Un puñado de legisladores mantiene tomadas las tribunas del Congreso de la Unión. Y las preguntas inevitables se agolpan. ¿Dónde está el resto de los 127 diputados y 33 senadores del PRD? ¿Por qué no se oye la voz que les dieron millones de mexicanos en las urnas? ¿De qué sirve haberse convertido en la segunda fuerza política del país gracias a los votos ciudadanos? Más allá del nulo sentido de responsabilidad, o siquiera pudor frente a sus electores, sorprende la absoluta claudicación de nuestros más altos representantes populares, la incondicional rendición frente al líder autoritario que los utiliza como instrumentos desechables de su causa personalísima. ¿No se dan cuenta de que han sido ellos las primeras víctimas del atropello al Congreso? Son sus voces las que le hacen ruido al jefe “legítimo”. Necesitaban callarse ellos para que se oyera él.

El petróleo es lo de menos. Si López Obrador estuviera verdaderamente preocupado por el asunto energético, habría convocado a los líderes de las bancadas de su Frente Amplio Progresista, para preparar una iniciativa propia o al menos articular una seria ofensiva legislativa, aprovechando precisamente la posición de fuerza política que el PRD, además del PT y Convergencia, detenta en el Congreso de la Unión. Eso hacen las oposiciones democráticas. Eso ha hecho Cuauhtémoc Cárdenas.

Desafortunadamente, AMLO no busca aportar ninguna solución. Ni los grandes problemas nacionales o el colapso de la izquierda le merecen una propuesta constructiva. Su objetivo, por el contrario, es mantener en jaque a las instituciones y seguir cobrándonos el agravio que, según él, le debemos todos por su derrota electoral.

Pero el valiente aguanta hasta que el cobarde quiere. Por ello, lejos de las absurdas exigencias y amenazas de López Obrador a los partidos políticos, sólo hay una condición que hará posible recomponer nuestra frágil institucionalidad democrática: reconocer la legitimidad del Congreso como único espacio para crear o modificar el marco jurídico que nos rige. Porque no importa qué tanto se discuta el tema, ni cuántas plazas se llenen, al final del camino el Congreso deberá dictaminar y votar las iniciativas de reforma presentadas por el Presidente Calderón. Y lo que resultaría inadmisible es que, llegado ese momento, nos encontráramos en la misma situación de hoy.

Todos debemos defender las tribunas del Congreso como el foro libre y democrático para la expresión y debate de las ideas políticas. Pero sólo los legisladores del FAP, y particularmente los del PRD, pueden exigirle a López Obrador el debido respeto a su investidura, a fin de cumplir con su trabajo y honrar su protesta constitucional. Claro que, para ello, se necesitará un puñado más grande de legisladores con las agallas de Ruth Zavaleta para decírselo a la cara.

*Analista política asociada
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