El 16 de julio
La Asamblea Nacional, en ejercicio de lo previsto en el artículo 71 de la Constitución, tomó la decisión de someter a referendo consultivo popular, por considerarlas “materias de especial trascendencia nacional”, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, el rol de la FAN en la crisis que vive el país, y la realización de unas elecciones generales para renovar los poderes públicos.
El domingo 16 de este mes, el pueblo venezolano se pronunciará sobre estos tres asuntos, en los que está en juego su destino político inmediato. Se ha dicho que, en virtud de que está organizado por el pueblo y no por el Poder Electoral representado por el CNE, ese referendo no estará investido de carácter vinculante. Sólo desde el punto de vista formal, eso es cierto, pero si, como se espera, se rebasa fácilmente la cifra de los 10 millones de votantes, es indudable que el referendo va a tener enormes y rápidas consecuencias políticas.
Una de esas consecuencias debería ser que se desistiera del fraude constituyente en marcha, sainete montado para el 30 de julio por el teatrero mayor y sus acompañantes de Miraflores. Así lo han solicitado o sugerido anticipadamente importantes organismos de la comunidad internacional y presidentes de algunos países, al igual que calificados sectores de la sociedad venezolana que, en reciente comunicado público, sentenciaron que el señor Maduro “tiene en sus manos la iniciativa de suspender el acto electoral fijado para el 30 de julio y abrir así un compás de oportunidad para el entendimiento más amplio entre los venezolanos”. Y nada menos que la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, que se acaba de celebrar, le envió el lunes de esta semana al señor Maduro una carta en la que le pide “retirar” la convocatoria a la Constituyente. Pero nadie se hace ilusiones, y menos aún si los titiriteros que mueven las cuerdas desde Cuba así lo aconsejan u ordenan.
