Un nuevo plan de seguridad con un fuerte enfoque situacional ha puesto en marcha el Gobierno nacional en algunas zonas de Caracas y varios estados del país, para disminuir la inseguridad en las unidades de transporte público a través de la presencia masiva de funcionarios militares y policiales.

El enfoque situacional en la seguridad tomó relevancia a mediados de los setenta en Inglaterra y EEUU en respuesta a modalidades delictivas específicas, basado en medidas para extremar las precauciones frente al delito, dificultar su realización y reducir las oportunidades de delinquir. Bajo el criterio de eficacia, las técnicas se basan en la inmediatez, y a pesar de sus defensores y la pretendida neutralidad que las caracteriza, tradicionalmente se le ha dado prioridad al control ejercido a través de la presencia masiva del componente policial e incluso militar para evitar o detectar actividades delictivas, generando hiperactividad en las estrategias de control social formal, sumamente peligrosas para los sistemas democráticos (exacerbación de los poderes policiales de registro e identificación de personas, arbitrariedad en las detenciones, militarización de la vida social, violación de derechos).

De acuerdo a la capacidad mediática que tengan, los planes basados en estrategias situacionales, pese a sus riesgos y su corto alcance, pueden resultar rentables desde el punto de vista político, pues dan la impresión de que "algo se está haciendo" para prevenir y controlar el delito y la violencia, lo que puede ser percibido con satisfacción, pues las demandas de seguridad estarían siendo atendidas, aunque en realidad, lejos de controlarse la ocurrencia de ilícitos, se esté generando su desplazamiento o dispersión hacia otros espacios y bajo otras modalidades.

Quizá lo más preocupante de estas estrategias (para nada novedosas) sea la intromisión del componente militar en los asuntos de seguridad ciudadana, por cuanto además de suponer un cambio en el modelo de convivencia social y una forma extraviada de atender los problemas, avala un sistema emergencial que ahoga las posibilidades de abordar nuevas experiencias alejadas de la tradición militar.

Una visión acrítica y enfocada en lo situacional sólo ataca las manifestaciones más superficiales del complejo problema social que subyace en el delito y ello, si bien puede arrojar resultados inmediatos, difícilmente pueden lograrlo a mediano y largo plazo si no están acompañadas de otras estrategias, enmarcadas en una política de seguridad coherente con la garantía de los derechos de las personas y comprometida a mejorar la convivencia y confianza entre los ciudadanos. Por ello, es fundamental la incorporación de actores políticos, sociales y organizaciones no gubernamentales, con los cuales se creen nuevos acuerdos y se repartan funciones y competencias, a fin de generar compromisos con y desde la comunidad, lo cual no fue considerado en el más reciente plan de seguridad. Al final de cuentas, una "seguridad situacional" como la planteada, es decir, efímera, ficticia, de apariencias y "policializada", lejos de prevenir el delito, profundiza los miedos y la desconfianza entre todos los ciudadanos.

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