La descentralización es para la democracia lo que para el hombre es su libertad, esencial para su fortalecimiento. Un sistema democrático debe afianzar cada día sus mecanismos para que las competencias del poder nacional se acerquen al ciudadano. Este proceso guarda relación con la formación y evolución de liderazgos locales, quienes deben ir escalando posiciones.

En Venezuela, bajo el amparo de la constitución del 61, se inició un proceso de descentralización de competencia a los Estados, ello en el marco de la elección de los gobernadores, tomando como base el artículo 137, que decía: “El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada cámara podrá atribuir a los Estados y los Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover a descentralización administrativa”. Así, se transfirió la competencia en materia de salud, puertos y aeropuertos… los cuales comenzaron a funcionar bajo la tutela Estadal, con todos sus defectos, se hizo la transferencia y se generó la necesidad de que es posible que los Estados contaran con autonomía suficiente para ejecutar una competencia que esta ese momento de la historia era intocable por el poder nacional. Por ello nace en el año 1.989, para entrar en vigencia en el 90, la Ley Orgánica de Descentralización, Reimitación y Transferencia de competencias del Poder Público, que entra a desarrollar los principios constitucionales en materia de descentralización, que no era mucho, solo el 137 ya indicado. Sin embargo esta ley dio la competencia a los Estados en materia de papel sellado, explotación de minas, aprovechamiento de carreteras, administración de impuestos específicos al consumo, puertos y aeropuertos…, obliga a los Estados a utilizar el 50% del situado en inversión para el desarrollo agropecuario, proyectos educativos, ordenación urbana, construcción y mantenimiento de vías de comunicación.. quedan los gobernadores como agentes del ejecutivo nacional. En base a estos logros la Constitución Bolivariana, profundiza el proceso de descentralización y cuando define al gobierno, lo hace como: “…democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo…” (art 6).

El nuevo marco constitucional se diseña todo un sistema de planificación y participación que permite incorporar al ciudadano en el diseño de políticas pública y lo convierte en ejecutor de competencias propias de los poderes públicos.

Sin embargo, la discusión de la Reforma a la Ley de descentralización que se está llevando en la Asamblea Nacional, hecha por tierra los avances que se han conseguido en esta materia, ya que revierte el proceso y deja en manos del ejecutivo la concentración de las competencias con la reforma del artículo 2, que según la discusión quedará así: “a fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, el poder público nacional, por órgano del ejecutivo, podrá revertir conforme al ordenamiento jurídico las transferencias de competencias concedidas a los Estados, para la conservación y aprovechamiento de los bienes o servicios considerados de interés público general. El Ejecutivo Nacional por órgano del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos transferidos para su conservación, administración y aprovechamiento, a fin de asegurar a los usuarios un servicio de calidad en condiciones en condiciones idóneas y de respeto a los derechos constitucionales, fundamentales para la satisfacción de las necesidades públicas…”. Este articulado fortalece el poder del ejecutivo, frente al debilitamiento del poder Público Estadal, pero mas allá de restar capacidad de movilización administrativa, es un problema de aplastamiento de los liderazgos regionales.

La concentración excesiva de poder, hasta para determinar la prestación de un servicio publico, tiene una lectura, el líder es él y solo él, creo que mas allá de acumular competencias para ejecutarlas él, es un problema de que el único líder es él. Esta lectura esta clara y pienso por ello, que los hoy diputados, futuros Alcaldes o Gobernadores verán minimizada su capacidad de ejecución con este nefasto proyecto.

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