Caracas, Lunes, 21 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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¿Cuál reforma tributaria?

Leonardo Palacios

Domingo, 24 de febrero de 2013







   Foto: Google
El pasado 8 de febrero, lo que era un secreto a voces dejó de serlo, se fijó "el tipo de cambio en seis (6) bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilésimos (Bs.6.2842) por dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y seis bolívares con treinta céntimos (Bs.6,30) por dólar de los Estados Unidos de América para la Venta (Convenio Cambiario 14).
Llegó así la devaluación de manera tardía e insuficiente, aislada y desprovista de cualquier sindéresis dentro del conjunto de políticas públicas que determinan y orientan la economía nacional.


En la rueda de prensa ofrecida por el ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas y el presidente del Banco Central de Venezuela, el primero mencionó la necesidad de que la Asamblea Nacional procediera a una reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta a los fines que los más ricos pagaran más impuestos.

Uno de los voceros económicos del Gobierno en el Parlamento, el diputado Jesús Faría, días después, el pasado 15 de febrero, manifestó que "en estos momentos está planteada una reforma drástica desde el punto de vista fiscal del Impuesto Sobre la Renta".

El citado parlamentario, que ha sido conjuntamente con el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado Ricardo Sanguino, el que más ha insistido a nivel de la AN sobre la necesidad de una reforma tributaria de manera perentoria y como medida complementaria, manifestó que "en estos momentos estamos llegando a los límites del financiamiento que proporcionan esos recursos (petrodólares), por lo que resulta impostergable incrementar los ingresos no petroleros mediante una reforma tributaria que peche con más fuerza al capital, lo que permitirá construir grandes obras de infraestructura que hagan sostenible el ritmo de crecimiento".

Las medidas previas anunciadas por el ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, centradas en la reforma de la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el mercado internacional, con el "objeto de aumentar los aportes a la Oficina Nacional del Tesoro, la venta de divisas al BCV y la Caja de Pdvsa", inmediatamente llevó a pensar en las facultades no solo de nuestra máxima industria, sino en el manejo de la divisa y su acceso.

El juego adelantado de Ramírez (¿preparatorio al anuncio de la devaluación?; ¿solitario y free rider?; ¿muestra de desunión en el seno del gobierno?) evidenció la gravedad de la situación de las finanzas públicas.

No hay expansión económica, como lo indica estruendosamente el alto gobierno, y por lo tanto, los ingresos públicos no crecen rápidamente y la gestión financiera se ve comprometida.

No hay capacidad de actuación de manera libre, la discrecionalidad en la gestión de las finanzas públicas se ve extremadamente reducida, un bajo nivel de actividad económica, controles extremos y asfixiantes al empresariado, escasez de productos, factores exógenos incontrolables derivados de la baja producción petrolera y del mercado internacional llevan a un situación altamente comprometida.
Se requiere de un ajuste global o integral, en algunos aspectos consensuados con los sectores afectados, involucrados o incididos, para lograr una mayor eficacia en su aplicación y un impacto positivo sin mayor costo social.

¿Qué medidas?

Una de esas medidas, preteridas, es sin duda una reforma tributaria para el diseño de un programa de gobierno y de políticas públicas enmarcado en lo que se ha denominado "estructura fiscal consistente", en una conjunción activa de los ingresos y gastos como elementos integradores de la política fiscal.

Este Gobierno, esa estructura no la ha visto de manera integral, no ha procedido a revisar, actuar y a diseñar políticas para cada uno de sus componentes. Lejos de tender a la búsqueda de medidas correctivas en tiempo de expansión, estabilidad o incrementos de precios del petróleo, ha esperado hasta último momento para imponer políticas públicas, y las medidas a través de las cuales se ejecutan, sin consultar o destruyendo, previamente, a los sectores susceptibles de ser afectados.

En una democracia real y efectiva las políticas públicas, en general, las acciones propias a la estructuración consistente de las finanzas, tanto en la vertiente del ingreso como del gasto, definidas por el Ejecutivo nacional (establecimientos de impuestos, gastos tributarios -incentivos fiscales- compra de bienes, pago de subsidios, transferencias, etc.), son analizadas, debatidas y aprobadas por los órganos legislativos.

Una discusión debe ser abierta, con concurso de la sociedad civil y de las instituciones representativas de ella, de acuerdo con los mecanismos y procedimientos aprobados por ese Parlamento.

Una discusión que refleje el criterio de la mayoría, libre y transparentemente expresado, permite la definición de políticas con mayor vigencia en el tiempo, susceptibles de ser acatadas y con posibilidad de lograr actuaciones proclives a su cumplimiento por parte de las instituciones que agrupen a los agentes económicos y sociales afectados y destinatarios de la norma.

Las reformas tributarias no escapan de lo señalado. Una reforma tributaria tendrá éxito en la medida en que son consultados los sectores productivos del país, las instituciones académicas especializadas, los gremios, la administración tributaria y la jurisdicción contenciosa tributaria, entre otros.

Consultar no es símbolo de debilidad sino de democracia; consultar permite crear formas fuertes de ejercicio de autoridad que inciden sobre el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria pues, entre otras cosas, sirve de divulgación y a su vez es fuente de conocimiento para establecer una normativa transparente y viable de gestionar su cumplimiento.

La propuesta de una reforma y su consulta no implica cesión del poder, de imposición o de la facultad de gravar con mayor intensidad aquellas capacidades económicas que pueden contribuir más, establecer mecanismos antielusivos o reductores de evasión o coadyuvantes de las políticas y prioridades establecidas.

Un política pública, la tributaria entre éstas, sin consultar, antidemocráticamente debatida o aprobada, contribuye a la "fragilidad crónica" de la actividad financiera. Por eso preguntamos al ministro Giordani, a los diputados Sanguino y Faría, ¿a qué reforma tributaria se refieren?

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