Quiero honrar a la Red de Apoyo por su persistencia ética y a todo el equipo de Conarepol La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz nació denunciando el abuso policial y la impunidad; 10 años más tarde, los propios familiares de víctimas nos pidieron que nos dedicáramos a la educación de funcionarias y funcionarios para prevenir el atropello y la arbitrariedad de los cuerpos de seguridad.

Así empezamos los talleres en derechos humanos con oficiales de policía, pero después de algún tiempo escuchando sus historias, comprendimos que el problema era mucho más complejo.

Nuestra idea inicial, después de la Asamblea Nacional Constituyente, era incidir en la Ley de Policía Nacional e incorporar los principios básicos de actuación para todos los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. El propósito era crear un marco legislativo que le pusiera límites a la actuación policial y evitara que las funcionarias y los funcionarios salieran a la calle con un cheque en blanco. Sin embargo, los oficiales que veníamos formando nos pidieron que fuéramos voceros de sus demandas silenciadas porque, de no resolver la concepción y configuración del servicio de policía, los principios tampoco tendrían mucho asidero.

Así fue que en el año 2000, la Red de Apoyo introdujo en la AN un anteproyecto de ley, el primero que nace por iniciativa popular con más de 20 mil firmas recogidas en todo el país. A partir de esa fecha no dejamos de decir nuestra palabra, incidir en los espacios permitidos, negociar con los actores y convencer a los diferentes técnicos que fueron pasando por la Comisión de Política Interior. No hubo semana, en estos 9 años, que no dedicáramos tiempo y empeño en alcanzar el propósito. Era una deuda con las funcionarias y los funcionarios y también con los familiares de las víctimas de abuso policial.

Cuando en 2006 el ministro Jesse Chacón nos invitó a formar parte de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), no dudamos en hacerlo; era la oportunidad de diagnosticar el real problema de la policía venezolana y consultar a todo el país acerca del modelo policial más deseable y posible, porque entendimos que no es éticamente correcto ni políticamente conveniente diseñar una política pública a espaldas de las personas que se verán afectadas por la norma ni mucho menos de quienes deben implementarla. En ese sentido, la consulta popular donde participaron más de 70 mil personas de los más diversos sectores fue el punto de honor para la configuración de un nuevo modelo del servicio de policía.

El Decreto Presidencial con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional recoge, sin duda alguna, las aspiraciones del movimiento de derechos humanos con respecto a los principios básicos de actuación para todos los funcionarios y funcionarias, y organiza el servicio hasta ahora disperso, heterogéneo y discrecional. En ese sentido, quiero honrar al pueblo de Venezuela por su participación, a la Red de Apoyo por los años de persistencia ética y a todo el equipo de Conarepol y su Secretaría Técnica por el empeño en recoger la palabra del soberano.

Tengo algunas reservas con respecto a los últimos cambios incorporados al decreto, pero de eso hablaré en otra oportunidad.