Privatizaciones que todos pagamos
Los trabajadores sanitarios en contra de las medidas del gobierno para reducir el gasto público advierten de los peligros de la gestión privada de centros públicos, a punto de ponerse en marcha en 10 hospitales y 27 centros de salud públicos de Madrid y de Castilla-La Mancha. Sus advertencias se fundamentan en los resultados de una experiencia semejante en algunos hospitales de Valencia hace 16 años de la mano del Partido Popular, que gobierna en España con mayoría absoluta a base de decretazos. Ahora pretenden extender a Madrid y Castilla-La Mancha el modelo que permite a las empresas proveedoras depender hasta en un 75% de fondos públicos. Esto cuestiona el argumento neoliberal sobre la supuesta insostenibilidad del sistema público y deja ver cómo unos proveedores “privados” obtendrán muchos de sus beneficios de los impuestos de los ciudadanos para repartirlos entre sus accionistas.
Capio y Ribera Salud, las dos principales empresas que gestionan los hospitales y centros de salud públicos de gestión privada, obtienen la mayor parte de sus ingresos del dinero que les asignan las consejerías de Salud de los gobiernos regionales donde se implantan. Capio pertenece a CVC Partners Capital, un conglomerado de capital de riesgo, mientras Ribera Salud está en manos de Bankia y Banco Sabadell. Los detractores de esta “privatización” argumentan que la salud de muchos españoles quedará en manos de especuladores que han propiciado la burbuja inmobiliaria y han llevado a España a la quiebra.
Se critica también el trasvase de directivos del sector público al privado y viceversa, lo que se conoce como fenómeno de la puerta giratoria, sin que se estudien posibles incompatibilidades. En el caso de España, antiguos políticos de los dos principales partidos están dentro de esas empresas y han promovido este modelo. La opacidad de sus cuentas y estructura dificulta la supervisión por parte del gobierno que les inyecta los fondos.
También se esgrime la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública. Esto cuestiona la capacidad de los representantes, elegidos por los ciudadanos, de manejar el dinero de los contribuyentes. También se habla de eficiencia y el ahorro. Comparaban los supuestos 441 euros por habitante y año de la sanidad privada con los 600 en la pública, aunque se ha descubierto que el gobierno de Madrid ha inflado los costes de los servicios que pretende privatizar. Además, la Comunidad de Valencia pagó en 2012 un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, que ahora pide elevar la tasa. Esto plantea el riesgo de generar una dependencia de estas empresas una vez que el Estado tenga atrofiadas sus capacidades y competencias para responder ante las necesidades y los derechos de sus ciudadanos. Las que tengan mayor influencia en el sector estarán en posición de imponer sus condiciones, lo que abre la puerta a aumentos en los precios, presupuestos hiperinflados, empeoramiento de la calidad del servicio para incrementar los beneficios.
El cuestionamiento en otros países de este tipo de “privatizaciones” en sectores como la defensa y la seguridad, los fondos de pensiones, los transportes y hasta las cárceles le da fuerza a los argumentos de la marea blanca.
El derecho humano a la salud está por encima del “ahorro” en medio del desconcierto por unos presupuestos militares que aumentan, aunque algunas de sus partidas se imputen a otros ministerios; del rescate a entidades bancarias que no han dejado de ejecutar hipotecas y desahuciar personas, sin importar si tienen hijos con discapacidad o si han perdido el trabajo por la llamada crisis.
Se hace todo en nombre de una supuesta “austeridad” que el gobierno confunde con las medidas que toma, pero esta palabra “no significa ya renunciar a tener más de lo necesario, sino conformarse con menos de lo necesario”, como denunciaba el periodista Álex Grijelmo. A pesar de este panorama, la marea blanca no baja los brazos, consciente de su defensa a uno de los sistemas de salud pública con mayor prestigio y calidad en el mundo.
Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
