* Un camión cargado de harina precocida de maíz, aceite de maíz, arroz y crema de arroz que iba a los puntos de venta de Carora, fue retenido ilegalmente por funcionarios de la GN, SADA e INDECU y llevaron la mercancía a una plaza pública para venderla lo cual podría constituir abuso de poder, hurto y simulación de hecho punible.

Alimentos Polar denunció lo que calificó como “la continuación de las actuaciones irregulares por parte de organismos oficiales en contra de las instalaciones, los procesos de distribución de alimentos y el personal de la empresa”.

Guillermo Bolinaga, director de Asuntos Legales y Regulatorios de la empresa, explicó que el pasado viernes, 9 de mayo, Alimentos Polar fue víctima de dos procesos arbitrarios e ilegales que ocurrieron prácticamente en simultaneo. El primero en contra de un camión de distribución de alimentos en Carora, estado Lara, cuya mercancía fue decomisada y vendida de manera arbitraria e ilegal, impidiendo que llegara a los puntos de venta; y el otro ocurrido en la planta de salsas y untables ubicada en Valencia, estado Carabobo, que fue inspeccionada arbitrariamente por tercerea vez en menos de un mes.

Al referirse al caso de Carora, el abogado relató que en horas de la tarde del día viernes un camión que transportaba harina precocida de maíz, aceite de maíz, arroz y crema de arroz fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional y llevado, al Comando Regional Número 4, Destacamento 47 de ese organismo, en Carora, estado Lara, reteniendo al conductor, propietario del vehículo, y la mercancía que transportaba y que no pudo llegar a los puntos de venta adónde era conducida.

“Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) y del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario (INDECU), se presentaron en el lugar de lo hechos y levantaron un acta en la que alegaron que el camión no tenía la Guía de Seguimiento y Control emitida por el SADA, trámite administrativo que sólo está contemplado para la circulación en estados fronterizos. A pesar de que nuestro personal les explicó la situación, los funcionarios se negaron a permitir la circulación del camión, que permaneció retenido por espacio de varias horas en el destacamento de la GN hasta que en horas de la noche fue trasladado a una plaza pública de la ciudad de Carora donde varios funcionarios tenían una logística preparada, incluyendo altavoces, para vender una parte de la mercancía”, dijo Bolinaga. La otra parte de la mercancía se encuentra retenida. El camión cargaba aproximadamente 9 mil kilos de alimentos y más de 170 litros de aceite de maíz.

Cabe destacar que el camión, que no es propiedad de la empresa sino de un transportista que obtiene su sustento de la distribución de alimentos, era conducido a varios puntos de venta de la ciudad de Carora como parte de la operación normal de distribución de los alimentos producidos por la compañía.

Para Alimentos Polar esta actuación resulta violatoria a los derechos a la defensa, a la libertad económica y a la presunción de inocencia y viola la leyes de Protección al Consumidor y al Usuario, de Defensa Popular contra el Acaparamiento y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Además, constituyen abuso de poder, hurto y simulación de hecho punible.

“Nos sorprende que la razón esgrimida por los funcionarios de SADA y del INDECU sea que ‘están garantizando la seguridad alimentaria’, puesto que precisamente la acción arbitraria e ilegal ejecutada impidió la normal distribución y comercialización de alimentos en los puntos de venta de la ciudad de Carora”, dijo Bolinaga.

Continúan intimidaciones contra instalación en Valencia Asimismo, Bolinaga denunció que en la instalación de Valencia nuevamente se presentó una comisión presidencial integrada por funcionarios del INDECU, la Guardia Nacional, la reserva militar y el CICPC, solicitando información sobre los procesos de elaboración de los productos que allí se elaboran: salsas con base a tomate, mayonesa, margarina, mostaza y untables de queso.

Se trata de la tercera inspección realizada a esa instalación en menos de un mes por parte de distintos organismos. “Los funcionarios se presentan sin previo aviso, interrumpiendo el normal funcionamiento operativo de la instalación, exigen la presentación de una serie de recaudos administrativos que muchas veces requieren de varios días para ser recabados y solicitan detalladas explicaciones de los procesos productivos de la empresa. Por la frecuencia, cantidad y ejecución de las inspecciones, pareciera que buscan intimidar a la empresa y a sus trabajadores”, dijo Bolinaga. “Nos preguntamos cuáles son lo intereses que motivan que esta instalación sea inspeccionada con tal frecuencia”, agregó.

“Además, estas actuaciones resultan discriminanatorias pues estamos seguros de que no hay empresa de alimentos en Venezuela que haya recibido más de 70 inspecciones en los últimos 4 meses, y 3 en particular en la planta de salsas y untables de Valencia en menos de un mes. En todas las inspecciones se ha demostrado la operatividad de esas instalaciones”, agregó Bolinaga.

Bolinaga aseguró que Alimentos Polar está siendo víctima de actuaciones “ilegales, arbitrarias y violatorias de los derechos constitucionales básicos de la empresa, de sus trabajadores y de la población que se ve afectada por estas medidas”.

Para el abogado estas acciones “arbitrarias, ilegales e irresponsables”, lejos de contribuir con la seguridad alimentaria del país, dificultan notablemente el abastecimiento seguro y continuo de alimentos.

Aseguró que Alimentos Polar ejercerá todas las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos constitucionales sus trabajadores y de la empresa.

annie.bernal@empresas-polar.com