Supermercados San Diego afrontan denuncias por desvío de mercancía
Cristhopher Borrero – Carabobo
@CristhopherB
Una amenaza movilizó a los ciudadanos. Tras diferentes acercamientos a las comunidades del municipio San Diego, Carabobo, se les informó que cerca del 70% de los productos regulados en los automercados homónimos serían redirigidos a otras localidades. El promotor de dicha iniciativa sería Fernando Núñez, presidente Del Concejo Municipal Bolivariano de Valencia según testimonio de locales.
Núñez habría prometido la exoneración de impuestos a las cadenas de abastecimiento que se sumaran al proyecto. Al momento no existe una propuesta formal, mucho menos legal de la iniciativa.
La medida consistiría en permitirles a personas naturales comprar volúmenes directos a los supermercados, con solo su RIF personal, para posteriormente ocuparse de la distribución y reventa de los rubros, enmarcados en un supuesto fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). De esta manera los compradores podrían migrar la mercancía hasta las comunidades con “mayores requerimientos”, de manera ilícita y en perjuicio de otros consumidores.
El debate sobre tal propuesta se efectúo en el auditorio de la Alcaldía de San Diego. Unos 15 representantes de distintas comunidades plantearon sus incertidumbres al presídium; constituido por representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sunnde), Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y la Red de Defensores y Defensoras de la Soberanía Alimentaria (Redssa).
El concejal Núñez y los representantes de Automercados San Diego no acudieron al encuentro.
Vicios y preocupaciones
La propuesta viola la Ley. “No se le está viendo el propósito definitivo de la propuesta. La distribución de alimentos para el municipio sería transferida a un sistema paralelo al CLAP, a través de un sistema de integración mediante el cual se les llevaría los rubros alimenticios a comunidades más organizadas, por ellos me contactaron los vecinos”, sostuvo Libia Suárez, coordinadora regional de la Redssa.
De efectuarse este nuevo sistema las localidades circundantes dejarían de cubrir sus necesidades alimentarias, porque no podrían venir hasta el supermercado a adquirir los productos de manera regular, adelantó Suárez.
Automarcados San Diego acumula expedientes por presuntos desvíos de mercancía. Hechos similares se han registrado en sus sucursales en Guacara, Centro de Valencia, la avenida Bolívar y ahora se suman las sedes en los centros comerciales de Fin de Siglo y Metroplaza, puntualizó la declarante.
De acuerdo a la legislación ninguna cadena, bien sea privada o gubernamental, puede desviar los alimentos que recibe. Desde el productor hasta el consumidor final se debe respetar la cadena de comercialización, la cual está protegida a través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA). “De corroborarse que tales ilícitos se están cometiendo podrían cerrarles el código SICA e incluso el cierre de las operaciones del comercio”, advirtió.
¿Chantaje para la soberanía alimentaria?
La conformación de consejos comunales y ulteriores comunas sería una solución para la crisis alimentaria, insistió Libia Suárez durante el encuentro con los representantes vecinales. Explicó que, al levantarse la data y el censo poblacional, distribuido por unidades familiares se incrementaría el porcentaje de alimentación destinado para la municipalidad, además de suponer ventajas de organización y contraloría de los recursos para las comunidades.
El planteamiento tiene sus detractores. Maribel Sanabria, habitante de los Andes I, consideró que se pretende arrinconar al sandiegano para conformar consejos comunales, los cuales no gozan del respaldo de sus pobladores.
“Pareciera un chantaje. Jugar con la comida para que las personas se entuben en una propuesta de organización territorial la cual no quieren. Además, no tenemos garantías del uso y disposición de la data una vez consignada”, refrendó.
De acuerdo a los cómputos del Ministerio del Poder Popular para Las Comunas en Carabobo existen mil 898 comunas constituidas, de las cuales sólo 34 pertenecen al municipio San Diego. En un municipio con una proyección cercana a los 120 mil 291 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística para 2017, la proporcionalidad es poco representativa.
Sanabria destacó que el gran temor es que se use la data para fines inconfesables, como lo sería el carnet de la patria y cualquier otra iniciativa progubernamental. La propuesta que impulsa es utilizar la base de datos del Departamento de Catastro de la alcaldía; de manera que los centros de abastecimiento locales garantizaran el expendio a los ciudadanos inscritos en el sistema. “Con ello se solventarían muchos inconvenientes y nuestra data permanecería segura. Eso sería un buen aporte de la alcaldía”, puntualizó.
