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¿Cómo disimular un impuesto con aire ozonizado?

El titular de esta columna probablemente fue una de las preguntas que se formuló la Gobernación de Vargas en Venezuela al crear un impuesto “para la eliminación de contaminantes en el ambiente y la protección de la salud de los usuarios del principal terminal aéreo del país” Este impuesto, que alcanza la cifra de 250 Bs. por persona, independientemente de las veces que use el aeropuerto, constituye un lamentable precedente en Venezuela por dos razones fundamentales. Primero, no existen estudios científicos que sustenten que el ozono sea un buen purificador del aire, y por el contrario se sugiere que puede ser tóxico en la parte baja de la atmósfera. Segundo, los montos que se recaudarán serán multimillonarios y desconozco que otros sistemas del mundo cuestan tanto como este y por qué. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 127 que es una obligación fundamental del Estado, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación,  incluyendo de manera específica el aire. Lo que no dice es que sean los ciudadanos quienes asuman este costo, a menos, claro está, sean ellos quienes causen su deterioro, para lo cual aplican diversos instrumentos normativos, aunque la figura del tributo ambiental aeroportuario, no pareciera el apropiado. Por lo general, los impuestos ambientales se utilizan en diversas partes del mundo para reducir o impedir las emisiones que dañen efectivamente el ambiente, siguiendo aquel principio de “quien contamina paga”, dentro de la filosofía del “daño permisible”. Sin embargo,  en el caso de los aeropuertos nacional e internacional Simón Bolívar, la teoría tributaria ambiental y la lógica técnica no aplican, pues  los usuarios del terminal no serían los causantes del supuesto deterioro de la calidad del aire del aeropuerto, y por el contrario, tienen el derecho constitucional de disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, para lo cual pagamos una tasa aeroportuaria que debería incluir todos los servicios de esta instalación. Los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente y Salud deberían pronunciarse en torno al uso del ozono como desinfectante del aire, así como los laboratorios independientes de las principales universidades del país. Pruebas de la calidad e inocuidad del aire aeroportuario, deberían ser aportados por las autoridades a los ciudadanos para evitar cualquier riesgo a su salud. Ejerciendo mi derecho constitucional a la contraloría social me pregunto, ¿Cuáles estudios y pruebas científicas usaron para hacer una inversión tan costosa? ¿Qué se va a hacer con el dinero recaudado por esa tasa? ¿Por qué somos los ciudadanos quienes debemos asumir este costo, si ya pagamos una tasa aeroportuaria? Ojalá los recursos que se recauden sirvan para descontaminar las playas de Vargas, instalar plantas de tratamiento de aguas servidas, construir un sistema integral para el tratamiento de los residuos, y por supuesto, mejorar las condiciones ambientales del aeropuerto, incluyendo el manejo de sus instalaciones sanitarias. Atención Contraloría General de la República y ONG vinculadas a la transparencia en la gestión pública de #Venezuela. No estaría de más acompañar esta iniciativa con lupa.

(Diego Díaz Martín es Profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la UNIMET)

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