Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

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El día que la justicia fue herida de muerte. Caso de la jueza María Lourdes Afiuni

Alicia de la Rosa

Viernes, 19 de octubre de 2012

“No nací con hambre de libertad, nací libre en todos los aspectos que me era dado conocer. Libre para correr por los campos cerca de la choza de mi madre, libre para nadar en el arroyo transparente que atravesaba mi aldea (...) Solo cuando empecé a comprender que mi libertad infantil era una ilusión, cuando descubrí, siendo joven, que mi libertad ya me había sido arrebatada, fue cuando empecé a añorarla."
Nelson Mandela

El 10 de diciembre de 2009, sólo 15 minutos después de haber otorgado libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida acusada de corrupción, condenada a pena máxima en cadena de radio y televisión por el presidente Hugo Chávez Frías y sometida a una de las violaciones de derechos humanos más atroces de la historia contemporánea de Venezuela. Su único delito, aplicar justicia.

Tras las rejas, en una celda de 3 x 2 metros, sin luz, sin agua, con olores nauseabundos por las aguas contaminadas que se filtran entre las paredes, acompañada de roedores, alimañas y de la imagen de la Virgen de Lourdes, está la Juez 31 de Control María Lourdes Afiuni. Impaciente. Ese día, en medio de la indolencia y los abusos, llegarán sus padres y su hija a darle el abrazo y la compañía que se le niega.

“Mi celda tiene una ventana, entra claridad. Pero el sol no entra directo. Mi ejercicio es dar seis pasos hacia la puerta y seis de regreso. Cuando ingresé no tenía ni colchón. Lo que se ha arreglado en la celda ha sido gracias a mis familiares, abogados y amigos, hasta el candado con el que me encerraban lo compraron mis familiares. Yo entré en un cuarto con una litera de hierro y con las paredes manchadas de sangre. Debo comer dentro de la misma celda. Aquí hay un comedor, pero desconozco como es la comida porque no tengo acceso al lugar para evitar posibles envenenamientos”, comentó la juez durante una entrevista.

Domingo 25 de abril de 2010. Elina Mora de Afiuni, Nelson Afiuni y Geraldine Afiuni, cada miércoles y domingo atraviesan la ciudad de Caracas para reencontrarse con la suspendida jueza María Lourdes Afiuni Mora en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

“La única prisión femenina en el país, edificada en 1961 y con capacidad para 240 internas, hoy alberga 810 mujeres que, como animales salvajes, se defienden para obtener un rincón donde dormir y sobrevivir al encierro” (Últimas Noticias, 28 de noviembre de 2010).

Al llegar a la montaña, un gran número de personas te coloca ante una realidad desconocida. Seis horas de fila, efectivos militares armados, abusos de poder, vejación y el drama humano es el inicio de cualquier visita a la cárcel de mujeres.

Hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, todos con el mismo drama, movidos por la fe y el amor para soportar el sol implacable, la lluvia perenne y el trato inhumano de los efectivos militares.

Vaciar un paquete de Harina Pan (polvo a base de maíz para elaborar arepas), de azúcar o café es lo más normal que sucede en las requisas. Un litro de agua congelada, no es permitido.

 Una bandeja de plástico con algún banquete o simplemente una torta para celebrar un cumpleaños no corre con la suerte de llegar entera. No falta la vestimenta con los colores rojo, verde, negro, azul oscuro, marrón, que son los colores prohibidos. El que llega por primera vez a ese lugar, muchas veces es devuelto por infringir esa norma.

Ese día me tocó sellar mi brazo por primera vez con el emblema del Ministerio del Interior y Justicia y un número, como se cuenta un animal, 204. Camino por la montaña hasta un cuarto oscuro donde un grupo de celadoras (mujeres que custodian la cárcel) te piden de manera despectiva que te desnudes, entregues tu ropa, te dejes tocar en tus partes intimas y hacer el ridículo saltando como las ranas 3 veces con 10 mujeres desconocidas a tu alrededor. Esa requisa vejatoria sólo la pasan aquellas féminas que no tengan la menstruación; de lo contrario, eres devuelta y no importa cuántas horas hayas tenido que soportar, simplemente es la norma.

Cuando ya imaginas que estás dentro y que lo peor ha pasado, otra celadora toma tus datos y cuando das el nombre de la jueza María Lourdes Afiuni (no le permitían llamarla “la jueza”, argumentando que se trata de una presa más) te hurgan, la desconfianza se apodera del entorno, te hacen esperar, llaman por radio, viene otra celadora, se notan los nervios, casi que cualquier excusa es posible para no permitir la visita. Al fin, terminan los controles y te llevan a destino, la celda dos del área de admisión de la cárcel de mujeres, “zona privilegiada” donde están “las presas ricachonas”.

“La orden inicial era que, por razones de seguridad, debía permanecer sola. Pero ante el hacinamiento de la prisión se me permitió compartir el espacio con otras dos presas, quienes durante la hora de la comida y al momento de ir a dormir son las únicas con quienes puedo compartir día a día. Del resto no se les permite acercarse y quienes osan hacerlo terminan castigadas, con informes negativos en sus expedientes carcelarios, o les retrasan las medidas cautelares”, confesó Afiuni durante la visita.

Un pasillo oscuro, los olores nauseabundos que se confunden con el incienso “aquí siempre huele a mierda”, confiesa la jueza entre risas.

Se acerca una mujer de 1,79 metros de altura, con la tez pálida por la falta de sol. Su humanidad a primera vista te inspira respeto y hasta miedo. Su verbo, denota sabiduría pero al penetrar la mirada, entras en confianza. “No me gusta la gente que no me mira a los ojos”, confiesa. A pesar de todo lo que le ha tocado vivir, allí estaba ella, con la fortaleza de un roble, esperando el abrazo de una desconocida que sintió en su gesto un grito de suplica, ¡libertad!
“Hoy no sabría decir qué actitud tomaré el día que me liberen de este secuestro, pero con toda seguridad el tiempo de vida que me quede no lo voy a malgastar odiando o ejerciendo actos de venganza. Por el contrario, trataré de ayudar a todos los que lo necesiten de forma incondicional como lo han hecho conmigo”, asegura. (6to Poder, 6 de febrero de 2011).

María Lourdes Afiuni es abogado egresada de una de las casas de estudio más prestigiosa del país, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Tiene una especialización en Criminalística, cursada en el Instituto Universitario de la Policía Científica, donde fue asesora durante 10 años.

Fue funcionaria de la Fiscalía General de la República y en el año 2002 la designaron como Juez de la República. Para el 2005 ya era Juez Titular, obtenido por concurso de oposición y credenciales. El 10 de diciembre de 2009 fue detenida y encerrada en una prisión común con 24 reclusas que ella procesó. Para ese momento, ocupaba el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Hoy, irregularmente, está suspendida como Juez.

Encarcelada por hacer justicia


Corrían los últimos meses del año 2009 y en Venezuela el Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías anunciaba la intervención de varias entidades financieras que marcarían el curso de los acontecimientos políticos, sociales, económicos y judiciales del país, entre ellas el Banco Canarias cuyo accionista fue el empresario Eligio Cedeño.

El banquero, investigado desde el año 2003 por irregularidades en el uso de dólares otorgados por la Comisión de Administración de Divisas Venezuela (Cadivi) a Miscrostar (empresa de computación dedicada en todo el mundo a la fabricación de hardware y equipos de micro-electrónica), se encontraba detenido y a la espera de la celebración de una audiencia preliminar en el Palacio de Justicia venezolano, acto en el que se decidiría si sería enjuiciado por su presunta participación en el desvío de 27 millones de dólares preferenciales.

Acusado por el Ministerio Público por el delito de distracción de recursos financieros en grado de autor, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, el Tribunal de Control convoca a la audiencia el 10 de diciembre de 2009, la cual no se realiza por la inasistencia de los fiscales nacionales 50° y 53°, William Guerrero y Ana Isabel Hernández, respectivamente, además del fiscal con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina, quienes llevaban el caso del ex banquero.

Sin embargo, presente el juez de la causa (María Lourdes Afiuni), los representantes de la Procuraduría General de Venezuela, abogados Deborah Lucinda Morales Márquez y Hever David Parejo Zuñiga, los aguaciles y el imputado (Eligio Cedeño), el equipo de la Defensa conformado por los abogados, Pedro Sanoja Betancourt y José Parra Saluzzo, solicitaron a la juez 31 de Control la revisión del expediente donde constaba el arresto preventivo que le fue impuesto al ex banquero desde el año 2007.

Entra a la palestra pública el nombre de María Lourdes Afiuni, juez 31° de Control de Caracas, quien en su función y responsabilidad como máxima autoridad de un Tribunal y basada en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que requiere que jueces de control revisen periódicamente todas las medidas preventivas de prejuicio y jueces independientes para modificar las medidas de detención y que estas sean menos rigurosas, además, tomando en consideración una resolución de la Organización de Naciones Unidas, admitió la petición y ordenó la excarcelación de Eligio Cedeño con la medida de presentarse cada 15 días ante su despacho y la prohibición de salida del país.

El artículo 264 del COPP reza: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso, el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.

Menos de 20 minutos después, efectivos de la División de Servicios de Investigaciones Políticas (Disip), ahora Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin), se presentaron en el juzgado sin orden de captura y, como a una delincuente común, esposaron y sometieron al escarnio público a la jueza de Control, detuvieron a todo su personal, violando la autoridad y la independencia de un poder, situación inédita en los 52 años de democracia de Venezuela.

“Yo tomé la decisión porque estaba convencida de que ese señor no merecía estar preso. A Cedeño lo detuvieron porque él se presentó y se entregó voluntariamente. Estuvo más de dos años preso por un retardo procesal provocado deliberadamente por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tengo una resolución de las Naciones Unidas que dice que estaba preso indebidamente. Había una gran cantidad de irregularidades cometidas por jueces y fiscales, y yo no iba a ser cómplice ni a avalar eso. Le otorgué la libertad condicional, le fijé un régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país”. Me preguntó: “¿Si a mí no me hubiesen detenido, ese señor se habría ido del país? Creo que no. Pero si a menos de 15 minutos me detienen, ¿Crees que no le avisaron a Cedeño? Si no se hubiera ido no habría salido jamás en libertad”, dijo la juez. (Entrevista a Felipe Rodríguez Roa, julio 2010).

Justicia perdida

A finales de noviembre del año 2009, la magistrada María Lourdes Afiuni -asignada al azar- recibe el expediente del banquero Eligio Cedeño, quien llevaba 2 años y 3 meses preso. Cuenta la jueza con desparpajo mientras se fuma un cigarrillo que la primera sorprendida al recibir el caso Microstar fue ella. “Cuando se hizo la distribución manual del expediente yo ni siquiera estaba de guardia. Pensé que si este expediente no se lo enviaron a uno de los jueces obedientes, y ya habían condenado a Gustavo Arraíz, pues esperaban que aplicara justicia como a cualquier otro ciudadano. Yo soy una de las pocas jueces que no recibe instrucciones para dictar sus decisiones”.

Cuando la Defensa del banquero solicita la revisión del expediente (audiencia del 10 de diciembre de 2009), la juez 31° de Control se encontró con una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que solicitaba al Tribunal Supremo de Justicia se le concediera a Cedeño la libertad provisional hasta el final del juicio.

La resolución emitida el 1 de septiembre del año 2009 expresaba textualmente: “La privación de libertad del Señor Eligio Cedeño es arbitraria debido a que viola los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9,10 y 14 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”.

El expediente pasó por manos de varios jueces, quienes hicieron caso omiso de la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Este documento llega a manos de la jueza Afiuni, quien apegada a las Leyes de la República y a los tratados firmados por Venezuela, cumplió la orden e hizo justicia. A partir del 10 de diciembre comienza a escribirse las páginas negras de la justicia en Venezuela, marcada por la violación a los derechos humanos y la pérdida de independencia de poderes.

“Sabía que era un caso difícil, que me podía costar el puesto, pero yo sólo aplique lo que hubiera hecho en cualquier caso, sin distinción de ninguna naturaleza”, precisó la jueza.

En una entrevista realizada el 11 de diciembre de 2009 por el diario El Universal a Robert Amsterdam, uno de los abogados de Eligio Cedeño, este aseguraba que los jueces que fallaban en seguir las instrucciones del presidente Hugo Chávez, “arriesgaron sus puestos de trabajo. Con la detención de la jueza Afiuni, Chávez escribió el obituario para la libertad en Venezuela. La independencia judicial había sobrevivido pero ahora tristemente, está oficialmente muerta”.

La jueza Afiuni es tajante: “yo no formo parte del ‘grupete’ obediente del Palacio de Justicia, que hoy en día son todos”.

Condena anticipada

El 11 de diciembre de 2009 a las 9:30 de la noche en cadena de radio y televisión el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ordenó al Poder Judicial condenar a la jueza María Lourdes Afiuni a pena máxima de 30 años de cárcel.

“Otro caso triste, una jueza (María Lourdes Afiuni) hace toda una componenda con unos alguaciles, otra gente más y uno de estos bandidos que estaba preso precisamente por estas redes que venimos desmontando desde hace tiempo, llamado Eligio Cedeño (…)”, comenzaba el presidente Chávez una cadena de radio y televisión que demostró al país su intromisión en el Poder Judicial.

Continúa su exposición cargada de acusaciones infundadas y sin precisiones del tiempo y el espacio. “Entonces viene una jueza bandida y los aguaciles reciben de los policías que vienen trasladando al preso porque la jueza lo llamó a declarar ¿Cómo se llama a una audiencia? Todo estaba montado, según ahora me explican. Yo tengo los informes: ella misma se lleva al preso violando la ley, en primer lugar porque hace la audiencia sin la presencia del Ministerio Público y eso está prohibido. Un juez no puede hacer ninguna audiencia sin estar presente el fiscal del caso.

Ella no le comunicó nada a ningún fiscal. Mandó a poner preso, lo metió en el tribunal y lo sacó por la puerta de atrás [no existe esa puerta en el Tribunal]. Se fugó (…) bueno está presa y yo exijo dureza contra esa jueza, incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido que el bandido mismo. Es infinitamente muy grave para una República, para un país, que un asesino, porque pague a un juez, lo libere”.

Sin pruebas para argumentar sus palabras el Presidente de Venezuela no sólo ordenó a poderes independientes que ejecutaran una orden sin pruebas, sin juicio. “Eso es más grave que un asesinato, entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país y no que vengan después que la jueza está en una oficina.

No, debe estar en la cárcel con todos sus derechos. Pero no que porque esa jueza salió a los tres meses, no señora fiscal, no lo permita, no lo permitamos. Esa jueza tiene que pagar con todo el rigor de la ley lo que ha hecho y cualquier otro juez que se le ocurra hacerlo porque no es la primera vez que cobran.

Es la corrupción y es lo que Bolívar decía: un delito, un perdón y de allí otro delito y otro perdón y otro perdón hasta que se acabó todo. Cómo se va a imponer justicia en un país sino tenemos un poder judicial blindado totalmente contra esos casos, a pesar de que ha mejorado mucho no debe ocurrir ni un caso y, si ocurre, que le caiga todo el peso de la ley, en este caso a la jueza que se llama María Lourdes Afiuni. Allí estaba la secretaria del Tribunal, los abogados del imputado que me informan que habían firmado en blanco una hoja con la jueza antes de que llegara el preso. Tenían todo preparado y una puerta por allá atrás los aguaciles (…)”.

Al día siguiente, 12 de diciembre, la jueza Afiuni fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. La transfirieron el 18 de diciembre de 2009 de los calabozos del Sebin a una cárcel de mujeres (Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF) sin ningún tipo de beneficios junto a la población general, donde se encuentran 24 mujeres que ella misma condenó. Como si fuese poco, a la Juez Afiuni se le negó el derecho a un defensor público.

“Yo soy una presa de Hugo Chávez. No queda duda. La saña ha sido muy grande. El daño ha sido muy grande. Las violaciones han sido bestiales y no puede ser que todas las instituciones que rodean mi caso, llámense Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Tribunales hagan caso omiso de barbaridades”, confiesa Afiuni Mora.

La magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, en una entrevista concedida a 6to Poder (publicada en octubre de 2010), asegura que la juez Afiuni está presa injustamente. “Todo el caso está viciado”.

“Existe la instancia de apelación, Si ella es de primera instancia, su decisión era apelable en segunda instancia. Luego está el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala Penal que es la que corresponde y, por último, si después de todas las revisiones hubiere resultado que ella cometió un error que tendría que haber sido extremo para que fuera inexcusable, entonces pudiera haber sido destituida, pero presa, jamás. Eso no existe. La única manera de poner preso a un juez es que le sigan un juicio donde se demuestre que cometió delito. En el caso de Afiuni el delito sería que hubiese recibido dinero, como dicen aviesamente por allí, pero resulta que se demostró que no. A la jueza Afiuni se le están violando sus derechos humanos y constitucionales. Ella está presa por falta de juez. El Presidente (Chávez) puede decir lo que quiera; la Asamblea Nacional, no importa. El juez debe decidir autónomamente; la responsabilidad es suya, no hay manera de evadirla y tendrá que responder en el futuro por eso”.

II Parte

Domingo 10 de octubre de 2010. Sin número. Inexplicable fue lo que ocurrió ese día con los familiares de las internas del INOF. Comenzó una fuerte lluvia. No hubo forma de controlar aquella marea de personas que se agolpó a las puertas del INOF exigiendo a los efectivos que agilizaran la requisa.

Mujeres con bebés en brazos, ancianos, niños, jóvenes empapados, aguantando heroicos el frío. Aguas negras que bajaban por la montaña, las ratas en cantidades inimaginables tropezaban con los pies de los visitantes que, molestos por el inhumano trato de los militares y a riesgo, tomaron la decisión de entrar a la fuerza y buscar un techo dentro del INOF donde proteger a sus pequeños y a sus ancianos.

Logré entrar tomando de la mano a un señor ciego y su esposa que, a duras penas, tenían energía para caminar hacia el encuentro de su hija internada en el edificio A de la cárcel de mujeres.

Con el grito: “Cuidado, no empujen. Llevo un anciano ciego”, logré colarme entre las personas y entrar. A ellos los acompañé hasta la entrada del pabellón y desvié mi camino a la celda de la juez, quien esperaba con rosario en mano la llegada de la visita. Al instante soltó la pregunta: “¿Dónde está mi familia?”. Me quede paralizada. No sabía que responder. A los cinco minutos entraba la señora Elina y Geraldine a la celda. El señor Afiuni entró tiempo después comentando: “Aquí la vida no vale nada”.

Ese día fuimos tratados como menos que animales. No hubo Defensoría del Pueblo, no hubo quien aplicara la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), no hubo Fiscalía, ni siquiera un Tribunal que actuara para evitar la violencia de las custodias empujando a mujeres embarazadas, ancianos y niños. No hubo respeto para nadie. Ese día la visita duró 35 minutos.

Al salir de allí sentí impotencia, yo no podía callar toda la injusticia que sucedió. Olvidé el anonimato que tenía que mantener para continuar el contacto con María Lourdes. Publiqué en la web un artículo de opinión con mi nombre completo del horror que vivimos ese día. Dio la vuelta al mundo y hasta me costó un llamado de atención en mi trabajo. A continuación el texto:

La humanización de las cárceles en Venezuela no existe

Los familiares de un preso en las cárceles de Venezuela no sólo viven la angustia de tener un ser querido tras las rejas, independientemente del delito, sino vivir el proceso de ser vejados, ofendidos y maltratados en su dignidad propia.

La odisea que vivieron hoy las miles de personas que desde las cinco de la madrugada hacen una cola para visitar a una interna en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), es un proceso inhumano.

El cielo de Los Teques (ciudad donde está ubicada la cárcel de mujeres) avizoraba lluvias y los funcionarios fueron incapaces de condolecerse de las personas de la tercera edad y los niños para pasar más temprano a la visita.

Son 6 horas promedio las que deben pasar miles de personas para ser enumeradas, revisadas y vejadas. A las 9:00 de la mañana comienza el proceso; sin embargo, a las 9:30 no se había sellado y enumerado la primera persona.

Se desató la lluvia, mujeres embarazadas, niños de meses, discapacitados y personas de la tercera edad empapados, gritaban desesperados y suplicando a los funcionarios que los dejaran pasar.

A la Guardia Nacional y la seguridad del INOF, inmutados ante la escena de miles de personas buscando guarecerse de la lluvia, no hicieron nada para agilizar la entrada y, por supuesto, la desesperación de los familiares desató un caos. Entre empujones de los funcionarios y los familiares de las presas se descontroló la seguridad.

Entre gritos y reclamos de las internas se abrieron las puertas del penal y los familiares logran el reencuentro. Allí estaba la jueza María Lourdes Afiuni, impaciente, pero con la fortaleza de un roble, inquebrantable esperando el abrazo de sus padres y su hija.

Yo me pregunto: ¿Dónde está la humanización de las cárceles venezolanas que tanto alardea el Gobierno Nacional? ¿Cómo es posible que un anciano ciego se le impida entrar para guarecerse de la lluvia? ¿Dónde están las instituciones que protegen a los niños y aplican la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA)? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo?

Es más que evidente que el sistema penitenciario de nuestro país no funciona pero es el colmo que tengamos un Gobierno que alardea de defender los derechos humanos de los venezolanos y unas instituciones, incapaces de resolver una situación tan simple como abrir las puertas del penal más temprano, sobre todo cuando hay condiciones climatológicas que lo ameritan.

Este país tiene que tomar conciencia. Hay instituciones inútiles y vendidas a los designios de un Gobierno que se dice ser socialista humanista, de la boca para afuera, porque dentro, léase bien: no existe humanización en las cárceles de Venezuela. Lo que hay es violación no sólo a los derechos humanos de más de 800 presas del INOF, sino de todos sus familiares que los miércoles y domingos tienen que vivir el suplicio que significa entrar al penal para compartir con su ser querido.

Llevaré en mi mente la escena de Geraldine Afiuni, hija de la jueza María Lourdes Afiuni, cómo observaba, con lágrimas en los ojos, a los efectivos de la Guardia Nacional y las celadoras ordenando a su madre colocarse frente a la pared para vejarla y contarla; como un niño de 5 años, a través de unos ventanales, le preguntaba llorando a su madre presa: ¿Mami te están haciendo algo?

Ver correr las lágrimas por el rostro de la señora Elina de Afiuni y de muchas madres que sólo claman justicia, sometidas a esa escena, no es ni socialismo, ni humanización, eso es violación a los derechos humanos.

El verdugo de la juez


Muchos son los jueces por los que ha pasado el caso Afiuni y que han cometido exceso de abusos, entre ellos la jueza Leidys Azuaje, a quien le correspondió la primera fase del proceso y que, sin ningún tipo de pruebas ni fundamentos jurídicos, ordenó su reclusión a una cárcel común (Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF), a pesar de que allí se encontraban detenidas mujeres por orden de la jueza Afiuni.

Además, hizo la audiencia preliminar donde el Ministerio Público afirmó que no hubo dinero, ni promesa alguna para mantener a María Lourdes Afiuni privada de su libertad. A pesar de eso, Azuaje la envió a un juicio para condenarla a 30 años, tal como pidió el presidente Chávez.
En la actualidad, la actuación más destacable en el caso de María Lourdes Afiuni Mora se la lleva el jurista Alí Fabricio Paredes.

El juez 26 de Juicio de Caracas, Alí Fabricio Paredes, es ex funcionario de la Policía Municipal de Sucre y protagonista de los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando junto a un grupo de partidarios del Gobierno de Hugo Chávez, pistola en mano, disparó a una marcha que pacíficamente exigía la renuncia del Presidente. Actualmente, es juez y tiene a cargo la causa de María Lourdes Afiuni, tal como él se identifica, “soy fiel a mi Comandante en Jefe e incapaz de traicionar el proceso por su condición de revolucionario".

Recusado en varias oportunidades, con prueba en mano, por el equipo de la Defensa, debido a su vinculación con el Gobierno revolucionario, se mantiene hasta hoy como el juez de la causa. Su crueldad no ha tenido límites, pues se ha encargado entre otras violaciones de impedir que la jueza María Lourdes Afiuni hiciera uso de su derecho a la salud en reiteradas oportunidades.

“Buenas tardes camaradas, amigos. Ante todo les envío un saludo revolucionario y solidario. Soy sobrino de Alí José Paredes Yespica, asesinado por los cobardes de la Digepol (cuerpo de policía de los años 50) al frente de todos sus familiares. Soy hijo de Carmen Aida Paredes Yespica también combatiente por el PCV (Partido Comunista de Venezuela), quien permaneció presa y torturada por la policía más cobarde del mundo. Me siento muy orgulloso de tener unos familiares que son base de este gran proceso revolucionario que estamos viviendo y que nunca traicionaría ni mucho menos a mi comandante (Hugo Chávez) porque llevo la revolución en la sangre”. Estas son las palabras que el juez Paredes público en la página web del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) y la prueba que la Defensa presentó para recusarlo.
José Amalio Graterol, abogado de la Defensa de la jueza Afiuni, declaró: “El juez que lleva la causa de la doctora María Lourdes Afiuni, no es imparcial (…) Emitió opinión diciendo en la página del PSUV que no va a traicionar al Presidente, es decir, ni al Presidente del partido ni al Presidente de la República (Hugo Chávez) que es una misma persona. El artículo 256 de la Constitución impide que algún Juez haga este tipo de comentarios”.
“No podemos permitir que el Juez vaya a juzgar a la Dra. María Lourdes Afiuni cuando debajo de la toga tiene la franela roja del PSUV y de acuerdo a lo que expresó, en su sangre tiene la revolución. Es una condena segura donde no se va a hacer justicia sino simplemente cumplir con un cometido político”, apuntó.


El juez Alí Fabricio Paredes no se inhibió de la causa y hasta hoy continua siendo el verdugo de la jueza, quien se atrevió a decirle a Afiuni Mora en los pasillos del Palacio de Justicia “Te voy a condenar, así sea lo último que haga”.

“El Tribunal de Venezuela está lleno de personas inmorales y vendidas como Alí Fabricio Paredes. Me produce asco. Pero lo peor es el dolor que te causan las heridas producto de los actos inmorales de los que dicen ser tus compañeros de trabajo. Jamás podré trasmitir el dolor que me produjo que jóvenes que uno mismo ayudó a formar dentro del Poder Judicial ejecutaran actos falsos y contrarios a la Ley. Eso me trajo un conflicto de fe que he ido superando poco a poco”, expresó Afiuni Mora al referirse a los que por años compartieron con ella en su trabajo. (Entrevista realizada por 6to Poder, enero 2011).

Como por arte de magia
Como por arte de magia el 3 de septiembre de 2010 apareció la boleta de excarcelación del empresario Eligio Cedeño, desaparecida el mismo día que detuvieron a la magistrada (10 de diciembre de 2009). María Lourdes Afiuni bajo fuertes medidas de seguridad (entre 30 y 40 efectivos militares), como suelen ser sus traslados, se presentó al Tribunal para la audiencia oral y pública que daría inicio a su enjuiciamiento.
Abogados de la Defensa presentes, imputada, juez, aguaciles, comienza la audiencia con la revisión del expediente. Para sorpresa de todos, en la pieza 4 aparece la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño, firmada y sellada por la doctora María Lourdes Afiuni, 9 meses después de su detención.
Declaraba a los medios de comunicación el abogado José Amalio Graterol que el hallazgo daba un giro de 360° a la estrategia de la Defensa “porque durante todo este tiempo parte del elemento de convicción para privar de libertad a la juez, repetido reiteradamente por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es que no existía boleta de excarcelación del ciudadano Eligio Cedeño. Esto ratifica que el ciudadano salió por una orden judicial por lo que no existe el delito de abuso de poder y mucho menos el de favorecimiento a la evasión”. Además, “el delito de corrupción fue desmontado por la misma Fiscalía porque no hubo dinero ni promesa de dinero”.
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“No hay ningún elemento de convicción para mantenerla privada de libertad y los hechos que se suscitaron el pasado 10 de diciembre de 2009, cuando la jueza tomó la decisión de dejar libre al empresario, basada en una resolución de la ONU, tampoco implica delito de carácter penal”, indicó Graterol.
Se comprobó ese día que no había motivos ni para mantener la privativa de libertad de María Lourdes Afiuni ni correspondía un juicio penal. Estamos ante un juicio por capricho, ante un juicio político.
Declarada en desobediencia
“Sentada en los calabozos del Palacio de Justicia, la cabeza me daba vueltas. No sabía qué hacer pero tampoco podía permitir que me condenaran porque soy inocente. Cuando llegaron los custodios para llevarme a la sala de audiencia, traspasé el pasillo y, al llegar, le pedí a mis abogados que me dejaran sola con Alí Fabricio Paredes. Lo miré de frente y le dije: Me declaro en desobediencia civil y apelo al artículo 350 de la Constitución Nacional porque no me voy a someter a un juicio donde tú seas el juez”. Así narró María Lourdes Afiuni su decisión en una de nuestras conversaciones en la celda del INOF.
A partir del 9 de septiembre de 2010, María Lourdes Afiuni se ganó el apodo de “La Jueza Valiente”. Comenta Graterol que Alí Paredes le dijo a la doctora que si sus abogados no entraban le iba a nombrar defensores públicos de oficio. “La doctora Afiuni se dio media vuelta, le ordenó a los custodios que le colocaran las esposas y se retiró de la sala de audiencia al INOF”. Paredes quedó desautorizado.
El 16 de septiembre de 2010, María Lourdes Afiuni envió una carta dirigida al Presidente Hugo Chávez expresando las razones por las cuales decidió declararse en desobediencia civil y exigiendo respeto a los derechos humanos. Aquí el documento completo.
Señor Presidente.
Estoy siendo juzgada por actuar dentro del marco de mi competencia constitucional, ajustada a derecho al dictar una medida sustitutiva de libertad condicional, y con recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos a cuyo criterio debe la República atender, conforme al artículo 23 de nuestra Constitución.

Invocando el artículo 350 de la misma Constitución me veo en la necesidad de desconocer la autoridad que pretende juzgarme por ser contraria a los derechos humanos y a las garantías democráticas de separación de poderes, autonomía e independencia judicial, y debido proceso como ha demostrado suficientemente en el proceso el Juez Alí Paredes, quien confesamente responde al Presidente de la República y además niega mis derechos humanos al no garantizar ni mi salud, ni mi seguridad, en las condiciones carcelarias en que me hallo.
Utilizaré palabras del entonces teniente coronel Hugo Chávez cuando en el año 1992, después de dar un golpe de estado donde perecieron decenas de venezolanos, fue trasladado a la cárcel de Yare y, sin que peligrara ni su salud ni su seguridad, recusó ante la opinión pública al Juez Militar que ordenó dicho traslado. "A la conciencia jurídica del mundo civilizado y democrático", que igualmente invoco.
Recusaron ante la opinión pública, igual que hago hoy al Juez: " por carecer de independencia y autonomía ya que actúa servilmente no conforme a la Ley, sino a los mandatos del presidente de la República".
Afirmaba el hoy Presidente sobre el Juez que ordenó el traslado que "su conducta niega el principio de separación de los poderes públicos que caracteriza la existencia de un Estado republicano y democrático. Aquí en Venezuela los poderes se encuentran concentrados en manos del jefe del ejecutivo. Es decir, vivimos en un régimen autocrático y totalitario de gobierno". ¿Qué podrá decirse hoy?
Por ese motivo los firmantes decían: "Hemos decidido negarnos a que seamos impuestos del írrito auto de detención y es que el Juez actúa en una relación de supra-subordinación, servidor del Presidente de la República". Por ese mismo motivo he recusado al Juez de mi causa sin que mi recusación fuese atendida y me niego a someterme ante su autoridad.
Ciudadano Presidente de la República, usted ordenó el 11 de diciembre 2009 en Cadena Nacional de Radio y Televisión que fuese sentenciada por 30 años, sin ni siquiera saber de qué se me acusaba ya que mi presentación ante la justicia fue al día siguiente. Tal como usted en su momento, pero con la diferencia de que mi vida sí está en peligro, digo: cuando el puesto de los prevaricadores de la justicia está en la magistratura judicial, el de los hombres honestos está en la cárcel.
Soy una mujer y una jueza honesta, ciudadano Presidente, así lo reconoció la Fiscalía en mi audiencia preliminar al admitir que no había recibido ni dinero ni promesas. Mi culpa es negarme a atender instrucciones en mi labor de Juez, pues solo atendí a la estricta aplicación de la Ley.
Exijo justicia y mientras no la tenga, me declaro en desobediencia civil, hagan con mi caso lo que a bien tengan y serán el escarnio de la opinión del mundo civilizado y democrático.
María Lourdes Afiuni
16 de septiembre de 2010

III parte


Número 255. A lo lejos se escuchaban los gritos de las internas llamando a las celadoras, golpeando contra los barrotes de las celdas cualquier objeto. Algo pasaba.
Los familiares afuera desesperados y el movimiento de los efectivos de un lado a otro generaban preocupación.
Si algo te permite ser un anónimo en ese lugar es poder escuchar las distintas historias que dan para un libro completo. Una boxeadora profesional, Elena (reservo su nombre), me contó su historia. Estuvo dos años presa en el INOF y narró el horror que se vive tras los barrotes. El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, le concedió la libertad condicional para que participara en las olimpiadas de boxeo internacional.
Habló de la celda del Tigrito (celda de castigo de escasas dimensiones, sin luz, sin agua, sin baño, sin nada, cuya existencia ha sido denunciada por ilegal y violatoria de los derechos humanos y que las autoridades del penal utilizan para llevar a las internas que a su criterio tengan mal comportamiento), nombre que reconocí al instante porque en conversaciones con María Lourdes Afiuni, la directora del penal, Isabel González, en dos oportunidades la amenazó con meterla allí. Elena volvió a la cárcel de mujeres para visitar a su pareja.
Sentadas las dos conversando amenamente con un grupo de familiares, escuchamos los gritos y Elena confiesa: “Dentro del penal está pasando algo”. Subió a preguntar a los efectivos utilizando las influencias y ventajas de haber sido una reclusa más, indagó en lo que sucedía y me dijo: “Bajemos la montaña, van a sacar el cadáver de una presa”.
Así fue. Un jeep de militares bajó la montaña y como un objeto desechable sacó el cuerpo inerte enrollado en una sábana y lo colocó en una ambulancia sin que la visita se diera cuenta. A los días supe su nombre, era Dennis Alfonzo, oriunda del estado Vargas, procesada por drogas. Falleció, según el informe forense, de un paro respiratorio.
Al entrar a la celda, María Lourdes Afiuni, relató que la mujer agonizaba desde la noche anterior. Era asmática y tenía una de esas crisis que con nebulizarla era suficiente para salvar su vida.

Aseguró que las internas pasaron toda la noche gritando a las celadoras para que la auxiliaran y nadie hizo nada. “La dejaron morir”, confesó la jueza.
Según un reportaje realizado por la periodista Alicia Aguilar (Últimas Noticias, noviembre de 2010), las internas del INOF aseguran que “enfermarse en ese lugar es anticipar la carta de defunción”.
“Tobile Lukhele Spihne, surafricana, llevaba dos años en condición de procesada por hurto, se quejó de dolor abdominal durante varios días. Cuando la llevaron al Hospital Victorino Santaella, no había médicos y fue regresada al INOF; la autopsia reveló un cuadro anémico severo. María Ascanio 62 años, sufrió un infarto; no recibió la atención médica a tiempo. Olga Navas de 42 años casi muere luego de haber sido nebulizada con Gerdex, un desinfectante. Mary Nontil, merideña de 33 años, penada por estafa; fue diagnosticada de asma, empeoró y cuando la llevaron al hospital la dejaron porque tenía tuberculosis, luego la regresaron al penal”.
El derecho a la salud en el INOF no está garantizado. Las internas mueren en el intento porque un Tribunal les otorgue el traslado para un centro hospitalario. La directora del penal, Isabel González, no le importa si una reclusa está enferma o no, si su enfermedad puede ser contagiosa para toda la población del penal o no. Para ella y para los que trabajan en ese lugar, las mujeres que están dentro del penal no son seres humanos.
La salud en deterioro
El 16 de julio de 2010, María Lourdes Afiuni es trasladada del INOF a la Medicatura Forense de Bello Monte, debido a una protuberancia entre la axila y el seno derecho. La recibió la médica forense, Anunciata de Ambrosio, quien remitió un informe al Tribunal argumentando que era necesario trasladar a la jueza a un hospital para someterla a exámenes especializados en oncología y cardiología.
La semana siguiente se realizó el traslado al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, donde fue atendida por la especialista en Mastología, Yosesmili Peña, quien determinó que el quiste que presentaba la jueza debajo de la axila “es benigno, no le va a generar mayores complicaciones y solo requiere de tratamiento oral".

La noche del 23 de julio, fue el inicio del deterioro progresivo de la salud de la jueza Afiuni. Paralelo a esos acontecimientos, su hija Geraldine Afiuni, recibía su título de bachiller, acto al que no se le permitió un traslado.
“Pedir un traslado para hacerme unos exámenes médico que es un derecho que me corresponde, ha sido todo un calvario. Por supuesto, pedir que me trasladaran a ver a mi hija recibir su título, era misión imposible. No pude disfrutar de esa dicha (…) En dos oportunidades he llorado en este encierro: el 31 de diciembre y el día de la graduación de mi hija”, precisó María Lourdes con la mirada perdida en su celda.
Afiuni Mora ha sido víctima de violencia de género institucional por parte del juez Alí Fabricio Paredes en reiteradas oportunidades, según lo denunció su abogado el 3 de septiembre de 2010.
José Amalio Graterol declaró ante los medios la situación: “Nos encontramos con un informe del Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo donde nos aseguran que tiene un quiste en el seno, determinado por la mamografía que le realizaron a mi defendida. Nos engañaron cuando nos dijeron que todo estaba bien y que la protuberancia en la axila no era nada y que debía ser tratada dentro de tres meses. Ahora envían al Tribunal un informe, casi un mes después de la consulta que determina que no sólo tiene un quiste debajo de la axila sino que además presenta otro tumor en el seno derecho. ¿Cómo es que vas a atenderla dentro de tres meses si tiene un quiste y sabemos que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte a nivel mundial de las mujeres? Allí lo que hay es una violación de género por parte del Tribunal, una violación institucional”.
Asimismo, la Defensa informó que el 1 de septiembre de 2010 María Lourdes presentaba una infección y problemas de tensión que debían ser tratados a la brevedad posible pero el juez Paredes se negó a dar el traslado. “Las reglas mínimas de los reclusos, establecidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que las personas privadas de libertad deben ser tratadas en internados judiciales especiales u hospitales civiles, no pueden ser tratadas en hospitales militares, no tiene por qué ser el ginecólogo un capitán o un general. Ella está en todo su derecho de decidir que médico quiere consultar”.
Un mes después del escándalo que se armó ante los medios de comunicación por negarle el derecho a la salud a la jueza, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó su posición con respecto al caso y solicitó al Estado venezolano la liberación inmediata de la doctora María Lourdes Afiuni, así como la reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas, el cual ejercía al momento de su detención.

Además, calificó como "arbitraria" la detención de Afiuni Mora al contrariar los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Era la primera vez que una instancia de la ONU se pronunciaba sobre un caso de este tipo. En su declaración el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que Afiuni sea sometida a un juicio apegado al debido proceso y bajo el derecho de la libertad provisional.
Solicitaron también que al ser reubicada como juez 31 de Control de Caracas, le sean cancelados los salarios que ha dejado de percibir desde que se encuentra separada de forma "forzada" de su cargo. Asimismo, piden para Afiuni "cualquier forma de reparación efectiva por los daños causados" a partir de la "detención arbitraria".
El juez de la causa, Alí Fabricio Paredes, hizo caso omiso de la resolución de la ONU y de los informes médicos que aseguraban que la salud de la juez se deterioraba cada día más. Recursos, apelaciones, recusaciones, denuncias, nada hizo que el verdugo de la juez diera su brazo a torcer.
“Me han realizado varias biopsias y, a pesar de que tengo un diagnóstico que no es del agrado del Gobierno, he cumplido un año de calvario y no hay manera de que se respete mi derecho a la salud. No me muestran los resultados médicos y tratan de ocultar el diagnóstico. Ha sido salvaje y despiadado todo lo que ha tenido que ver con chequeos médicos. La constante presión que ejercen los funcionarios del Ministerio del Interior para presenciar hasta los exámenes más íntimos ha constituido una violación reiterada de mis derechos humanos, lo cual hemos denunciado. Hasta el Ministerio público y la Defensoría han exigido ese respeto, pero ahora se ha hecho caso omiso. Para nadie es un secreto las condiciones de mi detención y de alguna forma eso ha deteriorado notablemente mi salud”, confesó María Lourdes.
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IV Parte
Número 308. Las requisas para visitar a la jueza son más rigurosas. Ya no recibía a sus familiares en la celda 3x2, sino en un pasillo oscuro y con la presencia de una custodia que escuchaba atenta las conversaciones.
Motivo. Días antes el canal de televisión todo noticias venezolano, Globovisón transmitió una entrevista a María Lourdes Afiuni en su celda. A partir de ese momento la magistrada fue sometida a tortura psicológica. El lunes 15 de noviembre de 2010, un día después del programa de televisión, la directora del penal, Isabel González, llegó con efectivos de la Guardia Nacional, ametralladoras en mano para requisar la celda en busca de una cámara que ya no estaba.
“Destrozaron todo. Levantaron colchón, me empujaron contra la pared, me amenazaron. Desde ese día no sólo sentí la impotencia de no poder hacer nada sino que me enteraba de la traición de las compañeras en las que confié durante mi encierro. La presión psicológica fue insoportable”. Esas palabras me las dijo Afiuni Mora en un descuido de la custodia.
Fue la última visita que pude hacerle a la jueza en el INOF, temía que cualquier situación fuera motivo para que las autoridades del penal arremetieran contra ella. Su abogado, José Amalio Graterol, me comentó: “Ha recibido mucha presión psicológica por parte de los carceleros desde que Globovisión transmitió la entrevista, hasta la amenazaron con requisarla en sus partes íntimas cada vez que sea transmitido el programa”.

“A los organismos internacionales sólo les pido que pongan los ojos en Venezuela. Estamos ante una dictadura moderna. Son muchos los presos políticos que no tienen derecho a voz, son muchas las violaciones de toda índole. La cárcel es un cementerio de vivos”, fueron las palabras de María Lourdes Afiuni a través de las cámaras de televisión y que dieron la vuelta al mundo. (Globovisión, noviembre de 2010).
Un año en la oscuridad
María Lourdes Afiuni empezó a decaer. La depresión por el encierro, subidas de tensión, taquicardia, sangramiento y los estado febriles, debilitaban a la juez. En el plano familiar, su padre,
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el hombre que confiesa amar profundamente, estaba hospitalizado por una neumonía. Su columna vertebral no estaría con ella por un buen tiempo.
Las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y nuevamente la ONU, exhortaban al Gobierno venezolano a liberar a la jueza. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitaba al Poder Judicial garantizar la vida e integridad mental de la jueza. La Organización de Estados Americanos (OEA), también hizo lo propio. El Tribunal 26 de Juicio hizo caso omiso de tales peticiones y continuaron las violaciones a su derecho a la salud.
Nelson Afiuni, hermano de la magistrada, denunciaba ante los medios de comunicación que la directora del penal, Isabel González, acatando una orden del juez Alí Fabricio Paredes, amenazó con castigar a María Lourdes y llevarla a la celda de aislamiento (El Tigrito). “El juez cree que como las organizaciones internacionales exigen que le resguarden la vida a mi hermana y, además, se mostró a todo el país, a través de las cámaras de televisión, la situación que se vive en la cárcel de mujeres, la solución es llevarla a un sitio donde ella no pueda ni dar un paso, donde sólo hay oscuridad. Lo que quieren es aislarla para callarla. Es simplemente una venganza porque se demostró el horror que se vive en el INOF”, afirmó.
El 10 de diciembre al cumplirse un año de encierro, la juez 31 de Control escribió una carta. Aquí el texto completo:
A la comunidad nacional e internacional con ocasión de cumplirse un año de mi detención arbitraria y de tratos inhumanos por el Estado venezolano
En el día de hoy 10 de diciembre de 2010, a un año de mi arbitraria detención, me dirijo a ustedes a fin de expresarles una vez más mi voluntad de mantenerme de pie, aun en las peores circunstancias.
Como todos sabemos el 10 de diciembre se celebra el día mundial de los derechos humanos. En ese mismo día hace exactamente un año fui privada de mi libertad de forma ilegal por haber dictado una decisión judicial dentro del estricto marco de mi competencia en una causa penal.
Dicha decisión la adopté soberanamente con base en el Código Orgánico Procesal Penal y tomando en consideración una recomendación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, donde se establecía entre otras cosas que, la privación de libertad que sufría el ciudadano Eligio Cedeño era arbitraria ya que contravenía disposiciones contenidas en instrumentos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos y, en consecuencia, se recomendaba al Estado Venezolano la concesión de la libertad provisional del justiciable hasta la terminación del juicio, adoptando medidas para que ese proceso
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penal no sufriera nuevas dilaciones indebidas.
Como siempre he señalado, la decisión que dicté como jueza el día 10 de diciembre de 2009 a favor del mencionado ciudadano venezolano, es la misma que hubiera dictado ante cualquier justiciable ya que para esta juzgadora la justicia no tiene nombre, ni condición social, ni motivaciones políticas, ni de género, ni religiosas. Para esta juzgadora la justicia es una sola y es la que se le aplica a cualquier persona de acuerdo a los hechos y al derecho, sin importar de quien se trate. No obstante todo lo anterior, me encuentro detenida y acusada por la comisión de varios delitos carentes de todo fundamento, emitida sobre la base de un procedimiento plagado de vicios e irregularidades, de violaciones al debido proceso, fundada en una mentira, en una insensatez jurídica, en el cumplimiento de una mera orden política.
El propio Ministerio Público a viva voz señaló ante el Tribunal que no se determinó durante la investigación que yo hubiera obtenido dinero alguno o beneficio económico o alguna promesa a cambio de la libertad condicionada que legalmente le concedí a un ciudadano venezolano. Juro ante Dios y ante la Patria que soy inocente y que sólo cumplí con mi deber como jueza. Pero mi caso es sólo un ejemplo vivo de un acto deplorable para el poder judicial que desdice lo que debería ser una correcta y sana administración de justicia independiente e imparcial para las personas.
Durante todo este tiempo de mi detención como es del conocimiento nacional e internacional, he sido objeto de un sinfín de violaciones de derechos constitucionales y legales, inclusive de los derechos humanos más elementales de toda persona, como son el derecho a la salud, el derecho a la religión e inclusive el derecho a recibir la luz del sol. Asimismo como mujer he sido víctima de hechos constitutivos de delitos graves contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida Libre de Violencia.
Como señalé inicialmente mi caso es un hecho lamentable, no sólo para la jueza María Lourdes Afiuni Mora, sino para el Poder Judicial Venezolano, por cuanto se desnuda su propia integridad y se sienta un precedente terrible, de consecuencias inimaginables para toda la justicia venezolana. En definitiva, más allá de mi detención, quien se encuentra encarcelado, quien se encuentra maltratado y quien se encuentra secuestrado, es el Poder Judicial y todos los jueces y juezas de este país.
No obstante, toda la tragedia personal e institucional vivida, en este momento al cumplirse un año de mi detención considero que todo lo ocurrido no ha sido en vano porque ha servido de vitrina para que el mundo se entere cómo se manipula la justicia en Venezuela y cómo se trata a sus mujeres. Ello se evidencia en los distintos pronunciamientos que a nivel internacional se han emitido en mi causa y que el país conoce.
Es por ello que desde mi celda le hago un llamado a todos los jueces y a todas las juezas de este país, a que más allá del miedo sean libres, sean leales al juramento de ley que realizaron al momento de asumir su cargo como jueces, que no respondan a intereses políticos, económicos, ni de ninguna otra naturaleza, que la única obediencia que se deba es la que emana de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de los instrumentos sobre derechos humanos y de las leyes de la Republica, que sean fieles a su deber de ser autónomos e independientes como jueces, que como Jueces sólo le deben obediencia y subordinación al ordenamiento jurídico, a nada ni a nadie más, que juzguen y dicten decisiones imparciales, sin distingo de ningún tipo y ajustadas a derecho, y que con ello garanticen una verdadera paz social.
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Por Dios y por la Patria, no se hagan cómplices en la comisión de delitos contra los derechos humanos los cuales son imprescriptibles, recuerden que sus actuaciones de hoy son las pruebas que se utilizarán mañana cuando en Venezuela haya un Estado de Derecho y una democracia.
En el Instituto Nacional de Orientación Femenina, Los Teques, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2010.
María Lourdes Afiuni
La intimidad perdida
Hablar de los traslados de la jueza ya sea para una audiencia o simplemente a un examen médico es un cuento de horror. Esposada, en un carro blindado, acompañada de no menos de 30 Guardia Nacionales, con ametralladora en mano, varios convoyes y algunos motorizados acompañan a la magistrada en cada una de sus salidas.
Ha llegado a tal extremo la custodia que hasta el derecho a la intimidad que tiene María Lourdes como mujer, ha sido violado. En noviembre de 2010, durante un traslado para hacerle unos exámenes médicos en el Hospital Oncológico Padre Machado en las cercanías del Cementerio del Sur en la ciudad de Caracas, hubo una discusión entre militares, médicos y abogados.
Era necesario realizar una mamografía a la doctora Afiuni y los militares, a cargo de la vigilancia y bajo las órdenes de un Sub teniente de la Guardia Nacional de apellido Maestre Márquez, insistieron en ser partícipes de la radiografía del pecho de la magistrada.
Cuenta la profesional del Derecho, sin perder el sentido del humor, que sus senos son los más cotizados en el ámbito militar. “La Guardia Nacional pretendía participar en todos mis exámenes, de hecho lo hicieron durante la mamografía y para nadie es un secreto que en ese examen uno tiene que desnudarse”.
“Luego de la mamografía me subieron para hacer una citología y los Guardias Nacionales pretendían estar allí durante el examen. Allí se originó un altercado entre los médicos, mis abogados y los efectivos. Además, se le impidió a mi madre acompañarme durante ese momento. Cuando salí de allí, se necesitaban hacer otras pruebas y el subteniente Maestre no lo permitió.
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Decidió trasladarme de nuevo al INOF. Cuando salí apretó las esposas con tal fuerza que al llegar a la celda 3x2 mis manos estaban moradas”.
El equipo de la Defensa denunció ante la Fiscalía General de la República a la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Isabel González, y al Teniente que dirigió el traslado. Alegaron que el artículo 181 hace referencia a la defensa de las personas privadas de libertad y a evitar el hostigamiento del preso. “El hostigamiento psicológico es mayor por la denuncia que se hizo contra Maestre Márquez y la directora del INOF”.
La salida del infierno
Enero de 2011, la vida de la jueza María Lourdes Afiuni corría peligro. Los estado febriles continuaban, la taquicardia eran constante, el sangramiento fue mayor y la debilidad se apoderó de su cuerpo.
Esta situación llevó a la Defensa a exigir al Tribunal el traslado inmediato. El 11 de enero la juez es llevada, nuevamente al Hospital Oncológico Padre Machado para una biopsia y exámenes médicos. El diagnóstico fue contundente: “La doctora Afiuni necesita una operación de emergencia para solucionar su problema de sangramiento. Presenta una afección en el útero”, dijo su hermano Nelson Afiuni quien salió a través de las cámaras de televisión a pedir, en nombre de su familia, que el Poder Judicial aprobará el permiso, "lo más pronto posible porque está en juego la vida de mi hermana".
Además de los resultados de la biopsia, le practicaron exámenes cardiológicos para determinar las razones de la taquicardia que presentaba desde el mes de diciembre y preoperatorios para la intervención quirúrgica a la que debía ser sometida en los próximos días.
La organización Human Rights Watch (HRW) se había pronunciado a través de su director, José Miguel Vivanco, quien el 24 de enero de 2011 había presentado en Washington los resultados del informe anual de la organización correspondiente a América Latina, donde aseguró que el gobierno venezolano “ejerce control sobre el poder judicial” y advirtió que "los jueces cuyos pronunciamientos contradigan los intereses del gobierno pueden sufrir represalias".
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El informe se refirió a las condiciones "inhumanas" en las que vive María Lourdes Afiuni, “que padece de cáncer” en la cárcel. “Si no se toman medidas en el caso de Afiuni, para la que el presidente Chávez ha pedido públicamente una pena máxima, se sentará un precedente de gravedad en Venezuela”.
Paralelo al informe, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en reiteradas oportunidades aseguraba que a la jueza María Lourdes Afiuni se le garantizaban todos los derechos en la cárcel de mujeres de Los Teques, pidió a los Tribunales que ordenaran el arresto domiciliario de Afiuni Mora mientras se recuperaba de la operación a la que tendría que ser sometida en los días siguientes.
El equipo de la Defensa de Afiuni Mora, solicitó al juez 26 de Juicio de Caracas, Alí Fabricio Paredes, la medida de casa por cárcel antes de ser sometida a la intervención quirúrgica para restablecer su condición física.
La situación de la magistrada no podía esperar más tiempo y el 3 de febrero de 2011 fue trasladada al Hospital Oncológico Padre Machado y sometida a la intervención quirúrgica para extraerle el útero. Ese mismo día el Tribunal 26 de juicio se pronunció y le otorgó la medida de arresto domiciliario hasta que se realice el juicio.
"El arresto domiciliario de la juez Afiuni será a partir del momento que reciba el alta en el Oncológico Padre Machado". Su abogado José Amalio Graterol, indicó a los medios que "la doctora Afiuni tiene prohibido declarar a medios nacionales e internacionales sobre su proceso y deberá presentarse cada ocho días en los tribunales".
"Las personas que mantuvieron privada de libertad a la jueza 31 de Control de Caracas durante 13 meses en una prisión 3x2 sin recibir sol y sin permitírsele ejercitar, desmejorando su condición física y de salud, son las mismas que se dieron cuenta que venían ejecutando una pena de muerte contra la profesional del Derecho”, comentó Graterol.
Cabe destacar que el equipo de la Defensa de la jueza ha librado y seguirá librando una batalla muy dura para lograr su libertad plena. En una llamada a su abogado de la Defensa, José Amalio Graterol para felicitarlo por su trabajo dijo, “hemos logrado la victoria de una batalla pero nuestro objetivo es que se declare la absolutoria y la libertad plena a la jueza Afiuni”.
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Desde el 10 de diciembre de 2009 todos los derechos inherentes al ser humano han sido violados: la forma arbitraria en la que fue detenida, el allanamiento sin orden a su oficina, la desaparición de una boleta de excarcelación de un expediente, su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa, a la independencia del Poder Judicial. “Esto que me está pasando a mí, le puede pasar a cualquiera y la actitud del venezolano no debe ser esperar que le toquen la puerta. Todos de alguna manera podemos luchar para recuperar nuestro estado de derecho, por nuestros hijos, por nuestros padres”, Afiuni Mora en una conversación telefónica días antes de salir del INOF.
V parte
La imagen era elocuente. Una ambulancia rodeada por la Brigada de Motorizados de la Guardia Nacional y dos convoy con 35 efectivos trasladaban a la jueza María Lourdes Afiuni a su casa, luego de ser dada de alta, 120 horas después de una intervención quirúrgica.
Miles de personas se agolparon en los alrededores de la residencia para ver llegar a la jueza. Aplausos, globos, pancartas y un mural en la pared del estacionamiento de las residencias, "Jueza Afiuni Honestidad y Valor". Vecinos, curiosos, amigos y familiares esperaron por más de siete largas horas la llegada de la ambulancia. El sol era muy fuerte y al ver su llegada recordé el momento como fue recibido el Papa Juan Pablo II en Venezuela. Así fue el recibimiento de la Juez 31 de Control María Lourdes Afiuni, es parte de la historia de este país y se convirtió en un ejemplo de valentía a una sociedad que está acéfala de líderes, de representantes.
Los 35 efectivos militares acomodados de lado y lado, con ametralladoras en mano, apartaban a las personas para permitir el paso de la ambulancia. Llegó a su residencia y la magistrada como símbolo de agradecimiento por la acogida se asomó por el balcón. Para su sorpresa, las notas del himno nacional sonaron con fuerza. Las consignas ¡Justicia, justicia! ¡Libertad, libertad! Le daban la bienvenida a la juez valiente, a la juez que fue privada de su libertad por aplicar justicia.
Entre lágrimas Elina Mora de Afiuni, declaraba a los medios: "¡Esto es maravilloso! Gracias a todos los venezolanos por querer a mi hija y por darle una alegría, luego de vivir estos momentos tan duros (…) Esperamos que esta libertad a medias se convierta en libertad plena".
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Discordia en los Tribunales
Desde el lunes 7 de febrero a las 6:00 de la mañana el alta médica de la magistrada María Lourdes Afiuni estaba firmada pero, nuevamente, el jurista Alí Fabricio Paredes retrasaba el regreso de la juez a su domicilio. Esta vez con la excusa de no tener coordinado el destacamento de la Guardia Nacional que se encargaría de su custodia en su residencia. Esa diatriba duró 24 horas.
El abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, explicó que el retraso se debió a la negativa de los cuerpos de seguridad de asumir la custodia de la magistrada en su residencia. "Esto demostró una vez más que en nuestro país hay intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. El juez 26 de Juicio tomó una decisión y los cuerpos policiales que son auxiliares de la administración de justicia, se negaron a cumplirla. Aquí no hay estado derecho". Nuevamente, el juez Paredes quedó desautorizado.
Al revisar el expediente en el Tribunal, José Amalio Graterol se encontró con otra sorpresa, el juez 26 de Juicio "instó al Ministerio Público a abrir una investigación por el desacato de la GN a la decisión judicial que se ejecutó el lunes".
Pasaron 24 horas y la mañana del 8 de febrero, nuevamente el Tribunal 26 de Juicio se reunía con los encargados de los cuerpos de seguridad para coordinar hasta que se decidió que sería la Guardia Nacional quien custodiaría a la jueza de control de Caracas. "Ellos no deben ingresar a la casa y no deben impedir las visitas", dijo.
Actualmente, la jueza es custodiada dentro de su casa por 32 efectivos de la Guardia Nacional: 20 en los alrededores, 10 dentro del edificio y 2 en la puerta del apartamento. A la jueza 31 de Control no se le permite tomar el sol, ni caminar en el jardín. Sólo se le permite visitas, pero no más de 5 personas y una hora cada una. No está presa pero tiene una mordaza roja que tapa su boca ante los medios de comunicación.
Un juicio justo
En un acto realizado en Ginebra (Suiza) el 8 de marzo de 2010, el caso de la jueza 31 de Control, María Lourdes Afiuni, es presentado en el informe anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Allí afirman,
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categóricamente, que el caso de la magistrada es "particularmente grave", es una "detención arbitraria" y un "acto de represalia".
El presidente del Grupo de Trabajo, El Hadji Malick Sow, hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para que tomara en consideración sus recomendaciones y “a liberar a la señora Afiuni sin condiciones".
Tras recordar que la jueza "está desde el mes pasado en residencia vigilada en su domicilio por una intervención quirúrgica y su detención arbitraria prosigue", el vocero señaló que "esta situación constituye un atentado a la independencia de la Justicia".
A lo largo de estas líneas, ha quedado demostrado que en Venezuela no existe independencia de poderes, que el Gobierno de Hugo Chávez muestra en el ámbito internacional una máscara de democracia que en los hechos no existe.
El abogado penalista y ex decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga, con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, dice que el Estado venezolano ante los ojos del mundo quiere hacer ver que en el país “no hay presos políticos sino políticos presos”.
Con la huelga de hambre que realizaron jóvenes de distintas casa de estudios a favor de los derechos humanos en febrero de 2011, el Gobierno quedó desenmascarado al aceptar una negociación para liberar a personas que consideraba como políticos presos.
“Desde el primer momento que el Estado atendió el reclamo de los jóvenes, aceptó la existencia de presos políticos en el país y lo hizo con tal efectividad que no puede ningún venezolano pensar que el Ejecutivo operó por los mecanismos ordinarios de las leyes. Por el contrario, aquí quedó absolutamente clara la intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales. Es indubitable, el Gobierno es quien administra la justicia en este país”, precisó.
“El caso de María Lourdes Afiuni, es político. Muchos han sido los argumentos y recursos legales para lograr que se respete los derechos constitucionales y humanos de la magistrada. Si el Poder Ejecutivo sigue metiendo la mano en el Tribunal Supremo de Justicia ninguno de los presos
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políticos tendrá un juicio justo”, manifestó Arteaga en una entrevista a El Universal a propósito de la huelga de hambre de estudiantes exigiendo respeto a los derechos humanos.
El 9 de marzo de 2010, Human Rights Watch, dijo “es muy poco probable que la juez Afiuni Mora reciba un juicio justo”, por lo que exigió a las autoridades venezolanas poner fin al proceso contra la profesional del Derecho.
Dos razones argumenta la organización para considerar que la jueza no tendrá un juicio imparcial: “en primer lugar, el presidente Hugo Chávez, a las horas de conocer el arresto de la funcionaria, no dudó en calificarla de “bandida” y pidió que se le aplicara una pena de treinta años. Y en segundo lugar, el juez que lleva la causa Alí Fabricio Paredes, manifestó por escrito su apoyo hacia el proyecto del jefe de Estado”.
Es evidente que los días por venir para la juez 31 de Control no serán fáciles, si bien hay que reconocer que su situación hoy es mejor que antes porque se encuentra bajo arresto domiciliario, las violaciones a sus derechos constitucionales no han cesado. No se puede olvidar que sobre ella ahora pesa la orden de guardar completo silencio sobre su caso.
Al llegar a su casa, me informó María Lourdes que tiene previsto un traslado al Tribunal para iniciar el juicio. “Yo no sé que voy hacer, si mantendré mi posición de desobediencia civil o aplicaré otra estrategia. Lo único que sé es que no voy a permitir que me condenen a treinta años de prisión gratis porque yo no hice nada”.
VI Parte
La bandera de Venezuela con el nombre de Afiuni es lo primero que se divisa cuando llegas a la residencia. Nunca faltan las arbitrariedades de los militares cuando se trata de ella. Veinte Guardias Nacionales rodean el edificio, 10 en el jardín y escalera y tres en la puerta.
Lo cierto es que en esta oportunidad no era yo la que tenía temor de una requisa o de un amedrentamiento. Todo lo contrario, los efectivos militares no eran capaces de sostener la mirada. Al ver llegar una visita bajan la cabeza y eso es señal de que la inconformidad está presente. No lo puedo negar, me sorprendió la sonrisa y la amabilidad del funcionario que recibió mi carnet de identificación y pidió, con un “¡Por favor!”, mi firma.
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No hay punto de comparación. El olor a familia se siente en todo el hogar. La fe te recibe con la imagen de la Virgen del Valle. Allí, sentada en un sofá fumando un cigarro, está la representación de la justicia y la fortaleza esperando la libertad.
La conversación fue distinta. Ese día me encontré una María Lourdes con una mirada que denotaba paz, con un verbo más pausado, menos imponente pero con la misma fortaleza del roble. “No puedo hablar de mi caso y por momentos tengo el deseo de estallar. No quiero volver al infierno que viví durante 14 meses, sólo quiero mi tranquilidad, volver a mi vida”, fueron las palabras de Afiuni al recibirme en su casa.

Contaba María Lourdes lo riesgoso que fue someterse a la operación. “El doctor me dijo que no estaba en condiciones físicas para una intervención quirúrgica de esa magnitud pero era necesario correr el riesgo y así se hizo. Estaba mal, necropsia de ovario, 3 miomas y el útero por encima del ombligo. Todo eso lo descubrieron cuando hicieron la operación. Lo superé, estoy viva. El próximo paso es saber qué pasa con los quistes en el seno derecho y lo que quiera que sea, estoy dispuesta enfrentarlo con la misma entereza”.
Creo que la tarde se nos fue recordando detalles del caso, de lo vivido dentro de la cárcel y de lo que podría esperarse suceda si es enjuiciada por el juez Paredes. “Voy a seguir en desobediencia”, atinó a decirme con voz clara. Me reiteró, “no me arrepiento de la decisión que tomé con respecto a Eligio Cedeño. Lo volvería hacer y con quien sea”.
Al cierre de este capítulo, la jueza María Lourdes Afiuni continúa con la medida de arresto domiciliario y espera por un juicio justo. Sus abogados introdujeron un amparo contra la medida de presentación cada ocho días ante el Tribunal y la prohibición de declarar a los medios de comunicación ante la Corte de Apelaciones, ya fue declarada inadmisible. “Siguen jugando al terror pero no voy a descansar, seguiré luchando hasta el final, utilizando mis únicas armas, las leyes y la Constitución”.
Nos despedimos. Yo con la firme convicción de que pronto estará en libertad y ella aferrada a la fe de que así será.

Referencias

-Aguilar, Alicia. “La salud queda fuera”, en Útimas Noticias, 28 de Noviembre de 2010. Consultado el 10 de mayo de 2012 en http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/la-salud-queda-afuera.aspx
-Hugo Chávez condena a María Afiuni, video en YouTube, consultado el 10 de mayo de 2012. http://www.youtube.com/watch?v=UxhYpnQFHMM
-Comentario del Juez Alí José Fabricio Paredes reproducido por Venezuela Awareness Foundation, consultado el 10 de mayo de 2012. http://www.venezuelaawareness.com/afiuni4/comentario.htm
-Entrevista a María Lourdes Afiuni, por Globovisión, Casos de investigación, consultado el 18 de mayo de 2012. http://www.youtube.com/watch?v=UHu-H4qMn_o&feature=results_main&playnext=1&list=PL41CCED02913F9C85
-De la Rosa, Alicia. “La humanización en las cárceles venezolanas no existe”, en Venezuela Awareness Foundation, consultado el 18 de mayo de 2012. http://venezuelaawareness.com/afiuni4/humanizacion.html
-Entrevistas realizadas a la Jueza María Lourdes Afiuni por Alicia de la Rosa, en el INOF y en su hogar, durante el arresto domiciliario, entre el 25 de abril de 2010 y febrero de 2011.

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