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El informe sobre DD HH indicó que las víctimas de violencia tienen dificultad para el acceso a la justicia

Jueves, 28 de enero de 2010

De acuerdo con el informe alternativo del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, un total de 132.162 mujeres se vieron forzadas a trabajar en la economía informal entre 2007 y 2009, lo que deja a 58,2% de la población femenina dentro de la formal.

"El crecimiento que se observa en la informalidad es claramente una respuesta a la liquidación de buena parte del sector empresarial del país, que generaba hasta ahora más de 80% del empleo en Venezuela", aclara el informe que puede encontrarse en línea a través de la página web www. observatoriomujeres.org.ve

Según Adicia Castillo, economista y miembro de ese organismo, la informalidad podría profundizarse pues aún se continúan utilizando las listas Tascón y Maisanta, las cuales revelan quiénes firmaron la solicitud del referendo revocatorio contra el Presidente de la República en 2004.

"A pesar de que ha crecido el empleo en el sector público, allí no entra quien haya firmado. También se aplica en el sector privado. Es un apartheid político (...) De esta manera, las mujeres van forzosamente cayendo al sector informal con los problemas que acarrea esa situación: no hay capacitación y no hay seguridad social", señaló.

La comunicación, elaborada con información suministrada por 37 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, analiza cuáles y cómo se aplican las políticas gubernamentales en materia de la protección de los derechos de la mujer, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), suscrita por Venezuela en la década de 1980.

Violencia sin respuesta. La dificultad para el acceso a la justicia es otro de los puntos de preocupación del Observatorio que se refleja en el informe. Ofelia Álvarez, miembro de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer, explicó que las mujeres, en general, no saben qué deben hacer si desean denunciar a un hombre por maltrato.

"Tienen que adivinar qué hacer. La asistencia que le exige la Cedaw a todos los Estados signatarios no se cumple en Venezuela. Muchas veces los funcionarios no están sensibilizados y tienen prejuicios", señaló.

María Cristina Parra, asesora jurídica del Observatorio, comentó que el sistema de justicia pone muchas trabas para que se les dicten medidas de protección a las mujeres afectadas por la violencia doméstica.

"Se solicita un examen psicológico en centros donde les dan citas para dentro de 6 meses. Los jueces esperan por los resultados, ya que hay muchos funcionarios que creen que ellas sólo quieren sacar a los hombres de la casa. La investigación sólo dura 3 meses.

Si no llega la evaluación psicológica, hay que sobreseer la causa. Esas mujeres estarían asesinadas para cuando les llegasen las medidas de protección", señaló.

cconde@el-nacional.com