamente ingobernable su gestión

3. Grupos violentos, para-policiales y para-militares ocuparon los espacios de la administración ejecutiva de la Alcaldía, incluso para impedir la circulación del Alcalde. Estos grupos armados actuaron con absoluta impunidad y el Alcalde descubrió que un número importante de los agresores estaban en la nómina de personal de la Alcaldía, incorporados durante la gestión del Alcalde Barreto.

4. El 18 de enero de 2009 (a menos de dos meses de la elección de Ledezma), por decreto presidencial [27], se formaliza la transferencia de la Policía Metropolitana (adscrita históricamente a la Alcaldía de Caracas, primero, y a la Mayor, después) al Ministerio del Interior y Justicia (que forma parte del poder ejecutivo nacional). Esto consta en la Gaceta Oficial 38.853 y despojó a la

16

Alcaldía Mayor de su competencia en materia de “ 8. Servicios de policía de orden público en el ámbito metropolitano, así como de policía administrativa con fines de vigilancia y fiscalización en las materias de su competencia.”

5. El 7 de abril la Asamblea Nacional promulga la Ley Orgánica de Descentralización [28] que le arrebata a la Alcaldía Mayor las atribuciones que le son inherentes, lo que constituyó un sui generis golpe de Estado a la autoridad Municipal electa.

6. El 13 de abril de 2009, para consumar el asalto a la voluntad popular, la Asamblea Nacional promulga la Ley sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, que contempla la figura del “Jefe o Jefa de Gobierno del Distrito Capital”, nombrada “a dedo” por el Presidente de la República, la cual asume varias de las competencias propias de la Alcaldía Mayor.

Toda la gestión de Ledezma ha estado caracterizada por la agresión política, por el insulto injurioso, por el irrespeto a su investidura de Alcalde y por la obstaculización constante de su gestión de gobierno. En contrapartida, el Alcalde, paralelamente al ejercicio de sus funciones, ha documentado y denunciado, nacional e internacionalmente, este grave atropello a la voluntad popular. Se trata de una confrontación entre un demócrata y un autócrata, un dirigente que propicia el diálogo y la inclusión, contra otro que propicia el odio y la lucha de clases [29]. Esa confrontación representa la esencia de la crisis política y social del país, la que debe ser resuelta en el plazo más breve posible, si se desea preservar la democracia y la paz en Venezuela y en buena parte de la América Latina.

Referencias

[1] Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 21.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

17

[2] Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

[3] La Constitución de 1999 fue reformada en 2009 para permitir la reelección indefinida. Ya se ha insinuado reiteradamente la necesidad de adaptarla al “proyecto socialista”.

[4] Olavarría, Jorge. Discurso de orden ante el Congreso Nacional 5 de Julio de 1999

Texto: http://www.analitica.com/bitblioteca/jolavarria/5julio1999.asp

Vídeo: http://tu.tv/videos/jorge-olavarria-venezuela-05-07-99

[5] De este confuso y polémico día queda como elemento objetivo una inédita manifestación popular y unos inocentes muertos. Un relato imparcial de los hechos se puede ver aquí:

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/33622/11-a-2002-un-dia-de-muchas-caras-y-muchas-versiones/

[6] http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela2002_Negocia.htm

[7] http://www.sumate.org/democracia-retroceso/cap1_es_3.htm

[8] http://www.urru.org/papers/20030918_AnteProyecto_EZ.htm

[9] http://realidadalternativa.wordpress.com/2008/04/06/ser-opositor-tiene-su-precio-graficas-empobrecimiento/

[10] http://www.ciudadaniaactiva.org/noticias/detalle.php?&notid=15

[11] Jattar, Ana Julia. El Apartheid del Siglo XXI

18

http://www.anajuliajatar.com/index.php/2006/11/02/apartheid_del_siglo_xxi_la_informatica_a?blog=5

[12] Para quienes tengan interés en ahondar en este tema, en los siguientes enlaces se puede acceder a presentaciones, documentos y hemeroteca que tratan en detalle los sucesos más relevantes en materia electoral desde 2004 a la fecha:

- http://esdata.info/2004

- http://esdata.info/pdf/derecho-a-elegir.pdf

- http://esdata.info/presentaciones

- http://esdata.info/hemeroteca

[13] Constitución 1999

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

[14] http://www.globovision.com/news.php?nid=79847

[15] Constitución de 1999

Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.

[16] http://www.periodismo.com/modules/news/makepdf.php?storyid=9313

[17] http://ve.globedia.com/rechazan-acusacion-chavez-gobernador-venezolano

19

[18] http://ve.globedia.com/rechazan-acusacion-chavez-gobernador-venezolano

[19] http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Caracas

[20] http://fal-caracas2006.org/dci/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

[21] http://www.cne.gov.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=00&m=01&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02

[22] http://alcaldiametropolitana.gob.ve/portal/

[23] Algunas referencias a la propuesta de eliminar la Alcaldía Mayor:

- http://www.aporrea.org/trabajadores/a32099.html

- http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/26203/para-flores-la-alcaldia-metropolitana-es-un-adefesio/

[24] Constitución de 1999

Artículo 18. La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.

Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República.

Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.

[25] http://www.maximosanchez.com.ve/leydistrito.pdf

[26] http://www.conapri.org/download/Ley_organizacion.regimenDC.pdf

20

[27] Decreto Presidencial 5.814 publicado en la Gaceta Oficial 38.853

http://www.tsj.gov.ve/gaceta/enero/180108/180108-38853-04.html

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/11383/la-pm-pasa-a-manos-de-mininterior/

[28] http://www.estudiospoliticos.org.ve/ley.pdf

[29] http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?15530

blog comments powered by Disqus

 

Juegos Gratis


Empire
  Fórmula Racer
 
       
Galaxy
  Mina de Diamantes