Invasiones y anarquía
Las invasiones ocurridas en los últimos días en diversos lugares del territorio nacional, más allá de que posiblemente formen parte de algún oscuro plan pergeñado desde el poder, colocan nuevamente en evidencia el drama social que hoy representa el déficit de viviendas en Venezuela. La incompetencia del Gobierno tiene al país sumergido en la anarquía.
La mayoría de estos ataques contra la propiedad privada han traído como consecuencia el lamentable enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Venezolanos engañados por las promesas gubernamentales, luchando contra otros que no están dispuestos a dejarse arrebatar lo que con tanto trabajo y esfuerzo han adquirido. Este es uno de los saldos más dolorosos de la continua siembra oficial de odio y división.
Las autoridades están obligadas a intervenir de manera inmediata ante la ocupación ilegal de cualquier inmueble. La reforma del Código Penal realizada en 2005, paradójicamente impulsada por los diputados oficialistas, introdujo a la invasión como un delito sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Sin embargo, la impunidad con la que hoy se comete este hecho punible ha producido que inclusive ya existan hasta manuales para invadir.
Las continuas violaciones del derecho constitucional de propiedad privada alejan las inversiones nacionales e internacionales. Cada vez son menos los que están dispuestos a arriesgar sus capitales en el área de la construcción de viviendas. Mientras se mantenga este clima de inseguridad jurídica, es casi imposible que se pueda superar el inmenso déficit de soluciones habitacionales existente.
Los damnificados que todavía se encuentran en los inhumanos refugios, conviven en medio de una violencia que ya ha dejado un saldo de varias personas asesinadas. Muchos de ellos, cansados igualmente de esperar por las viviendas que nunca llegaron, ya han emprendido el regreso a sus lugares de origen. La difícil situación que sufren miles de damnificados y la proliferación de las invasiones, representan la mejor prueba del rotundo fracaso de esa estafa política llamada «Misión Vivienda».
Algunos voceros oficiales han asomado la posibilidad de que factores de la alternativa democrática se encuentren detrás de las recientes invasiones. Esperemos que esta descabellada tesis no sirva de excusa para utilizar nuevamente al secuestrado aparato de justicia para la persecución de la disidencia política. Resulta llamativo que el grueso de las ocupaciones ilegales se estén produciendo en estados y municipios gobernados por factores de la alternativa democrática. La desesperación parece estar dirigiendo las acciones de ciertos grupos en el poder.
El Gobierno que ha manejado los mayores recursos monetarios de la historia, insólitamente ha resultado ser también el más ineficiente en materia de construcción de viviendas. Miles de millones de dólares, producto de los más altos precios petroleros, han sido despilfarrados en politiquería y corrupción. El próximo 7 de octubre el pueblo pasará la factura correspondiente
