R ecientemente hablamos de los seis años recién cumplidos de gobierno y de los éxitos económicos evidentes que Uribe exhibe en Colombia, pero en el terreno social el país reclama acciones inmediatas y eficientes que resuelvan los dramáticos problemas que el bienestar económico inercialmente no atiende.

Citar todos los retos que aún quedan por acometer en esos dos años sería irresponsable, pero sí es menester decir que de los dramas sociales que vive Colombia en el terreno de la seguridad ciudadana, del déficit educacional, de la calidad de la oferta de salud pública, del alto costo de los servicios, el drama de los desplazados debe ser atendido prioritariamente.

El desarraigo de cerca de 4 millones de colombianos emigrantes de las zonas rurales a las urbanas por cuenta de la violencia guerrillera en el interior del país ha agravado la marginalidad en las ciudades y ha incrementado los problemas de seguridad ciudadana. Eso formó parte de las 100 promesas electorales que Uribe ofreció atender sin tardar.

Durante los años de su gobierno este fenómeno se ha catapultado: Acción Social, una entidad oficial, señala que entre 2002, cuando Uribe tomó el poder, y hasta el primer trimestre de este año 1,5 millones de colombianos se sumaron a los registros de desplazados. Es decir, 60% de los 2,5 millones de personas admitidas por los registros oficiales del Gobierno y posiblemente un porcentaje similar de los no registrados adquirieron tal condición durante el gobierno actual.

Y durante el primer trimestre de 2008, una vez que la política de seguridad democrática había rendido frutos, el número global de desplazados se incrementó aun en 17% con respecto al año anterior.

Lo que lleva a pensar que no es sólo la violencia guerrillera en el campo lo que provoca los desplazamientos, sino la incapacidad de obtener sostén del Gobierno para la explotación de la de la tierra, por lo que las actividades del campo no resultan promisorias. Buena parte de los elevadísimos niveles de pobreza y de la amplia brecha entre pobres y ricos proviene del abandono del campo en un país llamado a sostenerse a sí mismo alimentariamente y a producir excedentes para exportar. Por más que el Gobierno vecino se empeñe en soslayarlo, estos indicadores que relevan la fractura entre la vida rural y la urbana no consiguen ser mejorados de manera cónsona con el progreso económico que el presidente Uribe ha conseguido a escala nacional.

Uribe es un fenómeno político, por sus resultados en el terrero de la pacificación y de la seguridad, y en buena parte por su actitud batalladora y su cercanía con el ciudadano. Pero la falta de respuestas a los dramas sociales puede dar al traste con su bien ganada popularidad.

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