El decreto de estado de excepción: los estertores del “socialismo del siglo XXI”

El desenlace de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 evidenció un extraordinario cambio en la relación de fuerzas del país: la alternativa democrática se hizo con la mayoría (2/3) de la Asamblea Nacional. Con el resultado se hace más pronunciado el giro que se produce en Latinoamérica: Argentina, Bolivia y el estrepitoso derrumbe de uno de los más conspicuos representantes del foro de Sao Paulo y con él la presidenta de Brasil.

La derrota fue monumental. El régimen que se ufana de ser uno de carácter militar-cívico, ha sido incapaz de asimilarlo y, lo que es peor, pretende desconocer la voluntad de cerca de 8 millones de venezolanos que expresaron su respaldo a la opción democrática. Expresión de ello es la conversión del Tribunal Supremo de Justicia en bufete al servicio del gobierno, hoy transformado en herramienta de ataque al poder legislativo. Otro indicio es el decreto de emergencia económica que contempla utilizar las mismas medicinas que llevaron el país a la unidad de terapia intensiva en la que se encuentra. En lugar de escuchar el clamor del cambio se empeñan en el error.

La extraordinaria crisis que hoy padece el país se produce en el marco del mayor volumen de ingresos de su historia republicana. Un inaudito proceso de devastación en el que reinan la escasez y el desabastecimiento: de medicinas, alimentos, insumos en general, energía eléctrica y agua. A ello se suma la terrible inseguridad jurídica y personal que ha convertido a Caracas en la ciudad más violenta del mundo. Más de 250.000 mil homicidios en 17 años, cifra que se compara con las muertes ocasionadas por la guerra en Siria que ha durado aproximadamente 6 años. A la inseguridad se añade la impunidad, caldo de cultivo para los saqueos y linchamientos que aumentan de manera exponencial.

El gobierno es incapaz de asumir su responsabilidad en semejante desastre y opta por culpabilizar a terceros: la guerra económica de no se sabe quién, la especulación de los empresarios o la confabulación global para reducir el precio del petróleo. En realidad el gobierno se encargó de construir una urdimbre legal que propició el cierre de empresas y ahuyentó la inversión privada que se ha reducido a mínimos. El país es consciente de que con este gobierno no es posible superar la situación de penurias que han creado, que no es posible que este gobierno cambie y por ello resulta imprescindible cambiar el gobierno y su modelo: el socialismo del siglo XXI, verdaderos responsables de esta severa crisis.

Con ese propósito, la alternativa democrática, que representa a la mayoría del país, despliega la estrategia política en varios frentes simultáneamente. Acompaña a los venezolanos en sus problemas y necesidades, que no hacen sino agravarse, convoca el referendo revocatorio y centra su atención en las elecciones de gobernadores pautadas para celebrarse a finales de este año. El éxito de la estrategia pacífica y electoral está fuera de toda duda. Ha seducido y conquistado la voluntad de los venezolanos y con este respaldo augura una profunda transformación política y la reconquista de la democracia y el sistema de libertades. La respuesta entusiasta de la sociedad al llamado del revocatorio ha sido contundente, pese a las amenazas y declaraciones altisonantes y excluyentes de algunos voceros del gobierno que solo entienden de pensamiento único y de una atrasada cultura cuartelaría.

El apoyo al revocatorio explica la creciente pérdida de apoyo social y político del gobierno y, sumado a la explosiva situación social y económica, son las razones que explican la decisión del Presidente de declarar el “estado de excepción y emergencia económica”. Ésta se adereza, como es previsible, con un listado de buenas intenciones como las de proteger al pueblo y garantizar la paz.

Con el decreto el gobierno intenta lograr varios propósitos. De entre ellos resalta frenar el indetenible apoyo de los ciudadanos al referendo revocatorio, obstaculizarlo y darle largas para evitar que el mismo se lleve a cabo este año, y de ese modo asegurarse de que sea un representante del partido de gobierno quien culmine el periodo presidencial. Con ese fin decretan la suspensión de las garantías constitucionales, en un país en el que hay, de hecho, muy pocas, con el fin de sembrar zozobra y miedo para restarle apoyo al revocatorio.

Otro de sus propósitos es el de intentar sobrevivir al monumental fracaso económico y social. Pretenden paliar la terrible situación y ocultar su ineptitud para atender las necesidades de los ciudadanos. Es un reconocimiento, sin asumirlo, de la precariedad en la que se encuentra el país: absolutamente devastado, situación que permite calificarlo como ejemplo de Estado fallido. A lo dicho se añade la información internacional y los informes que revelan datos y nombres de voceros del gobierno relacionados con la corrupción, el lavado de dinero y con el mundo de la droga.

También se encuentra entre los objetivos la necesidad que tiene el gobierno de desembarazarse del control que hoy comienza a ejercer la Asamblea Nacional. De este modo, sin inspección alguna, se sienten libres de (mal)administrar a su arbitrio el presupuesto y los recursos que pertenecen a todos los venezolanos.

Otro propósito es el de “recuperar” la capacidad productiva del país, estimular una mayor participación del sector privado y facilitar el abastecimiento de bienes de primera necesidad a la población”. Lo hace de un modo peculiar, al que ya nos tiene acostumbrados, amenazando con expropiación y cárcel a los empresarios. En el terreno de la empresa la elocuencia de las cifras ahorra argumentos. Ha desaparecido más del 50% del tejido industrial y cerrado cerca del 20% de parque empresarial, y aproximadamente 6 de cada 10 venezolanos se ubican entre la informalidad y el desempleo. Por mucho que hablen no es posible esperar algo, en este terreno, de quienes han atacado de manera sistemática a la propiedad privada, a la empresa y al sistema de mercado.

El decreto también sirve para ampliar la presencia de la Fuerza Armada. El despliegue de los últimos días lo han hecho con el firme propósito de impedir las marchas de apoyo al revocatorio, lo que contrasta con su timidez a la hora de enfrentar el terrible flagelo de la inseguridad y la violencia. Al administrar el país con la Fuerza Armada en la calle, como un escudo y sustento de poder, crean la ilusión de que ejercen el control de la institución. Para ello, además, se han valido de las declaraciones de algunos de sus voceros con las que pretenden reforzar ese deseo.

Ciertamente existe una importante presencia de miembros de esa institución en todos los ministerios relacionados con el área económica y energética del país y más del 50% de los gobernadores en ejercicio provienen de esta institución. Esta elevada presencia no supone el control de la misma.

Sin reconocerlo, el decreto confirma la profundidad del daño que el socialismo del siglo XXI ha infligido al país. La escasez y el racionamiento actúan como un caldo de cultivo para que ocurra una eventual implosión social. Hay quienes piensan que hay que estimularla y aprovechar esos eventos con el fin de suspender y postergar el revocatorio y la elección de gobernadores.

Algunos voceros del alto gobierno se han decantado por hablar de “golpe de estado”, área que conocen por haber participado en las dos intentonas del año 1992. Hay quienes pudieran estar tentados en impedir el deseo de cambio que el país expresó con gran contundencia en las citadas elecciones, afortunadamente los menos, pues se trata de un terrible error que profundizaría la gravedad de la situación. Un acto de esta naturaleza requeriría de unidad de criterios y en particular de un respaldo social y político de los que carece.

Se enfrentarían además al rechazo unánime en el plano internacional cuyos efectos irían en detrimento de un país que se encuentra en una situación alarmantemente crítica. Ese rechazo global y la imposibilidad de conseguir apoyo alguno harían imposible encontrar soluciones a los problemas y expectativas de los venezolanos. Lo dicho lo confirma las declaraciones del secretario general de la OEA y los pronunciamientos del Parlamento Europeo a favor de la democracia y los demócratas venezolanos. La estrategia de la dirección política de la alternativa democrática ha sido clara: electoral y pacífica; ello le ha valido un masivo y entusiasta respaldo social y constituye el mejor de los antídotos contra esa terrible eventualidad.

La solución de la profunda crisis reclama un gobierno de unidad respaldado por una amplia base social y con propuestas sensatas y de sentido común. Un cambio pacífico capaz de convocar y lograr un amplio apoyo internacional. El revocatorio se presenta como la mejor de las opciones en este sentido. Lo expresaron en las urnas ayer, hoy recogen firmas para activarlo y lo exigen en la calle. La mayoría quiere ejercer su derecho y para ello pide el mayor de los respetos.

El revocatorio es la esperanza y la posibilidad de este cambio cambio. Ha conquistado a los venezolanos y un creciente respaldo internacional de partidos, gobiernos y ciudadanos en todo el mundo, que hoy comprenden la dramática realidad que vive Venezuela. Crece en Venezuela y el mundo un cerco democrático a favor de un cambio pacífico. El pueblo venezolano en la calle le dice al gobierno que no se equivoque. Lo reitera el secretario general de la OEA, quien ha confirmado la necesidad de que se respete la ley para que el referendo se lleve a cabo este año y planteado la posibilidad de invocar la carta democrática.

Tomás Páez Bravo