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La otra constituyente

Hay que aceptarlo. No va a ser nada fácil el proceso de cambio social que desde hace ya unas dos décadas rueda por el país como reclamo de sobrevivencia y que ahora, con el arribo de nuevos actores al ejercicio del poder ejecutivo, pareciera encontrar el sustento institucional que el mismo requería para hacerse realidad.

Tampoco, y eso también debemos aceptarlo con realismo, va a ser rápido. Ni siquiera porque contemos desde ya con instrumentos que pueden acelerarlo como la Asamblea Constituyente. Entre otras cosas, porque como ya nos lo han alertado los protagonistas del mismo proceso colombiano, la Constituyente es un instrumento fundamental pero no la panacea para resolver todos nuestros problemas.

Varias son las razones que obligan a pensar que el proceso de cambio será trabajoso, largo y complicado. En primer lugar, aunque no será éste el escollo mayor, porque las fuerzas conservadoras, los grupos y personas que ven como se pueden esfumar de la noche a la mañana su esquema van a desatar todos los mecanismos imaginables para impedir que el proceso de transformaciones se lleve a cabo con eficiencia y celeridad.

Basta recordar los millones de dólares invertidos en la reciente campaña electoral para banalizar e incluso mofarse de la propuesta constituyente, o vislumbrar la desaforada estampa de don Luis Piñerúa vociferando discordante en la pasada emisión del programa Vox Populi dedicado a este tema, para prefigurar con cierta exactitud las dimensiones que puede adquirir este juego de entorpecimientos. Impotente ante el masivo apoyo que tienen las propuestas de cambio, el viejo poder se contentaría con provocar a los nuevos gobernantes para hacer que asuman actitudes y medidas de fuerza que justifiquen sus acusaciones anti-autoritarias.

Lo que no entienden estos estrategas es el tamaño del desprestigio de las instituciones por ellos dirigidas, tan grande que si el gobierno se viera obligado a tomar medidas como disolver el Congreso, por ejemplo -cosa que los demócratas convencidos esperamos que nunca ocurra-, la gente saldría a la calle a aplaudir la decisión. De todas maneras, veteranos en el manejo del poder, harán lo que quede a su alcance para boicotear el envión.

El segundo elemento que no debemos soslayar, es lo complicado mismo del proceso constituyente y las condiciones en medio de las cuales se va a producir. Ya sabemos, porque ha sido un gran tema de debate nacional, lo complejo y costoso que resultó realizar las dos elecciones nacionales a lo largo del segundo semestre el año pasado. Pues bien, si las fases se cumplieran como está previsto tendremos en lo inmediato, además de las elecciones de alcaldes, por lo menos cinco consultas electorales nacionales: la del referéndum que decretará el presidente Chávez el próximo febrero, la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, la aprobación del nuevo texto constitucional, la elección del nuevo Congreso en los términos allí prescritos y podría llegarse incluso a una nueva elección de gobernadores.

Si tenemos en cuenta que el proceso -que en sí mismo significa una extraordinaria experiencia de participación absolutamente novedosa para los venezolanos, y un rápido ejercicio de aprendizaje y educación democrática- se desarrollará en medio de las peores condiciones económicas que haya heredado el país en su etapa democrática, es obvio que se requerirá de un gran esfuerzo masivo y seguramente de prácticas de paciencia y negociación colectiva hasta ahora desconocidas entre nosotros.

Será un proceso inédito de participación política vivido en medio de grandes carencias. Pero los obstáculos más fuertes a derrotar, los que requieren de mayor atención, imaginación y vigilancia son los menos tangibles, aquellos que provienen de la cultura política y las maneras de asumir las relaciones entre lo público y lo privado, introyectados y expresados en su vida cotidiana por millones de venezolanos, no sólo como resultado de la decadencia vivida en estas últimas décadas democráticas sino como legados deformes de tantos años previos de prácticas autoritarias y regímenes personalistas cuyo valores la democracia no logró erradicar plenamente.

Esa es la Otra constituyente. La que corresponde al orden de los hábitos y las creencias y que, por tanto, no se puede generar por decreto pues corresponde a un cambio profundo en los valores más preciados de la población y sus gobernantes. Si el término no resultara tan ampuloso podría decirse que la Otra constituyente es la revolución cultural requerida para hacer que aquella, la formal, que se expresará en los nuevos textos constitucionales, en nuevas mecanismos de tomas de decisiones en los poderes públicos —especialmente el judicial— y en un renovado cuerpo de leyes, tenga como soporte de ejecución y aplicación a un nuevo tipo de ciudadanos capaces de respaldarle y de darle vida en cualquier práctica pública que desarrolle.

Si alguna patología social nos ha legado tantos años de ejercicio desvirtuado de la vida democrática, es la incapacidad colectiva para identificar con claridad los límites entre lo lícito y lo ilícito, entre lo correcto y lo incorrecto, entre los justo y lo pervertido, y luego juzgarlo, castigarlo o celebrarlo. Desde el alto funcionario y sus familias que encuentran legítimo y correcto que un escolta o un soldado sea al mismo tiempo mesonero, niñera y jardinero, hasta el ciudadano que entiende como algo sin importancia el delito diario que comete violando las normas de tránsito o lanzando objetos a la calles desde su automóvil, pasando por el profesor o empleado universitario que considera correctos los privilegios de sus hijos a la hora de acceder al restringido cupo de algunas carreras.

Los modelos y valores sociales cultivados y promovidos por la élite política tradicional —arrogancia, clientelismo, nepotismo, revanchismo, populismo, corrupción, componendas, fraccionalismos, individualismo entre otras— deben ser enfrentados con lucidez y con la misma fuerza con la que se lucha contra un enfermedad mortal, o se trasmitirán y serán puestas en práctica más temprano que tarde por los nuevos actores del poder, independientemente de sus ideologías.

Si estamos de acuerdo con ideas como aquella de pasar de una sociedad rentista a una sociedad productiva, habrá que considerar otros desplazamientos: de una sociedad individualista a una sociedad comprometida con lo colectivo, de una sociedad de «vivos» a una de competidores legítimos, de una sociedad de «niños del padre Estado» a una sociedad de adultos con responsabilidades sobre sí mismos, de una sociedad de resignados que explotan cíclicamente a una sociedad de ciudadanos activos que saben organizarse y defender persistentemente sus derechos, de una sociedad insegura de sí misma a una emprendedora y constructiva.

La Otra constituyente también tiene su agenda, el tema no debería ser secundario para el nuevo gobierno y la nación en su conjunto.

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