Aunque ha impedido el debate electoral entre los suyos, el presidente Chávez se está ocupando seriamente del tema. Concebida como "la gran revancha", la cita de noviembre lo mantiene ocupado. Sus esfuerzos pretenden minimizar las posibilidades de sus adversarios, para impedir que los comicios regionales deriven en una nueva correlación política, cuyos efectos resultarían demoledores en las parlamentarias de 2010 y en las presidenciales de 2012. Las inhabilitaciones representan el arma escogida por el jefe del Estado, quien aspira a que éstas reactiven el debate sobre el ventajismo oficialista en los procesos electorales y, sucesivamente, todos los fantasmas que han acosado a la oposición tras el referendo revocatorio del 2004.

Asumiendo el riesgo de que las inhabilitaciones le enajenen el decisivo voto de los "no alineados", Chávez ha decidido jugar a fondo, confiado en que sus adversarios cometerán los mismos errores en que incurrieron en el pasado reciente. Muy especialmente en las parlamentarias de 2005, cuando las deliberadas iniciativas ventajistas del oficialismo revivieron, en el mundo de la disidencia, improductivas discusiones que sólo sirvieron para sumarle nuevos reveses al campo de la oposición y para garantizarle al Gobierno una inmoral victoria por forfeit.

Hoy, con las inhabilitaciones, el mandatario busca que se reediten las reacciones de indignación de entonces, que desembocaron en una pulverizante batalla entre abstencionistas y participacionistas, "colaboracionistas" y radicales, e inmediatistas y largoplacistas. Todo con el propósito de reducir la votación a los competidores, para alcanzar de este modo una victoria similar a la de 2005 en las zonas estratégicas del país, donde el triunfo de la oposición representaría la antesala de una derrota aún más tremenda en las estaciones electorales posteriores y, sobre todo, un revés a las aspiraciones reeleccionistas que el Presidente no se resigna a abandonar.

Aun cuando la disidencia tiene el deber de denunciar cuanto antes tanto las inhabilitaciones conocidas, como las que están por ocurrir, es claro que sus exponentes consideran fríamente el mecanismo más adecuado para formular su acusación, sin que ésta aterrice en el terreno calculado por Chávez. Los candidatos inhabilitados saben que la injusticia cometida contra ellos constituye una excelente bandera de lucha para atraer el interés y la solidaridad de los "no alineados". Sin embargo, saben también que su atrincheramiento como candidatos terminaría colocando las cosas donde el Presidente desea.

El cuidado con que la oposición maneje este asunto le advertirá a Chávez lo que no ha entendido: que ésta no es la misma oposición a la que se enfrentó con anterioridad y que las inhabilitaciones podrían convertirse en un acto de soberbia de consecuencias similares a las ocasionadas por el cierre de RCTV.

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