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Maltrato a mujeres complica debate inmigratorio

Jueves, 27 de abril de 2006

NUEVA YORK.- El problema no es nuevo. En 1995 salió a la luz pública cuando la guatemalteca Rodi Alvarado escapó de su brutal esposo, quien la sometía a una violencia doméstica extrema en su país de origen.

El hombre solía patearla durante su embarazo. En una oportunidad le fracturó la mandíbula. Empuñando un machete, la amenazó con hacerla pasar el resto de su vida en una silla de ruedas si trataba de huir.

Alvarado escapó a Estados Unidos. Las autoridades le concedieron asilo, pero la decisión fue apelada de inmediato por el Servicio de Inmigración y Naturalización, la oficina del Departamento (ministerio) de Justicia que entonces se encargaba de esos asuntos.

El Consejo de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia en 1999 anuló el asilo, porque entendió que la mujer no era perseguida por sus opiniones, su grupo social, la raza, la religión o la nacionalidad.

También argumentó que Alvarado debía demostrar la conexión entre la violencia a la que era sometida y sus opiniones o la pertenencia a un grupo social.

Alvarado apeló el fallo, y mientras se procesa una resolución definitiva se le permitió residir en el occidental estado de California, donde trabaja en un convento.

El caso Alvarado se convirtió en un símbolo de la burocracia disfuncional vinculada al manejo de los asuntos de inmigración en Estados Unidos.

Cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización fue absorbido por el Departamento (ministerio) de Seguridad Interna tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se lo redesignó como Buró de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (BCIS).

Y para complicar aún más la resolución del caso Alvarado, el BCIS comparte ahora con el Departamento de Justicia la tarea de elaborar nuevas directivas en materia de asilo.

Al final del gobierno de Bill Clinton (1993-2001), la entonces fiscal general Janet Reno propuso ampliar las causales de asilo de modo de contemplar la violencia doméstica y otras violaciones de derechos humanos como el tráfico de personas, la esclavitud sexual y los asesinatos cometidos por hombres invocando el "honor" de sus familias ("matanzas por honor").

Pero esas regulaciones nunca fueron implementadas. Cuando John Ashcroft sucedió a Reno en 2001, cuando comenzó la primera presidencia de George W. Bush, no impulsó su adopción.

Por el contrario, asumió personalmente el caso de Alvarado, dado que el fiscal general tiene autoridad para decidir en cualquier caso de inmigración.

Pero en 2004 Ashcroft dejó el cargo sin tomar ninguna decisión. Y antes de ceder el puesto dijo que los departamentos de Justicia y de Seguridad Interna deberían acordar una serie de pautas sobre asilo que abarcaran los problemas de género, incluida la violencia doméstica.

Desde entonces, ambas carteras trabajan en esas directivas. Pese a que las regulaciones propuestas fueron redactadas en diciembre de 2000, nada quedó establecido más de cinco años después.

La abogada de Rodi Alvarado, Karen Musalo, de la Escuela Hastings de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, dijo a IPS que "tanto el Departamento de Seguridad Interna como el de Justicia tienen jurisdicción sobre las regulaciones".

Eso se debe a que el Departamento de Seguridad Interna se encuentra en proceso de organizarse, y "no hubo consenso entre ambas agencias sobre cómo proceder". Eso "complica" las cosas, consideró Musalo.

MIentras, Alvarado y otros muchos inmigrantes que solicitaron asilo se encuentra en un limbo legal.

El debate sobre inmigración que procesa el Congreso renovó el interés en casos como el de Alvarado. Una coalición de organizaciones de refugiados y de derechos humanos urge al Congreso a adoptar un nuevo enfoque y examinar las causas de los movimientos de población.

"La solución no es negar la protección, sino mirar las causas del flujo de refugiados y planificar respuestas de política exterior para abordarlas", sostuvo el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados de la Universidad de California.

El Centro respondía así a legisladores para quienes eliminar las restricciones al asilo "abriría las compuertas" para el ingreso de extranjeros.

La coalición de activistas e inmigrantes que el Centro integra no ha exhibido sus argumentos a los organismos a cargo de la inmigración, sino a unos pocos miembros clave del Congreso, para que les ayuden a transmitir el mensaje al Departamento de Estado (cancillería)..

Y quieren que esa cartera se involucre porque consideran creíble la evidencia de que la violencia doméstica es parte de un fenómeno más grande y letal: el feminicidio.

El Departamento de Estado es un importante financiador de programas de fortalecimiento del Poder Judicial y otras instituciones democráticas en numerosos países.

En Guatemala, el país de origen de Alvarado, "hay total impunidad ante la violencia y el asesinato", según la coalición. "Hubo más de 2.200 mujeres asesinadas desde 2001 y apenas 10 u 11 juicios y condenas. Los medios de comunicación locales ignoraron ampliamente el problema."

El feminicidio afecta a otros países de América Latina. Bolivia, Perú, Colombia, México y Guatemala enviaron este año una delegación de activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para pedirle que atienda la cuestión.

Además de las muertes en Guatemala, registros incompletos presentados ante la Comisión citan 373 asesinatos conocidos de mujeres en Bolivia entre 2003 y 2004, y 143 en Perú durante 2003. En Colombia, cada día es asesinada una mujer a manos de su pareja o ex pareja.

Las mexicanas Ciudad Juárez y Chihuahua, donde la tendencia al feminicidio fue notada ampliamente por primera vez, fueron escenario del asesinato de más de 500 mujeres por múltiples causas desde 1993, según la prensa y otras fuentes. Docenas más continúan desaparecidas.

Desde el punto de vista global, el problema no es menos severo. En muchas partes de Asia meridional y Medio Oriente, por ejemplo, las "matanzas por honor" habitualmente quedan impunes.

Cuatro organizaciones no gubernamentales lideran la campaña contra el feminicidio: la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la filial estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.

Tres parlamentarios --los demócratas Barbara Lee, Tom Lantos e Hilda Solís-- redactan una carta para elevar al Departamento de Estado, que esperan sea firmada por la mayoría de sus pares, independientemente de su pertenencia partidaria.

La misiva urgirá a esa cartera a proporcionar fondos y personal para examinar el asunto del feminicidio, así como el asesinato de activistas de los derechos humanos.

Resolver casos tales como el de Alvarado podría parecer una parte relativamente simple del complejo debate sobre inmigración que tiene lugar en el Congreso. Pero dado el rencor que origina el asunto, la protección a las mujeres maltratadas probablemente está fuera del radar.