Antena del SELA en los Estados Unidos
Washington se prepara para la batalla de la vía rápida – la estrategia del gobierno – se organizan opositores de la vía rápida – política y comercio – tres tipos de negociación – conclusión.
El 10 de septiembre el presidente estadounidense Bill Clinton encabezará un importante acto en la Casa Blanca para lanzar una campaña a fin de que el Congreso otorgue la autorización a negociar por la vía rápida. Otros oradores del evento serían el vicepresidente Al Gore, altos funcionarios gubernamentales y miembros del sector empresarial. Ese mismo día el gobierno enviará el proyecto de ley sobre esta materia al Congreso.
La autorización a negociar por la vía rápida es vital para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Dicha autorización establece procedimientos especiales para ratificar los acuerdos comerciales en el Congreso estadounidense. Estas reglas especiales señalan que no se pueden introducir enmiendas a la legislación que pone en vigencia un acuerdo de comercio una vez que ha sido introducida formalmente, y que el Congreso debe votar sobre dicho proyecto dentro de plazos relativamente estrictos. De no tener esa autorización, quienes se oponen a un determinado acuerdo comercial podrían destruirlo ya sea mediante la anexión de «enmiendas asesinas» al proyecto (es decir, propuestas que sean inaceptables para otros países que negociaron el acuerdo con Estados Unidos) o simplemente con bloquear la votación sobre la medida. La autorización de la vía rápida ha sido utilizada para aprobar los principales tratados comerciales negociados desde mediados de los años 70, incluyendo los acuerdos multilaterales alcanzados en las Rondas de Tokio y Uruguay, y los tratados de libre comercio con Israel, Canadá y México.
Pero podría ser difícil conseguir dicha autorización. El presidente Clinton ha estado buscando su renovación desde 1993, pero ha enfrentado la oposición de todos los frentes. Ahora que el opositor Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso, se necesitará de una combinación de diplomacia y gran fuerza política para impulsar esta propuesta en el Congreso. Las negociaciones entre el legislativo y el ejecutivo del gobierno estadounidense quizás contemplen otros asuntos de importancia para los países de América Latina y el Caribe, incluyendo las preferencias comerciales otorgadas bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC).
La estrategia del gobierno
Tanto para la Casa Blanca como para sus oponentes, el debate por la renovación de la vía rápida pudiera denominarse «TLCAN II». Ambas partes retomarán las lecciones aprendidas en la difícil lucha de 1993 por ratificar este tratado; además se espera que buena parte del debate se centre en analizar si el TLCAN ha tenido éxito o ha sido un fracaso.
La administración Clinton tal vez intente minimizar el énfasis dado al TLCAN. México experimentó problemas económicos poco después de haber entrado en vigencia el tratado y muchos estadounidenses asocian estas dificultades con la liberalización comercial. La opinión pública también relaciona el intercambio comercial con México con asuntos bilaterales como la inmigración ilegal, la contaminación fronteriza, el narcotráfico y – como se expone más adelante – la mala condición sanitaria de los alimentos. Recientes sondeos de opinión indican que el público está dividido en cuanto a los méritos de la liberalización comercial, aparte de ser receptivo a los argumentos de quienes critican el TLCAN. Por consiguiente, la Casa Blanca desea evitar una discusión nacional de amplia base donde el apoyo del público es débil y sujeto a manipulación.
En vista del aparente escepticismo del público hacia la liberalización comercial, la administración Clinton no está recurriendo a los tradicionales argumentos académicos a favor del libre comercio. Por el contrario, está haciendo énfasis en que si Estados Unidos no actúa para proteger sus intereses, se quedará rezagado. En otras palabras, la expansión comercial es buena debido a la competencia generada por los rivales japoneses o europeos. Esta línea de razonamiento se hizo evidente en el mensaje radial semanal del Presidente transmitido el pasado 23 de agosto, cuando declaró:
Se espera que, en el próximo siglo, esos mercados emergentes de América Latina y Asia crezcan tres veces más que el nuestro – además, su demanda de bienes y servicios estadounidenses ya está despegando. Si no aprovechamos estas nuevas
oportunidades, nuestros competidores seguramente lo harán. Ya, desde 1992, en Asia y América Latina solamente, nuestros competidores han negociado veinte acuerdos comerciales que no incluyen a Estados Unidos.
Si bien la administración Clinton no quiere fundamentar sus argumentos en los méritos del TLCAN, sí pretende utilizar las mismas tácticas que resultaron tan efectivas en el debate para la ratificación del TLCAN. En vez de movilizar el apoyo popular y buscar la influencia de la opinión pública, la administración intenta llegar a acuerdos con importantes legisladores en Washington. Esto significa establecer un «comando de campaña» dedicado al objetivo unívoco de conformar mayorías en ambas cámaras del Congreso.
El presidente dio un importante paso para la conformación de su equipo en julio, cuando designó un «asistente especial» cuyo único trabajo será convencer a los legisladores. Jason («Jay») S. Berman fungirá como Consejero Especial del Presidente. Berman actualmente se desempeña como presidente de la junta directiva de la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica, una organización que ha encabezado varias disputas comerciales solicitando una mayor protección para la propiedad intelectual de las exportaciones estadounidenses. Contará con la ayuda de Victoria Radd, una asistente del presidente que actualmente trabaja para el Jefe de Personal Erskine Bowles. Berman desempeñará el mismo papel que el ejecutivo del sector empresarial de Chicago William Daley hizo durante la batalla por la ratificación del TLCAN. Daley ahora es Secretario de Comercio y una vez más estará en el equipo. Al igual que en la campaña por el TLCAN, este esfuerzo será promovido por un grupo de funcionarios de ambos partidos actualmente en funciones o ya separados de sus cargos. Uno de ellos es William Weld, ex gobernador de Massachusetts y actual candidato del presidente a embajador en México. La nominación de Weld ha sido bloqueada por Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y representante republicano por Carolina del Norte, quien con seguridad se opondrá férreamente a la reautorización de la vía rápida.
Se organizan opositores de la vía rápida
Quienes se oponen a dicha reautorización están organizados y concentrados en la próxima batalla política en el Congreso. La autodenominada «Campaña Comercial de los Ciudadanos» (CTC), que agrupa sindicatos, ecologistas y organizaciones de consumidores, tratará de consolidar su presión en torno al lema «votar por la vía rápida es votar contra la familia trabajadora estadounidense», según uno de sus voceros. Presentarán dos argumentos diferentes contra la liberalización comercial, alegando que causa perjuicios económicos a los trabajadores estadounidenses y amenaza la salud y seguridad de los consumidores estadounidenses.
Los argumentos económicos se basan en los alegatos tradicionales de las industrias y los sindicatos proteccionistas. Ron Carey, presidente del Sindicato de Transportistas (el Teamsters Union, conformado principalmente por camioneros) y férreo oponente de la ampliación del TLCAN, aunque en otros aspectos es un aliado político del presidente Clinton, relaciona el libre comercio con la pérdida de empleos estadounidenses. «Debemos detenerlo», señaló en una reciente conferencia de prensa, «y evitar la reautorización es el tipo de cosas que necesitamos hacer». Carey indicó que el TLCAN es parte de «un concepto de trabajador desechable. Eliminar los puestos de los trabajadores estadounidenses, explotar a los trabajadores de países como México con salarios de 4 dólares diarios y luego, si estos últimos comienzan a organizarse, trasladarse de un lugar a otro».
Si bien este tipo de razonamientos cala en algunos trabajadores estadounidenses, pierden fuerza en una economía sólida. Actualmente el desempleo está en su nivel más bajo en los últimos 24 años (4,8 por ciento). Por lo tanto cabe esperarse que los opositores del TLCAN den un mayor énfasis a los aspectos no económicos de la liberalización comercial. Además de los argumentos esgrimidos en 1993 con respecto a materias como la movilización ilegal de personas y narcóticos, el debate pudiera centrarse en la calidad sanitaria de los alimentos. Como dice Lori Wallach de la CTC, «Si su puesto no es transferido a México, quizás no le importe la pérdida de empleos generada por el TLCAN. Pero todos comemos».
Quienes se oponen a una nueva autorización de la vía rápida tratarán de aprovechar varios episodios recientes con alimentos contaminados. Sólo algunos de estos casos se han podido relacionar con productos importados, incluyendo un brote de hepatitis causado por fresas mexicanas y otro caso de frambuesas guatemaltecas infectadas con cyclospora. El caso más reciente fue el de la carne producida en Estados Unidos que contenía la bacteria e.coli. Sin embargo, en las mentes de los asustados consumidores la preocupación por la calidad sanitaria de los productos alimenticios pudiera traducirse fácilmente en propuestas que afecten los intereses de los Estados Miembros del SELA. Además de presentar propuestas para reforzar los requerimientos de etiquetado para alimentos a fin de indicar su país de origen, los intereses agrícolas pudiesen tratar de impedir la nueva autorización para negociar.
Los grupos contrarios a la liberalización comercial están pensando en librar «una guerra por aire y tierra» contra la reautorización de la vía rápida, de acuerdo con un vocero del Gremio de Transportistas. Esta frase belicosa forma parte de la jerga utilizada en Washington y significa tener un plan coordinado de cabildeo, que incluye anuncios televisivos y acciones organizadas «para sacarlos al aire» y un intenso cabildeo de los congresistas «en el terreno». Se dice que la AFL-CIO está preparando una serie de comerciales para ser transmitidos en California, Nueva York y otros mercados seleccionados donde el sindicato cree que los congresistas aún no han tomado una decisión y donde la fuerte presión de los electores podría ser la diferencia en la votación final. Sin embargo, ninguno de esos comerciales había sido transmitido para el momento de redactar este boletín.
Los defensores del libre comercio han estado completamente ociosos, aunque – siguiendo un patrón muy arraigado en los asuntos comerciales estadounidenses – comenzaron a organizarse mucho después que sus rivales. Un extenso grupo de compañías y asociaciones empresariales estadounidenses formaron la coalición «EE.UU. Lidera el Comercio» (ALOT) para presionar a favor de la vía rápida. La agrupación está conformada por importantes firmas y grupos industriales estadounidenses, encabezados por la Business Roundtable. Entre sus miembros se incluyen la Asociación Nacional de Manufacturas (NAM), el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero (AISI) y la firma de alta tecnología TRW, Incorporated, cuyo presidente de la junta directiva, Joseph Gorman, lidera la coalición. Hasta ahora este grupo no ha hecho prácticamente nada para organizar su campaña de presión. De hecho, la coalición insiste en que el apoyo para la reautorización no está garantizado hasta que el presidente presente el proyecto en sí. En una entrevista, el portavoz le dijo a Antena del SELA que el esfuerzo de la ALOT «depende de qué proponga el presidente en el proyecto. Este no debe recargarse con disposiciones extrañas». En otras palabras, el sector empresarial amenaza con brindarle su apoyo únicamente a un proyecto «limpio» de vía rápida que no contenga disposiciones laborales o ecologistas.
Política y comercio
Las lealtades partidistas complican considerablemente el aspecto político de la lucha por la reautorización. No se trata de una simple división entre demócratas y republicanos, sino de un asunto en el que hay por lo menos cuatro facciones identificables. Los dos principales partidos tienen bandos procomercio y anticomercio, y los aspectos políticos de la discusión han sido todavía más bizantinos que las intrigas entre los líderes de estas facciones. Al menos tres de las principales figuras esperan ser candidatos presidenciales en las elecciones del año 2000, cuando el comercio quizás sea un tema nacional relevante, mientras que otros tienen la mirada puesta en las elecciones «a mitad de período» del Congreso, a realizarse en 1998.
Incluso existe una enorme discrepancia entre las facciones procomercio en los partidos republicano y demócrata sobre la dirección de las nuevas iniciativas para la liberalización del comercio. En principio no están de acuerdo en incluir los objetivos laborales y ecologistas en las negociaciones comerciales. Los demócratas procomercio insisten en que estos temas deben estar «sobre la mesa» en las nuevas negociaciones, mientras que los republicanos procomercio objetan su inclusión. Además del presidente Clinton y el vicepresidente Al Gore, entre los miembros clave de los demócratas procomercio están dos californianos: los representantes Robert Matsui y Calvin Dooley. Ambos parecen contar con cierto respaldo entre los demócratas jóvenes del Congreso, cuyos lazos con los tradicionales grupos de electores demócratas (sindicatos y grupos ecologistas) son relativamente débiles. Para poder obtener la reautorización de la vía rápida, tienen que renovar esa alianza tan vaga e incómoda que establecieron con los republicanos procomercio en 1993 durante la batalla por ratificar el TLCAN.
Los dos republicanos procomercio más importantes son el Presidente de la Cámara, Newt Gingrich (republicano por Georgia), y el Presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Bill Archer (republicano por Tejas). Ambos tienen sólidos historiales en respaldo de la liberalización comercial y en los últimos meses han tenido una relación de mayor cooperación con el presidente Clinton, en temas como impuestos y déficit presupuestario. No obstante, esto ha generado significativos problemas políticos para Gingrich, a quien los miembros más conservadores del partido acusan de estar traicionando su ideología. Cabe destacar que los republicanos anticomercio pertenecen a esta ala conservadora del partido. Algunos de ellos tienen afinidad política con Paul Buchanan, el extremo conservador que buscó las nominaciones presidenciales de dicho partido en 1992 y 1996 basándose en una plataforma contra la inmigración y el comercio. Los conservadores intentaron y no pudieron sacar a Gingrich de la Presidencia de la Cámara durante el golpe de julio. Quizás se sientan tentados a utilizar la batalla por la vía rápida para debilitar aún más la posición de Gingrich.
Los aspectos políticos del comercio no son menos complicados en el Partido Demócrata. El Líder de la Minoría en la Cámara, Richard Gephardt (demócrata por Missouri), y el Jefe de la Fracción Minoritaria, David Bonior (demócrata por Michigan), son los líderes de la facción anticomercio. El tema comercial ha dominado buena parte de la carrera del Representante Gephardt en el Congreso. En los años 80 se opuso firmemente al SGP y la ICC, además de ser el principal «antijaponés» del Congreso. Gephardt hizo del comercio el núcleo de su infructuoso esfuerzo por obtener la candidatura demócrata en 1988, cuando perdió la nominación con Michael Dukakis, defensor del libre comercio y quien posteriormente la perdió con Bush. Aunque en 1991, Gephardt estuvo a favor de concederle una extensión de la vía rápida al presidente Bush para negociar el TLCAN (basándose en el compromiso de Bush de incluir los temas laborales y ecologistas en las conversaciones), en 1993 dirigió la lucha en el Congreso por rechazar la ratificación del tratado. Gephardt sigue dando la impresión de estar abierto a una reautorización de la vía rápida, pero hay dudas de que apruebe cualquier nueva concesión de la autoridad en términos que no serían aceptables para la mayoría de los republicanos.
Para complicar aun más la situación política, todas las figuras principales en esta batalla tienen la vista puesta en las elecciones presidenciales del año 2000. En el partido demócrata, el vicepresidente Gore es el favorito y se considera que Gephardt es su más fuerte rival. Como hizo en 1988, se espera que Gephardt convierta la política comercial en el tema clave de su campaña. Por otra parte, Gingrich recientemente expresó su interés en buscar la nominación de su partido. Es imposible imaginar una fórmula exitosa para obtener la reautorización de la vía rápida que no tenga el respaldo de por lo menos dos de estos futuros candidatos presidenciales.
Es inevitable que haya una lucha de poderes entre las facciones procomercio y anticomercio en ambos partidos. ¿Qué tamaño tienen estos grupos rivales?, ¿quiénes los conforman? y ¿quién ganará finalmente? Si bien es imposible responder a estas preguntas con total certeza, se pueden entrever ciertos indicios sobre las tendencias generales en el más reciente enfrentamiento para renovar la condición de Nación Más Favorecida (NMF) para la República Popular China. El debate anual sobre el tratamiento de NMF a China brinda un valioso indicador de los sentimientos procomercio y anticomercio en el Congreso. El 24 de junio la Cámara de Representantes rechazó, por una votación de 173-259, una resolución que habría anulado la decisión del Presidente Clinton de extender dicha condición por un año más. Sería una exageración sugerir que quienes votaron por rechazar la resolución votarán a favor de la vía rápida, pero de este caso se pueden sacar algunas generalizaciones válidas.
Los datos muestran claramente una división generacional entre los demócratas. Mientras 49,3 por ciento de los demócratas veteranos (es decir, elegidos antes de 1994) votaron por rechazar el tratamiento de NMF, los miembros más jóvenes del partido (los elegidos en 1994 ó 1996) votaron exactamente igual que los republicanos (36,2 por ciento estuvo a favor de la condición NMF). Esto pudiera indicar que mientras los demócratas más experimentados adoptan posiciones parecidas a las de Gephardt, los nuevos demócratas están más cerca de los puntos de vista del Presidente Clinton. De ser así, se trata de un signo alentador para el inminente debate sobre la renovación de la vía rápida y otros temas comerciales. Los datos no muestran tal división entre los republicanos. En el apoyo a la condición de NMF los jóvenes del partido muestran tendencias casi idénticas a las de los legisladores veteranos. Tan sólo 36,3 por ciento de los nuevos republicanos votó en contra del tratamiento de NMF, como lo hizo el 34,1 por ciento de los republicanos veteranos.
Tres tipos de negociación
Para conseguir la reautorización de la «vía rápida», el presidente Clinton y su «comando de campaña» tendrán que negociar para lograr los 218 votos de la Cámara de Representantes y los 50 del Senado. Puede haber tres tipos de negociación: (1) sobre los términos de los objetivos laborales y ambientales en las negociaciones, (2) sobre otras iniciativas relacionadas con el comercio que atraen a grupos de electores específicos del Partido Demócrata, y (3) sobre negocios de menor envergadura cuyo propósito es asegurar el respaldo de pequeños grupos de legisladores.
Aspectos laborales y ambientales
Las negociaciones sobre este primer punto se han emprendido en forma intermitente desde 1993. Los centristas de la administración Clinton y en ambos partidos políticos han tratado de idear una fórmula que sea aceptable para las facciones procomercio de ambos partidos políticos. La Representante Comercial de EE.UU., Charlene Barshefsky, está intentando una vez más resolver este rompecabezas, conjuntamente con el Presidente del Subcomité de Comercio, Phil Crane. Ambos lados están tratando de sacar partido a la sugerencia de Gingrich, que permitiría negociaciones sobre asuntos laborales y ambientales si estuviesen «directamente relacionados con lo comercial». El significado preciso de esa frase, sin embargo, es materia de especulación. Lograr un perfecto equilibrio entre estos grupos será difícil; un proyecto legislativo de vía rápida que se incline demasiado en una u otra dirección corre el riesgo de perder algunos de los votos más vacilantes a favor del comercio en un partido u otro. La oferta de apertura de la administración quedará plasmada en el lenguaje preciso que el presidente proponga en su anteproyecto el 10 de septiembre.
Una forma de abordar este tema es proponer que las conversaciones con Chile se realicen sobre una base bilateral, y no como una negociación entre cuatro partes sobre el acceso de este país al TLCAN. Algunos de los políticos y grupos que se han opuesto a una renovación de la vía rápida hasta ahora, han sugerido que respaldarían esta iniciativa si se llevara a cabo en forma bilateral. Tanto el AFL-CIO como Gephardt consideran que las negociaciones bilaterales con Chile permitirían una expansión significativa con base en los limitados precedentes establecidos en el acuerdo original del TLCAN. Gephardt reiteró recientemente esta posición durante una visita a Suramérica. Hablando en Chile el 14 de agosto, declaró que: «Dado que cada país es único, y ya que considero que debemos mejorar el TLCAN, desearía que pudiéramos lograr un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Chile». Añadió que un acuerdo entre EE.UU. y Chile debería incluir disposiciones sobre asuntos de protección laboral y ambiental, con sanciones comerciales acordadas mutuamente para garantizar su cumplimiento. A diferencia de muchos otros legisladores estadounidenses Gephardt igualmente expresó su admiración por el MERCOSUR. Calificó al grupo de «un suceso muy positivo», en vista de que «el MERCOSUR está considerando aspectos laborales y ambientales conjuntamente con aspectos comerciales y económicos. Es mi esperanza que, con el tiempo, podamos tener un tratado hemisférico de libre comercio de Norte y Sur América».
Si bien el enfoque bilateral podría ganar el respaldo de Gephardt y otros miembros del partido minoritario, podrían costar aún más votos de la mayoría republicana. La dificultad planteada por esta opción es evidente en las diversas declaraciones de los funcionarios de la administración Clinton. En conversaciones con Antena del SELA el 6 de agosto, la Representante Comercial de EE.UU. (USTR), Charlene Barshefsky, sugirió que la decisión le corresponde a Chile. El gobierno chileno podrá decir si prefiere negociar un acuerdo de libre comercio bilateral o si prefiere entrar al TLCAN. Otro funcionario de USTR manifestó ambigüedad similar con respecto a la posición de EE.UU. «El presidente está buscando un acuerdo comercial extenso. No se ha tomado ninguna decisión en el sentido de impedir el acceso [de Chile al TLCAN], con el propósito de buscar un acuerdo bilateral», dijo un funcionario de USTR a Antena del SELA el 25 de agosto. Esta fraseología algo intrincada ha causado confusión en la comunidad interesada en políticas comerciales, pero aparentemente es una declaración cuidadosamente redactada, cuyo propósito es transmitir la preferencia de la administración por el acceso al TLCAN, sin emitir un rechazo total, inflexible de otro formato de negociación. En otras palabras, es un punto sobre el cual la administración está preparada para negociar y llegar a un acuerdo.
Temas de interés para grupos específicos de electores
La Casa Blanca podría quizás obtener algunos votos más llegando a acuerdos con grupos específicos de votantes
dentro del Partido Demócrata. Las negociaciones que propone podrían tener un impacto significativo sobre los intereses de los Países Miembros del SELA.
La Casa Blanca ya ha solicitado vehementemente el apoyo del Grupo de Congresistas Negros (CBC), proponiendo un nuevo paquete de preferencias comerciales para Africa. La Casa Blanca ya ganó el respaldo de ambos partidos para este paquete propuesto de preferencias comerciales y otros beneficios para países africanos. Si este paquete se asocia con el proyecto de vía rápida, algunos de los 39 miembros del CBC podrían favorecer la iniciativa general. Lo mismo podría decirse de la propuesta presentada de «paridad con el TLCAN» para la Cuenca del Caribe. Algunos de los más fuertes defensores de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son miembros del CBC, y se sintieron defraudados al no lograr recientemente la aprobación de los nuevos beneficios comerciales para la Cuenca del Caribe, como parte del paquete fiscal aprobado en agosto. Debe enfatizarse, sin embargo, que algunos miembros del CBC se oponen enérgicamente a la liberalización comercial, dado que consideran las importaciones como una amenaza a las fuentes de empleo en sus propias comunidades, y de ninguna manera respaldarán una extensión de la vía rápida.
La administración podrá negociar igualmente para lograr el respaldo del Grupo de Congresistas Hispanos, compuesto de 17 miembros. A los miembros de este grupo les preocupa que el TLCAN no haya reportado beneficios para la comunidad hispana de los Estados Unidos. El Representante Esteban Torres (demócrata por California) y quince de sus compañeros demócratas enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo que se refuercen las disposiciones laborales y ambientales del TLCAN, y solicitando que la nueva autoridad negociadora incluya esos aspectos. Declararon que «si los derechos de los trabajadores han de protegerse en futuros acuerdos comerciales, debe haber fuertes mecanismos que hagan cumplir lo exigido – un mecanismo que no presenta el TLCAN».
Negociaciones sobre los beneficios de grupos de electores
Los dos tipos de negociación señalados previamente tienen que ver con el rumbo más amplio de la política comercial de EE.UU. Podrían atraerse bloques comparativamente grandes de votos en el Congreso por los términos específicos de la propuesta de la vía rápida, o una unión entre el proyecto de vía rápida y las iniciativas dirigidas a beneficiar a Africa y la Cuenca del Caribe. No obstante, puede haber muchos votos que permanezcan sin comprometerse, y en los cuales la administración se verá obligada a negociar. Una vez más, la administración Clinton quizás tenga que recurrir a su experiencia en el debate sobre la ratificación del TLCAN.
El secreto de la victoria de la administración en 1993 fue la disposición del presidente a negociar con respecto a casi cualquier punto que fuese de interés para algún miembro del Congreso. Se ganaron algunos votos negociando cartas complementarias con México, que afectaban el comercio de bienes específicos, otros se consiguieron prometiendo establecer un Banco de Desarrollo Norteamericano y otros proyectos que aportaran beneficios a grupos específicos de votantes de los legisladores, y otros votos más fueron canjeados por promesas tan diversas como las de financiar aeronaves militares e intentos de extraditar un criminal acusado de México. Algunas de estas negociaciones fueron incorporadas en la legislación que sanciona el TLCAN, mientras que otras fueron tratadas en diferentes instrumentos.
Conclusión
Hay dos interrogantes que revisten interés para los Países Miembros del SELA. En primer lugar, ¿obtendrá el Presidente Clinton la reautorización? Es demasiado temprano para dar una respuesta definitiva a este punto, el cual depende de las decisiones que tomen numerosos grupos diferentes y legisladores. Los esfuerzos de la administración en 1993, 1994 y 1995 fracasaron, pero ahora parece estar dispuesto a hacer un intento más serio. Están demasiadas cosas en juego: si el Congreso no le otorga al presidente la renovación antes de la cumbre del próximo año en Santiago de Chile, éste pudiera ser el último de estos esfuerzos hasta que el nuevo presidente tome posesión del cargo en el 2001.
La segunda pregunta es ¿cuál sería el precio de esa reautorización? En conjunto, los tres tipos de negociación descritos sugieren que la extensión de la vía rápida formaría parte de una ley orgánica de comercio. Además de la vía rápida, un nuevo proyecto legislativo pudiera brindar la oportunidad de sancionar asuntos como la propuesta de «paridad con el TLCAN» para los países de la Cuenca del Caribe, una renovación a largo plazo del Sistema Generalizado de Preferencias y la iniciativa comercial de la administración para Africa, así como otros temas de interés para miembros específicos del Congreso (ver Antenas Nos. 37 y 36). Debemos seguir con suma atención este debate que está por comenzar.
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