***La creación de programas sociales por el presidente Hugo Chávez han nacido como un medio para solventar las múltiples necesidades del venezolano. Pero a pesar de que son fomentados por y para el bienestar de los ciudadanos, desafortunadamente no escapan de males como la corrupción y el contrabando.

Karina Jiménez al igual que muchas otras jóvenes del país es una madre soltera que trabaja, estudia y a la vez tiene que cuidar, alimentar y dar educación a sus hijos, Brian y Elizabeth. Para ella el tiempo es oro, cada segundo perdido es un uniforme que no lavó o una tarea que no finalizó.

“Mañana toca madrugar y dejar a los niños encargados con mi mamá”, piensa mientras cocina lo que será el almuerzo de mañana. Arroz blanco con atún guisado, acompañado de un poco de agua mezclado con Tang de naranja es el menú, debido a que la leche y el pollo que tanto les gusta a los niños se acabaron hace un mes.

Cuatro y media de la mañana, Karina, con sus hijos, se dirige a casa de su progenitora. Al llegar, su madre le encarga que haga todo lo posible por conseguirle las cosas que aparecen en una lista y le pide que “mueva sus contactos”.

-Habla con tu vecina para que te deje sacar más, total, ya lo ha hecho otras veces.

-Sí mamá pero no puedo abusar, mira que la gente se está dando cuenta y la cosa se les esta escapando de las manos. Al parecer hay unos trabajadores que se los están vendiendo por cajas a los chinos de los restaurantes y los vecinos quieren denunciarlos.

Entre obligar a los niños a despertarse tan temprano, alistarlos y la plática con su madre perdió más de una hora de lo que había planificado y la angustia se apodera de ella porque presume que la cola ya debe tener más de 50 personas.

Tras caminar ocho cuadras llega al único sitio que por estos días está proveyendo de los rubros más cotizados -pollo, azúcar, leche, huevos y aceite-, un pequeño módulo tipo I de la Misión Mercal Mercado de Alimentación.

Pero una desagradable sorpresa aguardaba a la protagonista de esta historia. Tras tres horas y media esperando, la directiva de la cooperativa “La esperanza”, les informó que el sistema de venta que consistía en entregar tickets numerados a cada persona de la cola había sido sustituido.

Ahora las personas debían anotarse, entregar el número de cédula, y firmar una lista que estaba en poder de un integrante de la asociación.

Esto, según explicaron, con el fin de que al cancelar en caja la compra de dos pollos por persona - cantidad máxima permitida- quedaran registrados los datos del comprador y si intentaba adquirir otra unidad ese mismo día, sería automáticamente rechazado.

La noticia le cayó muy mal a Karina, ya que además de que el pollo sería entregado al día siguiente, ella en el apuro había olvidado su cédula. Entre frustrada y molesta tuvo que regresar a su hogar, luego de haber perdido casi toda una mañana en la búsqueda de un ave añorada.

Un mal generalizado

Karina no fue la única que se quedó sin poder surtirse con uno de los más escaseados rubros alimenticios, el pollo. Su situación también es vivida por familias de diferentes zonas como Caura, ubicado en Puerto Ordaz , hasta el otro extremo de la ciudad, en Francisco Avendaño, conocido popularmente por “Los Alacranes”, en San Félix, donde las irregularidades expresadas por los usuarios varían y se acrecientan.

Algunas de ellas son el sobreprecio de los productos, maltratos por parte del personal y problemas con las cajas registradoras, lo que ayuda a retrasar la venta e impacientar a los compradores. No obstante, según el gerente de seguridad integral de uno de los seis centros de acopio que hay en el estado Bolívar de la Misión Mercal, Víctor Nieves, éstas no son las acusaciones más frecuentes que realizan los usuarios.

Tras cinco años trabajando en los galpones que están ubicados en la Zona Industrial Los Pinos y que surten al único Supermercal del estado, a los módulos tipo I y las numerosas “bodeguitas” de Mercal o “Mercalitos”, Nieves explica que las quejas con más peso son la comercialización de insumos de la marca “Casa” por los trabajadores a grandes negociantes; y que a los allegados del personal del local les permiten comprar más mercancía, cuantas veces quieran y sin hacer cola.

Sin embargo, acotó que han sancionado a algunas pocas personas que han participado en estas irregularidades, como el caso de un hombre que vendía clandestinamente botellas de aceite de la marca Casa a unas pocas cuadras del Supermercal, localizado al final de la avenida Manuel Piar en San Félix y a un precio que excedía al regulado en más de un 50 por ciento.

En esa oportunidad Nieves se limitó a decomisarle la mercancía y a que se le retuviera por un corto periodo de tiempo, en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) sub-delegación Guayana.

“Es como cualquier trabajo”

Aunque la venta de productos por el personal de los distintos establecimientos es negado por la dirección regional coordinada por Francisco Bellorín, un chofer del transporte de los trabajadores en el Mercal tipo I de la urbanización Gran Sabana-Parcelamiento, al que llamaremos Pedro, afirma que estas irregularidades sí existen; y que él es partícipe de las mismas. “La gente me juzga, porque tengo palancas y en lugar de hacer colas salgo con mi caja de una sola vez con ocho o diez pollos”, cuenta.

De este tipo de actividades ilícitas, la gerente de desarrollo social del centro ubicado en la Zona Industrial Los Pinos, Flor Daliza, encargada de recibir todas las denuncias por parte de los usuarios en el Municipio Caroní, señala no tener conocimiento.

En caso de que esto ocurra, explica Daliza: “Las primeras dos veces se les hace un llamado de atención al o a los trabajadores implicados; y en la tercera oportunidad que se repite la infracción se suspende el establecimiento, es decir, se clausura”. Acción a la que cuenta Nieves han llegado muy pocas veces.

Para estos procesos investigativos cuenta con el apoyo de la Disip, y la Fiscalía General de la República, donde reposan 375 casos de presunta corrupción, de los cuales se han dado respuesta sólo a 35.

Lo ideal versus lo real

En referencia al contrabando de alimentos, el ministro del Poder Popular para la Alimentación , Rafael Oropeza -cartera a la cual está adjunta la Misión Mercal- declaró para el diario El Nacional que “es uno de los parámetros más importantes que ayudan a explicar las fallas puntuales existentes en el suministro de productos como la carne, el pollo, los huevos y la leche”.

Los trabajadores de los Mercalitos, que expenden el mismo tipo de insumos que el Supermercal, aseguraron que existen fallas en el sistema de distribución ya que a ellos se les hace entrega de una cantidad mínima de paquetes de leche, pollo, aceite, entre otros,provocando que sean acusados por los consumidores de acaparadores.Tal fue el caso de Carmen Suyón, oriunda de Perú y dueña de un Mercalito en Unare III a quien le fue interpuesta una denuncia por un grupo de vecinos, que la culparon porque presuntamente vende los rubros alimenticios más escaseados únicamente a quienes son sus amigos o compatriotas.

“Mi conciencia está limpia. Aún no ha venido ningún representante de la misión a aplicarme alguna sanción, pienso que será porque la acusación no tiene sentido; yo le vendo a todo el que puedo debido a que con lo que obtengo acá mantengo a mi familia”, expresó Suyón que desde hace tres meses espera una visita que nunca llega.

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