La Constitución del año 2000 ya existe, guste o no guste, así es que para evitar amarguras, es recomendable adoptar un sentido constructivo y crítico a la vez. El sentido constructivo nos servirá para analizar el texto y determinar cómo nos vamos a valer de él. El crítico nos permitirá sopesar sus defectos para determinar qué es viable, si una reforma constitucional o una legal.

Las críticas se han circunscrito al centralismo, estatismo y presidencialismo. Nosotros hemos venido destacando aspectos distintos, más sutiles, pero no menos importantes.

La Constitución ha preferido la cantidad a la calidad en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando exige que los abogados que vayan a postularse al Tribunal Supremo, tengan quince años de graduados, además de otros requisitos como post-grado o quince años de docencia y escalafón de Profesor Titular. ¿Qué pasa si los aspirantes tienen menos de 15 años de graduados o de docencia, pero poseen doctorado (que es mucho más que un post-grado de especialización), artículos, libros, trabajos publicados, conferencias y ponencias dictadas? Quedan igualmente descalificados, pues la cantidad de años fue más importante para el Constituyente, a quien no importó la calidad de los conocimientos; y eso podr{a afectar el nivel de las instituciones.

Por eso no nos cansamos de advertirles a nuestros alumnos que la ley no razona y por eso puede ser injusta. ¡Y si tampoco razona quien la hace, peor todavía!.

La participación comunitaria también toma un auge inusitado es esta Carta Magna. Los artículos 70, 168 y 184 nos prometen un paraíso. Desde hace muchos años, junto a muchas otras personas, hemos abogado por la materialización de formas de participación política (Ciencia de la Justicia y Participación Comunitaria, Faces, UCV, 1997), como la justicia vecinal (El Juez de Paz y su Comunidad, 1994) y la seguridad vecinal (Proyecto de Brigadas Vecinales de Paz, Constitución Activa, 1991). Lamentamos que en el texto constitucional, el Constituyente actuó más como los políticos tradicionales que como buen ciudadano, y no pudo ocultar su desagrado hacia la auto-gestión comunal. La remitó a una futura e incierta ley, en vez de otorgarla de una vez al pueblo.

La participación, como voluntad legal, ya existe en las Leyes Orgánicas de Justicia de Paz y en la de Régimen Municipal, así como en su Reglamento nº 1 «Sobre Participación de la Comunidad», pero no por eso el pueblo ha podido participar. El error consiste en que se deja al poder político permitir o negar este derecho.

¿Garantizará los cambios el que haya un Presidente honesto y bien intencionado que pase bajo su escrutinio todas las irregularidades y las corrija? No ¿Y lo hará la presencia de un nuevo partido político «super honesto e inmaculado» que transforme todo? Menos. Todos se pueden desviar. Lo único que ha garantizado la evolución y funcionamiento de las democracias modernas ha sido el sistema de controles de un poder sobre el otro y el del pueblo sobre todos ellos. Por eso creemos que estas normas restrictivas, contrarias al régimen de libertades, son un llamado franco a la desobediencia civil.

La capacidad de gestionar y de autogobernarse es «originaria» del pueblo y allí es de donde surge la verdadera democracia. ¿Entonces por qué éste necesita que el Estado lo autorice a través de una ley para ejercerla?

Si no reforzamos las capacidades políticas de los vecinos, vendrán otros deslizamientos de barro político que podrán hacer naufragar nuevamente el sistema.