1. A manera de introducción

Mucho se ha hablado, debatido y escrito sobre la política de defensa y promoción de la democracia por parte de los Estados Unidos hacia el mundo a todo lo largo del siglo XX. No obstante, se observa una especie de «boom» literario sobre el tema en la década de los noventa, cuando tras el fin de la Guerra Fría y la súbita caída del comunismo soviético que trajo consigo lo que el científico político Samuel Huntington llamó la «tercera ola» democratizadora en la historia del mundo moderno (Huntington,1991), las administraciones estadounidenses de George Bush y Bill Clinton establecieron la promoción de la democracia como un punto clave del nuevo rol internacional de los Estados Unidos en el mundo, pasando el tema a formar parte prioritaria en sus agendas de gobierno. Hacia la región latinoamericana en particular, no han sido pocos los análisis, estudios y reflexiones académicas y periodísticas sobre este importante tema. Sin embargo, son prácticamente inexistentes los trabajos específicos sobre las estrategias, iniciativas, esfuerzos y mecanismos de defensa y promoción de la democracia emprendidos por Estados Unidos hacia el caso específico de Venezuela (1). Incluso, es reconocido en la academia venezolana que «el tema de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos no ha tenido una suficiente cobertura bibliográfica contemporánea» (C. Romero, 2000: 7)

Los argumentos mencionados justifican por sí mismos cualquier estudio sistemático que se emprenda sobre la política exterior de los EE.UU en general hacia Venezuela. Ahora bien, un estudio específico sobre la defensa y promoción de la democracia de los EE.UU en Venezuela ha adquirido una especial significación en virtud de la «descomposición» democrática que viene sufriendo este país, el principal aliado petrolero y estratégico estadounidense en América Latina, otrora considerado además como el modelo de democracia representativa en la región. En efecto, desde la década de los ochenta pero muy especialmente durante los años 90, Venezuela vivió una crisis política y económica de considerables proporciones la cual llevó finalmente en 1998 y 1999 —con la elección de un gobierno revolucionario con rasgos autoritarios y militaristas y con la aprobación de una nueva Constitución con la que se pretende refundar nuevamente la República de Venezuela— a que se diera la ruptura del tipo de democracia partidista y pactada instaurada en 1958 (2). Se trata —como se verá más adelante— de un período de transición y ruptura sistémica de la democracia «puntofijista» que prevaleció en Venezuela en los últimos 40 años de su historia política contemporánea.

De manera tal, en este trabajo se intenta abordar las siguientes interrogantes: ¿cómo ha defendido y promocionado el gobierno de los Estados Unidos la democracia en Venezuela en un tiempo de crisis, agotamiento y ruptura de su tradicional modelo democrático?; ¿ha llevado una estrategia clara al respecto?; ¿cuáles mecanismos e instrumentos de defensa y promoción de la democracia ha utilizado? A pesar de la retórica sobre el tema, es esencial preguntarse ¿ha tenido algún impacto la política emprendida, o el rol estadounidense en Venezuela no ha tenido mucha influencia en la evolución (o desvolución) de la democracia venezolana?

Cabe subrayar que el presente es un estudio preliminar, una primera aproximación al tema que forma parte de una investigación más amplia y sistemática (3). Como tal, y partiendo de la útil separación analítica de dos niveles (nivel macro o de alta política y nivel micro de baja política de Estado) propuesta por Thomas Carothers en varias de sus publicaciones (1991, 1993, 1999) para el estudio de las decisiones y acciones en pro de la democracia, se revisará en forma general la conducta del gobierno estadounidense hacia Venezuela haciendo hincapié en los más significativos esfuerzos diplomáticos y en la ayuda democrática entre 1990 y 1999. No se trata de un análisis detallado de las numerosas declaraciones, compromisos, y tratados económicos, militares, diplomáticos emprendidas por el gobierno estadounidense; ni se trata de una revisión exhaustiva de los múltiples programas de fortalecimiento democrático a largo plazo para instituciones gubernamentales o de la sociedad civil (i.e. programas de educación cívica, capacitación técnica, observación electoral, etc.) llevados a cabo por las diversas agencias, departamentos y ministerios de los Estados Unidos. El estudio, más bien, sólo trata de identificar las principales líneas de actuación estadounidense en los dos niveles señalados a objeto de contribuir a sentar las bases para estudios más específicos.

2. La promoción de la democracia como tema fundamental de la política exterior estadounidense en los 90

La defensa y promoción de la democracia ha sido parte fundamental de la política exterior de los Estados Unidos desde el comienzo de su historia contemporánea y especialmente a todo lo largo del siglo XX. Pero, como señalamos previamente, se observa un mayor énfasis por este tema a partir de finales de la década de los ochenta cuando se hace evidente el fracaso del comunismo, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de un nuevo orden internacional de carácter unimultipolar dominado por Estados Unidos. De tal forma, apenas tomaron posesión de sus cargos, los presidentes estadounidenses George Bush y Bill Clinton establecieron la promoción de la democracia como un punto clave del nuevo rol internacional de los Estados Unidos en el mundo, pasando el tema a formar parte prioritaria en sus agendas de gobierno. En 1995, el Presidente Clinton lleno de optimismo por el surgimiento de la llamada «tercera ola democratizadora» que se manifestaba globalmente, expresó que «la mejor estrategia para asegurar nuestra seguridad y para construir una paz mundial duradera es apoyar el avance de la democracia en el mundo entero» (Carothers, 1999:5). Dos años antes, en 1993, su Consejero de Seguridad Nacional, Anthony Lake, había anunciado que EE.UU seguiría una política de ampliación (la estrategia de enlargement and engagement) de las democracias de mercado cuyo objetivo central era el de incrementar el número de países y personas que disfrutaban de un gobierno democrático y de derechos civiles y políticos garantizados por la vía constitucional.

Esta estrategia de ampliación estadounidense incluyó esfuerzos tanto unilaterales como multilaterales; y de allí el compromiso y apoyo otorgado por EE.UU a importantes iniciativas democráticas dentro de foros internacionales como las Naciones Unidas y específicamente dentro de la OEA, tales como la Resolución 1080, el Protocolo de Washington, la creación de la Unidad para la Promoción de la Democracia, y su activa participación en las Cumbres de Las Américas (Miami, 1994 y Santiago de Chile, 1998) (4). Unilateralmente, el gobierno estadounidense utilizó un enfoque integral para la promoción de la democracia que incluía una variada gama de instrumentos tanto en el micro-nivel como en el macro-nivel, utilizando con preferencia los medios de la diplomacia de presión/disuasión/aplauso —y evitando la confrontación y el uso de la fuerza, así como las medidas de cooperación internacional. Y dentro de esta última categoría (la de cooperación), cabe resaltar como una de las herramientas de creciente utilización por parte de EE.UU la denominada «asistencia democrática», la cual se refiere a todos aquellos programas de ayuda especialmente diseñados para fortalecer las instituciones, procesos y principios democráticos en países con regímenes no democráticos o semi-democráticos (en transición democrática). Está forma de promoción de la democracia se utiliza tanto desde instituciones y agencias gubernamentales —entre las que destacan la Agencia de Información (USIS), la agencia Internacional de Desarrollo (USAID), los departamentos de Estado, Defensa y Justicia— como a través de organizaciones casi-gubernamentales (i.e. el Fondo Nacional para la Democracia, NED), y de instituciones privadas de diversa índole. De hecho, para mediados de los 90 el gasto anual estadounidense en este tipo de ayuda alcanzaba un monto aproximado de 600 millones de dólares, y para 1998 los programas democráticos llevados a cabo —a través de varias instituciones gubernamentales y privadas— ascendían a más de 100 países (Carothers, 1999:7). En 1994, solamente la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) gastó unos 23 millones de dólares en educación cívica (Finkel, Sabatini y Bevis, 1999:1).

Como era de esperar, este nuevo impulso por alcanzar el ideal de la democracia liberal creó enormes expectativas en las elites y dirigentes norteamericanos. Las expectativas generalmente se orientaron a creer que con este nuevo enfoque de promoción de la democracia tanto «desde arriba» como «desde abajo» se estimularía más efectivamente a los países hacia la democracia, sin que se percibiera a EE.UU como un país intervencionista. En la práctica, sin embargo, estas expectativas se han visto relativamente frustradas porque a pesar de que el sistema democrático se ha expandido considerablemente en el mundo, aún en éste proliferan los regímenes, procesos, instituciones, valores y actitudes antidemocráticos. En la región latinoamericana, por ejemplo, aún predominan sistemas políticos «frágiles» (Hakim y Lowenthal, 1996) o «semi-democráticos» (Diamond, Linz y Lipset 1989) con evidentes y lamentables limitaciones. En general, el siglo XX cerró su historia mundial y latinoamericana con democracias autoritarias y populistas, con instituciones políticas débiles y vulnerables, con procesos políticos centralizados y corruptos, con problemas de gobernabilidad democrática, con un acentuado capitalismo de Estado y con pueblos cuyas actitudes, valores y creencias democráticas dejan mucho que desear.

Además de lo anterior, existen otros problemas en la política de defensa y promoción de la democracia estadounidense, siendo uno de los más importantes el exceso de retórica que no se compagina con lo hecho en la práctica. Ello se explica, al menos en parte, porque conjuntamente al objetivo de la promoción de la democracia los Estados Unidos han lanzado otras metas y estrategias que en la práctica han pasado a ser más prioritarias y han opacado la línea de promoción de la democracia. En América Latina en particular, como lo señaló en 1996 Jeffrey Davidow, ex. Embajador de EE.UU en Venezuela y exSecretario Adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, «son tres los objetivos principales de la política hemisférica de Estado Unidos: la creación de un área de libre comercio; el fortalecimiento de la democracia; y combatir las amenazas del comercio de drogas ilícito y disminuir el crimen internacional, así como la introducción ilegal de migrantes y el terrorismo» (5). Pero, de hecho, la lucha contra el narcotráfico en Las Américas se ha venido convirtiendo en el objetivo central de la política estadounidense en el hemisferio y en la actualidad el mismo consume la mayoría de la asistencia del gobierno estadounidense para la región. Para este año 2000, la Casa Blanca ha solicitado sólo para la lucha antidrogas de Colombia 1,6 millardos de dólares y $300 millones más para el resto de los países de la subregión andina (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) ya que 90 de los 119 despliegues de entrenamiento antidrogas planificados por Estados Unidos en el ámbito mundial para el año 2000, se harán en la región andina la cual es considerada «área de alto riesgo» (6). El narcotráfico es considerado por Washington y por el Comando Sur como un flagelo que amenaza la seguridad de los Estados Unidos, así como la democracia en la región (7) y por tanto se le ha dado primacía en el hemisferio.

A pesar de todo lo anterior, no cabe duda que la defensa y promoción de la democracia en el continente y en el ámbito global continúa siendo objetivo de primer orden en la política exterior estadounidense, lo cual obliga a su revisión y análisis permanente especialmente en casos específicos como el venezolano.

3. Venezuela y su evolución (o involución) sistémica: crisis, agotamiento y ruptura del modelo democrático venezolano

Durante casi treinta años Venezuela representó, en el ámbito latinoamericano, un modelo de estabilidad y gobernabilidad democrática. Sin embargo, este modelo democrático que nace en 1958 y que ya empieza a manifestar un estado critico durante la «década perdida» de los 80, entró en una etapa de «desbordamiento» (Cardozo y Hillman, 1997) a partir de los disturbios populares de 1989 y de los intentos de golpe de Estado de 1992, etapa ésta de acelerado resquebrajamiento institucional que culminó en 1999 con la llegada de un gobierno de carácter revolucionario y con la adopción de una nueva Constitución que hacen replantear los supuestos y pautas democráticas del sistema político y económico prevalecientes por 40 años. No es mi propósito en este trabajo adentrarme en las causas estructurales y coyunturales de la crisis, agotamiento y ruptura del modelo democrático venezolano «puntofijista», como se le denomina en lenguaje coloquial. Basta señalar que ese modelo populista que se fundamentó en un sistema político altamente partidista —en virtud de que los principales partidos del status monopolizaban el proceso político— y que funcionaba sobre la base de un esquema complejo de negociación y acomodación de intereses diversos acordados por las elites del país (Rey, 1989; Hillman, 1994), fue agotándose paulatinamente en la medida que se atascaba el tradicional modelo de desarrollo económico rentista y estatista en un contexto de crisis petrolera (Guerón, 1992, McCoy y Smith, 1995), y en la medida que colapsaba el esquema clientelar adoptado por los partidos políticos como mecanismo de intermediación entre el Estado y las masas, al ir creando una situación de frustración con relación a las expectativas que se tenían en torno a la eficiencia del sistema mismo (M.T Romero, 1997).

Ahora bien, dentro de la etapa de desbordamiento de la crisis sistémica (1989-1999) se pueden distinguir tres períodos: el primero correspondiente a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez (1989-1993) en el cual se empieza a manifestar claramente la crisis del sistema político venezolano. El segundo período que coincide con el lapso gubernamental de la II administración de Rafael Caldera (1994-1998), en el cual se evidencia la profundización de la crisis. Y finalmente, el período de inicio del gobierno de Hugo Chávez Frías (1999) en el que se da la ruptura del modelo democrático establecido.

El período Pérez-Velasquez se caracterizó por una serie de inesperadas tensiones políticas. El primero de ellos se dio a tan sólo un mes de haberse instalado la administración de Pérez, el mismo día en que el Presidente entregaba la carta de intención al FMI a objeto de renegociar la deuda externa venezolana. Se trató del llamado «Caracazo» de febrero de 1989 que si bien se produjo tras la primera medida del programa de ajuste iniciado por Pérez (la subida de los precios de la gasolina y por ende del transporte público) también fue producto de la frustración popular acumulada durante los períodos constituciones anteriores, especialmente los de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi. También a la puesta en marcha del programa de ajustes, mejor conocido como «Gran Viraje», se deben —al menos como efecto disparador— las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, la salida de Carlos A. Pérez de la presidencia venezolana en mayo de 1993 y la escogencia de Rafael Caldera con una propuesta política anti-partidista y populista, hechos estos que acrecentaron el proceso de deterioro institucional que venía desde los 80, los conflictos en y entre los poderes del Estado, la crisis de los partidos políticos tradicionales y la de los diversos sectores societales. Todo lo cual fue paulatinamente llevando a que se generara en la población venezolana un sentimiento de falta de credibilidad, rechazo y frustración hacia la política y las instituciones fundamentales de la democracia.

Durante el período de Caldera, la profundización de la crisis se manifestó en las mismas elecciones de diciembre de 1993 al resultar un cuadro político completamente nuevo que cambia el esquema tradicional de bipartidismo que se había instalado como modelo en las elecciones de 1973. Este rompimiento del bipartidismo afecta considerablemente las reglas de juego y mecanismos institucionales instaurados a partir del celebre Pacto de Punto Fijo firmado en 1958. A su vez, los comicios de 1993 —en que resulta ganador por primera vez un candidato supra partidista que gana con sólo el 30% de los votos válidos— produce un sistema partidista fragmentado y atomizado en varias fuerzas políticas. Si bien los partidos tradicionales AD y COPEI continúan siendo los partidos dominantes en el proceso político venezolano, dejaron de controlar los poderes Ejecutivo y Legislativo. La novedosa composición de los cuerpos parlamentarios en la que esos partidos perdieron 29% de su influencia en el Senado y 32% en Diputados, afectó de partida las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Presidente Caldera inicia su mandato sin el respaldo mayoritario de un partido y sin una alianza permanente en el Congreso Nacional. Por otra parte, si bien durante el período constitucional de Caldera no hubo rompimiento del hilo constitucional, las tensiones entre los diversos actores políticos y dentro de las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sistema se mantuvieron y profundizaron al punto que en las elecciones tanto regionales como presidenciales de diciembre de 1998 triunfaron propuestas radicales anti-partido y anti-status, adversas a una democracia liberal, todo lo cual coadyuvó a la desintegración del sistema partidista tradicional y a la ruptura del sistema de democracia puntofijista (M.T Romero, 1997)

El primer año de gobierno de Hugo Chávez Frías ha servido para terminar de desmantelar el sistema de democracia partidista y pactada instaurado en 1958 y para poner las bases de un nuevo sistema político que, hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta si es realmente democrático. Según el director de la encuestadora privada Datanálisis, Luis Vicente León, en este primer año «Chávez logró afianzar lo que él mismo califica como una «revolución pacífica» que, de entrada, sacó del poder a quienes lo ostentaban tradicionalmente. Amparado en su innegable apoyo popular, el mandatario logró en comicios democráticos la aprobación de sus principales ofertas políticas: la instalación de una Asamblea Constituyente, la selección de sus 131 miembros y la aprobación de una nueva Carta Magna» (8). De acuerdo al artículo segundo del Preámbulo de la nueva Constitución —aprobada en diciembre de 1999— «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político» (9). No obstante, en la práctica y según la mayoría de los analistas políticos opuestos al régimen y de observadores internacionales, el sistema democrático que viene desarrollándose en Venezuela manifiesta fuertes signos autoritarios, militaristas y centralizadores, acompañado de un modelo populista y estatista, adverso a la economía de mercado. Para otros críticos, especialmente dentro del chavismo y del gobierno actual, lo que se ha hecho hasta ahora no constituye una verdadera democracia revolucionaria, sino un continuismo del modelo puntofijista; y por tanto se espera que luego de las próximas elecciones del 28 de mayo del 2000 —que servirán para adecuar los poderes públicos a la nueva Constitución y en los que el propio Chávez someterá su gestión al veredicto popular— realmente se lleve a cabo un proceso de «cambio revolucionario y que el proyecto bolivariano y nacionalista incluya una mayor participación del sector militar en el gobierno, porque sino «el soberano pudiese considerar la vía de un golpe de Estado» (10). Más allá de las opiniones y criterios contrapuestos con respecto al nuevo modelo democrático venezolano, lo que sí parece cierto es que no se trata de un modelo de democracia liberal.

Los tres períodos señalados dentro de la etapa de crisis y ruptura del sistema democrático que prevaleció entre 1989 y 1998, servirán de plataforma para el análisis de la política de defensa y promoción de la democracia de los gobiernos de los presidentes Bush y Clinton hacia Venezuela en la década de los 90.

1. Estados Unidos frente a la crisis democrática venezolana

Para entender la política exterior de promoción de la democracia de EEUU hacia Venezuela, es necesario tomar en cuenta, en primera instancia, que las relaciones bilaterales entre ambos países durante toda la década democrática han sido de amistad, entendimiento y cooperación mutua, a pesar de ciertos y lógicos desencuentros y tensiones puntuales. De hecho, desde finales de la década de los 50, Venezuela y Estados Unidos han sido importantes socios comerciales y petroleros, además de aliados estratégicos en la región. Venezuela, por ejemplo, ha llegado a ser el primer suplidor de petróleo a EE.UU y siempre se ha mostrado como un aliado seguro y confiable en esta materia. (Ewell, 1996, C. Romero 1986, Cardozo, 1992).Por otra parte, EEUU ocupa el primer lugar como país que importa más productos venezolanos y que exporta más a Venezuela. A su vez, al menos hasta 1998, ambos países han tenido coincidencias con relación al sistema democrático que debe prevalecer en Venezuela y en el hemisferio y por tanto se han apoyado mutuamente en la promoción de ese tipo de democracia en particular hacia Centroamérica y el Caribe. No es de extrañar pues que en 1992 tras el primer intento de golpe de Estado el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA, Luigi Einaudi, haya insistido en una conferencia en Washington que «Venezuela es el portaestandarte de la democracia en la América Latina y una interrupción en su sistema tendría consecuencias extraordinarias para todo el hemisferio» añadiendo que «ese país ha sido clave en la ayuda a los formuladores de la política estadounidense a trabajar basados en la proposición de que la democracia es vital para la evolución de la estabilidad moderna». Por lo tanto, para Einaudi «la continuación de la democracia venezolana es esencial para Estados Unidos y para el hemisferio» (11).

En suma, como lo ha señalado Carlos Romero, «fueron cuatro las premisas en las que se basaron las relaciones bilaterales desde los finales de la década de los cincuenta hasta nuestros días. En primer lugar, la reiterada tesis de los gobiernos venezolanos sobre la importancia estratégica de nuestro país en el contexto hemisférico (socio confiable); en segundo lugar, la idea de la excepcionalidad histórica del caso venezolano con respecto a otros países de la región (socio con estabilidad política y económica); en tercer lugar, el predominio de la cooperación sobre el conflicto entre ambos países (socio que no preocupa); en cuarto lugar, el predominio de temas bilaterales ajenos en parte a la agenda regional y global de los dos países (socio conocido). Estas cuatro premisas reflejan dos tendencias históricas: Venezuela en los últimos cincuenta años, no ha tenido sanciones políticas, militares o económicas por parte de los Estados Unidos, y ha podido deslindar su compromiso bilateral con el desempeño más independiente en su actuación internacional». (C. Romero, 1998:142).

Primera etapa: 1989-1993

Aun más que en años anteriores, en este período las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos tuvieron mayor relevancia política y económica. Carlos Andrés Pérez y George Bush mantuvieron una estrecha comunicación y puntos de vista coincidentes sobre la política latinoamericana. La critica situación económica venezolana y la posible ayuda de Washington con relación a la reestructuración de la deuda externa y el financiamiento externo, hizo que Venezuela necesitara aún más que nunca del «coloso del norte», que fuéramos más flexibles y más abiertos a la posibilidad de hacer concesiones y alianzas políticas; y de hecho en este período nuestro país apoyó las campañas de democratización y anti-drogas de los Estados Unidos en la región, así como la propuesta de la «Iniciativa para Las Américas» y la política de Bush hacia el Golfo Pérsico.

Entre los contactos y acciones llevadas a cabo entre los dos países en estos años, destacan las siguientes: en 1989, la visita del Senador Richard Lugar y del Subsecretario del Tesoro estadounidense, David Mulford, en el mes de agosto a Venezuela para hablar del problema de la deuda; la firma de un convenio de drogas, cooperación turística y un acuerdo mediante el cual Venezuela incrementaría en un 127% sus exportaciones de acero hacia los Estados Unidos; y el encuentro entre los presidentes Pérez y Bush en la ciudad estadounidense de Atlanta para tratar el problema de la deuda externa venezolana. En 1990, la visita de Carlos Andrés Pérez a los Estados Unidos en el mes de abril y la de George Bush a Venezuela en diciembre, las cuales reforzaron la relación «especial» entre los dos países y llevaron a la firma de nuevos acuerdos de cooperación científica y tecnológica, así como un convenio de garantía a la propiedad intelectual. Durante el primero de estos encuentros presidenciales, el mandatario estadounidense no dejó de expresar su satisfacción «... por recibir al líder de una de las democracias más sólidas de América Latina y a uno de los estadistas más respetados del continente» (Cardozo y M.T. Romero, 1991). En 1991, se da la visita oficial a Caracas del Vicepresidente de los Estados Unidos Dan Quayle el 5 de agosto, y la creación del Consejo de Comercio e Inversión Venezuela-Estados Unidos. En 1992, se hace evidente el apoyo de Venezuela a la posición de los Estados Unidos en la cumbre anti-narcóticos efectuada en Texas en el mes de febrero y donde se sentaron las bases para el desarrollo de una estrategia global para enfrentar el problema de las drogas en el continente.

No cabe duda que durante estos años y en particular tras la conducta venezolana frente a la Guerra del Golfo Pérsico y luego de la entrada de PDVSA al mercado petrolero norteamericano, se dio por parte de EE.UU una «revalorización estratégica de Venezuela» como país socio y abastecedor seguro de petróleo. Paralelamente, tras la adopción del programa de ajustes y reforma macroeconómica iniciado por Pérez, se enfatizó el aspecto económico en las relaciones, procurándose aumentar el intercambio comercial de productos no tradicionales entre ambos países aun cuando nunca se llegó a firmar el acuerdo macro de comercio que ambos países venían negociando en forma bilateral y dentro de la Ronda Uruguay desde antes. (Cardozo y M.T. Romero, 1991)

En un marco de relaciones positivas y de tantas coincidencias políticas y siendo aún Venezuela un país económicamente viable a pesar de su la crisis económica que venía padeciendo desde los 80, EE.UU no emprendió una estrategia especial de promoción de la democracia como sí lo hizo con otros países del continente. De tal forma, durante este período la principal y prácticamente única manifestación de la política pro democracia de los EE.UU hacia Venezuela se dió como resultado de los intentos de golpe de Estado de 1992. El apoyo del gobierno de Bush al gobierno venezolano fue claro y contundente. El mismo 4 de febrero de 1992 cuando se da la primera intentona golpista, los EE.UU. condenó enfáticamente el «indignante» intento de los militares venezolanos de derrocar al presidente venezolano y el Presidente Bush llamó telefónicamente a Pérez para garantizarle el apoyo de los Estados Unidos a la democracia (12). Por su parte, el entonces Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Michael Skol, alertó que «cualquier acción extra-constitucional en Venezuela sería inaceptable para Estados Unidos» (13). También en esa oportunidad, los EE.UU firmó la resolución del Consejo Permanente de la OEA condenando el alzamiento y respaldando la democracia. Asimismo, el gobierno estadounidense respondió a la intentona golpista del 27 de noviembre de ese mismo año de 1992 dando respaldo sin reservas al gobierno de Carlos Andrés Pérez y las instituciones democráticas del país. En esa ocasión, el Presidente Bush volvió a hablar telefónicamente con el Presidente Pérez para ofrecerle ayuda y apoyo, mientras que la Casa Blanca emitió una declaración que recalcaba «que la base de la política de Estados Unidos en la región es el apoyo a la democracia y aun cuando comprendamos que Venezuela, como varias otras naciones, atraviesa un período difícil, las soluciones autoritarias no darán resultado» (14).

Con la llegada de Bill Clinton en 1993 a la jefatura estadounidense, las relaciones continuaron siendo de cooperación y amistad, y se mantuvo la línea tanto de apoyo a la democracia venezolana como de rechazo a cualquier nuevo intento de golpe de Estado. De hecho, esta posición fue plasmada en una carta enviada por el Presidente Clinton al Presidente Pérez con motivo de darle las gracias por el mensaje que el mandatario venezolano le había enviado cuando la inauguración de su gobierno, carta que también sirvió para insistir que «Una Venezuela pacífica y democrática no sólo es esencial para el bienestar de su propio pueblo, sino también para la comunidad de naciones democráticas del hemisferio occidental» (15). Esta posición fue ratificada durante la visita a Caracas de Albert Coll, Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos Especiales y Conflictos de Baja Intensidad en marzo de 1993, y luego por voceros del Departamento de Estado cuando se produjo la destitución por parte del Congreso Nacional del Presidente Carlos Andrés Pérez, el 31 de agosto de ese año. De manera tal que cuando el Canciller Fernando Ochoa Antich visitó Washington a principios de septiembre con el propósito de disipar los temores en torno al futuro de Venezuela, el nuevo Secretario de Estado del gobierno Clinton, Warren Christopher señaló que «estamos dispuestos a trabajar con el Presidente Velásquez (quien había sustituido provisionalmente a Pérez) hasta las elecciones de diciembre, así como con cualquier gobierno que resultare elegido en esa ocasión» (C. Romero, 1998:147). Asimismo, durante la visita del Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Alexander Watson, se subrayó que «el mantenimiento de la brillante tradición democrática de Venezuela es un prerrequisito indispensable para las relaciones normales entre Estados Unidos y Venezuela» (C. Romero, 1998:147).

II etapa: 1993-1994

Las elecciones de diciembre de 1993 que le dieron el triunfo a Rafael Caldera y mantuvieron el hilo constitucional en Venezuela, tranquilizaron al gobierno de Bill Clinton pero sólo parcialmente porque ya para ese momento se hacía evidente que la crisis económica y política venezolana se agudizaba y que la democracia puntofijista estaba herida de muerte. Por otra parte, las relaciones bilaterales empezaron a manifestar mayores tensiones y conflictos que en el quinquenio precedente a pesar del optimismo inicial expresado entonces por el ex Embajador norteamericano en Caracas y entonces Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Michael Skol, al afirmar que los Estados Unidos iba a tener «unas muy buenas relaciones con el Presidente Rafael Caldera. Yo tengo mucha confianza en esa relación. El gobierno, el Secretario de Estado Warren Christopher y el Presidente Bill Clinton tienen mucha confianza. Debemos ser optimistas» (16).

Los puntos de fricción que se manifestaron entre Venezuela y EE.UU en esos años derivaron, desde el punto de vista económico, del embargo estadounidense al atún venezolano; del trato discriminatorio por parte de EE.UU en cuanto a la compra de gasolina reformulada venezolana (caso que llevó el gobierno venezolano al seno de la Organización Mundial de Comercio); de las trabas encontradas por Venezuela para introducir la Orimulsión en el mercado norteamericano; de la falta de acuerdo para la firma de los tratados de inversiones y doble tributación; y de la negativa del Presidente Caldera durante sus dos primeros años de gobierno de continuar el proceso de reformas y ajuste económico iniciado por el exPresidente Pérez desde 1989. Por otro lado, desde una perspectiva política, las divergencias que se dieron entre los dos países en este período fueron el resultado, primordialmente, del apoyo abierto otorgado por el gobierno estadounidense al candidato colombiano para la Secretaría General de la OEA (Cesar Gaviria) en detrimento del candidato venezolano, el Canciller Miguel Angel Burelli Rivas; del rechazo venezolano al bloqueo estadounidense a Cuba y a la promulgación de la Ley Helms-Burton; y de las criticas formuladas por parte del gobierno norteamericano a la labor desempeñada por la administración Caldera en materia tanto de Derechos Humanos (contenidas en el Informe sobre DD.HH presentado por el Departamento de Estado al Congreso estadounidense en 1996 y que provocó una respuesta escrita airada por parte de la administración Caldera), como en la lucha contra el narcotráfico, ya que si bien Caldera apoyo en general a EE.UU en esta materia se negó —por reservas de sus Fuerzas Armadas— a desarrollar sobrevuelos conjuntos sobre el espacio aéreo venezolano para la prevención del narcotráfico. En torno a este último tema, también disgustaron fuertemente y generaron notas de protesta por parte del gobierno venezolano la incursión encubierta en 1998 de agentes de la DEA en la operación antinarcóticos «Casablanca» (contra el blanqueo de dinero en donde supuestamente habían participado venezolanos), así como las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, en cuanto a que «Venezuela no estaba preparada para tratar con la amenaza del tráfico de drogas y el crimer organizado» (17); declaraciones que dieron lugar a las siguientes por parte del Canciller Burelli Rivas: «Yo he sido embajador y considero que una regla de oro de la diplomacia es mantener la discreción sobre los asuntos internos del país en donde uno ejerce su función» (18).

Para algunos analistas y observadores de las relaciones EE.UU-Venezuela en este período, estas divergencias comerciales y político-diplomáticas bilaterales, explicaron —al menos en parte- el retraso de la administración Clinton en nombrar el sucesor del Embajador de EE.UU. en Caracas —Jeffrey Davidow— cuando éste salió del cargo en octubre de 1995 para ocupar el de Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos (C. Romero, 1998, 2000). De hecho, casi un año pasó desde que el nuevo Embajador John Maisto fuese nombrado para el cargo y efectivamente lo asumiera; y en ese lapso, el Ministro Consejero John Keane fue quien estuvo encargado de la Embajada Americana. Asimismo, estas tensiones también podrían explicar la exclusión de Venezuela de la primera gira del Presidente Clinton a América Latina en mayo de 1997 que trajo consigo una serie de criticas y de movimientos diplomáticos por parte del gobierno venezolano, todo lo cual finalmente produjo que se incorporara a Venezuela en la segunda etapa de la gira de Clinton a América Latina en octubre de ese año (C. Romero, 1998, 2000). Visita ésta del presidente estadounidense que finalmente no llenó las expectativas venezolanas en virtud de que no se dio la firma de dos acuerdos considerados claves para la relación bilateral: el de doble tributación, y de protección y promoción de inversiones. La visita sí sirvió, en cambio, para que se firmara un documento sobre la Alianza Estratégica Contra las Drogas que era de suma interés para la administración Clinton.

A pesar de las divergencias, tensiones y desacuerdos señalados, y aunque las relaciones bilaterales no llegaron a alcanzar el nivel de «especiales» que mostraron entre 1989 y 1993, desde una perspectiva general esas relaciones entre EE.UU y Venezuela se desarrollaron normalmente y en algunos aspectos fueron positivas. Una muestra de ello se observa en la confluencia de intereses y visiones, y en la cooperación mutua desarrollada por ambos países en torno a la lucha contra la corrupción tanto en el ámbito venezolano como regional. Ciertamente, ambos países hicieron de la lucha anti-corrupción un instrumento esencial en pro de la democracia interna y externa. Sin dejar atrás otros instrumentos como la lucha antinarcóticos, la defensa colectiva de la democracia a través de la OEA, la expansión del libre comercio, y la asistencia financiera democrática, el Presidente Clinton —especialmente a partir de su segundo mandato presidencial— incluyó la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos como componentes esenciales de la defensa y promoción de la democracia en el continente (19).

Por su parte, la lucha contra la corrupción se constituyó en el objetivo central de la política exterior venezolana entre 1994 y 1999 (M.T. Romero, 1998, 2000), causa que nuestro país promocionó como consustancial a la preservación de los regímenes democráticos en la región y que fue planteada por el propio presidente Caldera desde el inicio de su gobierno (20). De allí que en su primer viaje al exterior a mediados de 1994 señalara que «la corrupción está deteriorando la imagen del sistema democrático en nuestros países y, por lo tanto, este problema demanda el compromiso internacional de no dar apoyo, refugio o ayuda a quienes sean responsables del grave delito de la corrupción» (21). Esta iniciativa del mandatario venezolano se da una semana después de la «Declaración de Belem», documento principal de la Asamblea General de la OEA efectuada en Brasil el 7 de junio de 1994 que destacó la necesidad de combatir la corrupción, reflexionar sobre la ética cívica y la probidad administrativa. Asimismo, como propuesta sin precedentes de las 24 asambleas anteriores, se recomendó el estudio de medidas —dentro del ordenamiento jurídico de cada país— orientadas a combatir la corrupción, un flagelo presente en la mayoría de los países de la región (22). Esta propuesta de la OEA evidencia que existía una preocupación regional por el tema aún antes de la iniciativa venezolana. Sin embargo, entre todos los gobiernos del hemisferio el más comprometido en la lucha contra la corrupción fue el venezolano de Rafael Caldera que en numerosas oportunidades presentó en la propia OEA, en el Grupo de Río, en las Naciones Unidas, en las diversas Cumbres Iberoamericanas y en las I Cumbre de Las Américas (Miami, 1994) un proyecto para la lucha internacional contra la corrupción con miras a que se estableciera una Convención Internacional en esta materia (M.T. Romero, 2000).

Este proyecto venezolano fue bien acogido por los gobiernos de la región y en particular por parte de los Estados Unidos, país éste que apoyó abiertamente la moción presentada por Venezuela en la Cumbre de Las Américas en el grupo de trabajo de Probidad y Eticas Cívicas. Justo antes de esa Cumbre el subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Michael Skol, en visita a nuestro país, afirmó que su gobierno respaldaría la iniciativa venezolana de crear un instrumento jurídico internacional contra la corrupción agregando que el Presidente Caldera «tiene un liderazgo indiscutible en un tema que tiene mucha energía en todo el hemisferio (23). Posteriormente, durante la misma Cumbre de Miami el entonces Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jeffrey Davidow, ratificó el apoyo del gobierno estadounidense a la propuesta venezolana con el fin de lograr la repatriación de capitales y la extradición de corruptos, afirmando además que su gobierno haría esfuerzos en la OEA para que se llevara a la práctica dicho plan (24).Y de hecho, a fin de establecer un mecanismo destinado a combatir la corrupción Estados Unidos y Venezuela suscribieron en marzo de 1995 un acuerdo de Asistencia Legal Mutua para la administración de justicia en relación con las instituciones bancarias, financieras y otras. Este apoyo estadounidense fue esencial para que finalmente se adoptara la Convención Interamericana contra la Corrupción el 29 de marzo de 1996 durante la Conferencia Especializada que se efectuó para considerar ese proyecto, suscribiendo este instrumento 21 países de los 29 acreditados al evento. Posteriormente en mayo de ese mismo año, durante la visita a Caracas del Subsecretario de Estado Strobe Talbott se firma un acuerdo para la cooperación y asistencia técnica al Ministerio Público de Venezuela a objeto de mejorar la administración de justicia y reforzar la capacidad de lucha contra la corrupción.

Paralelamente, durante todo el quinquenio de la administración Caldera el gobierno de Bill Clinton dio muestras claras de preocupación por la situación política y de apoyo a la democracia venezolana. Así, por ejemplo, el 3 de junio de 1994 durante la primera visita del Embajador Strobe Talbott, Secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, se reiteró el apoyo norteamericano a la democracia venezolana y el papel de Venezuela en la promoción de la democracia en el Hemisferio, especialmente en la Cuenca del Caribe. Posteriormente, el mismo Presidente Clinton aseguró que «Venezuela es un baluarte de la democracia latinoamericana. Es además nuestro principal abastecedor de petróleo y uno de nuestros principales socios económicos en el Hemisferio» (25). Y este apoyo fue aún más contundente luego el cambio de política económica que el gobierno Caldera inició en el mes de marzo de 1996. Ese mismo año, durante una nueva visita de Strobe Talbott, se reiteró que «Estados Unidos en general, y el Presidente Bill Clinton, en particular, apoyan firmemente al jefe de Estado Rafael Caldera y su gobierno en la Agenda Venezuela por considerar que es una iniciativa fuerte y de sanas ideas económicas» señalando además que «queremos utilizar nuestra posición dentro de los foros multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, para apoyar a Venezuela y asegurar el éxito de su plan económico» (26).

Durante la difícil campaña electoral de 1998, el gobierno estadounidense demostró aún más su preocupación y apoyo a la democracia venezolana; y aun cuando en el mes de mayo se le negó la visa al entonces candidato presidencial Hugo Chávez por su pasado golpista, lo cual hizo prever en la opinión pública venezolana que EE.UU actuaría en contra de esta opción, la administración Clinton dejó claro que se mantendría neutral en el proceso y que reconocería al ganador de las elecciones, fuera quien fuera, sin ninguna preferencia. Así lo manifestó el Embajador Maisto en repetidas ocasiones y otros funcionarios estadounidenses como el Secretario de Defensa quien afirmó categóricamente que «Estados Unidos respetaría la decisión del pueblo venezolano. Esperamos que las elecciones sean democráticas y que se lleven como están previstas». Desde entonces, y durante todo el primer gobierno del Presidente Chávez, la política de la Casa Blanca fue la de «esperar y ver» (C.Romero 1998) combinada con una política de «apaciguamiento», como veremos más adelante.

En suma, podemos observar que la política de defensa y promoción de la democracia por parte de EE.UU en Venezuela durante 1994 a 1998 fue más activa y concreta que la llevada a cabo entre 1990-1993. En el ámbito de «alta política» se pasó de una diplomacia «de aplauso» que predominó con la administración Pérez, a una «de más presión y critica», aun cuando el gobierno estadounidense se cuidó mucho de ser percibido como intervencionista.. En el ámbito de «baja política», en estos años se observa una mayor cooperación y dinamismo por parte de agencias gubernamentales y cuasi gubernamentales estadounidenses, como USIS y NED. De hecho, en 1993-1994 el NED —luego de amplias polémicas entre sus miembros dado que se consideraba que no era necesario gastar dinero en un país petrolero con una democracia estable— empieza a trabajar por primera vez en Venezuela a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) que financia un proyecto de reforma económica de Consecomercio y a través del Instituto Republicano Internacional que financia una conferencia también sobre reformas económicas de la Fundación Pensamiento y Acción. A partir de ese momento, el NED (directamente o a través del Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Democrático, el CIPE y el Centro Americano para el Trabajo Solidario) empieza a incrementar su ayuda en el país y a trabajar más fuertemente con diversas Organizaciones no gubernamentales e instancias gubernamentales en proyectos de educación cívica, formación democrática, reforzamiento técnico y judicial, etc. Por ejemplo, el total de la ayuda del NED en Venezuela (en forma directa y a través de sus institutos) entre 1995 y 1998 evolucionó de la siguiente manera: 1995: $362,603; 1996: $485,882; 1997: $167,725; y 1998: $534,770 (27). Si bien estos montos son muy escuálidos si tomamos en cuenta las necesidades venezolanas, al menos evidencian una mayor preocupación por parte del gobierno de EE.UU. que la mantenida hasta entonces ya que en Venezuela desde los años 80 dejó de operar la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).

La promoción realizada a través de USIS y especialmente a través de la sección cultural de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela fue también de especial relevancia. Si bien no se pudieron conseguir cifras específicas, según fuentes de esa Embajada los programas para el reforzamiento de la democracia también se incrementaron y diversificaron a partir de 1994. Entre estos diversos programas cabe mencionar dos especialmente positivos, el programa CIVITAS venezuela para la creación de una red de educación para la democracia en nuestro país, el cual ha involucrado prestigiosas instituciones de la sociedad civil venezolana (28), y el programa de afiliación e intercambio de profesores y estudiantes entre la Universidad Central de Venezuela y la universidad estadounidense St John Fisher College de Rochester, NY que incluyó la creación del Instituto para el Estudio de la Democracia y los Derechos Humanos (29).

El gobierno estadounidense y diversas instituciones no gubernamentales estadounidenses, además, pusieron especial énfasis y se movilizaron en las elecciones presidenciales venezolanas de diciembre de 1998, enviando un nutrido grupo de observadores comandados por el ex Presidente de los Estados Unidos, James Carter quién proclamó que en Venezuela se había dado una verdadera «revolución electoral» (30).

III Etapa: 1999

Durante el primer año de la administración Chávez las divergencias, tensiones y desacuerdos en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela fueron más y mayores que durante todos los 5 años del gobierno de Rafael Caldera, aun cuando ambos gobiernos insistan en declarar lo contrario. Partiendo de una concepción de democracia «participativa y revolucionaria» (31) —y que ha provocado que en la comunidad internacional afloren fuertes dudas y temores en torno a la naturaleza del modelo democrático que se desarrolla en Venezuela— el Presidente Chávez y el Canciller José Vicente Rangel han emprendido una línea de actuación exterior autónoma y soberana (32) la cual parece tener, como bien lo han hecho ver diversos analistas venezolanos, el propósito fundamental de distanciarse y provocar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. La internacionalista Vilma Petrash, por ejemplo, percibe del gobierno de Chávez «una suerte de exhibicionismo y actitud provocadora frente a Washington» (33). En la opinión del exCanciller Fernando Ochoa Antich esta actitud de constante confrontación y provocación frente a Washington forma parte del nuevo proyecto ideológico y geopolítico continental del actual gobierno venezolano, quien busca la creación de una suerte de «Gran Colombia» latinoamericana de carácter revolucionario. De allí, según Ochoa Antich, «el afán presidencial por distanciarse de Estados Unidos y de la OEA (el gobierno venezolano, por ejemplo, no firmó la resolución de la OEA condenando el golpe de Estado en Ecuador), de acercarse a Cuba, de apoyar a los movimientos insurgentes latinoamericanos, y de crear unas Fuerzas Armadas latinoamericanas» (34).

Entre las principales tensiones y provocaciones del gobierno Chávez hacia la administración estadounidense figuran: el pronunciamiento critico hacia la OTAN por sus ataques contra la provincia yugoslava de Kosovo; la votación venezolana en la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas a favor de China, Cuba e Irak y la denuncia de unas supuestas presiones por parte del Embajador estadounidense en Caracas para que Venezuela votara en contra de esos países en Ginebra; las declaraciones públicas con relación a la preocupación venezolana por la instalación de bases antidrogas en Aruba y Curazao; la petición directa al gobierno de Clinton de cesar el bloqueo a Cuba; la propuesta de una Confederación de Naciones Latinoamericanas (sin Estados Unidos, por supuesto); el apoyo a la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana y en general la relación de acercamiento y amistad mantenida con Cuba; la denuncia de una posible internacionalización del conflicto colombiano e incluso, de una posible injerencia unilateral de Washington en el mismo; las conversaciones mantenidas con los guerrilleros izquierdistas colombianos, la disposición del Presidente Chàvez de entrevistarse personalmente con el líder de uno de los grupos guerrilleros —considerados por Washington como una amenaza para la seguridad hemisférica— y las declaraciones sobre «neutralidad» hacia el conflicto colombiano, lo cual ha sido percibido no sólo por el gobierno estadounidense sino por el colombiano como un innecesario respaldo a las guerrillas colombianas; el acercamiento con la República de Irán, país al que Estados Unidos acusa de auspiciar el terrorismo mundial; la decisión venezolana de última hora de revocar la solicitud de ayuda formulada por el propio Ministro de la Defensa venezolano con relación al envío de dos buques militares estadounidenses que venían al país con maquinaria e ingenieros a fin de colaborar en la reconstrucción del Litoral Central afectado por la tragedia natural de diciembre de 1999; and last but not least el reiterado rechazo (y denuncias de presiones y de «intervencionismo militar») en torno a la petición estadounidense de sobrevuelo de aviones militares sobre territorio venezolano, lo cual ha conllevado a numerosos impasses entre Miraflores y la Casa Blanca.

Frente a estas provocaciones, el gobierno estadounidense ha respondido con una política de apaciguamiento y no agresión, tratando de minimizar los conflictos y evitando los enfrentamientos. Los EE.UU. ha actuado, ciertamente, «con mucha paciencia» como bien lo señaló —un tanto desesperado— el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos hemisféricos, Peter Romero, en unas controversiales declaraciones para el diario español ABC el pasado 30 de enero, las cuales provocaron una reacción airada por parte del Presidente Chávez y de su Canciller reiterando que «Venezuela no acepta consejos ni advertencias norteamericanas» (35), reacción que fue neutralizada nuevamente por la administración Clinton con una visita inmediata del Embajador John Maisto al Canciller Rangel y un comunicado oficial del Departamento de Estado explicando los alcances de las declaraciones de Peter Romero (36). Esta línea conciliadora del gobierno estadounidense ha ido acompañada de una política de acercamiento diplomático, de respaldo político y moderado apoyo económico.

El acercamiento de EE.UU. se inicia a los pocos días de ser electo Hugo Chávez Frías como Presidente de Venezuela, cuando el día 9 de diciembre de 1998 el Embajador Maisto visitó al nuevo mandatario para hacerle entrega personal del mensaje de felicitación del Presiente Clinton, el cual expresaba: «En nombre del pueblo de los Estados Unidos y el mío propio, por favor, acepte mis felicitaciones por su elección como Presidente de Venezuela. La alta votación y su impresionante margen de victoria son un testamento a la larga y fuerte convicción democrática, así como el deseo de cambio positivo que quiere Venezuela» (37). Una segunda visita de Maisto a Chávez (38) y la primera visita del Subsecreatario de Estado Peter Romero (39), ambas efectuadas durante ese mes de diciembre, sirvieron para ratificar la posición estadounidense de apoyar política y financieramente al nuevo gobierno y de mantener el buen entendimiento y la cooperación en las relaciones bilaterales, lo cual fue demostrado al concedérsele al Presidente Chávez la visa de entrada a los Estados Unidos. Otros signos y mensajes de buena voluntad por parte de la administración Clinton se repitieron a todo lo largo de 1999, empezando con la visita en enero de Charles E. Wilhelm, Jefe del Comando Sur, quien ofreció la cooperación de las Fuerzas Armadas estadounidenses para el desarrollo de Venezuela (40), y finalizando con la cuantiosa ayuda humanitaria otorgada (la principal, de hecho, entre todas las proporcionadas por la comunidad internacional) por el gobierno Clinton a Venezuela a raíz del desastre natural ocasionado por las lluvias e inundaciones en el mes de diciembre. Durante las tres visitas que el Presidente Chávez realizó a Estados Unidos en 1999 (la primera el 24 de enero como presidente electo, la segunda en el mes de junio a Nueva York y Houston en búsqueda de inversiones, y la tercera del 21 al 24 de septiembre a Nueva y York y Washington a objeto de participar en la Asamblea General de la ONU y de continuar buscando inversiones para Venezuela) el gobierno norteamericano manifestó una buena disposición ante sus posiciones políticas (incluso en la visita de Chávez de septiembre que no tuvo carácter oficial, el Presidente Clinton lo recibió informalmente) e incluso —según fuentes de Washington— trató de ayudarlo con los inversionistas estadounidenses y con ciertos organismos multilaterales como el FMI, BM y el BID, aun cuando la falta de medidas económicas y jurídicas claras por parte de Venezuela ha provocado más bien una paralización de esas inversiones y préstamos multilaterales (41).

En materia de asistencia democrática, la administración Clinton ha continuado la línea emprendida durante el quinquenio de Rafael Caldera de ayuda moderada. De tal forma, el NED desembolsó en 1999 un total de $698,659 y la AID empezó a trabajar informalmente en Venezuela aportando unos $1,000.000 para programas anti-narcóticos, entrenamiento militar y para la lucha por los derechos humanos. Luego, a propósito de las inundaciones y deslaves de finales del mes de diciembre, AID otorgó unos $3,000,000 extra en ayuda humanitaria. Por su parte, la Embajada estadounidense en Venezuela, mantuvo sus diversos programas de ayuda al fortalecimiento de la democracia y de intercambio cultural y académico aun cuando su presupuesto ha bajado en virtud de que USIS —desde octubre de 1999— pasó a formar parte del Departamento de Estado.

En el marco de esta política de acercamiento y apoyo, las criticas y presiones del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano han sido tímidas y puntuales. Ellas han estado dirigidas fundamentalmente a la falta de cooperación venezolana en la lucha antidrogas hemisférica y a la negativa de emprender una política de reformas y ajuste económico, y no tanto —como cabe esperar de una administración comprometida al menos retóricamente con el principio de la defensa y promoción de la democracia continental— a la forma y modelo de democracia que viene instaurándose en Venezuela. A decir verdad, uno de los pocos representantes de la administración estadounidense que ha criticado públicamente al gobierno de Chávez y su modelo democrático, ha sido el Subsecretario de Estado Peter Romero, quien ha señalado que «Nosotros estaremos con Chávez mientras él opere dentro de los parámetros constitucionales para reformar al país»  (42) y cuando lo cuestionó abiertamente en las ya citadas declaraciones en el diario español el ABC que al preguntarle que opinión le merecía el gobierno de Chávez, respondió textualmente: «Incertidumbre, como a usted. Hemos tendido la mano a Chávez desde el comienzo, yo fui a Caracas a ofrecerle asistencia. Luego, lastimosamente, se ve una diplomacia de ruedas de prensa. Pero seguimos con las manos tendidas, esperamos que use los 15.000 millones de superávit por la venta de petróleo en diversificar la economía, generar empleo, reformar las instituciones... Pero no se ve un manejo de gobierno, sólo plebiscitos, referéndum, más elecciones, y sólo nos dicen ‘hay que esperar’, pero los gringos no somos conocidos por nuestra paciencia» (43). Pero en general, la administración Clinton ha evitado el cuestionamiento a Chávez e incluso ha señalado, como lo afirmó el Subsecretario para Asuntos Políticos Thomas Pickering en su más reciente visita, que «respalda la forma cómo el gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso han consultado al pueblo venezolano a lo largo del proceso fundamental de grandes reformas políticas» (44), reconociendo que Venezuela «vive en una encrucijada importante de su historia» y por lo tanto desea lo mejor para la «concreción del proceso».

¿A qué se debe esta línea de actuación estadounidense que sin duda contrasta con su posición principista en torno a la defensa y la promoción de la democracia, una de sus líneas estratégicas claves para la América Latina? Entre las interpretaciones que han sido dadas con respecto a la actitud de Estados Unidos considero especialmente relevantes las siguientes:

Por una parte, es obvio que hasta el momento el Presidente Chávez no ha amenazado realmente la seguridad e intereses nacionales de los Estados Unidos. Si lo hubiese hecho, otra sería la actitud. Ciertamente, con el actual gobierno Venezuela ha perdido el primer lugar como proveedor de petróleo extranjero a EE.UU y se ha venido abajo el proceso de apertura petrolero, pero nuestro país continúa siendo un proveedor seguro para su gran vecino del norte. A su vez, el gobierno de Chávez mantiene una fuerte retórica antinorteamericana e izquierdista, pero su actitud no ha puesto en peligro las vidas, bienes o compañías norteamericanas en suelo venezolano. Tampoco Chávez, a pesar de las airadas protestas que ha levantado por las presiones del gobierno de Clinton para que permita el sobrevuelo de aviones antidrogas sobre su espacio aéreo, ha dejado de cooperar con Washington en su lucha antinarcóticos (incluso hay rumores de una ayuda secreta) lo cual le valió una nueva certificación. En materia económica, si bien el gobierno mantiene una línea populista y estatista y no ha puesto en marcha un nuevo paquete de reformas macroeconómicas, ha anunciado ciertas medidas fiscales e impositivas que se corresponden con una senda modernizadora. En suma, aun cuando en las relaciones bilaterales entre ambos países predominan más las discrepancias que las coincidencias, en general los roces y conflictos no han llegado a la categoría de gravedad. De tal forma, Washington prefiere continuar, para evitar costos políticos y económicos nacionales y regionales, en un contexto además de elecciones internas, con su política de «wait and see».

Por otra parte, según fuentes estadounidenses, el gobierno de Clinton se está cuidando de hacer de Hugo Chávez —un líder popular, populista y carismático—, una víctima en virtud del sentimiento antinortemericano existente en América Latina, y por tanto ha optado por apoyarlo. En otras palabras, los EE.UU. está evitando a toda costa convertirlo en un segundo Fidel Castro. Respetados analistas —como Andrés Openheimer, por ejemplo— han señalado que esta visión/posición es la que ha predominado en el Departamento de Estado aunque no exenta de fuertes cuestionamientos. Y la misma es la que ha venido poniendo en marcha el Embajador John Maisto; de allí que en unas recientes declaraciones el Canciller venezolano, José Vicente Rangel, expresara sin tapujos que «mi relación con el Embajador Maisto es excelente. El Embajador tiene magníficas relaciones con el Presidente Chávez y con el gobierno. Maisto nos ha ayudado mucho» (45). A esta posición se han sumado también algunos empresarios estadounidenses. Así, por ejemplo, según George Landau, Presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos para América Latina «hay que apoyarlo (a Chávez) para que tenga éxito porque sino Venezuela se hunde» (46); y según Michael Nylm, Presidente de la General Motors de Venezuela, es imprescindible «una actitud de ayuda, soporte y asistencia al gobierno de Chávez» (47).

No obstante, para otro grupo de políticos y analistas estadounidenses y venezolanos la política de Washinton frente al gobierno de Chávez es producto de una simple negligencia, indiferencia y hasta fastidio ante la reiterada política populista de los gobernantes latinoamericanos. En esta línea vale la pena citar la opinión del politólogo Aníbal Romero: «Washington ha decidido que lo importante es que Chávez acepte participar en elecciones, las realice y las gane. Lo demás: cómo las gana, qué limitaciones impone a sus adversarios, qué controles y mordazas aplica a la oposición, de qué manera asfixia a sus adversarios, qué calidad real tiene la famosa «democracia revolucionaria», son asuntos que obviamente tienen muy poca trascendencia a ojos de un Departamento de Estado posiblemente fastidiado y agotado a raíz de los incesantes vaivenes de la política latinoamericana. Además de la fachada democrática, Washington espera —por supuesto— que el petróleo venezolano continúe siendo embarcado hacia los puertos de Tejas y Nueva Inglaterra. El resto es música» (A. Romero, 2000).

El caso venezolano no es único y ciertamente, está línea de actuación es la que Estados Unidos viene llevando a cabo hacia otros gobiernos latinoamericanos con visibles conductas antidemocráticas pero que se legitiman a través de los votos y mantienen una nivel aceptable de modernización económica y cooperación con la lucha antidrogas de Washington. El caso de Fujimori en Perú es paradigmático. Hacia este régimen autoritario de fachada democrática, y no obstante su retórica en torno a una estrategia de defensa y promoción de la democracia continental, la administración Clinton se ha inclinado por políticas de neutralidad y apaciguamiento, anteponiendo así una concepción muy restringida de la democracia —que la reduce a la realización de elecciones— a la concepción integral que ese país ha promovido en su discurso internacional.

Conclusiones

Esta primera aproximación al tema de Estados Unidos hacia Venezuela, me lleva a concluir que durante la fase aguda de la crisis de la democracia venezolana —en la década de los noventa— el gobierno estadounidense no han llevado a cabo una política «especial» de defensa y promoción de la democracia. Es cierto que por primera vez en muchos años, Venezuela y su futuro democrático han sido causa de preocupación en Washington y por tanto se ha incrementado levemente la ayuda económica y producido un mayor acercamiento diplomático, mas ello no se ha traducido en una estrategia clara, activa ni coherente. Más bien se observa una falta de estrategia y una política reactiva (se actúa de acuerdo a los vaivenes de la actuación política venezolana) frente a los inesperados y rápidos cambios políticos que han transcurrido en su principal socio petrolero latinoamericano. Ha sido, además, una política más retórica que efectiva, supeditada a otros intereses nacionales y de seguridad estadounidenses, tales como la lucha antidrogas, la compra de petróleo, la expansión del libre comercio. Aun cuando no se cuenta con evidencias suficientes para garantizarlo, el mecanismo de la asistencia democrática aún no es prioritario en virtud de que Venezuela continúa siendo percibida como un «país económica y petroleramente priviligiado» dentro del contexto regional y del Tercer Mundo, a pesar de la profunda recesión económica que padece. No por casualidad, la Agencia para el Desarrollo permanece sin abrir sus oficinas en Caracas. Se observa, asimismo, que de una diplomacia de aplauso y de muchas coincidencias bilaterales y hemisféricas (bajo la administración de Carlos Andrés Pérez), se pasó a una diplomacia de presión, critica y de fuertes divergencias (en especial bajo la administración de Rafael Caldera). Sin embargo, durante el primer año de gobierno de Hugo Chávez Frías esa línea de actuación diplomática de presión y critica no sólo ha disminuido sino que se ha venido combinando con una diplomacia de apaciguamiento y de apoyo político. Esta forma tímida y poco principista cómo el gobierno de EE.UU ha respondido ante la crisis y ruptura del modelo democrático venezolano, no parece —además— haber contribuido ni al mantenimiento y reforzamiento de una democracia representativa y moderna en el país, ni a neutralizar el triunfo de una «democracia revolucionaria». Esto es difícil de demostrar pero el desarrollo de los eventos venezolanos así lo indican.

De tal forma, no cabe duda que el caso venezolano parece haber significado (y representa en la actualidad) un complejo desafío para los Estados Unidos, para su concepción tradicional y formas de defensa y promoción de la democracia hacia sus vecinos hemisféricos; y no sólo Venezuela representa un desafío para Washington. También otros regímenes y situaciones políticas en Latinoamérica son tema de preocupación. Los casos de Perú, Paraguay, Haití, Colombia y Ecuador ya están suscitando dudas en torno al desvanecimiento de la ola democratizadora en la región (48) (Hakim, 2000). Como bien lo ha señalado el colombiano Alvaro Tirado entre otros muchos analistas «Hoy todos los gobiernos activos en la OEA proceden de elecciones. Sin embargo, surgen muchos interrogantes sobre la realidad de nuestras democracias y sobre los peligros que las aquejan. No hay un solo modelo de democracia, pero en la democracia representativa sí hay elementos cuya carencia la hacen sospechosa. Entre ellos, la falta de participación libre en las elecciones y de posibilidad de alternación en el Gobierno, la carencia de una administración de justicia independiente e imparcial, la ausencia de garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales, de separación de los poderes y de control legal sobre los gobernantes. Conspiran contra ella, en nuestra región, las tremendas desigualdades sociales, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, así como el descrédito de los partidos y la apatía ciudadana para la participación, los asesinatos políticos, la disolución ilícita de los órganos constitucionales o la anulación de sus actos lícitos, la sucesión y prolongación de los mandatos de las mismas autoridades elegidas sin una base jurídica definida, el fraude electoral y el hecho de impedir que un gobierno elegido lícitamente ejerza su autoridad. Pareciera hoy que los ataques contra la democracia proceden más de ciertos gobernantes elegidos que de los golpes de cuartel» (49).

Ante tales desafíos, son varias las preguntas que merecen respuestas, y no sólo en el plano retórico: ¿Cómo debe proceder EEUU unilateral y multilateralmente ante amenazas diferentes al típico golpe militar?; ¿cómo crear mecanismos para actuar preventivamente?, y ¿cómo conciliar el tradicional principio de la defensa de la democracia con el principio de la no intervención? Porque, como bien lo ha señalado el estadounidense Robert Pastor, «Estados Unidos no está desarrollando una estrategia activa para ahondar la democracia en el hemisferio [...] no sé si por fatiga, falta de interés o carencia de imaginación pero lo que tenemos ahora es una estrategia reactiva» (50).

Para el caso específico de Venezuela, es perentoria la necesidad de dichas respuestas en virtud del acelerado proceso de descomposición democrática que vive el país. No es el propósito de este trabajo, sin embargo, acometerlas; aunque sí subrayar y reiterar su importancia y urgencia. Porque si bien es cierto que los problemas venezolanos nos conciernen esencialmente a nosotros, y somos nosotros, los venezolanos, quienes debemos resolverlos, es indudable también que los EEUU como potencia y pilar de la democracia hemisférica le corresponde influir activa, positiva y responsablemente en el proceso venezolano, lo cual no significa intervenir violando el derecho de autodeterminación que como Estado-Nación soberano nos corresponde.

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Romero, María Teresa (1996) «Comentarios» Hacia la promoción de la democracia en Venezuela y América Latina. KAS-FPA-FRB. Caracas.

Romero, María Teresa (1997) «La agudización de la crisis del sistema político venezolano» E. Cardozo y R. Hillman (comp). De una a otra gobernabilidad: el desbordamiento de la democracia venezolana. Fondo Editorial tropykos-UCV. Caracas.

Romero, María Teresa (1998) «Estrategias de promoción de la democracia en la política exterior de Venezuela». Política Internacional. No. 46. Enero-Marzo. Caracas.

Romero, María Teresa (2000) «Transición sistémica y promoción de la democracia en la política exterior venezolana de los noventa» (trabajo presentado en la conferencia de LASA 2000), Miami, Florida.

Notas

1. Una aproximación al tema se encuentra en Konrad Adenaur Stiftung, Fundación Pensamiento y Acción y Fundación Rómulo Betancourt (1996).
2. Para la caracterización de este modelo de democracia de partidos, de conciliación de élites y de fuertes rasgos populistas ver en especial: J:C.Rey (1989), A. Romero (1986), Kornblith (1998)
3. En efecto, este estudio constituye una versión preliminar de un capítulo de mi trabajo de tesis doctoral «La promoción de la democracia en la política exterior de Venezuela (1958-1998) viejas y nuevas estrategias a la luz del nuevo milenio», actualmente en preparación.
4. Para un análisis sobre la defensa colectiva de la democracia en el hemisferio americano ver Farer (1996).
5. «Davidow en audiencia confirmación del Senado». Public Democracy Query, 19.07. 96.
6. El Nacional, 27.02.2000. pag. A-2.
7. Ibidem.
8. El Nacional, 03.02.2000. pag. 1-16.
9. Artículo segundo, Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
10. Declaraciones del general Francisco Visconti, lider de la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992. En El Universal, 27.02.2000. Pag. 1-10.
11. Declaraciones del Embajador Luigi Einaudi en el Wilson Center. Public Diplomacy Query, 21.10.92.
12. «Bush condena intento de golpe en Venezuela». Public Diplomacy Query, 04.02.92.
13. El Universal, 05.02.92. p. 1-2.
14. «EE.UU apoya la democracia en Venezuela». Public Diplomacy Query, 30.11.92.
15. «Clinton reafirma su compromiso con la democracia venezolana.». Public Diplomacy Query, 17.02.93
16. El Diario de Caracas, 04.01.94. p. 25.
17. El Nacional, 26.11.98. p.A-2.
18. El Nacional, 21.11.98. pag. A-2.
19. El Nacional, 11.12.96. Pag. A-2.
20. «Balance del primer mes del presidente Caldera». El Nacional, Caracas 3. 3. 94 pag. D-1).
21. «Cartagena encumbrada». El Nacional, 16 de junio de 1994. Pag. A-6.
22. «OEA preocupada por la corrupción en América». El Nacional, 7 de junio de 1994. Pag. A-2.
23. «Skol: USA secundará iniciativa venezolana anticorrupción». El Diario de Caracas, 01.11.94. Pag. 23.
24. Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela , Libro Amarillo, 1994. Pag. 181.
25. El Nacional, 17.03.96. Pag.. E-8.
26. El Nacional, 01.06.96. Pag. D-3.
27. Fuente: The National Endowment for Democracy web site.
28. Entre estas instituciones destacan: CEDICE, Queremos Elegir, la Fundación Pensamiento y Acción, Dividendo para la Comunidad, entre otras. Las cuales han desarrollado talleres, conferencias, y otros eventos y programas nacionales sobre educación cívica.
29. Este programa ha sido financiado por USIS a un costo aproximado de $150.000 entre 1997 y 2000.
30. El Nacional, 24. 01.99. Pag. A-6.
31. Esta nueva concepción de democracia la manifestó claramente el gobierno venezolano durante la XXIX Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos realizada en la Ciudad de Guatemala en el mes de junio de 1999, oportunidad en la que el canciller venezolano, José Vicente Rangel, presentó un proyecto sobre «Democracia Participativa» que contrastó con la iniciativa norteamericana de fortalecer la tesis de la democracia representativa en el hemisferio.
32. Esta política exterior soberana/autónoma pone énfasis en los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos por medio de los cuales se reivindica el derecho que tiene toda nación de decidir libremente sobre sus cuestiones fundamentales sin injerencias foráneas.
33. «Diplomacia a plomo parejo». El Universal, 13.01.2000. Pag. 4-2.
34. «Política Exterior a contracorriente amenaza con aislar a Venezuela». El Nacional, 03.03.2000. Pag. A-2.
35. El Nacional, 02.02.2000, pag. A-2; El Universal, 02.02.2000, pag. 1-14.
36. El Universal. 04.02.2000, pag. 1-13.
37. El Nacional, 10.12.98 . Pag. D-2.
38. El Nacional, 15.12.98. Pag. A-2.
39. El Nacional, 31.12.98. Pag. A-2.
40. El Universal, 15.01.99. Pag. 1-2.
41. Según cifras de la Superintendncia de Inversiones Extranjeras (SIEX) las inversiones directas de los EE.UU en venezuela que en 1998 llegaron a un total de $122.151.805,90 bajaron en 1999 a $58.230.485,17.
42. El Nacional, 31.12.98. Pag. A-2.
43. http://www. abc.es. 30.01.2000.
44. El Nacional, 16.02.2000. Pag. A-2.
45. El Nacional, 07.02.2000, pag. A-2.
46. El Nacional, 19.06.99, pag. E-1.
47. El Globo, 08.08.99, pag. 23.
48. John Lancaster. «US Sees Democracy Wane in Latin America» The Washington Post, 30. 01.2000. Pag. A-21.
49. Álvaro Tirado. «Defensa de la democracia», El Espectador. Colombia, 03.03.2000.
50. Citado en Andrés Oppenheimer «América Latina necesita diplomacia preventiva». El Universal, 20.02.2000. Pag. 1-6.

Profesora de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Estudios Internacionales, Postgrado en Relaciones Internacionales y Globales. Caracas, Venezuela