La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, aseguró hoy que no dimitirá e insistió en la importancia de respetar la ley, cuando los llamamientos para su dimisión crecen a medida que se descubren más datos de supuesta corrupción en su Gobierno.

"Seré sincera con la Constitución y conmigo, que he recibido un mandato que concluye en el 2010 (...) Hasta ese día, continuaré con las reformas de manera que pueda traspasar una nación fuerte al próximo gobernante", destacó antes de firmar la reformar de la aviación civil.

Señaló que coincidía con sus detractores en que nadie se encontraba por encima del imperio de la ley.

La declaración de Macapagal Arroyo se producía mientras su marido, el empresario José Miguel Arroyo, comparecía hoy en una investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo sobre un presunto caso de corrupción en un proyecto público.

Arroyo ha sido vinculado por testigos en una investigación paralela en el Senado al pago de entre 67 y 200 millones de dólares en comisiones ilegales en el contrato estatal con la empresa china de telecomunicaciones ZTE Corporation que se firmó en abril de 2007 para la construcción de una red de internet de banda ancha.

El Gobierno de Filipinas anuló el contrato después de que surgieran las primeras denuncias tras el verano.

Al hilo de este escándalo, la oposición ha empezado a desenterrar acusaciones antiguas, como el supuesto fraude electoral cometido por Macapagal Arroyo en las presidenciales de 2004, y otras nuevas que combina con manifestaciones callejeras para intentar forzar el cese de la mandataria.

Macapagal Arroyo llegó a la jefatura del Estado en enero de 2001 desde la vicepresidencia del país, cuando una revuelta popular pacífica depuso al entonces presidente Joseph Estrada por corrupto.

Estrada fue condenado el año pasado a cadena perpetua por varios cargos de corrupción, pero su sucesora le concedió el perdón presidencial.