El CSE y el CNE
Cuando yo era miembro del Consejo Supremo Electoral, en la democracia, todo intento del gobierno nacional de influir en el organismo para que éste decidiera en su favor se frustraba. En efecto, el CSE estaba integrado por siete miembros de los cuales tres eran independientes y los cuatro restantes eran nombrados por los cuatro partidos que habían tenido mayor número de votos en las pasadas elecciones. Si bien los tres miembros independientes eran nombrados por el Congreso Nacional tomando en cuenta el voto de las dos fracciones mayoritarias, a saber la de Acción Democrática y de Copei, siempre había un miembro postulado por los adecos y otro por los copeyanos, con el tercero bajo acuerdo de ambos. Ninguno de los miembros así nombrados seguía la línea de quien lo había postulado y todos ellos gozaban de total independencia y autonomía. En todas las decisiones del CNE privaba la opinión de los tres miembros independientes.
Recuerdo varios casos que demuestran la independencia y la autonomía del supremo organismo electoral cuando en Venezuela imperaba la democracia:
En la época en que, para lograr la paz, se hacia necesario legalizar partidos integrados por ciudadanos que se habían impuesto derrocar al gobierno por las armas, valiéndose entre otras cosas de casos considerados como de terrorismo, se planteó la posibilidad de que se legalizara a los comunistas. Estos estaban uniéndose en un partido llamado Unión Para Avanzar (UPA) cuya legitimación habían solicitado al CNE. A la Comisión de Registro Electoral y Partidos Políticos, de la que el Dr. Arminio Borjas y yo formábamos parte, le correspondía aprobar un informe que le recomendara al CNE en pleno aprobar la constitución del partido. Recuerdo que el Ministro de Relaciones Interiores de entonces me llamó por teléfono para decirme que no se podía legalizar a un partido integrado por comunistas enemigos de la democracia. Yo le contesté al Ministro que si los que solicitaban la legalización cumplían todos los requerimientos legales había que legalizarlos. Con la opinión de Arminio Borjas y la mía –ambos opuestos a las ideas comunistas– la Comisión aprobó por unanimidad un informe que recomendaba la legalización que fue aprobada por el CSE en pleno.
La Comisión de Registro Electoral y Partidos Políticos nunca les puso trabas a los partidos que quisieran legalizar su situación. Desgraciadamente el CNE de Tibisay Lucena procede de otro modo.
En el CSE existía una Fiscalía de Cedulación sin cuya aprobación el Ministerio de Relaciones Interiores no podía emitir cédulas de identidad. Cuando el Ministerio de Relaciones Interiores era de Acción Democrática el Fiscal de Cedulación era de Copei y viceversa, Jamás hubo conflicto entre ambos organismos. Ahora vemos que el CNE eliminó esa Fiscalía y hace lo que le da la gana en cuanto al registro de cedulación y el electoral.
Recuerdo que había una Comisión de Denuncias. que me correspondió presidir durante algún tiempo. Allí se recibían centenares de denuncias sobre violaciones, entre otras, de las normas sobre propaganda electoral y los abusos del gobierno y de la oposición, que eran analizadas en detalle, dando lugar a la imposición de sanciones cuando era procedente. En el CNE no se le hace caso a ninguna denuncia proveniente de la oposición y, en algunos casos, sí se les da curso a denuncias sin fundamento legal provenientes del PSUV.
Es conveniente recordar que, durante la democracia, el Congreso Nacional nombraba a los miembros del CSE en las oportunidades correspondientes, ateniéndose a lo previsto en la Constitución y en la Ley. Hemos visto ahora cómo la Asamblea Nacional, cuando estaba controlada por el PSUV hacía lo que le daba la gana a la hora de nombrar a los magistrados del CNE, violando la Constitución y la Ley. En cambio, a la actual Asamblea Nacional, la Sala Constitucional –más bien inconstitucional– del TSJ le impide nombrar Magistrados que sustituyan a aquellos cuyo período venció. Vemos cómo el CNE impide la celebración de elecciones, no permite que haya referendo revocatorio y trata de impedir la renovación de partidos políticos siguiendo la línea de Daniel Ortega en Nicaragua.
El texto anterior forma parte de un artículo de mi autoría que fue publicado en Analítica en febrero de 2017. Desde entonces, el CNE, que era un órgano corrupto sumiso a las órdenes dictatoriales tanto de Chávez como de Maduro, se ha convertido en algo así como una dependencia del dictador Maduro. El CNE de las cuatro rectoras del PSUV es ahora principal causante de la implantación de una dictadura comunista, con un dictador cuyo nombre figura ahora al lado de dictadores de Estados Forajidos como el de Corea del Norte, Zimbabwe y Siria. Le brindó toda la ayuda que Maduro necesitaba para entronarse en el poder, haciendo desaparecer a la oposición y dándole golpe de gracia a los derechos humanos de los venezolanos. Aceptó la ilegal e inconstitucional convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente, aprobando las bases y condiciones fijadas por el dictador. Para elegir a los 500 y tantos miembros escogidos por Maduro, hizo todo lo posible para que se votaría en el inconstitucional referendo solo para elegir representantes escogidos por Maduro y el PSUV. Eliminó el derecho que tienen todos los venezolanos al voto universal y secreto, determinando que se votaba por sectores designados por el gobierno. Decidió además que en todos los municipios se elegiría el mismo número de miembros de la constituyente sin importar el número de habitantes de cada municipio.
Si todas las ilegales e inconstitucionales condiciones y reglas fijadas por Maduro y aceptadas incondicionalmente por el CNE no eran suficientes para asegurar la perpetración de Maduro en el poder, el corrupto organismo logró que las votaciones del 30 de julio fueran unas las más fraudulentas de toda la historia electoral de Venezuela. Fue un hecho público y notorio que la abstención del 30 de julio fue enorme y todo indicaba que a lo sumo votarían unos 2 millones de personas. Pero como Deus ex Machina, Tibisay Lucena anunció que más de 8 millones de venezolanos habían votado por la constituyente. Fraude gigantesco que incluso fue denunciado por la empresa Smartmatic que, con sus máquinas y sistemas lleva el control de los escrutinios y totalizaciones, pero afirmó que había habido un gran fraude.
A esto se suman las decisiones de Maduro, del CNE y ahora de la constituyente: 1) para votar el elector debe obtener carta de buena conducta emitida por la constituyente; 2) Se adelantan las elecciones regionales, fijándolas en octubre, pensando que con ello, la oposición no tendrá tiempo de ponerse de acuerdo sobre candidatos unitarios. Se ve claramente que Maduro y la constituyente manejan a su antojo al CNE.
