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¡A votar!

Venezuela, que vivió por mucho tiempo el secuestro de la soberanía popular, entró en la modernidad política cuando los presidentes dejaron de ser designados por sus predecesores y pasaron a ser electos por el voto de los ciudadanos. Exactamente eso fue lo que ocurrió cuando, en 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt promulgó el Estatuto Electoral que estableció el sufragio universal, directo y secreto, luego ratificado en la Constitución Nacional de 1947. Según el historiador Germán Carrera Damas, esa fue “la más radical transformación sociopolítica experimentada por la sociedad venezolana, desde la ruptura del nexo colonial”, es decir, desde que nos independizamos de España.

El voto es el arma que el 15 de octubre tendrán en sus manos los venezolanos. No se va a cambiar el presidente de la república, sino que estamos convocados para la batalla menor, pero importante, de la elección de los gobernadores de estado. Las otras armas, las que están a disposición de los militares, deberían ponerse “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, dice la Constitución. Que no crea el Alto Mando Militar que el país y la comunidad internacional cerrarán los ojos ante la conducta que ordenen asumir a sus subordinados que forman parte del Plan República. Si apañan una trapacería electoral, el pueblo hincharía su ira, que por ahora aguarda, y países y organizaciones multilaterales del mundo, que esperan en alerta lo que pueda pasar el día 15, concretarían las nuevas sanciones que han anunciado contra la dictadura y sus personeros.

Las encuestas revelan que, con el transcurrir de los días, aumenta el convencimiento de la gente de que es necesario ir a votar. Sabe que quienes han atracado el poder, son también unos adictos a la trampa. Un periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez, publicó en el Diario Las Américas un artículo en el que enumera diez irregularidades y omisiones que, al alimón, han venido cometiendo el CNE y el TSJ a propósito de la elección de gobernadores. Además del uso descarado de los recursos públicos y el abuso insolente de las transmisiones obligatorias de radio y televisión, se han eliminado 75 centros de votación y 7.000 mesas de votación, lo que impediría o dificultaría el ejercicio del voto si hay la alta participación electoral que las mediciones de opinión pronostican y la dictadura tanto teme. Desde luego, se negó una observación internacional electoral verdadera, y en su lugar se invitó a un tal “Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos”  financiado por los ocupantes de Miraflores.

Un aluvión de votos sería un contrafuego para el fraude.

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