El petróleo y la rentabilidad
La rentabilidad de la operación petrolera depende de la disponibilidad de petróleo, de fondos, de tecnología y de libertad de acción para promover la actividad dentro de un mercado mundial competitivo no exclusivamente OPEP. La propiedad de la operación por el estado es factor determinante para su fracaso, cuando quien tiene la propiedad de la producción no dispone de los fondos para mantenimiento y operación, ni de la tecnología, ni los recursos humanos (que es nuestro caso hoy en día) y necesita inmensas cantidades de fondos para sus verdaderas obligaciones. Y esta realidad es aplicable en nuestro país a toda actividad, bien sea minera, industrial, agrícola, de bienes y servicios o manufactura. ¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Bajo la premisa equivocada comprobada en el tiempo que podemos recordar y que, analizada en su transcurso, ya no admite equivocadas defensas parciales o temporales, sino un gran “Mea Culpa” con propósito de enmienda, hemos desembocado en el enorme deterioro de hoy con la implementación de un capitalismo extremo del estado. Y si analizamos nuestra acción en el área petrolera, (pero siguiendo en paralelo mental el caso, por ejemplo, de las empresas de Guayana), sin que nos equivoquemos involuntariamente o en defensa de posiciones políticas, o de razones de oposición o de que eso no hubiera sucedido bajo otros gobiernos, debemos concluir que se hace indispensable y urgente un cambio de enfoque político sobre cuál debe ser la acción del estado en el área petrolera (y en las otras): ello, si queremos progresar de verdad. Lo que han hecho nuestros gobernantes hasta ahora, no soporta un análisis serio sometido a una necesaria pero inexistente continuidad de enfoque y acción en función del desarrollo del país. Solo encontraremos que en fin de cuentas hemos hecho todo lo contrario a lo conveniente para nuestro desarrollo a través del tiempo.
La rentabilidad del petróleo para un país que, como el nuestro, depende exclusivamente de su producción, depende, a su vez, de la libertad que tenga el operador para ajustar las distintas variables de la actividad y eso no se logra, como ha sido nuestro caso, con ajustes en las leyes que de manera inflexible rigidicen la acción y mucho menos con la operación en manos de un estado generalmente incapaz para la cualquier gestión administrativa exitosa. Ese hecho, además de la debilidad política del estado que no tiene el inversionista privado, es un factor que reduce las posibilidades de mantener la rentabilidad de la operación. Y si a eso le agregamos la usual mala administración de las empresas en manos del estado, más conveniente aún es que sea la empresa privada la que opere la actividad petrolera. Es necesario que el estado solo tenga la acción supervisora y colectora en cuanto al petróleo (y las otras), pero con enfoques liberales que permitan una acción cónsona con las realidades del operador, para beneficio de la nación.
El enfoque tradicional de nuestros políticos de estatizar u obstaculizar la operación petrolera privada con fines “patriotas”, no provee ninguna alternativa de progreso; así lo hemos constatado. Recordemos que fue necesario volver a una fórmula similar a las concesiones con los contratos de operación en la faja, para aumentar la rentabilidad (el ingreso) para el estado, pero la indignante intransigencia del más reciente pasado nos retrotrajo a la peor alternativa. Bajo la premisa de que podemos estar a punto de perder definitivamente el tren del progreso, se hace urgente cambiar la filosofía política para que el estado se aparte de la operación de la actividad industrial y agrícola. Ya no hay razones para no hacerlo: se hace obligatorio. Pero los políticos y sus partidos no hablan del cambio necesario. O esconden sus verdaderas intenciones o asumen que la situación es normal y no de grave emergencia. En ambos casos la posición es grave.
Odoardo León-Ponte
