Gobierno extiende la actividad minera en otras 23 comunidades del estado Bolívar
El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este martes una autorización para extender la actividad minera en otras 23 comunidades del estado Bolívar, para participar en las actividades que estén relacionadas con la explotación del cuestionado y polémico Arco Minero del Orinoco.
Según explicó Maduro, las nuevas áreas abarcarán 3.409 kilómetros cuadrados y algunas de las zonas ya han sido nombradas: Apanao, Guasipati, Hojalata 1 y 2, y Sifontes Norte. «Son 23 comunidades bien organizadas a las que deposito toda mi fe. Yo tengo fe en el pueblo», dijo Maduro desde el estado Bolívar reseñado por la agencia AVN.
El jefe de Estado anunció, además, la incorporación de 10 mil miembros del Plan Nacional Chamba Juvenil, un programa estatal que ahora también tendrá una modalidad enfocada en la minería. «Este plan pica y se extiende», dijo Maduro.
El primer mandatario nacional aprobó un decreto de trasferencia de las actividades de inversión y aprovechamiento de recursos mineros a la Corporación Venezolana de Minería, para «establecer las alianzas con los mineros organizados para que ellos puedan relacionarse con la empresa y producir el oro necesario, con tecnologías nuevas y con el apoyo de empresas extranjeras, para aumentar la producción», explicó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano.
Según el titular del despacho de Minería, las alianzas anunciadas permitirán activar todas las plantas de cianuración de oro.
«Próximamente tendremos 20 empresas activas, esto implica una recuperación mayor de todas las minas de oro». Estas plantas permiten «alcanzar el 90% de recuperación del mineral, y eso nos facilitará incrementar la producción con el mínimo impacto en el ambiente», aseguró Cano, quien precisó que 6,5 toneladas de oro que han sido extraídos en lo que va de año de la Zona de Desarrollo Arco Minero del Orinoco se encuentran en las bóvedas del Banco Central de Venezuela (BCV).
El proyecto del Arco Minero del Orinoco no cuenta con el respaldo o autorización de la Asamblea Nacional, que ha puesto en duda todos los contratos firmados por el Ejecutivo.
Recientemente, la fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, Luisa Ortega Díaz, entregó al tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional un recurso de nulidad y un amparo cautelar contra el decreto que permite la explotación del Arco Minero, por considerar que el gobierno de Maduro ha hipotecado valiosísimos recursos naturales que se encuentran en el estado Bolívar.
