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Vicios que brincan de la cuarta a la quinta república Leopoldo López * Hay vicios que no se dejan fácilmente. La manipulación de la información y la falta de seriedad en la gestión económica parece que es uno de ellos. La aprobación de presupuestos en los cuales se sobrestiman los ingresos y se oculta el destino de una parte importante de los gastos, manipulando los supuestos macroeconómicos para cuadrar las cuentas, fue una de la prácticas más comunes en la política económica del viejo régimen. En el amanecer de la quinta república se pretende continuar con este vicio, el cual se ha puesto de manifiesto con la elaboración del presupuesto nacional para el año 2000 y sobretodo con el secreto sumarial relacionado con los ingresos extraordinarios por el alza del precio del petróleo. El peor de los vicios en el manejo de la hacienda pública es la falta de transparencia y claridad en las cuentas que son de todos los venezolanos, lo cual no solo es un irrespeto a la gente sino también a los principios más básicos de un sistema democrático. A pesar de que el tema de la hacienda pública es árido y despierta pocas pasiones, es la herramienta más importante con la cual cuenta el Estado para revertir la injusta e injustificada distribución de ingresos entre los miembros de la sociedad venezolana, y es por esta razón que el Estado tiene la obligación de presentar cuentas claras. En este sentido, es absolutamente inaceptable que a pocos días del cierre del año, el presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio Casas González, declare que no tiene información sobre cuánto representa ni dónde están los excedentes petroleros (El Mundo 1 de diciembre de 1999), que deberían representar más de 3 millardos de dólares (3% del PIB). Si el presidente del BCV no tiene información, y el Gobierno no se pronuncia con respecto al destino de los ingresos petroleros, lo único que podemos deducir los ciudadanos es que "algo huele mal en Dinamarca". El mismo irrespeto a los procesos y el desprecio a la transparencia que merecemos los ciudadanos con el dinero que es de todos, se ha evidenciado en la elaboración y aprobación del presupuesto. El Gobierno presentó un presupuesto en el cual se sobrestiman los ingresos y subestiman los gastos, sobretodo si se toman en cuenta los compromisos financieros que tendrá que asumir el Estado en caso de que se apruebe la bolivariana el 15 de diciembre. Como respuesta a las objeciones del Congreso, el Gobierno optó por mandar el presupuesto a la Constituyente con la esperanza de que se apruebe igual a los del viejo régimen, es decir que solo tengan vigencia en papel y que no representen la realidad de las cuentas nacionales. El manejo del presupuesto es una prueba de fuego para la Asamblea. En el artículo 311 del proyecto de constitución, se consagran los principio de transparencia y de equilibrio y responsabilidad en la gestión fiscal. Si la Constituyente es coherente deberá exigir y presentar ante los ciudadanos toda la información relevante al presupuesto del año 2000. De lo contrario la misma Asamblea estará negando sus propios principios, lo que sería razón suficiente para dudar sobre su compromiso con una verdadera transformación del Estado venezolano. Un gobierno de la gente respeta a la gente. La permanencia de los vicios en el manejo del dinero público es un atentado en contra de la promesa hecha a los venezolanos de erradicar estas malas prácticas en Venezuela. Una cosa es montar un discurso en contra de la corrupción, en el cual basta con apuntar a unos para salvar la integridad de otros, y otra muy distinta es desmontar efectivamente las estructuras y procesos que han perpetuado en el tiempo la malversación de fondos públicos. El remedio está a la disposición, pero la voluntad de tomarlo parece que es otra historia. Mientras tanto hay vicios que brincan de la cuarta a la quinta república. * Miembro
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