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Sección: Bitblioteca
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Lo que dejó la inmovilidad El Nacional domingo 31 de enero de 1999
Por ejemplo, el pasado martes Sergio Antillano y su dinámico equipo de trabajo del Museo de Ciencias se vio obligado a crear una nueva modalidad educativa, la visita guiada con linternas. La razón: la Electricidad de Caracas le había clausurado el servicio de electricidad del Museo porque, gracias a los sucesivos recortes presupuestarios de los que han sido víctimas buena parte de las instituciones culturales, éste mantiene una deuda con la empresa de electricidad. El suceso no pasaría del rango de anécdota menor, de no ser porque al suspenderse el servicio de electricidad se ponía en riesgo la conservación de una buena parte de la colección del Museo, y por tanto del patrimonio cultural de la nación, conformada por animales disecados que requieren un nivel permanente de enfriamiento y congelación. No es la primera vez que un incidente como éste ocurre en la actual administración. El año pasado, Pilar Pérez Baldó, directora del Museo Cruz Diez se vio obligada a recorrer los diarios de la capital para denunciar, además de un corte del servicio de electricidad, la paralización total de la actividad del novel museo, precisamente por el incumplimiento de la asignación presupuestaria por parte del organismo cultural del gobierno central. Y ahora, cuando quedan pocos días para el final, un sorpresivo y nervioso recorte presupuestario de última hora la coloca de nuevo en el dilema de paralizar la institución. Presiones similares experimentan el Museo Jacobo Borges, el Teatro Profesional de Venezuela y seguramente muchas otras instituciones de las que no tenemos información. Estos hechos, en cualquier otro contexto, podrían pasar inadvertidos y no requerir de mayor atención. No tendrían importancia alguna si, por ejemplo, ocurrieran en el marco de una brillante gestión quinquenal con grandes logros y una muestra inobjetable de aciertos políticos y programáticos que exhibir. Pero en el marco de la administración cultural actual, estos pequeños hechos se han convertido en un símbolo, en la preocupación fundamental de las autoridades de las diversas instituciones culturales del país, y por tanto, serán los más recordados en el futuro. Lo lamentable no es que el caos administrativo reine y produzca estos equívocos sucesivos, lo grave, lo que indudablemente afecta al país en su conjunto es que detrás de ellos se oculta el vacío conceptual y el desinterés estratégico. El país ha cambiado, se incrementaron notablemente los índices de analfabetismo y deserción escolar, la pobreza y la violencia se convirtieron en compañeros de ruta, la desconfianza en la nación, su destino y sus instituciones se hizo patente, tanto como las tendencias al olvido de los repertorios nacionales y el resquebrajamiento de los sentidos de pertenencia. Y, sin embargo, los principios y paradigmas con los que se gestiona la acción cultural pública continúan siendo en esencia los mismos de cuando se creó el CONAC, allá por 1975, en medio de la ilusión de La Gran Venezuela. Como consecuencia de la inmovilidad que caracterizó el período —dedicado más a demonizar las culpas de la administración anterior que a encontrar un perfil particular para la suya— el país perdió en estos cinco años la gran e indispensable oportunidad de someter a debate y a revisión profunda la manera cómo el Estado venezolano asume y responde a las responsabilidades culturales establecidas por la Ley, al igual que los modos cómo la sociedad civil organizada y el universo empresarial privado deben y pueden incidir en su gestión. La reestructuración del organismo rector, el CONAC, prevista como urgencia desde hace mucho tiempo y que cuenta incluso con el respaldo técnico de diversos proyectos ya desarrollados, ni siquiera se inició. Ninguna de las promesas que sirvieron de bandera incial al equipo directivo, expresadas en discursos, folletos, artículos y declaraciones de prensa —descentralizar y desconcentrar la actividad cultural y la asignación de recursos, "quitarle a los que tenían mucho para darle a lo que tenían poco" (sic), llevar los servicios y bienes culturales a la población de menores recursos generalmente privada de estos beneficios, dar apoyo especial a las manifestaciones de la cultura popular— no se cumplieron, tan siquiera a medias. La estructura de los servicios culturales del Estado venezolano y de su ente rector que recibirá el nuevo gobierno, salvo una que otra dirección añadida, es exactamente la misma que cinco años atrás. Eso sí, más empobrecida y debilitada en su liderazgo gracias a, por ejemplo, la pérdida de autonomía que significó para la institución el haber permitido que el Congreso de la República se apropiara casi plenamente de la autoridad para decidir sobre la asignación de subsidios. O, a la pérdida de capacidad para llegar a grandes públicos que representó la pérdida del Canal 5 como señal cultural del Estado venezolano, trabajo de recuperación que le fuera encomendado al CONAC a comienzos de gestión y que él mismo no fue capaz de consolidar a pesar de haber sido anunciado como hecho en una Reunión de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe realizada en Nicaragua. No habrá transformación real de la nación venezolana, ya lo sabemos, si la misma no va acompañada de un profundo sustento y cambio cultural. Desde esa convicción la sociedad venezolana y sus gobernantes deben prepararse para iniciar, también en este campo, un gran cambio —consulta nacional incluida— equivalente al que se propone en otros campos con la Asamblea Constituyente. La actual administración cultural debe servir como modelo y el nuevo gobierno será exitoso si hace exactamente todo lo que el anterior se negó a hacer y a escuchar. El país cuenta con un gran desarrollo profesional en el área, con excelentes instituciones cuya prueba mayor es su capacidad de sobrevivir sin lesiones frente a los desmanes de su ente tutor. Pero, a pesar de los tiempos de restricciones económicas que se avecinan este país emergente está en condiciones de recuperar lo que dejó la inmovilidad.
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La semana que culmina ha sido particularmente significativa para muchas instituciones culturales venezolanas. Lo que ocurrió de manera persistente durante los cinco años del gobierno que ahora concluye —retraso por parte del CONAC en la cancelación de los legendarios dozavos asignados a sus entes, indolencia al momento de ofrecer explicaciones, aletargamiento y sumisión frente al desinterés del gobierno central— se hizo más patético aún en las últimas semanas.
