Estado del derecho

Desde la Magna Carta inglesa se ha intentado limitar el poder del Estado. La Revolución Francesa lo ensayó. Con todo y guillotina, se logró no que siempre se respetasen los derechos humanos, pero al menos se instauró el sacrosanto «derecho a pataleo». Se hizo una Revolución Americana, entre otras cosas, para delimitar los poderes del Estado.

Había al menos la posibilidad de reclamar al Estado cualquier abuso, hacerlo tener que dar explicaciones embarazosas cada vez que torturaba, mataba, apresaba sin juicio, etc., como pasaba cuando mandaban Acción Democrática y Copei.

Ahora, como dice Jean-Claude Paye en su libro El fin del Estado de derecho (la Fin de l'État de droit, París: La Dispute, 2004), estamos asistiendo a la abolición globalizada de los derechos del ciudadano a protegerse de los abusos del Estado, o “the oppressor’s wrong”, como lo llama Shakespeare en Hamlet, ‘los abusos del opresor’, en mi tímida traducción.

Ha sido una larga lucha y una prolongada discusión, con pasos más pequeños que grandes. Ha sido difícil, pocas veces triunfa el débil ante el poderoso, pero se conocen casos. Aquí cerca incluso.

Ahora estamos, so pretexto de la lucha contra el terrorismo, aboliendo la enunciación siquiera de esos derechos. La Ley Patriota de los Estados Unidos, promulgada a raíz del crimen de las Torres Gemelas, comete el estrago de autorizar el arresto de cualquier persona sin fórmula de juicio, indefinidamente, incomunicado, sin derecho a defensa, torturado. O sea, el regreso de la Inquisición Santa aquella. Pero peor, porque ni siquiera el dominico Tomás de Torquemada practicó las torturas de Iraq (ver Regresa, Sade, estás perdonado).

Este jueves el Senado de los Estados Unidos, desafiando a la Casa Blanca, aprobó restricciones a las «técnicas» de interrogatorio de prisioneros, sean o no estadounidenses, estén o no en territorio de ese país. Contra la voluntad del gobierno que da al mundo lecciones de democracia.

O sea, que si el Ejecutivo de los Estados Unidos se opone a estas restricciones es porque está de acuerdo con la justicia de excepción, es decir, la preeminencia de la policía sobre los jueces, el procedimiento sobre la ley. O sea, la arbitrariedad consagrada en la abolición de todo Estado de derecho del Decreto Inmarcesible de Carmona y sus aliados.