Hace unos meses nos sacudió la noticia del golpe de estado contra el presidente de la república de Honduras por parte del ejército de ese país. Sin ninguna vacilación categóricamente dijimos que no valían relativismos morales y denunciamos tal acción como un atropello al pueblo hondureño y la institucionalidad de ese hermano país.

Ayer por la tarde en Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia, por medio de 6 personas que fueron nombradas como magistrados de ese poder del estado, pero que en realidad son militantes de un partido político, declararon la inaplicabilidad de un norma constitucional porque se opone a otra norma constitucional, es decir declararon inconstitucional la Constitución.

El motivo, el Presidente de la República que ya fue presidente en un período anterior de 1984 a 1990, está impedido de volver a ser presidente, porque la Constitución prohibe la reelección continua, así como la reelección por más de dos períodos. Esta norma lógicamente choca con la voluntad continuista de Ortega y de su objetivo de instaurar una dictadura familiar.

La decisión de ayer, de los magistrados es doblemente grave: lesiona la legitimidad democrática y "legaliza" la reelección que ha sido tan dañina en la historia del país.

Tener la opción de decidir quienes gobiernan nos ha costado muchísimo dolor, sufrimiento y vidas a la ciudadanía nicaraguense, mujeres y hombres de todo el espectro político e ideológico, de todas las clases sociales, de todos los sectores del país, a lo largo de décadas dieron lo mejor de sí, ante pusieron sus proyectos personales y pusieron en riesgo su propia vida, por tener derecho a decidir, por la libertad y por la justicia social.

Desde que Ortega asumió el poder nuevamente, ha intentado reformar la Constitución para derogar las normas constitucionales que le impide la reelección, pero no ha podido lograr reunir los 56 votos que se necesitan para realizar una reforma parcial a la constitución y este año, estaba visto que terminaría sin que pudiera lograr su propósito.

Así que con el ejército que posee, sus militantes incrustados y dominando en todos los poderes del estado, se inventó esa atrocidad, que la mayoría del pueblo rechaza.

La reelección Ortega la quiere para entronizarse en el poder, el pueblo de Nicaragua ya sabe lo que eso significa, tuvimos una dictadura de 50 años que enlutó al país.

Alega que tiene derecho a optar a seguir gobernando el país, que impedírselo es violentar el principio de igualdad y en el colmo del descaro, espeta que cuál es el miedo, que es el pueblo con su voto quien decide.

Y lo dicen sin ningún rubor, cuando hace menos de un año realizaron el fraude electoral más documentado en la historia de Nicaragua, en la que se robaron la voluntad popular, en 40 de 146 alcaldías. Precisamente en los municipios más poblados del país, incluida Managua, la capital, que representa el 30% del electorado nacional.

De manera, que lo realizado ayer es de mayúsculas consecuencia. Quienes deben velar por el orden constitucional, de manera cínica y descarada hicieron trizas el marco jurídico, abriendo las puertas no a la reelección, sino a la dictadura. Es decir, abrieron la puerta a la muerte de la legitimidad, del estado de derecho y por esa deriva, de la vida.

Si se rompe el marco constitucional que nos rige a todos, el único camino que nos queda es el desconocimiento de esta instituciones ilegales e inmorales. Eso nada más es legítima defensa.

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