El asalto a la Constitución
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya lleva, en su palmarés de este año, 30 sentencias que bloquean funciones de la Asamblea Nacional (AN), al anular leyes y actuaciones aprobadas por ésta en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
La última felonía ha sido el arrebato del Presupuesto Nacional del ejercicio fiscal del año 2017, cuya discusión y aprobación es de la competencia de la AN (artículo 187, numeral 6, de la Constitución), para que sea la Sala Constitucional del mismo TSJ la que asuma, en usurpación insólita e insolente, un cometido que es de la exclusiva incumbencia parlamentaria.
¿Qué se alega para el asalto a la Constitución? Que ya antes, el pasado 2 de septiembre, la Sala Constitucional había declarado (sentencia Nº 808) que todos los actos de la AN, decididos y por decidir con posterioridad al 28 de julio, fecha en que reincorporó a los diputados de Amazonas en “desacato” de una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, son “absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”. El TSJ, al considerar que no tendría ninguna validez la aprobación del Presupuesto por la AN y, en virtud de que el país no puede quedarse sin ese fundamental instrumento de la actividad económica, dictó la sentencia Nº 814 del pasado 11 de octubre, en la que sostiene que “en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar el Presupuesto Nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional”.
Así se ha hecho. Maduro, ya investido con esa “autorización judicial”, en un sainete montado en las afueras del Panteón Nacional que irrespetaba la tumba de Bolívar ya profanada por Chávez, firmó el decreto-ley del Presupuesto y envió al vicepresidente Istúriz a consignarlo ante el TSJ. Al igual que en la Alemania nacionalsocialista y en la Italia fascista, el Estado venezolano se halla en lo que se conoce como un proceso de desconstitucionalización, un proceso en el que la normatividad extralegal o contra legem se impone en la práctica y deroga la Constitución escrita que aprobó el pueblo en ejercicio de su poder originario. Se generarán graves consecuencias económicas relacionadas con el financiamiento externo e interno, y en los mercados se afectará el nivel de riesgo país de Venezuela. Y como ahora no habrá control legislativo del Presupuesto, los recursos financieros de la nación se drenarán con más facilidad a Andorra y otros paraísos fiscales, para gozo de la llamada boliburguesía, la nueva clase formada en torno de la cúpula civil-militar que durante 18 años ha detentado el poder.
Maduro, como causahabiente de Chávez, ha resultado peor que el causante. Ya no coquetea con la dictadura, se desposó con ella. Por eso, la AN recién acordó “convocar a todos los factores de la sociedad venezolana (incluyendo a la FAN incontaminada) a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto”.
