Gastronomía de la sociedad civil

Sin proponérselo, el astuto presidente de la Comisión Legislativa ha contribuido grandemente a atizar las llamas en las que se cocina el nuevo boom del término, pues, por los momentos, son muchos los escenarios donde se discute y se intenta responder a qué es, quiénes la componen, para qué sirve, por qué es importante, y en definitiva, «con qué se come» la sociedad civil.

Las primeras señales, al menos las que pudimos advertir algunos de los asistentes al seminario «Mitos, realidades y retos de la sociedad civil», realizado en el Ateneo de Caracas esta semana que ahora concluye, es que el término tiene tan disímiles acepciones y conduce a tan diversas maneras de comprender el fenómeno, que termina uno por aceptar que el jefe del Congresillo no está tan solo en eso de extrañarse o confundirse ante la noción de sociedad civil.

Existen, es verdad, algunas ideas generales más o menos compartidas por todos. Por ejemplo, que la sociedad civil es un espacio de organización distinto al Estado y distinto también al sector privado con fines de lucro, por lo que algunos lo ubican como un tercer sector. O que su papel fundamental radica tanto en ponerle límites a las siempre posibles desviaciones y excesos en el ejercicio del poder estatal, como en permitir la prestación de servicios y la realización de actividades colectivas a través de mecanismos de organización autónomos de ese poder y del que representa el mercado.

Pero cuando se comienza a hilar fino, o cuando se intenta hurgar con más profundidad en lo que dicen los analistas, los conductores de organizaciones de la sociedad civil o las autoridades nacionales, entonces el asunto adquiere una complejidad nada desdeñable.

Un tema de debate es el sentido estratégico de la acción civil. Por ejemplo, en el seminario arriba mencionado, para algunos de los ponentes la sociedad civil es un fenómeno emergente, y el reservorio de los modos de gobernarnos en el futuro. Naciones como las nuestras habrían atravesado por dos etapas de hegemonía: la de la casta militar, primero; la de los regímenes de partidos, después; y ahora vendría el tiempo de la democracia de los ciudadanos. En la base de esta percepción subyace la idea de una acción política conducida desde la sociedad civil, y de un modo particular de toma del poder, distinto a los que hemos conocido hasta ahora.

Para otros, en cambio, la sociedad civil ha existido siempre, mucho antes que el propio Estado —a la manera como hoy lo conocemos—, y su función primordial ha sido precisamente impedir que la autoridad de este cope, frene o se imponga arbitraria o totalitariamente sobre el tejido social. Su problema, por lo tanto, no es proponerse algún día ejercer el poder o las funciones del Estado, sino actuar con eficacia, a través de áreas muy especializadas, en la defensa de los derechos y en acciones de desarrollo social y mejora de la calidad de vida, pero sin convertirse jamás ni en instrumento de oposición sistemática ni en apoyo oficial a los gobiernos.

Otro tema polémico es a quiénes incluye y a quiénes excluye el término. Para unos, es necesario establecer distinciones entre ciudadanía, que la tenemos todos, incluyendo a militares y gobernantes, y sociedad civil, que estaría conformada básicamente por organizaciones de ciudadanos de las cuales se excluye tanto a las pertenecientes al Estado como a los partidos políticos, la Iglesia y aquellas pertenecientes al campo de las empresas lucrativas. Otros, en cambio, sostienen que tanto las cámaras empresariales como los sindicatos, los gremios y los partidos, forman parte fundamental de la sociedad civil, ya que no son componente activo del Estado sino que actúan como formas de mediación entre este y los ciudadanos.

Y hay quienes, como el Presidente de la República, manejan una visión bastante peculiar, extendiendo la noción de sociedad civil incluso a militares y funcionarios gubernamentales. «Yo soy sociedad civil, todo es sociedad civil», ha dicho. Actuando así como aquel emperador chino de las ficciones de Borges, que ordenó hacer un mapa del mismo tamaño del imperio, convierte en un gesto absolutamente inútil la distinción que la propia Constitución Bolivariana estableció al obligar a las autoridades nacionales a incluir representación de la sociedad civil en distintos organismos de gobierno, precisamente para garantizar la presencia de espacios organizativos distintos a los del propio grupo en el poder.

Hay que advertirlo, desde ahora y como nunca antes, el término, el fenómeno y los sectores que designa, han perdido su inocencia. Lo que constituye su riqueza y su aporte fundamental, el de representar los intereses diversos y contradictorios de la sociedad real, a través de ciudadanos libremente organizados para hacerlo, vivirá por lo menos dos amenazas. De una parte, la de las vocaciones federativas que entienden a la sociedad civil desde una perspectiva de ilusoria armonía, como un conjunto de organizaciones susceptibles de actuar en común, olvidando que a su esfera pertenecen por igual grupos de intereses absolutamente opuestos: tanto las asociaciones que luchan a favor de la legalización del aborto como las que lo hacen en contra, tanto la asociación de vecinos que se opone a la construcción de un terminal como la de comerciantes que ruega porque lo hagan, tanto las cámaras de propietarios del campo como los movimientos de los sin tierra.

Y, de la otra, la competencia por las representaciones dentro de organismos de decisión gubernamental, según lo establecido por la nueva Constitución. Ya hay un primer caso, el de la elección de representantes en el CNE, que ha suscitado un amparo de la Defensoría del Pueblo por considerar que en la Mesa de Diálogo no estaba plenamente representada la sociedad civil. «Estaba la Iglesia Católica, pero no los otros credos», «los empresarios, pero no los trabajadores», reza el documento presentado ante el Tribunal Supremo.

Ahora que el debate se ha vuelto a encender, es importante hacerle llegar periódicamente a don Luis algunos avances conceptuales, pues el tema ha dejado de ser gastronómico para convertirse en asunto de constitucionalidad.