Las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aisami, según dice el comunicado de ese organismo, no están basadas en hipótesis o presunciones, sino en una investigación llevada a cabo durante varios años. El Gobierno estadounidense se ha cuidado, en este caso, de no cometer el mismo tipo de errores en los cuales incurrió cuando detuvieron al general “El Pollo” Carvajal en Aruba, en 2014. Los señalamientos son específicos. Se mencionan nombres y apellidos de personas que forman parte de redes internacionales de narcotráfico, y se habla de episodios concretos en los que se distribuyeron drogas con la participación directa de El Aisami.
La Embajada Americana en Venezuela, generalmente tan discreta y ponderada en sus comentarios, puso a circular en su cuenta en twitter [email protected] un texto particularmente filoso, alejado de los protocolos diplomáticos convencionales: “El Departamento del Tesoro impone sanciones al narcotraficante venezolano Tareck El Aisami y (a) Samark López”. Este último es señalado como su testaferro. Nada de apelar al vocablo “presunto”, fórmula periodística, policial y judicial clásica que le otorga el beneficio de la duda al indiciado. El propósito consistía en despejar desde el inicio las incógnitas y emitir una afirmación concluyente.
Los señalamientos contra El Aisami no son nuevos. Al antiguo modesto dirigente estudiantil, militante del grupo ultraizquierdista Utopía 78, que actuaba en la Universidad de los Andes (ULA), se le ha acusado desde hace años de haber acumulado una inmensa fortuna, una de cuyas columnas es su imperio comunicacional, construido con testaferros, que reúne televisoras, periódicos y emisoras de radio, desde donde se ha proyectado como figura nacional emergente del chavismo, y segundo hombre de abordo, a pesar de ser joven, apenas 42 años, y no formar parte de los conjurados. Contra él han enfilado las baterías antiguos simpatizantes del oficialismo. El exmagistrado Eladio Aponte Aponte y Walid Makled, conocido narcotraficante, son apenas dos de los personajes, que estuvieron vinculados con el gobierno que le han lanzado dardos envenenado al Vicepresidente.
La respuesta del gobierno frente a las imputaciones del Departamento del Tesoro son las de siempre. Se trata de una calumnia y una infamia, dicen Maduro, la Canciller y el propio incriminado. Igual ocurrió cando el gobierno norteamericano acusó al general Néstor Reverol. Ofensas y mentiras las que el oficialismo inventó contra Leopoldo López, Antonio Ledezma, Yon Goicoechea y Braulio Jatar, por ejemplo, a quienes se les sembraron armas y se le formulan cargos forjados.
¿Por qué los Estados Unidos la emprende contra jerarcas del gobierno venezolano y no ataca a altos funcionarios de otros gobiernos como el de Cuba, Nicaragua, Bolivia o Ecuador, que suelen pronunciar encendidos discursos contra la potencia del norte? Es raro, ¿verdad? Venezuela, además, les vende la mayor parte de su petróleo a los norteamericanos y continúa siendo un importante importador de bienes que se producen en esa nación. El intercambio comercial entre ambos países, a pesar de haber disminuido durante los últimos años, sigue siendo significativo. No existe ninguna razón política o económica por la cual el gobierno de Donald Trump le tenga animadversión al de Nicolás Maduro, que no representa ningún peligro para la primera potencia militar y económica del mundo.
La paranoia de Nicolás Maduro y su equipo con los Estados Unidos carece de todo fundamento racional. La administración Trump encara demasiados problemas complejos e inquietantes, como el de las relaciones con México, para abrir un nuevo frente en América Latina con el vociferante gobierno bolivariano.
Las imputaciones contra Tareck El Aisami afectan al conjunto del gobierno venezolano. En el plano internacional nadie va a aceptar la tesis del régimen según la cual se trata de una conjura imperial contra la devaluada revolución criolla. Existen numerosos elementos que incriminan al Vicepresidente. Si él se considera injustamente agraviado debe renunciar a su cargo y demostrar que se trata de una confabulación de sus enemigos externos e internos para cortar su meteórica carrera hacia la cumbre del poder. De tener éxito, será el héroe de los rojos. Su hoja de vida quedará limpia de toda mácula. Pero, si se atornilla al cargo sin demostrar su inocencia, las sospechas se convertirán en evidencias irrefutables de que los gringos tienen razón. El Estado venezolano quedará como un narco Estado.
@trinomarquezc
