Uno de los problemas de mayor relevancia internacional en la actualidad es el de los movimientos de personas dentro y fuera de los países, entre otras razones, por la violencia, situación que lamentablemente afecta a todos los continentes y en nuestro caso, a América Latina, antes, en Centroamérica cuyo tratamiento, por cierto, fue ejemplarmente efectivo por parte de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales; y hoy, en Colombia, cuando la violencia ha generado según cifras publicadas por el ACNUR y algunas organizaciones no gubernamentales, el desplazamiento más de un millón de personas, en su gran mayoría dentro del territorio de ese país.

Los desplazamientos de personas deben ser considerados en dos contextos diferentes: los movimientos dentro del territorio nacional del Estado y los movimientos de personas hacia el exterior, situaciones que merecen un tratamiento distinto y la aplicación de normativas diferentes.

La obligación principal del Estado en el que ingresan tales personas es examinar las solicitudes para decidir si es procedente el reconocimiento de tal condición y la extensión del estatuto de asilado, lo que se observa en la práctica de los Estados principalmente en Europa en donde los mecanismos que se establecen para examinar tales solicitudes funcionan de manera muy eficiente.

En el caso de los desplazados internos, por tratarse de una cuestión interna, hasta ahora la responsabilidad recaía únicamente sobre el Estado del territorio. Sin embargo, hoy se puede apreciar una evolución favorable muy importante en los diversos foros internacionales, en particular en los órganos del ACNUR, en favor de la consideración de tales situaciones por los organismos internacionales. En ese sentido, podemos ver como los Estados han ido reaccionando favorablemente hacia el reconocimiento de un mandato más amplio del ACNUR que abarque no sólo a los refugiados y a las personas que requieren protección internacional en el sentido que interesa al organismo, si no que también pueda asistir a los desplazados internos, lo que de alguna manera significa una acción preventiva conveniente para evitar que esas personas se desplacen en forma desprotegida dentro del territorio del Estado al que pertenecen y atraviesen las fronteras hacia otro Estado.

El estatuto de refugiado que el Estado está facultado, aunque no obligado, a extenderla a las personas que considere en peligro por una serie de razones, no puede concebirse como un objetivo ni como un status permanente ideal. Por el contrario, ello debe considerarse como una condición provisional que debe superarse una vez que las condiciones de seguridad en la localidad de origen se normalicen para garantizar su reintegración en ese medio.

No se trata de imponer cargas a los Estados con flujos inmensos de personas como sucede en Africa, en particular en la región de los grandes lagos y en Africa occidental, particularmente en Côte d'Ivoire y Guinea, países en desarrollo con enormes dificultades económicas que reciben importantes cantidades de refugiados de Liberia y de Sierra Leona, sino de buscar soluciones a los problemas que originan tales desplazamientos. Y, cuando el Estado no pude resolverlos, especialmente, cuando no pueda mejorar el ambiente económico y social destruido por las guerras intestinas, corresponderá a la comunidad internacional en su conjunto y a las organizaciones internacionales actuar para crear un medio apropiado y seguro para que las personas desplazadas puedan regresar e reintegrarse a la sociedad a la que pertenecen y que necesita de ellos para su propio desarrollo.

Podríamos afirmar que la acción internacional presenta varias formas. Una acción internacional para prevenir los desplazamientos internos, contribuyendo con el Estado a poner fin a las causas que generan la violencia y la violencia misma, desde luego, con el pleno respeto de la soberanía del Estado; una acción internacional para ayudar a los países receptores de tales flujos de personas a recibirlos sin que ello cause un impacto integral negativo que afecte sus economías, la sociedad, su política, su cultura y el medio ambiente y una acción internacional de reconstrucción del medio social de origen para que los refugiados puedan regresar en forma segura y digna que es el objetivo principal y la última fase del proceso que nace con la violencia y la persecución.

Se trata de las responsabilidades compartidas. Del Estado de origen a promover la democracia, la justicia social y económica, la protección de los derechos humanos; de la comunidad internacional para ayudar a prevenir con la asistencia multilateral y bilateral oportuna, suficiente y convenida con el Estado afectado que se agraven las situaciones internas y para asistir a los Estados receptores para evitar impactos negativos que lejos de resolver una situación agraven otra; la responsabilidad del Estado receptor de atender por razones humanitarias a las personas en situación de peligro, especialmente considerando la familia, las mujeres y los niños; de considerar las solicitudes de asilo si fuere el caso y de facilitar el retorno seguro y digno a las personas que requerían la protección y finalmente, la responsabilidad de la comunidad internacional de cooperar y asistir en la forma convenida a los países de origen para que se puedan lograr transformaciones económicas requeridas para lograr un equilibrio social y la paz.