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“Bony” de Simonovis: Por ahora, la justicia está negada

Sábado, 17 de octubre de 2009

Abogada, casada con el comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por su participación en los sucesos del 11 de abril del 2002, María del Pilar Pertiñez reconoce que muchas veces siente miedo al respirar el ambiente de confrontación que envuelve a Venezuela. Pero al mismo tiempo recalca que el temor es mayor cuando piensa en la posibilidad de perder las pocas libertades que, según señala, perduran en el país. De esta forma saca las fuerzas para luchar contra un gobierno, el de Hugo Chávez, al que califica como “totalitario”.

“Se está utilizando a los órganos del sistema judicial como un instrumento para la persecución de la disidencia, pero la lucha no es de un solo ciudadano, sino de un pueblo que quiere libertad”, comenta.

Búmeran -Después de la condena máxima para los comisarios ha habido otras personas (todos opositores al gobierno) arrestadas por supuestas razones políticas. Otros han tenido que irse del país. Y agrupaciones como Provea advierten que se ha incrementado la represión hacia las manifestaciones.

-El gobierno no ha analizado el costo político que le van a traer todas estas acciones ilegales y arbitrarias. Está actuando de esta manera porque siente mucho miedo. Y cuando los regímenes totalitarios se sienten amenazados reprimen a la población. Este régimen tiene mucho miedo. Siempre ha vivido con miedo, pero yo vivo con mucha esperanza. No evaluaron el gran costo político que traería esta forma de actuar, y por eso creo que se han paralizado un poco. Creo que están analizando la gran metida de pata. Espero que no sigan con esta política persecutoria, aunque no lo creo.

-¿Las protestas se detendrán porque se reprima? -No. La marcha del pasado 22 de agosto tuvo ese mensaje. Yo sí tengo miedo, pero tengo más miedo de perder el país, que le impongan a mi hijo una Ley de Educación como la aprobada por la Asamblea Nacional, y perder las pocas libertades que nos quedan.

-¿En qué estado se encuentra el proceso abierto contra los comisarios por los hechos del 11 de abril? -Estamos a la espera de ser comunicados por el tribunal 4° de juicio de Aragua para imponernos de la decisión dictada el 3 de abril. Una vez que seamos notificados debidamente de esa sentencia tenemos un lapso de 10 días para apelar.

-¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde el anuncio de la dispositiva y la publicación de la sentencia? -La jueza Marjorie Calderón excedió todos los lapsos establecidos por la ley. Para argumentar una sentencia como ésta debió haber necesitado de mucha ayuda. Como en Venezuela no hay independencia de poderes, es de suponer que ella no hizo ese fallo sola. Fueron casi 231 audiencias, más de dos años de juicio, había muchos elementos probatorios que considerar, pero ella los distorsionó. La jueza reescribió la historia del 11 de abril, alterando y dándole una interpretación equivocada y acomodaticia para poder conservar su puesto. Después que publicó la sentencia, Marjorie Calderón se fue de vacaciones, y nos han dicho que, cuando se reincorpore, pasará a ser una de las magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

-Después de que se publique la sentencia, y ustedes sean notificados, podrían apelar.

-Sí, vamos a apelar.

-¿Confían en que la Corte de Apelaciones de Aragua revierta la sentencia dictada en juicio? -Nosotros no conocemos el contenido del fallo, pero cuando se anunció la dispositiva tuvimos un abreboca. Fuimos acusados por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, y por lesiones. No se nos acusó por golpe de Estado, pero Iván Simonovis fue condenado a 30 años de prisión por la ruptura del hilo constitucional. Estoy segura de que el veredicto no tendrá un fundamento legal, fáctico ni jurídico. Vamos a apelar porque consideramos que es un requisito necesario para después ejercer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde tampoco tenemos muchas esperanzas. Pero hay que agotar la vía interna para acudir a las instancias internacionales, y eso es en definitiva lo que nosotros buscamos.

- ¿La justicia en Venezuela está negada? -Por ahora, sí. Por ahora está negada la posibilidad de obtener una justicia imparcial, transparente, a la que tiene derecho cualquier venezolano. La Corte de Apelaciones nunca nos ha dado la razón, y yo no tengo ningún tipo de esperanzas de que vayan a cambiar los criterios políticos que impusieron la condena. Aquí se han cuidado mucho para que todas las personas que han conocido este caso sean absolutamente afectas al oficialismo, empezando por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien originalmente presentó la acusación. Todo esto nos hace pensar que sería muy ingenuo creer que vamos a tener una justicia imparcial y transparente. Mucha gente nos propone que nos declaremos en desobediencia y no presentemos recursos, pero sí los vamos a ejercer porque es mi responsabilidad como esposa, como abogada, como venezolana, y porque no me resigno a que vayamos a tener este sistema judicial por siempre. Estoy segura de que se va a restablecer el Estado de Derecho, que algún día mi esposo obtendrá su libertad, y que nuestro nombre será resarcido.

-¿Creen que instancias internacionales podrían dar una respuesta en este caso? -Yo donde quiero obtener justicia es en mi país. ¿Cuándo? No lo sé. Pero es sólo una cuestión de tiempo. Hay que seguir la lucha, porque el país es responsabilidad de todos. Yo no quiero la democracia de la cuarta, pero tampoco este totalitarismo de la quinta república. Quiero una Venezuela de primera, donde todos podamos caber, y donde no haya persecuciones. Yo no quiero que después, cuando se restablezca el Estado de Derecho, una familia chavista sufra injustamente lo que yo he sufrido.

¿Qué pasó el 11 de abril? “Bony” de Simonovis sostiene que sería muy tonto pensar que los sucesos del 11 de abril del 2002 fueron responsabilidad de nueve efectivos de la Policía Metropolitana. Lamenta que, siete años después, ninguna investigación haya establecido claramente qué pasó ese día, una fecha que finalizó con un trágico saldo de 19 personas asesinadas.

De perfil María del Pilar Pertiñez, mejor conocida como Bony, es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Ciencias Penales y Criminalísticas. Durante seis años trabajó en la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), para luego ejercer como defensora público de presos, y posteriormente trabajar como analista de asuntos internos en Pdvsa, hasta que fue despedida en 2003.

Actualmente funge como secretaria ejecutiva de la asociación civil Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que centra su labor en la promoción y defensa de un Poder Judicial independiente y autónomo.

Desde hace 18 años está casada con Iván Simonovis, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas, quien desempeñó importantes cargos dentro de la PTJ y la Brigada de Acciones Especiales. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos: Iván Andrés, de 16 años, e Ivana, de 12 años.

Bony conoció al comisario de forma muy casual: cuando acudió a la sede de la policía para interponer una denuncia por el robo de su automóvil. Poco después se hicieron novios y contrajeron nupcias cinco meses después.