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La juez exiliada Gisela Parra
Jorge Barreno - El Mundo - España

Viernes, 11 de septiembre de 2009

Se calcula que más de 200.000 venezolanos residen solamente en el sur de la Florida. La cifra no deja de aumentar desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Motivos económicos, de inseguridad y políticos son los más comúnes. En algunos casos se están repitiendo los patrones que llevaron a abandonar Cuba a un gran número de cubanos tras el triunfo de la revolución castrista.

La juez Gisela Parra estaba a cargo del Consejo de la Magistratura de Venezuela cuando Chávez asumió el poder en 1998. En 2000 fue retirada de su cargo y a partir de entonces fue víctima de "persecuciones, represión, acusaciones sin fundamento legal y enjuiciamiento sin derecho a defensa". Se considera la "prueba fehaciente de que en Venezuela no existe democracia, ni Estado de derecho. No hay respeto a la legalidad ni defensa de ningún tipo".

Pero la mayor frustración de la magistrada fue haber visto "el retroceso de todo lo que se había conseguido en pos de la independencia del Poder Judicial y el Gobierno democrático. Lo que está pasando debería ser muy preocupante para el mundo entero, porque Chávez no sólo tiene conexiones con los terroristas latinoamericanos sino también con los de Oriente Próximo".

Gisella Parra encabezó un exitoso proyecto nacional impulsado por el Banco Mundial —cinco años antes del Gobierno chavista—, para lograr transparencia en el Poder Judicial del país. "La propuesta nació porque siempre hubo cierta injerencia del Ejecutivo en lo que se denominó 'tribus', para controlar a ciertos jueces". El resultado de este trabajo fue reconocido y la idea se exportó a varios países latinoamericanos.

Pero lo que fue un "grandioso adelanto en pos de la democracia" quedó en el olvido cuando se le otorgaron poderes "supra-constitucionales" a la Asamblea Constituyente y ésta intervino el Poder Judicial. Así, el Consejo de la Magistratura fue eliminado y Gisela Parra fue depuesta de su cargo.

Sin embargo, su defensa de los derechos civiles fue intensa. Ella creó una ONG para educar a los ciudadanos en los conceptos democráticos y la defensa de sus derechos. "Fui a todos los medios de comunicación que pude para denunciar las violaciones a la constitución, pero sólo conseguí ser reprimida, perseguida y enjuiciada".

Violación a la Constitución Parra luchó por hacer públicas las "violaciones a la Constitución que se hicieron desde el comienzo". Quería crear un "terreno favorable para garantizar la impunidad y el control de todos los poderes", en lo que hoy para ella es "una autocracia".

La juez fue acusada de conspirar contra el régimen. "Además, me procesaron por delitos comunes y administrativos, por cosas absurdas que eran falsas. Era obvio que ellos me querían eliminar por mi conocimiento legal y mi experiencia", explica.

"La gente me apreciaba, porque no fui nunca política, era una representante de la ciudadanía que había tenido el valor de enfrentarse por todas las cosas que violaban. Eso no les convenía a ellos para nada. Inventaron acusaciones falsas. No me permitieron el derecho a la defensa, me llevaron a los tribunales sin haber declarado en la Fiscalía siquiera. Me pusieron orden de detención, entonces me vi humillada, agredida y presa como les hicieron a tantas personas. Por eso me fui, en busca de la libertad".

El hijo de Gisela Parra murió trágicamente por causas que aún no se han podido esclarecer. Ella decidió escapar de su país hace cuatro años y vive en Miami desde entonces. Su lucha continúa desde aquí, y su idea es reunir a todos los exiliados en una causa común, porque "ya son muchos los países involucrados en estos abusos de poder, debemos unir fuerzas desde afuera". No entiende la pasividad de la comunidad internacional, puesto que "no se está viendo la gravedad de lo que está pasando".

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