Disyuntiva en la OEA: ¿parálisis o sanciones?
La reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA (RC/OEA), realizada en Cancún el 19 de junio pasado, tuvo que suspenderse otra vez por falta de mayoría o consenso entre los Estados miembros. Se lograron sólo 20 de los 23 votos necesarios para adoptar una declaración sobre la situación venezolana que había sido propuesta por “los 14” (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y consensuada con países caribeños (Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Santa Lucía). Los demás se abstuvieron o se opusieron, argumentando, bajo presión o extorsión venezolana, que la declaración era violatoria del principio de no intervención. Para los demócratas del hemisferio y la mayoría de venezolanos el resultado fue decepcionante.
La declaración no adoptada era menos exigente y contundente que previas declaraciones de los países proponentes. Manifestaba su preocupación por la situación venezolana; expresaba la urgente necesidad de “un revalorizado diálogo y negociación”; llamaba al cese de la violencia, al respeto del Estado de derecho y los derechos humanos, al acuerdo sobre un calendario electoral, a la reconsideración de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, lo más controvertido; y proponía la conformación de un grupo de apoyo y facilitación del diálogo. El documento no pedía la liberación de los presos políticos o el cese de la represión, las detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento de civiles en la Justicia militar, ni la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional, ni la apertura humanitaria. Esto sí lo exigía la declaración de 11 países al final de la reunión.
Sin embargo, dos recientes eventos han despertado nuevas preocupaciones y desafíos. Uno, el violento ataque chavista a la Asamblea Nacional y sus diputados el 5 de julio, que ha desatado la condena de la comunidad internacional y del secretario general Luis Almagro, quien, una vez más, se ha adelantado a los Estados miembros y ha solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA (CP/OEA), lo que muestra nuevamente su liderazgo y su compromiso democrático. La convocatoria tiene ahora más relevancia por el significado del otro evento: la “liberación” del prominente líder político, Leopoldo López, en un régimen de “casa por cárcel”.
Con la sorpresiva “liberación”, el régimen pretende reducir o descomprimir la presión interna de la calle, de las redes sociales y de la solidaridad externa, presión que ha mellado la confianza y la seguridad de sus miembros. Ya se nota su creciente fragmentación y vulnerabilidad. El régimen intenta distraer y generar dudas en la comunidad internacional y busca oxigenar a sus aliados para que se opongan a cualquier intento de condena en la OEA. Pero la concesión es tardía e insuficiente. Hay más de 1.400 presos políticos y más de 90 muertos, se sigue desconociendo a la Asamblea Nacional y ahora a la fiscal general, y no hay calendario electoral.
Pero lo más grave y nefasto para la democracia venezolana es que el régimen continúa con su intención de instalar la Asamblea Constituyente, con la cual se eliminarán las instituciones republicanas, sus garantías y sus libertades, la independencia de poderes, las elecciones directas, libres, secretas y observadas, y se constituirá un régimen de control absoluto por parte del madurismo.
En este crítico y apremiante momento para la democracia venezolana, el grupo de “los 14”, se encuentra en la disyuntiva de, por un lado, permanecer paralizado por la falta de mayoría o consenso; o, por otro lado, intensificar los esfuerzos colectivos para salvar la democracia venezolana y aliviar la crisis humanitaria. Si de esto último se trata, dada la intransigencia caribeña para sumarse a los dos tercios en la RC/OEA, “los 14” deberán, colectiva o individualmente, realizar todas las gestiones posibles con los ocasionales aliados caribeños (Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía), para asegurar una mayoría de 18 en la reunión del CP/OEA convocada por Almagro, mayoría que permitiría adoptar una declaración similar a la de los 11 en Cancún. Aunque su llamado al diálogo será en vano e inútil, ya que este tiene que terminar necesariamente en un acuerdo sobre elecciones, la única solución lógica y democrática a la crisis, y esto el régimen no lo puede aceptar porque sabe que pierde y que es suicida, al menos que se otorgue a sus líderes salvoconducto e inmunidad por los crímenes cometidos.
Pero existe otro escenario de posible acción colectiva, más radical. Ello implicaría pasar de las declaraciones de preocupación y crítica a las sanciones, fuera o dentro del marco institucional de la OEA. En principio, una resolución del CP/OEA podría autorizar a los Estados miembros para que, colectiva o individualmente, tomen medidas que consideren pertinentes, incluyendo sanciones. Pero como es improbable que se adopte tal resolución, los Estados miembros pueden, fuera de la OEA y en el marco de sus potestades soberanas, aplicar una serie de posibles sanciones, como ya lo han hecho algunos países, para presionar e inducir a Maduro a que restaure el orden democrático y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
Entre las posibles sanciones, colectivas o individuales, figuran el retiro de embajadores (Paraguay), la suspensión de relaciones diplomáticas y consulares, la expulsión de diplomáticos y agregados militares, el embargo de armas y de equipos de represión (Brasil), la suspensión de exportaciones (excepto alimentos y medicina) y de importación de petróleo o productos derivados, o de permisos para su refinado, la suspensión del pago de deuda por petróleo, el congelamiento de activos financieros o económicos de individuos pertenecientes al régimen (Estados Unidos), la suspensión de créditos, de proyectos de inversión o de programas de cooperación, entre otras.
