El déficit democrático
La participación de los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México) en el Foro “Poder Ciudadano y la Democracia de hoy” brindó ocasión propicia para, a santo de la conmemoración del 23E, diseccionar cruciales temas atados al diagnóstico y evolución de la Democracia en nuestro país. Una ausencia fue notoria, sin embargo: la del ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias. Por suerte, su pertinente preocupación arribó en carta públicamente compartida, la cual brindó aguda contribución al intercambio: “En cierta forma, la situación por la que atraviesa actualmente Venezuela no solo demuestra su déficit fiscal, sino también su déficit democrático”. Así, puso sobre el tapete la añeja discusión animada por Lipset, respecto a cómo la democracia se vincula o no al desarrollo económico de un país.
El tópico no nos resulta ajeno. Junto al rupestre convencimiento de que en regímenes autoritarios, bajo gobiernos de “Hombres fuertes” como Guzmán Blanco o Pérez Jiménez nuestro país vivió mejores épocas, floreció la creencia de que el orden y la prosperidad dependen del control férreo del Estado: y si militar, mejor. Es nuestra versión criolla de la “Hipótesis de Lee”, que indica que la supresión de derechos civiles y políticos en suerte de “autoritarismo benigno” (al estilo Singapur) es receta idónea para empujar el nivel de desarrollo económico en los países. En Latinoamérica (donde parecía aplicar la etnocentrista consideración de algunos teóricos del SXIX, según la cual había sociedades que “no estaban preparadas para la democracia”) la idea del antagonismo política- economía encontró numerosas adhesiones, dados los positivos indicadores de crecimiento registrados por el desempeño de regímenes dictatoriales. Sin embargo, bajo la fachada de aparente prosperidad, tras los aumentos notables en el PIB de esos países se ocultaba una deslucida realidad: una trágica inequidad social y una desigual distribución del ingreso que se traducía en rígidas sociedades de “ricos” (la clase ligada al poder y sus privilegios) y pobres, con bajo o nulo auge de clase media. Así que si bien luce cierto que el Estado de Derecho no necesariamente implica bonanza, es imposible negar la desactivación de tesis que establecen vínculos forzosos entre autoritarismo y progreso.
En relación a esto, la carta de Arias cita el hallazgo del premio Nobel de Economía, Amartya Sen, quien demostró, por ejemplo, que “nunca se ha registrado una hambruna en una democracia consolidada.” Sen apunta que la existencia y el ejercicio de las libertades y los derechos políticos, incluida la libertad de expresión, hacen más fácil evitar desastres económicos: “En la terrible historia de las hambrunas, se destaca que no se produjo ninguna hambruna significativa en un país con forma de gobierno democrática y una prensa relativamente libre.” Las grandes hambrunas –como las vividas en la URSS de Stalin entre 1932-33; en la India de finales del SXIX, bajo el dominio del imperio británico; en la Etiopía de Haile Selassie, en 1973; en la China de Mao durante los “3 años amargos” del fracasado Gran Salto Adelante; o en la España de Franco, luego de la Guerra Civil – nunca han afectado a países independientes, con elecciones regulares y fuerzas de oposición organizadas en partidos, con sistemas que permiten la circulación libre de información y el público cuestionamiento de las políticas oficiales.
La deliberación, el equilibrio negociado de intereses y el establecimiento de reglas transparentes para todos -propios del hacer democrático- ayudan a superar dificultades coyunturales y vigorizar confianzas externas (Cardoso) a fin de favorecer un desarrollo humano no excluyente. La afinidad realista entre democracia y desarrollo capacita al Estado para responder a la demanda social, y evita desequilibrios derivados del cultivo de privilegios y el despojo de la institucionalidad. “Una democracia -como afirma Arias- canaliza el descontento popular con eficacia”.
Pero aún con una tradición que nos alejaba de la frágil noción de otros países, en el nuestro la democracia ha sufrido espectaculares heridas. Las instituciones previamente debilitadas se diluyeron a merced de la anulación de límites entre poderes públicos, la censura a la libre expresión, la tiránica unilateralidad de la “mayoría”. A pesar del fracaso del modelo económico (CEPAL anunció un aumento de la pobreza en Venezuela de 25,4% a 32,1% para 2012-13, siendo la nación del continente donde más creció este índice) el gobierno sigue aplicando dogmáticamente las mismas políticas ruinosas. ¿Cómo aliviar el doble déficit impuesto? La respuesta parece obvia, pero no menos retadora: hay que recuperar la institucionalidad democrática. Y a sabiendas de que la elección de una hoja de ruta es urgente espina que nos agobia, habrá que atenderla con estrategias y acciones que por encima de todo no vulneren los principios de respeto a esa institucionalidad.
@Mibelis
